EL RACISMO INSTITUCIONAL (autor: Pep Juárez. CGT Illes Balears)
Las “concertinas” de las vallas de Ceuta y Melilla son cuchillas racistas, como también lo son otras cuchillas en forma de leyes y políticas xenófobas, amputadoras de los más elementales derechos humanos de las y los inmigrantes. El riesgo de muerte en las vallas fronterizas y en las pateras es la antesala de las redadas, agresiones, retenciones, deportaciones, precariedad y desatención sanitaria de buena parte de esas personas. Un racismo institucional reforzado, a principios del siglo XXI.
Rajoy, y el Borbón aspirante, tampoco se resistieron a subirse al avión, para hacerse cada cual su particular lavado de imagen en Johannesburgo. No deja de ser curioso que, tanto a la ida como a la vuelta, tuvieran que sobrevolar la zona del estrecho de Gibraltar, escenario de decenas de miles de trágicas muertes en pateras, a lo largo de los últimos años. También tuvieron que pasar por la vertical de las vallas de Ceuta y Melilla, otro escenario de muerte coronado con las “concertinas”. Han vuelto a colocar esas cuchillas para mutilar los cuerpos de la población africana, que huye del hambre y de la miseria en que los occidentales les hemos sumido. Cuchillas racistas, pero no más asesinas que otras cuchillas en forma de leyes y políticas aplicadas en el Estado español, amputadoras de derechos humanos, que el gobierno y las instituciones españolas, que Rajoy y el Borbón representan, promueven y fomentan. Ver para creer: racistas homenajeando a antirracistas.
1. El salto cualitativo de principios del siglo.
Recién estrenado el siglo XXI, la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, sobre reforma de la Ley de Extranjería, marcó un antes y un después, en el Estado español, de las políticas contra los derechos y libertades de la población inmigrante. Conviene recordar que las leyes anteriores también eran discriminatorias (cualquier ley de extranjería lo es), pero el gobierno del PP, entonces presidido por José María Aznar con reciente mayoría absoluta, sacó definitivamente su faceta xenófoba y, con la colaboración del PSOE y CC (que también votaron a favor de la Ley 8/2000) inició su particular cruzada contra la “invasión” de los migrantes, en especial contra los que no contaban ni iban a contar con regularización administrativa, como consecuencia del endurecimiento de los requisitos para acceder a ella, en aplicación de la nueva ley.
Lejos de considerar la inmigración como un fenómeno positivo, como una oportunidad de regeneración y rejuvenecimiento de la población (tiempo tendremos para lamentarlo), y de enriquecimiento económico y social en convivencia y mestizaje, se fomentó el rechazo hacia los recién llegados, con un discurso oficial donde se identificaba inmigración con delincuencia. Todo para justificar un sinfín de atropellos y potenciar, de esa manera, el miedo entre la población y los mecanismos represivos del Estado.
Para el PP la jugada era perfecta. Las políticas segregacionistas, eran una manera más de dividir a la clase trabajadora, pero también uno de sus dos instrumentos preferidos de distracción respecto a otros problemas, y de agitación para sacar réditos electorales (el otro ha sido ETA). Como era de prever, tampoco varió la situación con los gobiernos de Zapatero que, salvo alguna esporádica y limitada campaña de regularización, dieron continuidad a la violación de los derechos humanos de la población inmigrante no regularizada, al mantener en vigor las leyes anteriores. El reglamento de la nueva Ley de Extranjería y los cupos de admisión fueron consensuados incluso con los sindicatos del régimen, lo que confería a estas políticas una especial y repugnante pátina de “legitimidad social”.
Así, tanto con Aznar, como con Zapatero y Rajoy, con el consenso de “los agentes sociales”, desde principios de siglo se vienen realizando redadas racistas, detenciones arbitrarias, abusos policiales de todo tipo y deportaciones clandestinas en unas condiciones infrahumanas. Las cloacas del Estado a veces pasan también por aviones de Air Europa.
Al principio, las redadas racistas (“Operación Focus”, etc.) eran más o menos conocidas. Pero el escándalo que provocaba el trato infringido a las personas detenidas obligó a los sucesivos gobiernos a esconder sus fechorías, siendo escasa o nula la información sobre las detenciones, los criterios de las mismas, las expulsiones, los cupos de detenidos asignados a cada comisaría de policía (en tiempos de Rubalcaba, como ministro del Interior), o la selección de objetivos en razón del origen de las víctimas. Más allá de las cifras y datos oficiales (evidentemente manipulados a conveniencia), se esconde desde entonces una realidad velada a la opinión pública, y que únicamente la dedicación de las asociaciones solidarias están empezando a arrojar la escasa luz que tenemos sobre estos hechos.
La política de expulsiones y deportaciones sigue, a pesar de que, a consecuencia de la crisis, la inmigración se haya reducido de manera substancial. En realidad, por contra lo que ha crecido es la emigración. 2012 ha sido el primer año en que se ha producido un saldo migratorio negativo, con 162.400 personas, el mayor de toda la UE, según Eurostat. Con datos del INE referidos al primer semestre de 2013 (los últimos publicados), en ese período entraron en territorio español 134.312 personas (un 11% menos), mientras que emigraron 259.227 (un 10,7% más, de los cuales 39.690 con nacionalidad española y 219.537, la gran mayoría, foráneos), arrojando otro saldo migratorio negativo de 124.915 personas en esos seis meses.
Si, por otra parte y según datos proporcionados el 13-12-13 por Ignacio Cosidó, director general de la policía, el número de personas inmigradas sin regularización administrativa descendió un 12% en 2013 respecto al año anterior, ¿qué sentido tiene mantener y aumentar las restricciones para la regularización, y perseguir, reprimir inhumanamente o deportar a las personas sin regularización? La realidad ha dejado a estas políticas, desnudas de cualquier argumento económico o social, y contraproducentes respecto a esos fines. Solo queda la evidencia de que se mantienen a causa del odio y del racismo con que fueron concebidas, buscando supuestos réditos políticos y electorales, al calor de la demagogia populista que se extiende por Europa.
Graf. Nº 2
La proliferación de estos campos de concentración del siglo XXI, extendidos por todo el territorio de la Europa fortaleza y países aledaños, dan una idea del desastre humanitario en que estamos inmersos, coherente con normativas racistas como la Directiva de la Vergüenza. También, un negocio de lucro obsceno para las constructoras y otras empresas que se mueven alrededor del funcionamiento de los CIEs. Una industria opaca de vulneración de los derechos humanos que, aunque sea escondida deliberadamente, se ha de descubrir y denunciar, hasta hacerla desaparecer.
2. Nuestros particulares guantánamos
Sin embargo, poco a poco se va abriendo a la luz de la opinión pública, la realidad de la existencia y funcionamiento de los llamados CIES (Centros de Internamiento para Inmigrantes), gestionados por el Ministerio del Interior y la propia policía. Estos centros se fueron creando desde hace 28 años, al calor de la primera Ley de Extranjería de 1985, sin regulación legal (un verdadero agujero negro jurídico) para retener a los “sin papeles”. Estas personas , que no han cometido ningún delito (como mucho, en todo caso, podría hablarse de una mera falta administrativa) se ven privadas de la libertad, en unas condiciones, según vamos conociendo, de especial vulnerabilidad. A la falta de higiene y habitabilidad, se une el riesgo a todo tipo de abusos por parte de la policía, en la más absoluta impunidad.
Pero quizá lo peor para las personas ingresadas en los CIES sea la desesperación, la angustia y el miedo a ser devueltas a la miseria de sus lugares de origen; la inutilidad de los enormes sacrificios y los riesgos para llegar hasta aquí, y el derrumbe de sus sueños en una vida mejor. Estas tragedias no solo ocurren en y desde territorio español, donde actualmente funcionan 9 CIES (Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia, Málaga, Algeciras, Tenerife, Fuerteventura y Las Palmas) con alrededor de mil internos/as, según diversas fuentes. En Europa y en los países mediterráneos se tenían contabilizados, en 2012, 473 establecimientos de iguales o similares características. El número de internos total oscila entre los 30.000 reconocidos oficialmente y las más de 600.000 personas que, según las organizaciones humanitarias, pasan cada año por los CIES europeos y de los países “colaboradores”.
El pasado día 11 de enero de 2014, 1500 personas se concentraron ante el CIE de la Zona Franca, de Barcelona (1), para exigir su cierre, respondiendo a la convocatoria de la plataforma Tanquem els CIEs (Cerremos los CIEs http://tanquemelscies.blogspot.com.es/). El comunicado leído al final del acto denuncia la muerte del ciudadano armenio Aramys Manukyan, la noche del 3 de diciembre de 2013, como también la de Idrissa Diallo, joven de 21 años de Guinea Conakry, el 6 de enero de 2012, en el mismo CIE, o como la del ciudadano marroquí Mohamed Abagui, que tenía 22 años cuando murió en 2010.
Todos ellos fallecidos en el CIE de Barcelona, y en circunstancias por esclarecer. Pero hay otras muertes relacionadas con los CIEs, como son la de la ciudadana congoleña Samba Martine, de 34 años, por una dolencia cardíaca que padecía, y que en el CIE de Aluche (Madrid) no le trataron durante el mes que llevaba encerrada, esperando su expulsión. Según diversos testigos demandó repetidamente asistencia médica, que no recibió. La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado, mediante resolución del 14-01-14, reabrir el caso, para depurar las responsabilidades de los servicios médicos del CIE (a cargo de una empresa privada) en la muerte de Samba que, según todos los indicios, se podía haber evitado.
Todas ellas son muertes conocidas, pero ¿cuantas más que ignoramos se habrán producido en los CIEs? ¿Cuantas habrán sucedido en otros espacios, como comisarías? Seguro que, por desgracia, la de Yassir El Younoussi, acaecida el 31 de julio de 2013 en la comisaría de los Mossos d’Esquadra del Vendrell, según informa nuestro compañero de CGT Catalunya Ermengol Gassiot, no ha sido la única.
Al Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) se le ha negado reiteradamente la entrada en el CIE de Barcelona, así como a abogados de los internos en diversas ocasiones. El pasado 3 de enero el gobierno también denegó la entrada al mismo centro a una comisión de Derechos Humanos, compuesta por médicos y abogados, ante las constantes denuncias de palizas, vejaciones y malos tratos que sufren los internos. El siguiente día 10, una comisión de parlamentarios, ante una negativa similar, decidieron acceder haciéndose pasar por familiares de internos, y comprobar in situ las condiciones denunciadas.
La movilización social han conseguido que, al menos, en el CIE de la Zona Franca barcelonesa se están empezando a dar los primeros pasos para acabar con la impunidad, la opacidad y el silencio. Los Juzgados de Instrucción 1 y 17 de Barcelona han tomado, al fin, cartas en el asunto, mediante una resolución donde, entre otras constataciones que han llevado a los magistrados a imponer medidas de control, se acreditan hechos denunciados por las entidades solidarias, como son la existencia de celdas de aislamiento, sin video-vigilancia (solo una dispone de ella) donde todo es posible; la existencia de mamparas o rejas que impiden el contacto físico de los internos y sus visitantes; el trato indigno que reciben, o que no se envíen al Juzgado de Guardia todos los preceptivos “informes de asistencia médica a favor de los internos por lesiones de origen traumático”.
Pero no basta con acabar con la impunidad. Hay que ir mucho más allá. Como reza el lema de la Plataforma anti-CIEs, “No cerremos los ojos, cerremos los CIES”
3. El Apartheid sanitario. El caso de Alpha Pam
La derecha neofranquista representada por el gobierno de Rajoy, surgido con mayoría absoluta en las elecciones de noviembre de 2011, está llevando a cabo una ofensiva sin precedentes, contra las clases trabajadoras y la mayoría social, y los colectivos más desfavorecidos, como los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, se llevan la peor parte. Con la precariedad y el paro fuera de control, con la pérdida del empleo muchas de estas personas también pierden la regularización, lo que las aboca a una situación cada vez más precaria y vulnerable.
Uno de los derechos básicos al que tenía acceso la población inmigrante, el de la asistencia sanitaria pública, se vino a truncar con la entrada en vigor del RDL 16/2012, el 1 de septiembre del mismo año. (ver Boletín Informativo nº 142, enero 2014, del SPCC de la CGT). Esa Ley, y el reglamento que la desarrolla (RD 1192/2012 de 3 de agosto), entre otras medidas dejó sin tarjeta sanitaria a las personas que carecen de regularización administrativa, excepto a los menores de edad, a las mujeres embarazadas y a los casos de urgencia hospitalaria (en total más de 150.000 personas excluidas en el conjunto del Estado). Además, introdujo el cambio cualitativo respecto a las personas usuarias de la sanidad pública, pasando del acceso universal a la condición de personas “aseguradas”, con lo que quedaban excluidos los citados colectivos. Este cambio es estratégico, en la medida que dejó abierta la puerta a nuevas exclusiones, como más adelante veremos.
Las respectivas administraciones (en especial las CCAA gobernadas por el PP) les impusieron unas tasas impagables para la atención sanitaria en la red pública, y obligaron a los enfermos excluidos a rellenar un formulario, con compromiso de pago de las mismas, al no considerar a estas personas ni aseguradas ni beneficiarias del sistema público de salud.
