Difícil resulta saber si vivimos en tiempos mejores o peores que los anteriores. A lo largo de la historia de la humanidad han sido frecuentes las ocasiones en las que las personas consideraban que les habían tocado los tiempos más duros de la historia, sin esperanzas ni futuro a corto o medio plazo y solo con la capacidad de resistir el temporal y sobrevivir. Cierto es que han existidos tiempos duros, algunos muy duros. También es posiblemente cierto aquello de que cualquier tiempo pasado fue peor, por más que la memoria tienda a jugarnos malas pasadas siendo siempre más fácil recordar los momentos gloriosos que las situaciones muy desafortunadas. Conviene insistir no obstante en que esa tendencia a mirar negativamente la propia época es muy corriente. En los movimientos sociales de izquierdas, la tendencia a cierto pesimismo se acentúa algo más debido al efecto multiplicador que tienen dos rasgos que suelen darse. Por un lado, la crítica de la sociedad, que sirve de punto de partida para proponer una transformación revolucionaria de la misma, tiende a acentuar lo mal que está todo, pues de ese modo la necesidad de movilizarse a favor del cambio radical se incrementa y parece que vamos a convencer a los dubitativos que no acaban de ver con claridad los males del momento. La izquierda ecologista es probablemente en estos momentos la que tiene un discurso más apocalíptico, agobiada como está por las brutales contradicciones inherentes al actual modelo de vida. Por otro lado, y en lógica continuidad con lo anterior, parece que funciona ese perverso mensaje de que «cuanto peor, mejor». Es decir, si las cosas van realmente mal, mayores son las posibilidades de que se den movilizaciones sociales importantes.

Lo más seguro es que las cosas no estén nunca ni del todo mal ni del todo bien, más bien todo lo contrario. Y vienen estas reflexiones al hilo de las interesantes ponencias y posteriores discusiones que tuvimos el pasado día 30 de octubre en una reunión extraordinaria del consejo de redacción de Libre Pensamiento. Los dos ponentes fueron Tomás Ibáñez y Chema Berro, ambos bien conocidos por la revista, de la que el segundo es el actual director responsable. Por partida doble, ambos ofrecieron una visión más próxima al discurso pesimista, y razones no les faltaron. No cabe la menor duda de que las actuales relaciones sociales de producción y el modelo de sociedad consumista están en pleno apogeo, y el hecho de que nos hayan metido a todos en una crisis de imprevisibles consecuencias a medio y largo plazo, parece que no les ha hecho perder el control de la situación. Puestos al borde del abismo por un modelo social, político y económico muy nocivo, incapaz de resolver sus propias contradicciones, hay unanimidad en la receta propuesta: más de lo mismo, con ligeros retoques que no afectan al fondo de los problemas. El capitalismo ha terminado colonizando todas y cada una de las esferas de la vida del ser humano.

Se apoya para ello en una continuación pura y dura de los mecanismos de extracción de plusvalía y de explotación. Prolonga su tarea con la mercantilización de toda la vida cotidiana, en la que hemos sido convertidos en permanentes consumidores que, con su desaforado consumo, mantienen la máquina funcionando y generan todavía más plusvalías que son apropiadas por una minoría, con el lógico crecimiento de las desigualdades. Es más, parte de la crisis actual tiene su origen en esa adopción del consumismo compulsivo: la deuda privada en España es todavía mayor que la deuda estatal, pues fueron legión quienes entraron en la propuesta del capitalismo especulativo. Y para lograrlo, el capitalismo ha procurado modular nuestra propia subjetividad para hacer de ella un fiel y sumiso consumidor. Frente a esa situación, escasas son las luchas que pueden llevarse a cabo con cierta capacidad de éxito. O quizá no son tan escasas ni tan ineficaces. Es cierto que el sindicalismo clásico, tal y como es ejercido por las grandes centrales, ha pasado a ser colonizado por esa lógica del sistema, convertidos en permanentes negociadores del reparto de las migajas, sin capacidad de movilizar a la gente para enfrentarse al sistema. Pero también es cierto que no dejan de manifestarse prácticas más radicales, y en ese sentido la C.G.T. es un ámbito en el que se mantiene una constante aspiración a la radicalidad, quizá más aspiración que realidad.La lucha sindical, sin embargo, no ha perdido en absoluto sentido porque la explotación sigue inmisericorde. Lo que hacen falta son nuevas tácticas más eficaces, más apoyadas en la coherencia militante y en una modificación de los contenidos de nuestras reivindicaciones. Apuntan y crecen propuestas que buscan el decrecimiento y el reparto como ejes vertebradores de una alternativa basada en el apoyo mutuo y la libertad personal y colectiva y son esas las que, en definitiva, más pueden poner en cuestión el sistema y abrir nuevos caminos.

Conviene además recuperar la dimensión global de las luchas, recordando así que el anarcosindicalismo fue siempre algo más que un sindicato. La propuesta debe ir encaminada a generar pautas culturales alternativas, impugnando el sistema en todas y cada una de sus manifestaciones. Hay que unir la lucha sindical con otras luchas sociales que atacan los modelos consumistas, jerarquizados, individualistas, que tan hondo están cuajando, generando ese modo una red social de luchas que ponen en práctica procesos y reivindicaciones que suponen un cuestionamiento radical de lo existente. Para eso hace falta a un tiempo una clara conversión personal, rompiendo con la cultura dominante, y una práctica colectiva de luchas sociales, sindicales y culturales, políticas en su sentido más genuino.Eso nos lleva también a una reelaboración de la estrategia revolucionaria, pues quizá no tenga ya mucho sentido articular la lucha social en torno a un futuro próximo en el que se produzca una revolución total. Hace falta mantener un relato global alternativo, hace falta mantener la lucha ideológica, es necesario seguir aspirando a todo, pero en cada una de las luchas y prácticas concretas, pues de ese modo podremos ofrecer caminos innovadores que nos permitan salir de una situación que pinta mal. De eso y algo más hablamos en la reunión extraordinaria, y desde luego tuvimos claro que la revista Libre Pensamiento puede contribuir a reforzar, generar y difundir esos planteamientos alternativos. Y como en todas las «revoluciones radicales», pasamos al final de la reunión a las pequeñas decisiones concretas de funcionamiento que faciliten los ambiciosos objetivos que mantenemos.

Este artículo pretende hacer reflexionar al lector, no sólo sobre la influencia del lenguaje en la cultura y viceversa, sino además, sobre la limitación de las percepciones que las personas tenemos sobre nosotros mismos.

Cuando lea este artículo, tendrá usted una edad determinada y unas condiciones físicas y mentales determinadas que, por algún motivo, usted creerá que son las suyas.

Es muy probable que haya olvidado que a lo largo de su vida no siempre ha tenido estas condiciones y que no haya caído en la cuenta de que, con el paso del tiempo, esas condiciones se modificarán en el futuro.

Alrededor de este olvido, se ha construido una percepción cultural y social por la que uno debe ser de una manera determinada, y que todo lo que queda fuera de ella constituye algo anómalo, a lo que llamamos diversidad.

Hay muchas diversidades en las personas, algunas derivadas de nuestro origen biológico y otras derivadas de la construcción social, pero lo más habitual es pertenecer a una diversidad concreta (edad, género, orientación sexual, raza, religión, funcional, etc.) Y esa diversidad va acompañada de discriminación en prácticamente todas las sociedades contemporáneas.

Evolución histórica

Acompáñeme en un viaje por la historia de las palabras y las culturas relacionadas con la diversidad funcional (discapacidad) y espero que al acabar de leer este artículo sea consciente de algunas cosas que, a pesar de ser muy evidentes, no son fáciles de descubrir en el panorama social, cultural e intelectual actual.

No nos engañemos, la diversidad funcional, discapacidad, minusvalía, enfermedad, deficiencia, o como se quiera llamar ha existido desde el principio de nuestros tiempos. Es lo que tiene vivir, la vida no nos trae siempre lo que queremos, sino que acontece; históricamente siempre han nacido niños diferentes, a los que actualmente llamamos niños con «graves malformaciones»: bien ciegos, bien sordos, bien con síndrome de Down, bien con espina bífida, etc. Además, a lo largo de la vida se producen muchos accidentes tanto «naturales» como derivados de irresponsabilidades o conflictos bélicos. Lo que pasa, es que la sociedad ha dado diferente trato a este tipo de personas a lo largo de la historia en diferentes sociedades, es decir, que el hecho de que hoy utilicemos palabras como «graves malformaciones» no ha sido una constante a lo largo de los tiempos.

No tenemos documentación suficiente de todas las sociedades, pero sí podemos afirmar que las sociedades griegas – ya Platón y Aristóteles – tuvieron serios problemas con el trato a los niños que eran diferentes. Es conocido el caso de los espartanos, que a los bebés que nacían «deformes» los tiraban por una montaña. De igual manera, los romanos no tuvieron nunca muy claro qué hacer con ellos, a pesar de que el emperador Claudio fue uno de esos niños. Podríamos decir que lo más habitual era simplemente deshacerse de los recién nacidos mientras, curiosamente, a aquellos que sufrían algún tipo de accidente del que derivaba una diversidad funcional durante la guerra, se les consideraba como héroes y eran más que bienvenidos en la sociedad.

Los judíos por su parte, consideraban que el nacimiento del niño diferente era el castigo por haber pecado los padres, una tradición que se puede seguir hasta hoy en día en determinados ambientes y que, teóricamente, fue cambiada por el cristianismo, dotando de sentido al «sufrimiento» que esas vidas ofrecían a Dios.

La historia fue evolucionando sin tener una postura muy clara, moviéndose entre la compasión, la eliminación y la caridad, hasta llegar el final del siglo XIX en el que las teorías de Galton y Darwin pusieron de moda la idea del perfeccionamiento de la especie a través de la evolución, lo que hacía inservibles a los individuos que no fuesen «perfectos». Éstas ideas se difundieron por todo occidente, donde se hicieron leyes para permitir principalmente la esterilización y la experimentación además de otras medidas contundentes para evitar la «imperfección» humana. Las políticas eugenésicas cobraron su máximo auge en la Alemania nazi, que fue admirada por todos los occidentales por atreverse a acometer este tipo de políticas.

Las consecuencias desastrosas a las que llevaron las políticas eugenésicas de la Alemania nazi hicieron despertar al mundo entero, de manera que se adoptaron medidas para que no se pudiera volver a experimentar sobre sujetos sin su consentimiento ni realizar políticas eugenésicas.

Como contrapartida, a raíz de la cantidad de heridos de guerra resultantes del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, la medicina se apareció como la nueva manera de arreglar la «imperfección» y en todos los países de occidente se empezaron a desarrollar políticas de rehabilitación y «reparación» de las «malformaciones» de las personas.

Condicionantes culturales y lingüísticos

Esta nueva cultura médica dictaba la vida de aquellos que eran diferentes, que se vieron sometidos a una infinidad de operaciones para poder llegar a ser «normales».

Si no, que se lo pregunten a aquellos que tuvieron en su día poliomelitis y hoy tienen postpolio. Las personas con acondroplasia, comúnmente conocidas como enanos, veían como una buena opción operarse las piernas para alargarlas y así poder llegar a ser más altos. Aquellos que, como yo, tiene una lesión medular, siguen hoy en día esperando la cura que les permitirá volver a caminar y arreglar el resto de entuertos internos, un sueño de «normalidad» que nos hace vivir sin encontrar una identidad definida en nuestra realidad actual.

De esta manera, pasamos de ser prescindibles o sujetos de caridad a ser enfermos «incurables», con los que la sociedad no sabía ni sabe muy bien qué hacer, excepto devolverlos a sus familias para ser atendidos o encerrarlos en residencias bien alejadas de los centros de las ciudades, donde no molesten.

En este escenario, hice yo mi aparición en el mundo de la diversidad funcional a raíz de un accidente de moto y, por supuesto, acepté lo que había sin reflexionar sobre ello y, durante algunos años, tuve esperanzas de que llegara la prometida cura. Así, en el año 1992 los médicos decían que era muy probable que en los 10 años siguientes, se encontrara una cura que permitiría regenerar la médula y curar, al menos, a algunos pacientes. Curiosamente, cuando venció el plazo en el año 2002, el plazo para el que se esperaba esa cura, seguía siendo de 10 años y se puede presuponer que es muy posible que la duración del plazo de la futura cura siga así en 2012.

Cuando salí del hospital, me reincorporé a la sociedad como una persona «mal hecha» a la espera de su cura y la propia sociedad no dejaba de recordarme que efectivamente algo iba mal, ya que con mi silla de ruedas no podía entrar en los coches, ni en los autobuses, ni en los sitios, ni en los lavabos, ni en los trenes, etc.

Tardé varios años en darme cuenta de que en realidad era víctima de una concepción errónea de mi realidad. Por azar, como suele ocurrir, descubrí que mi realidad es una cuestión de derechos humanos, de discriminación por ser diferente, y no una cuestión médica. No obstante, para ello tuve que viajar al extranjero y que fuera alguien de otro país quien me hiciera caer en mi error.

De repente, todo cambió, la manera de usar las palabras para describir mi realidad empezó a ser importante.

Ya no era un discapacitado o un minusválido sino una persona con discapacidad, y lo que estaba pasando era que mis derechos estaban siendo vulnerados constantemente.

Sencillamente nunca nadie me lo había dicho y no me había dado cuenta. Dejó de ser un problema que yo fuera en silla de ruedas para poder entrar en un autobús, y el autobús se convirtió en el problema, en un objeto mal diseñado para las personas diferentes.

El concepto de discapacidad como diferencia por la cual uno es discriminado, tomaba sentido más allá del propio autobús, para poner de relieve que las propias políticas sociales estaban mal diseñadas. En este punto se quedó la inmensa mayoría de las personas del colectivo que se hicieron conscientes de que no eran ellos los que están mal hechos, sino que el mundo y la sociedad tenían un problema con personas como nosotros, por el simple hecho de que somos diferentes.

No obstante, un día escuché en una conferencia una frase que me hizo cuestionar la propia palabra «discapacidad»: «Este grupo de personas es el único grupo que conozco que utiliza una palabra negativa para describirse a sí mismos». Esa frase pronunciada en medio de una conferencia sobre derechos humanos me hizo plantearme la profundidad de la opresión sociológica y filosófica en la cual nos encontrábamos las personas como yo.

Lo primero que hicimos de manera urgente, fue buscar una palabra que describiera nuestra realidad, de forma que no fuese un eufemismo, y que erradicara la negatividad al describir una realidad humana que afecta al 10% de la población. Tardamos muchos meses pero al final, con la ayuda de mi buen amigo Manuel Lobato, acuñamos y propusimos el término «diversidad funcional». De ser personas que «no podían hacer» pasamos a ser personas que «funcionaban de una manera diferente». Por primera vez en la historia, habían pasado dos cosas: la capacidad comenzaba a ser irrelevante a la hora de describir nuestra realidad y nos definíamos a nosotros mismos de una manera no negativa. La capacidad, pasó a ser sustituida por otro concepto mucho más poderoso a la hora de relacionarlo con la persona: la dignidad.

El mero hecho de cambiar la palabra discapacidad por diversidad funcional, nos hizo cambiar de perspectiva y darnos cuenta de que lo que nos estaba pasando a nosotros, le estaba pasando a otros muchos colectivos de personas: homosexuales, mujeres, migrantes, gente de otra religión, gente pobre, etc. Se dibujó ante nosotros un nuevo panorama; un panorama en el que había una amplia amalgama de grupos pequeños (y no tan pequeños) de personas que estamos discriminados en la sociedad por el mero hecho de no corresponder al patrón imperante establecido. Casualmente, en muchos de los casos de estas minorías, la opresión se había basado en una minusvaloración biológica de los cuerpos de ese grupo (mujeres, personas de otra raza, homosexuales).

El patrón es importante

Lo curioso de todo es que nadie se pregunta de dónde viene y por qué tenemos ese patrón. ¿Quién lo inventó? ¿En qué se basó? etc. Si se reflexiona un poco, se da uno cuenta de que todos los españoles hemos ido, alguna vez en nuestra vida, en un artilugio con ruedas: el carrito de bebé y que, por lo tanto, ir en silla de ruedas es un hecho consustancial a ser humano en las sociedades occidentales modernas. Se podría argumentar, que eso ocurre sólo durante un corto período de tiempo y que luego se pasa. No obstante, todos sabemos que, al hacernos mayores, las necesidades de uso de sillas de ruedas aumentan y que, en medio, algunas personas también las usan, y todos tropezamos y nos vemos molestados por los escalones y las escaleras.

Conclusión, si el cien por cien de la población se ve afectada por los escalones existentes en los edificios y entornos urbanos, ¿por qué existen los escalones? Si esto es tan evidente, ¿por qué no nos han explicado que el

100% de la población se ve afectada por los escalones, ya

que han usado alguna vez en su vida una silla de ruedas, o un artilugio con ruedas? De alguna manera, la antigua construcción sociocultural que predomina hoy en nuestra sociedad es responsable de la negación de lo evidente. El caso de las sillas de ruedas es sólo un ejemplo, lo mismo podría aplicarse al hecho de que cuando dormimos todos los humanos no vemos ni oímos bien, que cuando nacimos no veíamos y que, a medida que nos hagamos mayores, todas nuestras funciones ya no serán como eran antes, acabaremos haciéndolas de otra manera.

La siguiente reflexión consiste en saber si este lastre cultural que arrastramos ha ocurrido por azar, o es consecuencia de una intencionalidad. En mi opinión, la respuesta es clara, hay una intencionalidad detrás de las construcciones culturales. Vivimos en una cultura de lo capaz, lo fuerte, lo bello, lo diestro, lo inteligente, porque aquellas personas responsables de la construcción cultural actual, creyeron que era lo mejor para la futura sociedad. No obstante, ellos mismos también negaron su propia realidad, ya que el periodo creativo o constructor de ideas se da en personas de una determinada franja de edad, en la que no son niños ni mayores, en la plenitud pletórica de una aparente y fugaz fortaleza mental y, habitualmente, corporal.

De esta manera se ha proyectado en el mundo de las ideas, la base para la construcción de la sociedad futura, la falsa imagen de que el ser humano es fuerte, ya que puede serlo durante una época de su vida, pero nunca lo es toda su vida. En esta falacia, se ha construido el imaginario colectivo de que una sociedad fuerte tiene que estar constituida por personas fuertes, y que son los fuertes los que deben dominar y dirigir la sociedad.

Afortunadamente, a algunos la vida nos ha dado el privilegio de descubrir nuestra fragilidad y nuestra diversidad a una edad infrecuente y con el escepticismo necesario para cuestionar el pensamiento del pasado. Hemos descubierto que la fragilidad no es una debilidad, sino todo lo contrario, que la construcción de una sociedad fuerte debe basarse en el reconocimiento de la fragilidad y la diversidad de todos los seres humanos, sin oprimirlos ni minusvalorarlos, porque oprimir y minusvalorar al frágil y diferente, hoy, es construir una sociedad en la que todos seremos oprimidos y minusvalorados en alguna época de nuestra vida.

La cultura debe estar al servicio de las personas, y no las personas al servicio de la cultura, y es esa cultura la que construye el imaginario colectivo con el que después desarrollamos políticas sociales. Y créanme, mi reflexión empezó por lo mal hechas que estaban las modernas políticas sociales relacionadas con la diversidad funcional. La propia ley de «inDependencia» es un claro ejemplo de una desastrosa política social basada en un trasnochado panorama cultural, y sus resultados son evidentes: sirve para proporcionar la dependencia de las personas, no para promocionar su autonomía, y por lo tanto sirve para promocionar la injusticia y la desigualdad.

Algunas personas hemos cambiado nuestro punto de vista y hemos intentado que otros muchos lo hagan.

Al lector que haya llegado hasta esta parte del artículo espero, al menos, haberle hecho reflexionar y darse cuenta de lo evidente; y que con esa evidencia vayamos cambiando la mentalidad de nuestra sociedad para construir una futura política social que, en contra de sus paradigmas actuales, promocione los valores teóricos que sustentan nuestra sociedad: dignidad, igualdad, justicia y libertad.

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Puestos a buscar criterios, algunos utilizan los Derechos Humanos, con un doble baremo: a lo largo de los siglos estos han crecido en extensión y en calidad. Esto es, cada vez se han incluido más personas bajo el paraguas de esos derechos innatos e inalienables y cada vez se han incluido más aspectos en la relación de esos derechos. Y ese crecimiento es prueba indudable de que vamos progresando.

En los artículos que siguen, Chema Sánchez Alcón introduce una afirmación que nos invita a pensar: «¿Quién nos dice que en otro siglo y pico no habrá otro presidente con Síndrome de Down, por ejemplo?» Su aportación se centra en las personas con discapacidad intelectual, partiendo del trabajo que está desarrollando para incrementar su capacidad de pensamiento autónomo no dependiente.

Considera que el Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de Diciembre del año 2006, hace apenas unos años, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese convenio sería una prueba inequívoca de progreso moral de la humanidad, puesto que supuso el reconocimiento formal por la comunidad internacional de que las personas dependientes o discapacitadas ya no eran tales, sino personas con discapacidad, lo que supone un giro de 180º y, sobre todo, supone incluir plenamente bajo el paraguas de los derechos humanos a un sector de la población que hasta esa fecha estaba muy mal considerado. El año pasado celebramos la elección de Obama; quizá dentro de unos años celebremos otra elección de una persona procedente de un colectivo hasta el momento ninguneado y marginado.

Ese mismo autor reconoce que se trata de un primer paso, importante pero insuficiente. Es necesario lograr que lo que aparece en los papeles oficiales se traduzca en hechos reales. Como bien expone Javier Romañach Cabrero, no es en absoluto baladí cambiar el lenguaje puesto que la realidad queda configurada por las palabras que utilizamos para hablar de ella. El título de su artículo es significativo: no tiene nada que ver hablar de diversidad funcional con hablar de discapacidad y mucho menos de dependencia. En el camino de empoderamiento de ese amplio colectivo de personas, el cambio del lenguaje es un primer paso para la recuperación de la propia estima. Y él da buena prueba del cambio.

De todos modos, insistimos: no basta con las palabras o las declaraciones. Hay que ir más lejos, pues los hechos son tozudos y no cambian a la velocidad que debieran.

La frase que citaba de Chema Sánchez Alcón puede no llegar nunca a ser real porque la sociedad no modifique sus prácticas para hacer efectivo el reconocimiento.

Incluso puede estar suciendo algo parcialmente paradójico: reconocemos a las personas que tienen síndrome de Down como sujetos autónomos, pero al mismo tiempo las modernas técnicas de detección de trastornos prenatales y la ampliación de la interrupción del embarazo está provocando que apenas nazcan personas con ese síndrome.

La eugenesia fue siempre un expeditivo procedimiento para «resolver» el problema que planteaban las personas con discapacidad.

Obviamente no es esta una solución. El camino es más bien la lucha constante para conseguir el reconocimiento efectivo de derechos fundamentales a todos y cada uno de los seres humanos, independientemente de sus específicas condiciones de existencia. Hay que avanzar hacia una sociedad en la que la diversidad funcional sea reconocida como tal y sea tenida en cuenta en todos los niveles y en todos los ámbitos.

En este sentido son muy interesantes los otros dos artículos que acompañan este dossier. Uno de ellos porque unas madres nos narran las luchas que tuvieron que sostener para lograr la integración escolar de sus hijos con diversidad funcional en condiciones dignas. No les ha resultado sencillo ni mucho menos, aunque las leyes las amparaban, pero lo han conseguido y sirven así de ejemplo a todas las personas que estamos implicadas de un modo u otro en las luchas por una transformación radical de la sociedad.

Luchar por un mundo mejor nunca fue sencillo. Como bien recuerda Messeguer en su artículo sobre el empleo, lograr la integración efectiva de las personas con discapacidad o diversidad funcional exige un compromiso global de la sociedad y eso tiene un costo no sólo humano —como muestra la dedicación de las madres del artículo anterior—, sino también económico. Los puestos de trabajo para estos colectivos no se consiguen sin políticas activas que se hagan cargo del costo de los mismos. En ese sentido, no viene mal recordar que los únicos modelos de prestaciones sociales eficaces son aquellos que se basan en el reparto, pues todo lo que suponga capitalización termina fomentando sociedades individualistas en las que cada uno busca su propia seguridad. La atención a la diversidad funcional solo puede arraigar y crecer partiendo de una sociedad basada en el apoyo mutuo. De eso algo sabemos, o intentamos saber, los anarcosindicalistas y por eso tiene pleno sentido dedicar este número a este tema.

El tema es apasionante y lo cerramos con un breve artículo en el que se comentan algunas referencias bibliográficas para aquellas personas cuya curiosidad haya sido aguijoneada por los otros artículos. Eso es lo que esperamos.

La historia de Katharina que aparece al final de este último artículo es un bello y digno colofón. Al final, siempre hay personas reales que sufren y luchan. Y esas son las importantes.

La empresa, sobre todo la gran empresa, no necesita habitualmente utilizar métodos represivos explícitos. Todas sus dinámicas, las relaciones laborales que logra instaurar a través de la precariedad, los EREs, las amenazas de deslocalización… son en sí represivas, generadoras de un miedo que es capaz de dirigir individualizado a cada uno de los y las trabajadoras, a través del reparto de sanciones, cambios de puesto de trabajo, horas extras… No necesita la represión explícita pero, sin embargo y por la razón que sea, de vez en cuando la utiliza. Es el caso de Paqui Cuesta, delegada de CGT en la factoría de Ford, recientemente despedida, con la que hablamos de ese proceso que le ha llevado al despido y de la posterior reacción sindical.

Francisca Cuesta Navarro tiene 52 años, trabaja en Ford desde los 18, conciliando durante esos 33 años la vida laboral y familiar con todas sus exigencias y solicitudes.

Tiene dos hijos habidos en su convivencia, más otros dos aportados por su pareja, que le llevaron a implicarse activamente en la asociación de padres y madres y en la directiva de la escuela, atendiendo, además, a las personas mayores de su entorno en momentos de dependencia. Algo casi «normal» en cualquier mujer trabajadora y comprometida.

Afiliada a CGT desde hace más de 25 años, los últimos 4, al ser elegida delegada sindical, se implica más a fondo en las tareas del sindicato. Da la cara, y lo paga. Tras 29 años de vida laboral anónima, sin sanciones ni mayores problemas, empieza a descubrir lo que es la persecución sindical que culmina en su despido. Persecución que le lleva –según sus palabras- a «darse cuenta de que hay que seguir participando y reivindicar, porque una es ninguna pero entre todas podemos conseguirlo».

Hoy, a la edad de 52 años, como premio a una vida laboral de 33 años, como castigo a una actuación de no sometimiento, está amenazada de quedar en la calle. En la calle la puso la empresa el 9 de junio sin ninguna consideración y, si la voluntad de la empresa se cumple, ahí se quedará.

Que se cumpla o no depende también de nosotros.

Libre Pensamiento (L.P.): cuéntanos cómo se produce tu despido

Paqui Cuesta (P.C.): Llevo 32 años en la fábrica y nunca había tenido sanción alguna. En el 2007 me presento en las listas electorales de CGT y empiezo a sufrir lo que considero una persecución sindical. El mismo 2007, antes de las elecciones, me ponen una sanción de 7 días de empleo y sueldo; la cumplo, pero la recurro y les gano el juicio. A la vez se producen cosas raras como que me paguen en la nómina horas extras que nunca he realizado o que me corrijan vales sindicales. Posteriormente, siendo ya delegada, me aplican otra sanción de dos días, también cumplida y ganada en juicio. Hay una sanción posterior, que la propia empresa la debe ver tan chapucera que se la retira.

La cuarta es de 45 días; en ésta perdimos el juicio, lo enfocamos como vulneración de derechos sindicales más que atendiendo a los hechos que se aducen en la sanción, seguramente fue un error y perdimos el juicio; lo tenemos recurrido, pero no deja de ser un juicio perdido que envalentona y da alas a la empresa.

Es una persecución constante y no es algo personal. La CGT sacamos en las últimas elecciones 5 delegados y nos corresponden 4 delegados LOLS, entre los 9 acumulamos 12 expedientes sancionadores, a destacar los del compañero Miguel Ferrero, delegado desde febrero, relevista y sin contrato fijo al que le aplicaron una sanción de 21 días y, después, el 30 de julio le dan la carta de despido, que, curiosamente, ni recibió porque estaba con horas sindicales.

Es una persecución debida a la acción sindical desarrollada por el sindicato, centrada en la oposición al acuerdo de convenio y a los EREs que va presentando la empresa.

LP: Luego entramos en eso, dinos cómo se produce tu despido

P.C.: Trabajo en el departamento de prensas, pero pertenezco al de logística, llevo un remolcador con el que alimento prensas a la vez que retiro los palés vacíos. Ese día, como muchos otros, una de las prensas, la 107, del pasillo por el que yo transito tenía una valla sacada que no me impedía el paso, de hecho estoy trabajando con normalidad y sin que se produzca ningún desarreglo. Uno de los monitores de prensa me dice que no pase por ahí y yo le contesto que eso va a dificultar mi rendimiento y que la orden me la tendría que dar un monitor de logística, mi mando directo. A las 19 horas viene mi mando directo acompañado de un encargado y me ratifica la orden, que yo empiezo a cumplir.

Me abren un expediente por desobediencia al mando y por poner en riesgo la seguridad en la empresa. El 6 de mayo presentamos las alegaciones, el 19 la empresa modifica el expediente y el 9 de junio me plantea el despido.

Después de 32 años en la empresa se me acompaña a desalojar mi taquilla y hasta la puerta de la empresa para que abandone la fábrica. Así de contundente.

L.P.: Vamos a hablar de la situación de la empresa y del comité

P.C.: En las últimas elecciones el comité de empresa quedó constituido por 20 delegados de UGT, 7 de CCOO, 5 de CGT y 3 de STM. O sea que UGT tiene mayoría absoluta y, desde luego, cuenta con el beneplácito y el favor de la empresa. Es quien controla las contrataciones, las categorías, los puestos de trabajo, los afectados por los EREs, en fin, controla el poder que la empresa delega en ella, y el clientelismo hoy es una forma de poder sindical sobre (o contra) los trabajadores.

Somos una plantilla de 6.400, de ellos 1.200 están en situación de prejubilación con un 15% de jornada, 400 de excedencia y pendientes de recolocación, y más de 1.000 eventuales que aspiran a ser fijos. Así que fijos somos tres mil y pico. Como decía las contrataciones se hacen por familias y con el carné de UGT en la boca, así tiene afilados a casi cinco mil trabajadores, por lo que los resultados electorales no son nada anormales, lo anormal es que ellos saquen 2.300 menos votos que afiliados tienen, mientras que nosotros, con 400 afiliados –la mayoría de ellos de la vieja hornada-, sacamos 900 votos. Pero lo cierto es que la empresa, con UGT, juega fuerte y bien las políticas del miedo y del favor, consiguiendo tener permanentemente amarrada a la plantilla, a la mayoría de la cual mantiene a la espera de un favor o con uno que agradecer.

Desde septiembre de 2.008 llevamos cuatro EREs, el primero de 3 meses para 600 trabajadores, el segundo de 16 días para toda la plantilla, el tercero de 65 días para la planta de motores, y el cuarto, ligado al convenio, que pretende la disminución de 600 empleos entre bajas incentivadas y despidos con retorno pasados entre 1 y 3 años.

Nosotros hemos encabezado la oposición al convenio y a los EREs. Mantenemos una actividad permanente en la empresa. Sacamos una hoja informativa mensual. Participamos en las comisiones con propuestas alternativas.

Denunciamos todas las irregularidades: las horas extras (que antes de los EREs eran numerosísimas); la discriminación sindical en la aplicación de los EREs, las promociones, recolocaciones y contrataciones. Mantenemos un contacto permanente con les trabajadores, sobre todo en los comedores. En el último convenio sumamos a esa oposición a CCOO y STM, consiguiendo que los trabajadores rechazasen en referéndum la propuesta de convenio de UGT y la empresa; tuvieron que modificar su propuesta, sobre todo en lo relacionado con la contratación de 1.200 relevista no fijos y, en una segunda votación en referéndum, el convenio se aprobó por un escaso margen de 200 votos.

El convenio es muy regresivo, lleva adherido el cuarto ERE que explicaba más arriba y supone la desaparición del comedor (y de los 200 puestos de trabajo que generaba) y de la media hora de comida. Era el lugar de encuentro de los trabajadores y para nosotros suponía un espacio en el que poder comunicarnos directamente con ellos. Con los delegados que tenemos es difícil llegar a todas las naves y las cadenas con cierta regularidad, mientras que UGT, con 40 delegados (20 del comité y 20 LOLS), todos ellos liberados a tiempo completo, puede hacer su trabajo de control sobre los trabajadores, infuenciándoles con promesas y amenazas, comiendo orejas y levantando bulos. Esa es la labor que realizan en comandita con la empresa y es esa situación de abordaje de los trabajadores individualizados la que van amarrando y consolidando.

L.P.: ¿Cuál es la reacción a tu despido?

P.C.: Hicimos una reunión del comité de empresa en el que cada quien se retrató con sus propuestas. UGT nos ofrecía apoyo jurídico (mejor no, muchas gracias) y proponía solicitar a la empresa la retirada del expediente, pero ninguna forma de presión. CCOO y STM estaban dispuestos a un paro de dos horas. Nosotros proponíamos solicitar una reunión con la empresa, el boicot a las horas extras y convocar un paro de 24 horas. Salió, por matemática dura, la propuesta de UGT. Es como si no quisieran enterarse de la situación, para ellos el conflicto y la represión no existen, es como si fuera un relato de hechos con lógica propia, guiados por unos intereses comunes y en el que el único papel sea el de la recuperación de la racionalidad cuando ésta se ve alterada.

Para nosotros está claro que ese juego neutro y racional no existe, que hay una represión y una persecución, y que no es personal sino sindical: nosotros estamos contra las dinámicas de la empresa y, aunque sólo sea parcialmente y en momentos concretos, echamos atrás sus planes.

Por eso la empresa está contra nosotros.

L. P.: ¿Qué pasa después?

P. C.:Solicitamos una reunión con la empresa, solicitud a la que ni se nos contesta. Acudimos al Director de Trabajo al que le exponemos la negativa de la empresa a recibirnos y toda la sucesión de sanciones y despidos, él nos contesta que lo mirará. Como consecuencia de esa reunión nos recibe el Jefe de Recursos Humanos de la empresa, pero es una reunión meramente formal, la empresa no quiere saber nada.

Posteriormente, con la mediación del Secretario de CGT, tenemos una reunión en Madrid con el Director de Ford España, simultánea a la cual hacemos una concentración a las puertas de la sede. Nos dicen que toman nota y transmitirán lo que les hemos dicho. Nada concreto, pero resultó un acto positivo.

Hemos enviado faxes informativos a todos los concesionarios de Ford y la organización ha hecho concentraciones a las puertas de los mismos.

Convocamos el paro de 24 horas con concentraciones a las puertas de la empresa. La empresa y UGT hicieron una campaña fuerte contra el paro, metiendo miedo a la gente: «atente a las consecuencias», difundiendo bulos, como que yo había provocado el despido para irme con 45 días de indemnización, algo que ya se me ofertaba el ERE que todavía estaba vigente, y utilizando todas sus armas.

Pararon 50 personas y en la concentración, a la que se sumaron los delegados de CCOO y STM, con el apoyo de la organización estábamos unas 200 personas, en medio de un despliegue de mandos de la empresa y de la guardia civil, y desviando los autobuses de la empresa para que los trabajadores no nos vieran.. Para nosotros también fue un acto positivo en cuanto demostración de nuestra no renuncia a hacer lo que hay que hacer. Los resultados no son un éxito, reflejan la cruda realidad que la empresa ha sabido generar e imponer.

Ahora estamos recogiendo firmas de personas del mundo de la cultura en torno a un manifiesto que luego haremos público. En septiembre mandaremos información al presidente de FORD Europa…, en fin, seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, por lo menos hasta la celebración del juicio.

L.P.: Tenemos 900 votos en las elecciones, ¿por qué nos votan los trabajadores, porque quieren impulsar nuestras propuestas sindicales o por alguna otra razón?

P.C.: Seguramente por asegurarse una oposición al sindicalismo de los mayoritarios sin tener que dar el paso de afiliarse

L.P.: Sí, pero, además, teniendo 400 afiliaciones nuestra convocatoria de paro en un hecho tan sangrante como tu despido sólo la secundan 50. ¿Por qué o para qué se afilian los trabajadores a la CGT?, ¿nos sirve de algo esa afiliación pasiva?, ¿condiciona nuestra actuación y nuestras propuestas?

P.C.: En las condiciones actuales, dado el clima de pánico que la empresa ha logrado imponer, que el 12´5 de nuestra afiliación haya secundado la huelga puede considerarse un éxito. Ellos se afilian buscando una defensa jurídica y sindical que los demás no prestan. Pese a que se impliquen poco, no dejan de ser nuestra base sobre la que se asienta nuestros 900 votos que constituye nuestra representación. Condicionan, claro que condicionan nuestras reivindicaciones y su espaciamiento, pero es la realidad en la que nos desenvolvemos.

L.P.: ¿Qué podemos hacer o mejorar para que esos apoyos en votos o en afiliación se conviertan en apoyo e impulso de nuestra línea y propuestas sindicales?

P.C.: Necesitamos más medios, tanto materiales como humanos.

L.P.: ¿Qué cosas hemos dejado de hacer o hemos hecho de forma insuficiente?

P.C.: Seguramente muchas cosas. Teníamos que haber trabajado más con los colectivos y grupos sociales de la zona, también tenemos que aprovechar más los recursos de la organización, por ejemplo, FORD está vinculada a ACCIONA y H.L., empresas en las que tenemos representación y debiéramos haberla aprovechado… muchas cosas.

Nuestras deficiencias son muchas pero, sobre todo, la realidad es muy hostil y el poder de la empresa es inmenso.

La llegada de FORD a la zona de Almusafes marca la zona y configura su propia realidad. Antes, comíamos y vivíamos sin ella, hoy, sin ella es impensable ya que toda la realidad económica de la zona gira a su alrededor. Mantienen una situación de monopolio y desde ella juegan con la amenaza permanente de la deslocalización. Da lo mismo que seamos una planta muy productiva, con la flexibilidad de producir cuatro modelos de coche simultáneamente, ellos inician sus inversiones en Rumanía o en China, pueden llevarse los modelos con mayores cotas de mercado donde les apetezca y ejercen un permanente chantaje para conseguir de los entes públicos subvenciones supermillonarias, aceptación de los EREs y todo tipo de ayudas.

Ese chantaje se ejerce más directamente sobre los trabajadores, mantenidos siempre en el miedo y en la sumisión.

De alguna forma nos hemos dejado atrapar en su juego. Como decía, antes de venir la Ford a instalarse a la zona también vivíamos, teníamos nuestra riqueza propia, sobre todo agrícola y de industrias derivadas. La fábrica nos ofreció mayores niveles de consumo y de bienestar económico, pero mayor dependencia, y los trabajadores entramos a ese juego en el que cada vez nos vemos más atrapados y con menor capacidad de control e influencia sobre los beneficios, la gestión, el trabajo, los servicios, las mismas horas extras… Y algo similar les sucede a los poderes públicos: todas las ayudas van a estas empresas y no a otras, ellas marcan las políticas económicas y laborales, etc. Todo lo controlan y ejercen un dominio absoluto.

Por ejemplo, mi despido y el proceso desarrollado no han merecido más allá de tres líneas en los medios de comunicación regionales, y es que su poder se extiende como un pulpo que lo abarca todo.

L.P.: ¿Te desmoraliza tu actual situación de despedida?

P.C.: Para nada, en absoluto. Lo primero que hay que hacer es darse cuenta que no me ha llevado a esta situación alguna deficiencia personal, sino que estoy dentro de una represión sindical, pero veo que hay que seguir peleando cada situación, incluso con más ganas. Ni me considero una víctima ni estoy desmoralizada. Nosotros jugamos nuestro papel y la empresa el suyo. Es lo que hay, estar despedida no me convierte en víctima, si a alguien le doy pena está muy equivocado.

El despido sí te hace consciente de la situación real, de la desmovilización laboral y social y del enorme poder de la empresa, pero eso no es razón para dejar de hacer, en todo caso para cuestionarnos si podemos hacer las cosas mejor, si podemos hacer más.

L.P.: El resto de la organización hemos hecho alguna concentración ante los concesionarios de Ford, ¿es suficiente?, ¿estamos la organización muy «cada uno a los suyo» y un poco perdida en multitud de temas que nos impiden centrarnos?

P.C.: Seguramente nos faltan más campañas de tipo general en las que nos impliquemos toda la organización, denunciando, por ejemplo en este caso, el acoso sindical

Otoño 2010

(en pdf)

Las Juventudes Libertarias en la lucha contra el franquismo. Salvador Gurrucharri y Tomás Ibáñez. Editorial Virus. Colección Memorias. Barcelona 2010. 340 páginas.

Recuperar la memoria de la lucha libertaria contra el franquismo.

Cierta historiografía académica y respetuosa con la corrección política y la desmemoria de nuestro reciente pasado se permite el lujo de opinar con un rigor dudoso que «durante el año y medio que siguió a la muerte de Franco hubo, sí, en Madrid y Barcelona algunos mítines multitudinarios -todos los eran en aquellos tiempos-convocados por el movimiento libertario. Algunos creyeron que la «eterna España anarquista» estaba resurgiendo de sus cenizas. Pero no era difícil predecir que no volvería a existir nada semejante a la legendaria CNT. La secularización de la sociedad española, por un lado, y por otro la fuerte expansión y relativa modernización de los servicios públicos, con el correspondiente crecimiento del Estado, del que hoy es imposible pensar en prescindir, serían las claves que explicarían la erosión de la influencia anarquista.

Y esos mismos cambios políticos y culturales convierten en muy poco probable que los años venideros sean de nuevo testigos de un fenómeno similar al anarquismo clásico. Algo muy distinto es que existan núcleos libertarios en universidades o medios artísticos minoritarios. La presencia de «ácratas » solo confirmaría que han pasado a la historia los viejos «anarcosindicalistas».1 Estas «científicas» construcciones de un reputado historiador sobre la realidad española ponen de manifiesto que el «muerto» goza de una cierta salud sin más que palpar la realidad fuera de los despachos universitarios o del Centro de Estudios Constitucionales del que el Profesor Alvarez Junco fue Director no hace muchos años.

Junto a estos certificados de «defunción» otro sector importante de la historiografía, en la estela del anterior, señala que el movimiento libertario dejó de existir tras la derrota de las organizaciones populares en Abril de 1939. Aprovechando el centenario del anarquismo en España (¿no querrán decir del anarcosindicalismo organizado, dado que está «detectada» presencia libertaria en nuestro país desde 1868?), libros, eventos y exposiciones están poniendo sobre el tapete la dinámica histórica del movimiento libertario en nuestro país. Su aportación a la configuración de una cultura obrera y popular, al sindicalismo, al pensamiento libre, está siendo analizada por aquellos que se reclaman de la Idea pero también por historiadores en instituciones que en el marco de la sociedad mediática pretender reforzar estereotipos y visiones acordes a las necesidades e imperativos ideológicos de quienes les mantienen.

Historia compleja frente a visiones cerradas

El cuasi-monopolio de la oposición antifranquista adjudicado al PCE por dicha historiografía se desmonta a poco que se investigue sobre el largo recorrido del movimiento libertario en los años de plomo que van de 1939 a 1977.

Las dificultades reales para articular un sindicalismo de acción directa y autogestionario en el marco de una represión brutal, la imposibilidad de seguir la práctica de una cultura obrera y popular dado el peso de la Iglesia católica en el adoctrinamiento de una sociedad en la que primaba el miedo, la ausencia de una estrategia coherente en el movimiento libertario tras las rupturas internas vividas desde Julio de 1936 y los «ajustes de cuentas» ideológicas debidos a la participación en los organismos republicanos en sus diferentes niveles (local, regional o nacional), el duro exilio y la precipitación del combate antifascista debido a la invasión nazi del territorio francés, la lucha por la supervivencia individual en situaciones límite son elementos referenciales para explicar la respuesta organizativa libertaria tanto en España como en el exilio.

La ignorancia de los procesos internos en el seno del movimiento libertario por parte de los historiadores durante ese periodo, la desidia en la investigación de la resistencia sindical organizada por la CNT en el interior, el énfasis en el entrismo en la Organización Sindical franquista por parte del PCE y las nacientes CCOO a comienzos de los años sesenta, vehicula una «corrección» en la estrategia de la lucha antifranquista que se ha convertido en un auténtico canon. La lucha armada de sectores del movimiento libertario calificada de «bandidismo» por el aparato franquista (la escuela terrorista de Toulouse en los términos queridos por los periodistas- policías y propagandistas del régimen) justo cuando se va configurando la política de reconciliación nacional por parte del PCE tras abandonar la lucha guerrillera a finales de los años cuarenta, ha sido analizada en la obra de O. Alberola y A. Gransac aparecida en 1975 en Ediciones del Ruedo Ibérico2. Una excelente aproximación en la que combina la experiencia del movimiento libertario en el exilio (fundamentalmente francés) con un reflejo de la respuesta que se iba configurando en el movimiento estudiantil y el obrero en España a partir de Mayo de 1968. Se trata de una obra imprescindible para conocer esos avatares por actores directos y sin ningún tipo de intermediación a-crítica.

En esa misma línea, cabe señalar el libro de Salvador Gurrucharri y Tomás Ibáñez, en el que se aborda, en un amplio marco temporal el recorrido de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL): 1932-39 (orígenes y guerra civil), 1939-57 (clandestinidad y exilio), 1958-61 (prolegómenos para la acción), 1962-63 (la lucha va en serio), 1964-65 (un bienio marcado por el enfrentamiento orgánico), 1966-69 (relanzamiento y ocaso), 1970-75 (disolución en el exilio de la organización FIJL).

Testimonio directo de libertarios comprometidos y coherentes que en un estilo ágil, nos muestran de una manera autocrítica lo que se hizo, lo que se pudo hacer y lo que no llegó a germinar en unas difíciles condiciones tanto internas como externas. Un elemento que permite vislumbrar cómo la acción de oposición directa más allá de las declaraciones redundantes y «correctas» en el propio seno de la CNT del Exilio , sirvió de catalizador no solo para la incorporación al ámbito libertario de las generaciones de jóvenes obreros y estudiantes de nuestro país que no habían vivido la Guerra Civil sino como eje de movilización a nivel internacional no solo de solidaridad antirrepresiva sino también de intentar articular una respuesta a las nuevas formas de dominación del capital y el Estado.

Como reflexiones para un balance, que el lector encontrará en el epílogo del libro, aparecen estos cinco elementos:

1. A la luz de las condiciones que imperaban a principios de lo años sesenta tanto en España como en el Movimiento Libertario Español (MLE), ¿tenía sentido lanzar una línea de hostigamiento violento contra el régimen franquista? ¿Fue acertada, o no, la decisión de constituir Defensa Interior (DI) con independencia de cuál fuera su andadura posterior?.
2. A la vista de esa andadura y, especialmente, de las múltiples dificultades que, muy pronto, fueron surgiendo a sus pies, ¿conviene reconsiderar, o no, el juicio sobre el eventual acierto que supuso la adopción de dicha línea?.
3. ¿Tenía sentido que la FIJL, respaldada por un sector de la militancia cenetista, prosiguiera en solitario la línea de acción directa una vez que el acuerdo sobre el DI había sido paralizado y, posteriormente, revocado?.

4. ¿Cuáles fueron los efectos que tuvo la línea de acción violenta sobre el MLE, sobre la evolución del franquismo y sobre el movimiento anarquista europeo?.

5. En definitiva, con todas sus luces y sus sombras, ¿cómo cabe enjuiciar la trayectoria de lucha que siguió la FIJL en la década de los sesenta?

Los autores responden a estas preguntas con una afirmación rotunda en relación con la justeza de la trayectoria descrita en el libro. «Con sus más y sus menos, lo que la FIJL hizo y defendió en los años sesenta representaba, en aquel contexto, una postura con la cual era casi imposible no identificarse desde un antifranquismo auténticamente libertario y mínimamente consecuente. Pero asumir como algo valioso y encomiable aquella trayectoria no significa mitificarla, ni tampoco pretender sustraerla al necesario y saludable enjuiciamiento crítico. En definitiva, un sí inequívoco, ciertamente, pero sin estridencias y plenamente conscientes de las limitaciones y carencias que acompañaron esa trayectoria.» .

Una exhaustiva cronología de las acciones llevadas a cabo entre 1962 y 1973 así como algunos documentos de apoyo concluyen esta interesante obra que permitirá al lector formarse un criterio propio sobre las luces y sombras de la lucha libertaria contra el franquismo.

A modo de conclusión

La recuperación de nuestra experiencia histórica debe ser abordada por los propios libertarios antes de que otros la interpreten a su manera (el marchamo académico es una nueva forma de «rigor» a-crítico en el que pesan sobremanera las escuelas de pensamiento y metodología y que resulta más complejo desmontar). Los testimonios directos de los actores de la lucha libertaria no solo durante el franquismo sino también durante la Transición nos permitirán aprender del pasado para actuar hoy.

Referencias bibliográficas:

1. josé alvarez junco, la filosofía política del anarquismo español, en la obra colectiva tierra y libertad: cien años de anarcosindicalismo en españa. coordinada por julián casanova. crítica. barcelona, 2010. 11-31.

2. octavio alberola y ariane gransac, el anarquismo español y la acción revolucionaria (1961-1974), ruedo ibérico, paris 1975. reeditado por editorial virus, barcelona. 2004.

El articulo repasa las peripecias históricas por las que ha pasado el colectivo de personas con Discapacidad Intelectual, lo que denominamos de una manera genérica “el estigma de la subnormalidad” siendo esa pretendida “normalidad” uno de los peores inventos del ser humano para excluir y discriminar. Partiendo de esa situación, el autor no pretende quedarse en el retrato, tantas veces hecho y repetido sino en el análisis de la situación actual, en la valoración positiva del actual Modelo Social y Funcional de Inclusión («El lenguaje de las capacidades»). Tomando como marco este modelo, el autor propone un trabajo de Desarrollo de Potencialidades Cognitivas para Autogestores que se está realizando en la Comunidad Valenciana en colaboración con psicólogos, padres y educadores. Este trabajo se enmarca en la tradición pedagógica que utiliza el Pensamiento Crítico como método para trabajar destrezas cognitivas, emocionales y morales.

1.- ¿SUB-NORMALES O…?

El 13 de Diciembre del año 2006, hace apenas unos años, la Asamblea General de las Naciones Unidas se dignó a presentar un Convenio Internacional sobre los Derechos de  las Personas con Discapacidad, incluidas las personas con Discapacidad Intelectual. Estas personas,  todavía hoy, siguen siendo humilladas con todo tipo de insultos: retrasados, idiotas, tontos, mongólicos, débiles mentales, minusválidos (menos-validos)  y, cómo no, subnormales. La ONU, por fin, declaraba con todas las consecuencias que todos los seres humanos  son libres e iguales y están dotados de razón y conciencia. Antes, en el siglo XX,  Naciones Unidas  hizo declaraciones internacionales donde centraba su foco de atención en los Animales, en los Niños, en los Indígenas pero no en los discapacitados intelectuales (alguna declaración existe pero no del alcance de este Convenio). El gobierno de España ratifico el 30 de marzo del 2007 ese Tratado Internacional que, en el futuro, deberá tener consecuencias positivas.

A lo largo de la historia, los seres humanos hemos creado Etiquetas  donde hemos colocado a colectivos humanos completos sin atrevernos a mirar un poco más allá de las apariencias. Los historiadores de la Discapacidad Intelectual suelen utilizar dos grandes categorías, la Exclusión Social y la Inclusión Social. Analicemos con algún detenimiento la historia de un fatal error. En el modelo de exclusión (modelo de déficit), la Discapacidad Intelectual  ha sido entendida como una maldición y como una enfermedad. Hasta el siglo XIX, en Occidente, la maldición tenía que ver con motivos religiosos donde la idea de pecado estaba presente. A nivel moral, la explicación de la ausencia de virtudes de estas personas se relacionaba con los Vicios cometidos por sus antepasados, una de las explicaciones perversas del origen de esa maldición. Era tan común en la época asignar a la transmisión hereditaria todo tipo de males que estas afirmaciones eran indiscutibles. El discapacitado era motivo de compasión y caridad en los casos menores y de abandono o incluso ejecución en los casos mayores sin que las leyes se preocuparan del asunto. La Ley de Inmigración Americana de 1891 convirtió en proscritos y motivo de persecución por parte del Estado a «idiotas, alienados mentales, personas aquejadas de enfermedades repugnantes y contagiosas, personas que supongan una carga para pública, criminales depravados…».

La superación de este modelo persecutorio o maldito supuso un ligero avance en la situación social pero supuso el nacimiento del estigma que todavía  perdura: el modelo médico calificó a la persona con discapacidad como enfermo y quiso curarlo, salvarlo. Los nombres de la época para llamarlo son de lo más brillante: subnormalidad, idiocia, debilidad mental, cretinismo. Hasta los más concienciados con el tema, esos mismos que fueron en ayuda de estas personas,  tienen claras sus ideas. W. Fernald, creador filantrópico de instalaciones para el buen trato de estas personas, decía de ellas: «Los imbéciles son niños incluso en su vida adulta. Son también fanfarrones, interesados e ingratos. No obstante su estupidez consiguen casi siempre lo que se proponen. Moralmente incapaces, manifiestan un egoísmo sin límites y carecen de vergüenza. Son perezosos y proclives a la ociosidad; su promiscuidad no tiene límites desde temprana edad…» (Scheerenberger, 1985). El mismo Terman, pionero de la psicometría y de la medición de la Inteligencia, expone que los Test de Inteligencia encerraban una gran virtud: detectar a las personas con deficiencias para que esas personas «quedaran bajo vigilancia y control de la sociedad, frenando la reproducción de los débiles mentales y suprimiendo una ingente cantidad de delincuencia e ineficiencia industrial» (op.cit.). O esta otra joya: «Toda mujer débil mental es una prostituta en potencia» del mismo psicólogo.

A. Bousquet, otro pedagogo del siglo XIX dedicado a realizar programas educativos con estas personas, se tomaba su tarea como la de un super-maestro cuando decía que «enseñar a un  idiota y a un ser repugnante e insociable en un ser obediente y soportable es una victoria sobre la Naturaleza». El mismo nacimiento de la Educación Especial en USA, en el contexto de la obligatoriedad de la enseñanza, tenía el sentido de detectar a los infra dotados para apartarlos de la Sociedad. He aquí el ideario de esa escuela: «Seleccionando en primer grado a los alumnos que poseen una inteligencia inferior y serán una amenaza para la sociedad, será posible recuperar a un 90% de los educandos» (op.cit.). La pedagoga progresista A. Esten, defensora de una escuela comprensiva y adecuada a las necesidades especiales de cada individuo, dice: «la condición de débil mental es una condición degradante».

El Principio Rector aplicado es la denominada normalización que sigue perviviendo hasta nuestros días, hoy superada por el Modelo de  inclusión. En el modelo normalizador se apuesta por recuperar al discapacitado para integrarlo en un modelo de personalidad normal volviendo de nuevo al modelo de déficit donde lo contrario de la normalidad es la anormalidad o la deficiencia; partimos, como luego veremos, de un error de bulto, ya la persona con discapacidad intelectual es una persona normal desde su mismo nacimiento aunque con grandes o pequeñas limitaciones cognitivas o conductuales. El Modelo  de Déficit, sin embargo,  ha llegado hasta nuestros días y utiliza el Coeficiente de Inteligencia como manera de clasificar dividiendo a las personas con Discapacidad Intelectual en límite, ligero, medio, severo y profundo. Es sólo a partir de los años 90 cuando la AAMR, la Asociación Americana para el Retraso Mental (referencia mundial en la materia) cambia el paradigma y procede a una nueva concepción de la discapacidad tomando como base no tanto lo que no se tiene, la carencia de inteligencia como lo que se necesita, a saber, los Apoyos.

Así, el modelo pasa a ser un modelo social inclusivo donde conceptos como bienestar, calidad de vida o autodeterminación orientan y definen una nueva manera de enfocar las intervenciones socioeducativas. La nueva clasificación no se centra tanto en el C.I. sino en la intensidad de los apoyos que se necesitan y que pasan a clasificarse en cuatro tipos: intensidad intermitente (episódica, ocasional, de corta duración, permanente pero no continuada en el tiempo), limitada (mayor tiempo pero quizá no tanta intensidad, menos personas de apoyo), extensa (regular y sin limitación temporal) y  generalizada (constante, intensidad elevada, mas personas de apoyo). En el nuevo modelo se resalta el objetivo prioritario de la autonomía que podría derivar o no en independencia y autodeterminación, la utopía posible de los nuevos movimientos de autogestión.

Desde la época griega a la Ilustración francesa las definiciones del ser humano como «animal racional» han estado presentes de una manera absoluta en el discurso dominante. La incapacitación no ha sido sólo cosa de personas con discapacidad  intelectual sino de todo tipo de personas que no estaban dotadas de cuerpo y de alma como los esclavos, las mujeres, los indios o los mismos niños. Dejo de lado a los animales para no dar lugar a malas analogías. La «carencia de alma» o de «razón» ha sido suficiente motivo para legitimar todo tipo de violaciones de los derechos humanos. Los concilios del siglo XVI, por solo poner un ejemplo, o los filósofos racionalistas, califican de «salvaje» al indígena y esa consideración de ser sin alma permite por ejemplo su eliminación o su imposibilidad de salvación.  En la tradición filosófica clásica, los seres humanos son por naturaleza libres o esclavos considerando la noción de libertad como una noción política de primer orden; lo contrario del libre es el idiota, es decir, el que no participa en la vida pública que son la mayoría de los seres de la naciente polis, de la ciudad. Mujeres, extranjeros, niños, enfermos, deficientes eran apartados en Atenas y en Esparta la cosa pintaba mucho peor al ser arrojados por el Monte Taigeto. Ese Modelo de Racionalidad ha llegado hasta nuestra época colándose en todo tipo de instituciones paternalistas que han tratado de dar cobertura social a seres dignos de atención pero indignos en su reconocimiento como seres dotados de razón y conciencia. Los mismos Derechos Humanos no han reconocido esta realidad hasta el año ¡¡¡2006!!!, en pleno siglo XXI, siendo el Convenio sobre Personas con Discapacidad el primer gran tratado de Derechos Humanos  de este siglo.

Este modelo de Inclusión es todavía minoritario e invisible pero su germen ya está ahí y las consecuencias del modelo son irreversibles e imparables. Los Movimientos de Vida Independiente protagonizados por las mismas personas con discapacidad o los Movimientos de Autogestores son la vanguardia de lo que en no muchos años será la siguiente Gran Revolución por los Derechos Civiles,  Políticos y Morales de las personas implicadas en el proceso. Todos los colectivos de los que antes hemos hablado han conseguido sus metas. Los Pueblos Indígenas han sido reconocidos, las Mujeres ya hace un siglo están conquistando metas, las personas que han sufrido discriminación sexual o de raza también, los mismos niños y hasta los animales van consiguiendo derechos. Serán esas mismas personas, las que más autonomía tengan, las que algún día consigan gobernar ciudades. Si una persona negra consiguió un siglo y medio después de la abolición de la Esclavitud ser Presidente de EE.UU, ¿quién nos dice que en otro siglo y pico no habrá otro presidente con Síndrome de Down, por ejemplo? ¿Acaso sus decisiones serían más irracionales o estaríamos en el camino de crear un mundo mucho mejor que el que tenemos al dotar de poder a personas con todo tipo de capacidades? ¿Acaso estamos los ciudadanos corrientes preparados siquiera para oír esto sin calificarlo de disparates…?

2.- ¿…O PERSONAS CON CAPACIDADES?

 Entendemos que la actual evaluación de lo que es o no es Discapacidad Intelectual no puede renunciar al Modelo Social Inclusivo que, de cara a la evaluación cotidiana, supera la clasificación de los años 90. Podemos hablar del año 2002 como el inicio de esta nueva visión donde desaparece el término “retraso mental” y se adopta el término “discapacidad intelectual”. La AAMR se transforma en AADID, Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y en el Desarrollo  y la OMS, Organización Mundial de la Salud,  edita su famoso documento CIF, Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud, donde desaparece la acepción «enfermedad» por «estado de salud». Una nueva “dimensión” es aportada por la AADID, la dimensión social (participación e interacción) junto a las otras dimensiones, aptitudes (cognitivo), adaptación (conducta), salud (bienestar), contextos (familiar).

La nueva dimensión se centra más en la Planificación Centrada en la Persona que en su organizado bienestar e incide en los campos que a nosotros nos interesan como es la capacidad de autodeterminación en cuanto capacidad de pensar, de ser libre y de ser moral. También la Asociación Americana hace la diferencia entre «funcionamientos» (se habla de «limitaciones significativas de funcionamientos intelectuales o adaptativos» frente a deficiencias «mentales» o retrasos «mentales», como si el retraso fuese de toda la mente) y «capacidades». «Junto a las limitaciones, dice, existen capacidades». Estas consideraciones no se habían hecho en el modelo de 1992 y menos en los años anteriores donde la etiología desembocaba en patología y la patología en tratamiento.

El actual modelo es considerado un modelo funcional y social de la discapacidad intelectual donde se integran esa dialéctica necesaria entre capacidades y funcionamientos. «Durante mucho tiempo, la discapacidad ha sido considerada en términos negativos, como patología, aberración, y como algo atípico. La gente discapacitada era considerada, de alguna manera, como enferma, rota o necesitada de arreglo. Hacia finales del siglo XX, estos conceptos empezaron a ser reemplazados por otros modos de pensar sobre la discapacidad; estaban centrados en considerar ésta como una función de la interacción entre capacidad personal y el contexto en el cual las personas con discapacidad vivían, aprendían, trabajaban y jugaban. Dos de los llamados modelos funcionales de discapacidad se pueden ver en la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el sistema de clasificación de 1992 de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y en el Desarrollo (AADID)» (Luckasson et al., 1992). Las estructuras de CIF y de la AADID son sistemas de clasificación «funcionales» porque la discapacidad se ve como el resultado de la interacción entre las limitaciones de una persona y el entorno en el cual esta persona se ha de desenvolver», (Wehmeyer, 2009).  «La discapacidad no es algo que una persona tiene o algo que es una característica de la persona, sino que, en su lugar, es un estado de funcionamiento» (Ibid.ant.).

Este modelo «funcional» es en sí mismo «revolucionario» y creo que sus consecuencias no han sido todavía entendidas por la población o por algunos profesionales. La persona con Discapacidad Intelectual, en realidad, tiene limitados los funcionamientos (adaptativos o de su inteligencia, o tiene algunas enfermedades asociadas) pero la persona, como tal persona, no tiene discapacidad, son sus «estados», sus «funciones» las que están limitadas; la «discapacidad de la persona» es una cuestión social que debe ser modificada y por ello el Modelo Social Inclusivo trata de erradicar esta confusión y ser consecuente tratando a la «persona» como «capaz» y explorando esas capacidades con los Apoyos y los Accesos. Si los profesionales al crear los programas siguen hablando de «personas deficientes» las intervenciones irán en una línea y si entienden que son personas con deficiencias irán en otra línea. La preposición es esencial en este caso. Todo esto desemboca en lo que los mismos Wehemeyer y Turnbull  denominan las «prácticas inclusivas de tercera generación» que son las que se centran en la autoderminación y en la PCP, Planificación Centrada en la Persona, y cuyo fin último es descubrir las capacidades de la persona y no incidir en sus déficits ya que mejorando esas capacidades mejorarán los funcionamientos.

3.- NUESTRA PROPUESTA: PROGRAMA DE PENSAMIENTO LIBRE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

 A continuación, les presento el Programa en el que llevo trabajando en los últimos años junto a la Asociación FEAPS de la Comunidad Valenciana y enmarcado dentro del denominado Programa de Autogestores.

Es precisamente en este movimiento de autogestores donde se enclavan las raíces del Programa que les presento, un programa cuyo objetivo es el desarrollo de capacidades y potencialidades de la persona en cuanto persona. La limitación de la Persona con Discapacidad Intelectual,  recordémoslo, es de la inteligencia teórica y práctica pero la mente humana no es igual a la inteligencia humana; existen otras capacidades como el pensamiento, la creatividad, los valores morales de la persona, las emociones o su dimensión metafísica esencial que no suelen ser abordadas en los programas ya que tomamos como punto de partida el Modelo de Déficits que insiste en «normalizar» y «adaptar».  Debemos tener en cuenta que una persona con Discapacidad  Intelectual no es una persona «anormal» ni enferma sino que en su normalidad tiene más limitaciones que otras pero sus estructuras mentales, exceptuando aquellas discapacidades neurológicas  extremas, son muy parecidas a las de cualquier otro ser humano.

Por tanto, y teniendo en cuenta que todos ellos pasan por una fase de diagnóstico,  el objetivo principal de nuestro trabajo es la intervención en la calidad de vida, el empoderamiento y la autodeterminación de la persona  poniendo todo el sistema educativo al servicio de este deseable propósito. Ese bienestar y esa calidad la Asociación Americana lo divide en cuatro grandes bloques: bienestar físico (salud, nutrición, higiene…), material (hogar, posesiones, ingresos), social (presencia en la comunidad, laboral, ocio,…) y cognitivo (formación, competencias, educación, conocimientos…).

Es en este ultimo campo, el cognitivo, donde nosotros realizamos nuestra propuesta teniendo en cuenta que durante muchos años se ha trabajado en este ámbito desde la perspectiva académica realizando todo tipo de adaptaciones curriculares para enseñar a las Personas con Discapacidad Intelectual los conocimientos necesarios que deberían tener con el nivel mental de un niño de 6, 8 ó 10 años. Así, los currículos de Primaria u otros son utilizados como base del trabajo cognitivo y no como complemento (o incluso no utilizarlos) de una tarea previa que entiende la mente de la persona  como un todo en el que se encuentran alojados  procesos de pensamiento y potencialidades de aprendizaje. Así pues, entendemos la educación más como proceso que como producto, evitando cualquier comparación posible con el sistema educativo tradicional que más que ayudarles  les ha hecho sentirse completamente fracasados. El mismo Verdugo, conocedor a fondo del tema, lo expresa con claridad: «desde los 6 años hasta su vida adulta únicamente se les hace realizar repetitivas actividades académicas de lectura, escritura, cálculo…” (Verdugo, 1997 pág. 14). En nuestro caso, el Programa va dirigido a personas adultas, los Autogestores,  fuera ya del sistema académico pero que siguen educándose en Centros Ocupacionales donde todavía se utilizan modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje. El espíritu del Movimiento de Autogestores, al que va dirigido el programa,  promueve la consideración del individuo como sujeto pensante lleno de capacidades y potencialidades que nosotros debemos apoyar y no sólo un individuo con limitaciones de la inteligencia.

Actualmente, en la Asociación FEAPS, la Federación de Asociaciones que trabaja con las Personas con Discapacidad Intelectual, se coordina de una manera directa el buen desarrollo del Programa de Autogestores, personas con discapacidad intelectual que tienden a la autonomía y que, ¿por qué no?, en un futuro podrían conseguir su propio «autogobierno» vital.

Este Programa ha sido experimentado y aplicado en este contexto del Movimiento de Autogestores, sobre todo en la Comunidad Valenciana, desde donde se ha dado  a conocer a otras comunidades autónomas. Sólo en esta comunidad, FEAPS reúne a más de 50 entidades, 7000 socios, 6000 usuarios con 120 centros distribuidos por toda la Comunidad y más de 600 educadores. A nivel estatal, estas cifras aumentan considerablemente (http://www.feaps.org/ ). El Movimiento de Autogestores reúne a personas con Discapacidad Intelectual  de todo el país, todos ellos mayores de edad y, como antes dije, que requieran menos Intensidad en los Apoyos. Todos ellos se reúnen periódicamente para hablar de sus intereses, formarse, desarrollar habilidades sociales, ganar en toma de decisiones individuales, sin actitudes paternalistas y en todo momento pensando que el protagonista del propio aprendizaje es el autogestor.

Este Programa  pretende ser un recurso más para la tarea de hacer del otro un ser humano capaz de pensar acerca de su vida, de sus deseos, de sus emociones y de sus valores. El Programa se suma a ese empeño global de muchos educadores para formar de una manera integral  la persona con discapacidad, al autogestor promoviendo su calidad de vida fijándose más en lo que posee que en lo que les falta. Se enmarca dentro del campo del denominado  bienestar cognitivo, pero sobre todo de la autodeterminación centrada en la persona (ambos son  potentes indicadores de calidad de vida según el modelo social de Shalock y Verdugo) y confío en que sea una buena herramienta para trabajar no sólo las Habilidades Sociales (imprescindibles para su inclusión en la comunidad) sino sus potencialidades de pensamiento, la educación emocional y los valores morales (Shalock y Verdugo, 2007).  Tomamos como base los logros del reciente Congreso Toledo 2010 que, partiendo de los estándares de Calidad de Vida y Bienestar da un paso más y centra sus intereses en lo que denomina PCP, Planificación Centrada en la Persona. Una buena Planificación Centrada en la Persona no se puede entender sin el intento por nuestra parte de acceder a la Persona como Todo y tratar de eliminar de una vez por todas ese san Benito, esa etiqueta nefasta, ese estereotipo decimonónico que convierte a un ser humano con Discapacidad Intelectual  en un ser a-moral, incapaz de pensar, incapaz de reconocer lo que está bien o mal, incapaz de poseer virtudes o valores, incapaz de sentirse bien o mal por lo que hace (emociones morales), incapaz en definitiva de ser y de, como dice Tamarit, tener voz aunque no tenga voto.

 Este programa de Pensamiento toma como base esa referencia y le pide siempre a la persona con D.I. que se atreva a pensar por sí misma y tome las riendas de su propio entendimiento más allá del rol que  la sociedad le haya otorgado. Considera, pues, que la persona debe “empoderarse” y hacerse cargo de sí mismo y ese hacerse cargo comienza en su propia capacidad mental y desemboca en la mejora de sus funcionamientos cotidianos. No podemos hablar de un Modelo Social e Inclusivo de la Discapacidad Intelectual sin poner los medios adecuados  para implementar programas educativos que tomen como base esos principios tan alejados de modelos rehabilitadores del pasado o de otros modelos pedagógicos que tratan de enseñar a la persona con discapacidad una serie de conocimientos adaptados sin tener en cuenta sus deseos, sus anhelos o sus propias decisiones como persona adulta que es. Por ello, este programa no trata de enseñar ni lengua, ni mates, ni historia sino que toma como base a la persona como un todo y se acerca a sus capacidades para pensar (aun con limitaciones funcionales de la inteligencia), a sus capacidades para sentir, a sus valores morales e incluso apela a la dimensión filosófica del ser humano que es capaz de hacerse preguntas y trascender lo real.

El Programa se basa en mi propia experiencia como Colaborador en un Centro Ocupacional y toma como base el Diario de una Persona con Discapacidad Intelectual (un diario reelaborado didácticamente) para a partir de ahí acompañar a la persona con discapacidad, al autogestor, en el Taller, un espacio de reflexión donde la persona se sienta dueña de su pensamiento como sujeto activo y no un mero sujeto pasivo que debe ser enseñado por otro que sabe más que él. En ese Taller que denomino taller de pensamiento libre, el autogestor realizará actividades relacionadas con el mundo emocional, la educación en valores, la dimensión metafísica de la persona y las destrezas cognitivas, todo ello en aproximadamente dos horas semanales a lo largo de uno o varios años. Los resultados de este proceso están siendo ahora evaluados en la Comunidad Valenciana pero todas las observaciones de las personas de Apoyo y psicólogos responsables del Programa indican el interés que ha suscitado el programa y el gran valor que le dan las mismas personas que lo realizan.

El Programa, aunque se enmarca en los intentos de Formación y Educación de la persona con Discapacidad Intelectual huye, como digo, de la tradicional formación académica fuente de pesares y fracasos para el individuo.  Lo importante del Programa es la cantidad de actividades de desarrollo de potencialidades y el método empleado que toma como punto de partida las preguntas de la persona y no las respuestas que se espera que le debamos dar.

Nuestro  lema, nuestra divisa educativa toma como punto de partida la máxima socrática que considera la mente, de ellos y de cualquiera, no como un jarrón que haya que llenar de conocimientos sino como un leño que hay que encender para que él solo, dueño de su mente, pueda atreverse a pensar por sí mismo.

(El programa se publicará a lo largo del año 2011 en la editorial Pirámide, Grupo Anaya. Cualquier persona interesada en conocer algo más del mismo puede ponerse en contacto conmigo o con Juan Carlos Morcillo, responsable de Programas de  FEAPS Comunidad Valenciana).

4-REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Amor Pan, José Ramón: Ética y Discapacidad Intelectual. Madrid: Universidad de Comillas, 2007

Luckasson, R. et alia: Mental retardation. Definition, classification and systems of supports. Washington DC: American Association on Mental Retardation, 2002 (10 ed.). Traducción al español Retraso mental: definición, clasificación  y sistemas de apoyo. Madrid: Alianza, 2004.

Organización Mundial de la Salud: Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF). Madrid: IMSERSO, 2001

Schalock, R. L. y Verdugo, M.A.: «El concepto de calidad de vida en los servicios y apoyos para personas con discapacidad intelectual». Siglo Cero. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual Vol. 38, nº 224, 2007, pág. 21-36. (Accesible en http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/55873/1/SC_Concepto_07_corregido_final.pdf )

Scheerenberger, R.C.: Historia del retraso mental. San Sebastián: Servicio Internacional de información sobre subnormales, 1984

Verdugo, Miguel Ángel: P.H.S., programa de habilidades sociales: programas conductuales alternativos. Salamanca: Amaru Ediciones, 1997

Wehmeyer , Michael: «Autodeterminación y la Tercera Generación de prácticas de inclusión»,  Revista de Educación, numero 349, Madrid, 2009. (Accesible en http://www.revistaeducacion.mec.es/re349/re349_03.pdf )

Félix García Moriyón es militante del Sindicato de Enseñanza de Madrid de la CGT.

Reaccionando ante un acuerdo congresual que rompe con la tradición libertaria, nuestro trabajo aborda en un primer momento el contexto social y económico que subyace a la actual configuración del problema de la prostitución, para pasar a continuación a formular las líneas centrales del análisis teórico de las relaciones sexuales interpersonales, terminando con una refutación de cada uno de los argumentos expuestos en los acuerdos.

Si repasamos la historia del movimiento libertario en España, un hecho parece claro: todos ellos veían en la prostitución una práctica de dominación, en la que se ejercía eficazmente la opresión de una parte más débil por otra más fuerte. Capitalismo y Patriarcado confieren al ejercicio de la prostitución unos rasgos propios, vinculados a las relaciones de dominación masculina de la propia institución del matrimonio monogámico patriarcal. Las mujeres quedaban en ambos casos bajo tutela masculina, tanto legal como económica, quedando así sujetas al poder arbitrario de un varón, ya sea éste un padre, un marido o, claro está, un proxeneta y/o prostituidor. En todos estos casos, el denominador común es un individuo varón que somete y queda sometido a un modelo social viril dominante que, cada vez más, irá dejando atrás el modelo patriarcal tradicional para ir asumiendo los nuevos preceptos de la hermandad liberal capitalista. La  burguesía  se atribuye así el poderío para organizar la sociedad desde sus principios liberal-capitalistas mediante el ritual de la firma de un contrato. Dicho ritual se propone eliminar las huellas del derecho originario de acumulación patriarcal del poder, pero proyecta continuar la exclusión patriarcal de las mujeres de esos derechos políticos y económicos.

El ejercicio de la fuerza derivado del derecho de guerra que sometía al esclavo antiguo es rechazado en favor de un intercambio económico entre “iguales”. Todos los varones son naturalmente iguales, es decir, propietarios de sí mismos y de su capacidad de trabajo; y, libres, pueden venderse y comprarse unos a otros en el Mercado libre. El contrato conyugal, por su parte, se articula como derecho mutuo al cuerpo del cónyuge y tiene como fin la preservación de la especie. La clase dominante preserva la propiedad mediante el armonioso encuentro de los intereses individuales de señores y de sirvientes; mientras que para la preservación de la especie, es decir, del derecho de acceso de los varones al cuerpo de las mujeres no hace ninguna falta mentar la libertad y basta con unos cuerpos a los que se les reconocen unas necesidades afectivas y sexuales que el contrato matrimonial procura satisfacer. Dos contratos para dos modos de dominación: de una parte, el contrato salarial abastece el mercado de fuerza de trabajo barata; de otra parte, el contrato matrimonial asegura que las mujeres sigan desposeídas económica y políticamente, abasteciendo así el mercado matrimonial de cuerpos sumisos, si no esclavos. Es interesante detenerse en la paradoja que los une: en ambos contratos se dice una cosa que, en verdad, debe dejar clara la contraria. Tal es el efecto de la palabra del poder. Por más que sirviente y asalariado sean iguales de derecho, están muy lejos de serlo de hecho. Los hechos muestran que el juego está destinado a sostener e incrementar el poder económico de los amos sobre sus contratados. De modo análogo, las mujeres no tienen ningún derecho sexual sobre el cuerpo del esposo y están obligadas a ceder el suyo propio a la arbitrariedad del primero.

La «libre voluntad» de las mujeres bajo las condiciones estipuladas en el contrato consiste en una cesión pacífica de todos sus derechos e intereses sexuales, económicos y sociales a los varones. La libertad del asalariado como la de la esposa acaba ahí donde comienzan los intereses del varón capitalista dominante. En los dos casos, lo que verdaderamente deja libre el contrato es el poder arbitrario de éste. El contrato establece, por lo tanto, las exigencias de su particular tratado de paz, que será tal mientras se le deje hacer. A esta violencia, convenientemente ocultada, que fluye «de mutuo acuerdo», podrán añadirse (leemos en la letra pequeña) las hostilidades necesarias encaminadas a evitar cualquier cambio en la situación.

Pero la historia sigue y, a pesar de la inercia institucional, la lucha, la obrera y la feminista, produce acontecimientos, cambios históricos frente a los cuales el poder se ve obligado a reaccionar. Esta Reacción consiste en buena parte en estrategias cuyo fin es debilitar con todos los medios a su alcance, a quienes se rebelan. 

En los momentos en los que los anarquistas tenían capacidad de llevar adelante sus ideales de futuro implicaban, una de las medidas que tomaban era la clausura de los prostíbulos, porque eran instituciones intrínsecamente opresoras. Las medidas adoptadas de inmediato para ofrecer a las mujeres que ejercían la prostitución un camino de liberación personal y social consistían básicamente en darles formación personal para iniciar una nueva vida en la que ellas mismas serían dueñas de su persona y más en concreto de su propio cuerpo, es decir, de ellas mismas, hasta ese momento convertido en mercancía y ofrecido para la satisfacción de las pulsiones dominantes de los hombres.

Al mismo tiempo, toda la reflexión teórica en torno a la liberación sexual, enmarcada bajo el genérico título del “amor libre”, constituía una denuncia permanente de la doble degradación que las relaciones interpersonales sufrían en la sociedad que criticaban. Esta degradación se alimenta tanto de matrimonio institucional como de lo que queda en sus márgenes. La prostitución no es sino el correlato del matrimonio, el mercado negro de unos cuerpos en los que penetra, como viera Foucault, el poder. Estas relaciones sexuales dominantes, como las económicas, obtienen su fuerza al naturalizarse como las únicas posibles, viables y eficaces. Esta conducta sexual única está contemporáneamente mantenida y reproducida por la pornografía y la prostitución.  En un mundo simbólica y físicamente dominado por los varones y por los valores del capital, el negocio de la prostitución es el punto de encuentro violento, paradójico y económicamente rentabilísimo, entre el patriarcado y el capitalismo.

La feminista radical norteamericana Kathleen Barry considera el negocio de la prostitución como el resultado del movimiento reactivo llevado a cabo por el patriarcado tras los logros emancipatorios a los que ha dado lugar el feminismo, en particular, en los países del llamado Primer Mundo. El declive de la institución matrimonial se ha reparado mediante la inducción ideológica a ver en la prostitución un acto de autonomía laboral y, por ende, personal, análogo al llevado a cabo por la lucha obrera. Sin embargo, lo cierto es que este giro ideológico, que pretende tomar fuerza de hechos verdaderamente emancipatorios, es, en sí mismo, profundamente reaccionario. Todo cambia para que nada cambie. De nuevo, las mujeres se reconocen como tales en la renuncia, en la cesión del propio cuerpo, es decir, su libertad y autonomía personales y, en particular, sexuales; asumiendo como inevitable la condición de esclavas del otro sexo. Lo novedoso es ahora su inclusión en el contrato salarial, es decir, la adaptación de la dominación masculina a las nuevas condiciones de emancipación parcial económica de las mujeres. Ciertamente, cualquier neoliberal estaría muy de acuerdo en denominar a esta situación: «trabajo» del sexo; convierte así, paradójicamente, el sometimiento más viejo del mundo en un medio de integración económica, social y personal. Emulando el lema de los campos de concentración, la mayoría de las personas, especialmente las más vulnerables como las mujeres, asumen que «el trabajo las hará libres», incluso el que se realiza en condiciones de extrema explotación y dominación. 

En un momento histórico de crecimiento exponencial del ejercicio de la prostitución, una de las centrales más representativas del anarcosindicalismo español, la CGT, da un giro radical y, alegando proteger a las víctimas, las relega a la condición de personas falsamente redimidas gracias a su pleno reconocimiento como trabajadoras, término que no se utiliza ya en sentido eufemístico, como en la tradición misógina, sino en el sentido en el que los obreros conscientes de su dominación de clase hablaban con orgullo de su condición de trabajadores exigiendo que los campos y las fábricas pasaran a ser gestionados directamente por quienes de hecho trabajaban. El grito liberador es ahora: «El prostíbulo para quien lo trabaja». Se quiebra de este modo tanto una crítica teórica como una práctica de intervención social revolucionaria. ¿Cuál es la fuente de esta contradicción? ¿Cómo pude defenderse una estrategia que contradice la historia toda de la lucha libertaria y coincide término por término con los intereses hegemónicos? Conviene destacar la debilidad teórica del acuerdo aprobado y la ausencia total de enfoque revolucionario en las medidas propuestas.

CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ

Como todos sabemos, nos encontramos en una fase de desarrollo del capitalismo en la que la globalización y la colonización de todos los ámbitos de la vida cotidiana por el fetichismo de la mercancía han alcanzado un elevado nivel de implantación. Uno de los motores fundamentales de la extracción de plusvalía es el consumo, por lo que se ha radicalizado una cultura de la satisfacción inmediata de las pulsiones básicas del ser humano, pulsiones y satisfacción en gran parte construidas como consumo compulsivo de los bienes puestos a nuestra disposición por la estructura productiva. La estrategia fundamental del bloque dominante consiste en convertir todos los posibles satisfactores de las necesidades humanas en mercancías que puedan ser vendidas e incluso en crear nuevas necesidades que se ajusten mejor a la extracción de plusvalía y el sometimiento de las personas. Siguiendo a Henry Ford, se democratiza el consumo para mantener la extracción de plusvalía. Pero, además, hace ya tiempo, como bien señala Rafael Sánchez Ferlosio, que el capitalismo ha dejado de producir bienes para producir directamente consumidores.

En este contexto, destaca el hecho de que el comercio de armas, la trata de personas con fines de esclavitud sexual y el comercio de drogas se han erigido, en este orden, como los tres sectores más rentables de la economía mundial. Esta lógica productiva se extiende como ideología dominante a la fundamentación de la naturaleza humana y de las libertades y derechos que han de acompañarla. Volviendo de nuevo a toparnos con la paradoja que ya expusiéramos arriba, podemos sospechar que cuando se nos habla de la necesidad de la liberación del sexo bajo la forma de su comercialización y consideración como «trabajo», de lo que propiamente se nos está hablando es de todo lo contrario. Tras el frontón de entrada donde podemos leer: «El trabajo sexual os hará libres», queda la realidad, que algunas personas parecen no ver, de las prácticas de dominación esclavista que penetran los cuerpos generalmente de las mujeres y de las niñas y niños, pero asimismo de modo creciente, de otros varones. Estos hechos, son el resultado de la violencia estructural y material del capitalismo que surte incesante y continuamente el mercado global de cuerpos de mujeres, y que reproduce un tipo de hombre, que ha de reconocerse en el eufemísticamente término de “cliente”. Sin duda, esta nueva formulación del eterno masculino dominante se ha impuesto en todos los ámbitos posibles como santo y seña del ciudadano libre, esto es, del agente socio-económico dominante que el Mercado no puede parar de producir si quiere seguir existiendo.

 Cuando nuestros compañeros y compañeras reglamentaristas consideran que: «el trabajo sexual debe situarse en el mismo plano que el resto de trabajo, en lucha legítima y legal contra la marginación y la exclusión social», nos preguntamos cómo es posible que la lucha libertaria oculte la historia y naturalice la violencia estructural y material que penetra los cuerpos para reproducir esos cuerpos perpetradores de violencia pero, ante todo, esos cuerpos violentados y vejados a cambio de un salario «legal». ¿Nos estamos convirtiendo todos en potenciales clientes y trabajadoras del sexo? La producción de clientes se lleva a cabo, en buena parte, convirtiendo cuerpos en mercancía que se pueda vender, como todo lo demás. Pero todavía más democratizando su uso, es decir, el abuso crecientemente violento que propaga la pornografía, ofertando una amplia variedad tanto en la cantidad como en la calidad, no solo de los cuerpos penetrados por el poder, sino de las prácticas de poder mismas, a la variedad de órganos y objetos con los que esos cuerpos pueden ser penetrados y a su grado de violencia. Reproducimos parte del artículo «Australia (Victoria): legalización de burdeles, cultura de la prostitución…» (22-4-2009) de la profesora de la Universidad de Melburne, Sheila Jeffreys  y recordamos a la lectora o lector que la prostitución está legalizada en Australia:

Vamos a considerar los burdeles legales de Melbourne, supuestamente la crême de la crême de la prostitución. Una de mis alumnas investigó en un burdel legal entrevistando a las mujeres antes y después de sus «citas» sobre los límites que intentan crear para controlar lo que los hombres eran capaces de hacerlas y hasta qué punto estaban satisfechas.

El burdel que ella estudió tenía un salón en el cual tenían lugar las introducciones. Todas las mujeres esperaban en el salón. Los hombres entraban de uno en uno para hacer su selección y ellas tenían que competir para ser elegidas. Se levantan y tocan a los hombres sexualmente y compiten con las demás en ofrecer lo que van a darles. Algunas llegan a ofrecer sexo sin usar condones si necesitan particularmente el dinero. Después suben a la habitación. A menudo ellas se aplican lubricante en el baño porque los hombres serían infelices si tienen la impresión de que ellas no están excitadas sexualmente y algunos se negarían a pagar. Entonces la mujer tiene que intentar controlar el encuentro. Los hombres a veces quieren un «todo alrededor del mundo», esto es, acceso a cualquier orificio de cualquier forma y el derecho a tocar cualquier parte del cuerpo de la mujer. Ella entonces debe luchar para restringirle sin perder al cliente.

Los hombres pueden retorcer pezones y penetrar los dedos dentro del ano de las mujeres.

Una mujer relato que cobraba $500 por una penetración anal pero que dependía de lo larga que fuese, un pene más largo significa más dolor.

Otra mujer dijo que un hombre empezó a ponerse lubricante en el puño y cuando ella le preguntó que para que lo hacía el contestó que para joderla con el puño.

La demanda de joder con el puño sugiere que el aumento de violencia y prácticas vejatorias llevadas a cabo sobre mujeres en pornografía están educando a los hombres en los que desean hacer a las mujeres, primero en la prostitución y después con sus compañeras. Esto también se refiere al sexo anal.

Una mujer cuando bajaba después de su «cita» se duchaba durante 10 minutos con agua muy caliente para quitarse la suciedad de su cuerpo. Antes de una cita una mujer tenía carne de gallina, su piel se estremecía al pensar en lo que tenía que pasar. Por un abuso sexual es para lo que paga el hombre. Las mujeres disocian la experiencia horrorosa para sobrevivir usando técnicas psicológicas o drogas y alcohol.

Así es como se ejecuta el sexo libre de los dominantes, de esos que pueden y quieren satisfacerse en el amplio mercado de la prostitución, más de un 90 por ciento de la cual en España, según los datos de la Policía Nacional, está en manos de las mafias.

LAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE AL PROBLEMA DE LA PROSTITUCIÓN

Todas las fuerzas sociales, desde el tribunal de Estrasburgo, hasta el Tribunal Supremo de España, desde el Partido Popular hasta Izquierda Unida, desde la U.G.T. hasta la C.G.T, y otros grupos de diversa procedencia comparte dos puntos: a) la prostitución se ha convertido en un serio problema social (para algunos también, y sobre todo, estético y de imagen), que no para de crecer, aunque no hay cifras del todo fiables; b) la trata y comercio de seres humanos es el eje sobre el que se articula ese crecimiento, hasta afectar a más del 90% de la prostitución. No hay, sin embargo, acuerdo en el modo de afrontar el problema y el desacuerdo es mayor cuando se habla de la legalización.

Todo el mundo defiende que las personas que practican la prostitución deben contar con asistencia sanitaria plena y con apoyo socio-sanitario para evitar las muy negativas consecuencias derivadas de la práctica sistemática de la prostitución. Todos defienden igualmente que se deben tomar medidas duras contra los traficantes de seres humanos y contra el ejercicio del proxenetismo. Por último, hay un elevado consenso en perseguir el turismo sexual incluso en el país de origen del cliente, en especial cuando se trata de niñas y niños. No hay, sin embargo, unanimidad cuando se proponen medidas concretas para combatir estas prácticas que todo el mundo condena, aunque todos son conscientes de que se deben buscar medidas variadas, complejas, coordinadas, que afecten a las diferentes dimensiones del problema. El desacuerdo fundamental radica en la legalización de la prostitución; defendida por el acuerdo del XVI Congreso de la C.G.T., nuestra posición es contundente: la legalización remedia muy pocos problemas y ayuda a consolidar socialmente una práctica que es intrínsecamente violenta.

Los Estados reglamentaristas del Bienestar de las sociedades capitalistas tales como Australia, Holanda e Italia han puesto en marcha una serie de medidas de protección hacia las mujeres víctimas de trata o forzadas a prostituirse y, al mismo tiempo, han declarado la prostitución como una actividad laboral más. Frente a estas víctimas de la prostitución forzada, se habla de trabajadoras del sexo para referirse a aquellas que se han convertido en supuestos agentes socio-económicos de pleno derecho.

El discurso de la reglamentación de la prostitución adopta de lleno el modelo viril-liberal acorde con el sistema de dominación vigente. Al distinguir entre los derechos e intereses de las trabajadoras del sexo y las necesidades de protección de las víctimas de la prostitución forzada, muestra cómo la libertad nada tiene que ver con la resistencia y la negativa a someterse a las prerrogativas del agente o agentes opresores sino que recae de nuevo del lado de la venta de una misma, durante un tiempo determinado, por un salario y bajo las condiciones “legalizadas” que estipule el contrato, no importa su grado de violencia. Cualquier actividad es susceptible de ser declarada libre si la paga es buena. Ahora bien si se les paga mal, podemos acordarnos de la violencia y declarar víctimas a aquéllas que la padecen.

El colectivo Hetaira y otros a favor de la legalización,  afirman que «la mujer obligada por terceros a ejercerla prostitución», mediante «condicionamientos muy fuertes y muy importantes» no puede compararse a la mujer que libremente, motivada por condicionamientos socio-económicos, se ve obligada a tomar ciertas decisiones. Sería una trivialidad que el Estado —llevado a confusión por la condición esclava de más del 90 por ciento de aquéllas— no velara por esas otras ciudadanas de pleno derecho que actúan como agentes socio-económicos libres, esto es, como propietarias de sí mismas que pueden venderse en el mercado libre de la prostitución, que equivale aquí al mercado de la prostitución libre. No se menciona aquí ni a prostituidores ni a proxenetas, como si fueran ellos mismos, como en el caso de nuestro ideólogo liberal, los redactores de estos argumentos tan coincidentes con sus propios intereses. Además, si se recuerda el último punto del acuerdo del Congreso, todo argumento o hecho expuesto y encaminado a incidir, como hemos hecho aquí, sobre la violencia estructural y material de aquéllos podrá interpretarse como «paternalismo». Pero, ¿dónde están las voces de todas esas mujeres explotadas? ¿Acaso pueden hablar estando como están sometidas a «condicionamientos muy fuertes y muy determinantes»? ¿Cómo pueden considerarse en algún sentido parte de una trivialidad o de una actitud paternalista?

El discurso de la reglamentación de la prostitución supone que la reivindicación de derechos e intereses relativos a la especificidad social de cierto grupo «favorecido» por el Mercado terminarán por alcanzar la igualdad social en algún punto. Pero, la suya no es una lucha contra el sistema de dominación capitalista-patriarcal sino una adaptación socio-económica, es decir, una liberalización del mismo: una aceptación de la prostitución de mercado. Podemos justificar nuestra posición revisando uno a uno los escasos argumentos que ofrece el acuerdo.

a)    Reconocer las sentencias de los tribunales

Las personas defensoras del acuerdo citan sentencias del Tribunal de Estrasburgo, a las que nosotros podríamos añadir otras del Tribunal Supremo en España que avalan la consideración de la prostitución como un trabajo más, al que se le debe exigir que se adecue a lo establecido por el Estatuto de los Trabajadores. Es un pobre argumento apelar a una autoridad institucional para justificar una práctica social: los tribunales, por muy altos que sean, no pueden constituir una genuina fuente de argumentación, salvo en el plano estrictamente jurídico. La jurisprudencia sirve como argumento para jueces, abogados y fiscales, pero la sociedad, y mucho más las organizaciones que pretenden realizar una revolución social que trastoque radicalmente el “des”-orden legalmente estableció deben cuestionar críticamente estas decisiones judiciales.

b)   Impulsar la auto-organización y evitar el paternalismo

Hay algo de obvio en esta propuesta, pero su misma obviedad la convierte en irrelevante. Cierto es que nadie libera a nadie y las tareas de liberación deben ser siempre de abajo arriba, asumiendo el protagonismo las personas que están afectadas por el problema. Deben ser ellas las que hablen, lo cual exige que se les ayude a expresar sus propias carencias y sus expectativas de cambio radical en sus condiciones de existencia. La ayuda externa es necesaria, pues quienes han sido sistemáticamente privados del poder de desarrollar su propio proyecto existencial, quienes ni siquiera gozan de la capacidad de expresar con claridad lo que quieren y buscan, quienes están en situaciones de extrema vulnerabilidad, necesitan esos apoyos iniciales. Pero siempre se trata de que lo antes posible asuman el pleno control de sus reivindicaciones.

Ahora bien, la auto-organización es condición necesaria, pero no suficiente. Son muchas las cosas que se pueden autogestionar y no todas ellas se convierten en positivas por el hecho de que las personas interesadas asuman el protagonismo. Recordemos, por ejemplo, que los círculos de calidad aplican la autogestión, pero solo en un nivel de la empresa, garantizando de ese modo mayor productividad, a beneficio del empresario. Además, se pueden dar formas autogestionarias para objetivos muy poco libertarios, como ocurre en muchas cooperativas laborales.

En todo caso, es muy importante que esas personas inicien la recuperación del control de sus propias vidas y que evitemos la intervención contraproducente de expertos, asistentes sociales burocratizados o salvadores mesiánicos de personas desvalidas.

c)    La sindicación de las trabajadoras del sexo

Como todo proceso argumentativo, la aceptación de los primeros pasos lleva ineludiblemente a la aceptación de los últimos. Si admitimos que es un trabajo como cualquier otro, si consideramos que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector son muy deficientes, incluso, inaceptables, no nos queda más remedio que favorecer su sindicación para luchar por sus derechos. Colateralmente no deja de ser llamativo que, si bien el acuerdo empieza hablando de las trabajadores y los trabajadores del sexo, prácticamente todas las propuestas se centran en las trabajadoras. De todos modos, no se sigue de esto que tengan que afiliarse a un sindicato anarconsindicalista, pues en nuestro caso ya está vetada la sindicación de otros sectores laborales, como los funcionarios de prisiones.

Cierto es que hay otros sindicatos, como los de maquinistas o controladores aéreos, pero son solo asociaciones gremiales que luchan por mejorar sus condiciones de trabajo, pero nunca se plantean el sindicalismo como proceso de radical transformación de la sociedad. Desde luego nada podemos objetar a que las prostitutas o los prostitutos deseen asociarse gremialmente; no es asunto de nuestra incumbencia, salvo por el hecho de que siempre criticaremos ese tipo de sindicalismo de miras estrechas. Tampoco podemos objetar que se sindique en sindicatos que se consideran de clase y revolucionarios, pero que hace ya tiempo que perdieron esa condición. Lo que sin duda plantea el acuerdo es que puedan sindicarse en la CGT, pensando, por tanto, que van a desarrollar una lucha revolucionaria, no solo de defensa de sus derechos. Si así fuera, como consta en los prenotandos del acuerdo, el primer punto de la tabla reivindicativa de ese hipotético sindicato sería la desaparición del puesto de trabajo y la reconversión profesional de todas las personas que trabajan en el sector. Abandonada esa reivindicación por autodestructiva sindicalmente, habrá que entrar en negociar derechos y deberes, horarios, vacaciones, tipos de contratos, categorías profesionales, lista de servicios…, que tendrían que ser incluidos en un futuro convenio colectivo.

Las tablas reivindicativas propias del sindicato de la CGT serían elaboradas por las secciones sindicales y por las asambleas del sindicato. Además, tendrían que exigir la existencia de un tablón para los anuncios del sindicato en todos los centros de trabajo dedicados a la prostitución que, idealmente, debieran ser expuestos al público, para difundir lo más posible el compromiso de la CGT con los trabajadores, disuadiendo a los clientes de la práctica de relaciones degradantes para la trabajadora. Ciertamente sería necesario, entre otras cosas, eliminar todo vocabulario que pudiera conllevar una carga negativa: ya no habría burdeles, sino centros de atención sexual (o algo parecido); tampoco habría proxenetas o chulos, sino empresarios, y no habría putas ni chaperos, sino trabajadores/as del sexo. Muy probablemente, el sector de la prostitución que goza de mejores condiciones y trabaja por  su cuenta a lo sumo organizaría gremios o asociaciones profesionales, como otros trabajadores autónomos.

Siguiendo con las consecuencias a medio plazo de la legalización y de la sindicación, deberíamos apurar hasta el final todo lo que implica reconocerlo como un trabajo más. Es decir, sería necesario plantearse la formación profesional inicial y continuada, incluyendo, si se considerara necesario, establecer niveles progresivamente más elevados de  formación: profesional de primer grado, módulos profesionales, títulos de grado… Si bien nuestro sindicato cada vez dedica menos atención a los cursos de formación, sería del todo lógico, si aceptamos de verdad lo que se plantea, que en su momento los sindicatos ofertaran sus propios cursos de formación. Y los daños colaterales pueden ser imprevisibles: en Alemania, una persona parada puede perder el subsidio si no acepta un trabajo en el sector de los servicios sexuales.

Ciertamente este tipo de argumentación que puede llamarse “reducción al absurdo” o en otro sentido “efecto cascada” puede tener sus peligros y debilidades. Podemos, por ejemplo, mantener la legalización y la sindicación sin que de ello se derive la necesidad de una formación profesional. Ese es, por ejemplo, el caso del servicio doméstico o empleados/as del hogar. No obstante, sí tiene su fuerza probatoria, pues no cabe la menor duda de que hay ciertos límites que, una vez sobrepasados, pueden dar lugar a consecuencias muy negativas. De hecho, en la práctica es una estrategia bien estudiada en las luchas sociales: los empresarios y el gobierno que los representa saben bien que la mejor manera de debilitar a los trabajadores es empezar por pequeñas modificaciones que, una vez aceptadas e interiorizadas como normales, facilitan el paso a recortes laborales de mayor alcance.

UNA BREVÍSIMA CONCLUSIÓN

La C.G.T., como organización anarcosindicalista, especialmente preocupada por las relaciones de dominación y explotación, y comprometida con la construcción de una sociedad completamente diferente que queremos hacer visible aquí y ahora en nuestra propia práctica transformadora, debe tener una mayor presencia en las luchas por la liberación de las trabajadoras y los trabajadores del sexo. Ahora bien, esta nunca se conseguirá mediante la legalización de la prostitución y la sindicación de las trabajadoras por cuenta ajena. Otros son los caminos eficaces y además coherentes con lo que decimos que somos o al menos que queremos ser. Compañeras y compañeros, no dejemos que la reacción nos venza, sencillamente sigamos luchando contra ella.

La situación actual del pueblo palestino sigue siendo muy dura. Gaza, bajo el control de tres gobiernos y medio (Israel, la Autoridad Palestina de Mahmud Abbas, Hamás y la Comunidad Internacional), es un ejemplo de que el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino no avanza, consolidándose la situación de dominio de Israel. Nuevas estrategias de lucha están abriéndose paso, regresando a modelos de resistencia popular, con estrategias de lucha no violenta y orientadas a la aplicación de la legalidad internacional, y el reconocimiento de los derechos, vulnerados en una situación que pude ser considerada como crimen de apartheid.

Si te teletransportasen a una calle de la ciudad de Gaza durante tan solo unas horas, podrías llegar a pensar que todo es normal. Podría parecerte que estás en cualquier ciudad del norte de África. Hay movimiento en la calle, coches pitando, ajetreo de gente yendo, viniendo y comprando en las tiendas todo lo que en primera instancia nos parece necesario. Si tienes tiempo para quedarte un rato más, el ruido del tráfico dará paso al de los generadores; tarde o temprano llegará un corte de electricidad. Los comerciantes sacan a la calle los motores de gasolina, y caminar por la acera significa sortear los obstáculos y ensordecer con el zumbido. Si ya es de noche, verás iluminada solo la parte de la ciudad de los que tienen generador y acceso a gasolina. Si prolongas unos días más tu estancia, escucharás en algún momento una explosión aislada, con suerte de lejos. Te hará levantar la mirada para comprobar que eres el único curioso. Puedes asumir que el estruendo viene de alguna obra cercana, y es que la ciudad parece en construcción.

Si te acercas al mar, a contemplar la salida de los barcos pesqueros a faenar, te extrañarán las dimensiones del puerto: muy humilde para ser el que abastece de pescado a una capital con casi 500.000 habitantes, como Murcia. Les sigues con la mirada para ver cómo se adentran en el mar y notas algo raro cuando ves que no se alejan, sino que se disponen a navegar en paralelo a la costa, sin alejarse más de 5 kilómetros; turnos de 24 horas yendo y viniendo en un recorrido de 40 kilómetros de norte a sur.   

Si a la curiosidad propia del recién llegado sumas cierta inquietud por lo que te parecía extraño y entablas conversación con la gente local, acabarás de comprender lo que ya intuías: lo anormal de esta normalidad. Cortes de suministros, regulares ataques de misiles israelíes, un mar convertido en piscina, deseos de salir, ansias por conocer; todo por un bloqueo que convierte a la Franja de Gaza en una tremenda cárcel, con una condena desproporcionada e inapelable.

Si en lugar de ser teletranspotado, accedes a Gaza por el único control establecido por Israel para el tráfico de personas, el paso de Erez, la sensación de entrar en una cárcel es clara; los controles de seguridad, el muro, recorridos a través de puertas automáticas, vigilancia por cámaras, comunicación por interfono y una voz que te guía sin que veas quién te habla. Las ametralladoras de las torretas del muro están controladas a distancia por un joven de entre 18 y 21 años con un joystick en la mano. Los escasos visitantes (personal humanitario) caminamos un kilómetro por un corredor enrejado que atraviesa la zona de seguridad impuesta por Israel en la cara interior del muro a lo largo de todo su recorrido rodeando la franja. Esta zona impide el acceso de los agricultores, bajo riesgo de recibir un disparo, al 35 % de la tierra cultivable en Gaza (OCHA Special Focus, 2010).

En esta cárcel no hay solo un carcelero. Abriéndonos los ojos a la anormal normalidad, un palestino activista defensor Derechos Humanos desde el PCHR[1], nos regala sin darse cuenta una frase esclarecedora: «Gaza es probablemente el único lugar con tres gobiernos y medio con competencias reconocidas: Israel, la Autoridad Nacional Palestina liderada por Mahmud Abbas, el gobierno de Hamás con el Primer Ministro Ismael Hanniye y la comunidad internacional con sus órganos gestores de la ayuda a la cooperación».

Israel

En el 2005 Ariel Sharon decide unilateralmente retirar a la población colona de la Franja de Gaza. Presenta el hecho como una prueba de la buena disposición Israelí para la paz. Desde entonces el discurso oficial de Israel mantiene que la Franja de Gaza no es territorio ocupado sino restituido y, por lo tanto, bajo gobierno completo de la Autoridad Nacional Palestina. Un tribunal israelí llegó a determinar no solo que no es territorio ocupado, sino que Israel seguiría aun así suministrando gas y electricidad a la Franja de Gaza gracias a su generosidad y a los lazos históricos que les unían. El proceso de «descolonización» de la Franja de Gaza no es en sí mismo negativo, pero su carácter unilateral, sin establecer ningún tipo de acuerdo con la OLP, permitió que el control se empezase a ejercer desde fuera y no desde dentro. En el momento de la retirada, la Franja de Gaza ya estaba rodeada por el muro, con una limitación por mar de 12 millas náuticas (en la actualidad se ha reducido a 3). La infraestructura para el cerco estaba ya establecida y nada ni nadie podía entrar o salir de Gaza sin consentimiento de los israelíes, poniendo estos las condiciones, puesto que no había existido negociación al respecto. Si consideramos el coste que suponía para Israel el mantenimiento de los colonos de Gaza, muchos de los cuales para salir a trabajar a Israel necesitaban de helicópteros militares con pilotos de élite, y tenemos en cuenta que ya se percibían cambios en la situación interna (Arafat ya había fallecido) con el posterior vuelco electoral al año siguiente en favor de Hamás como algo previsible, no es difícil intuir que la mejor manera de proteger a su población y dejar el camino libre para cualquier tipo de intervención que se pudiera considerar necesaria en el futuro fuese sacarla de allí. Pese al discurso oficial (reflejo o causa del discurso de la calle) negando la ocupación de la Franja de Gaza, son varios ya los informes de Naciones Unidas estableciendo claramente que el control ejercido por Israel sobre la misma no puede entenderse de otra manera que no sea el que ejerce una potencia ocupante sobre territorio ocupado.

Esta decisión no es sino parte de la política de «Muro de Hierro» (Shlaim, 2003), seguida por Israel desde su origen, con Ben Gurion como arquitecto, Begin, Golda Meir, y Sharon como abiertos defensores, y con Netanyahu como actual adalid. Una política basada en la separación y aislamiento del pueblo palestino, una posición de fuerza militar como base para cualquier negociación y si es necesario, unilateralidad en las acciones. Después de la operación Plomo Fundido entre diciembre del 2008 y enero del 2009, el giro a la extrema derecha y por lo tanto a posicionamientos más radicales en esta política ha sido claro. La victoria de Kadima (el partido que fundó Sharon cuando abandonó el Likud), su incapacidad para formar gobierno y el estrecho margen que tenía con el Likud (segunda fuerza más votada), permitió a estos aliarse con los partidos que se sitúan más a su derecha, también reforzados tras las elecciones, para formar un gobierno de extrema derecha. Discursos fascistas, racistas, que en Europa escuchamos y nos escandalizaban cuando eran pronunciados por Haider en Austria y Le Pen en Francia (hoy desafortunadamente nos impresionan menos), se alternan con la proclama constante de ser la única democracia de Oriente Próximo, argumento utilizado por las democracias occidentales para justificar su apoyo a Israel. Si eliminamos de la ecuación a los árabes-palestinos que viven dentro de las fronteras del actual Israel, podríamos hablar de una democracia al estilo occidental, con similares virtudes y defectos —recientemente se discutía en el parlamento la construcción de otro muro, esta vez para controlar la inmigración procedente de África por la frontera con Egipto y se aprobaba compensar económicamente a países que acogiesen a los inmigrantes que Israel no quiere.

La simple operación de eliminar a árabes de la ecuación de la ciudadanía tiene sus fundamentos en varias de sus leyes básicas (Coconi, 2010) (no tienen Constitución, sino un conjunto de leyes básicas sobre las que se basa su sistema legislativo), donde la condición de judío determina en gran medida tu acceso o no a la categoría de ciudadano (un hecho en sí mismo contrario a la definición de lo que se entiende por democracia en occidente, que no establece diferencias políticas, religiosas, étnicas ni de género en la categorización de ciudadanos). Este hecho, establecido ya en los primeros años de la existencia de Israel, está alcanzando niveles peligrosos durante esta última legislatura. Varios paquetes de leyes presentados en el parlamento inciden aún más en esta política; ejemplos como el de exigir a los no judíos jurar fidelidad al estado judío de Israel antes de alcanzar la ciudadanía, o el derecho de los ayuntamientos a decidir quién puede y quién no vivir en sus términos municipales para preservar el carácter de la comunidad, hacen que ya incluso entre algunos israelíes (aún muy pocos) se oigan voces que alertan de reproducir el camino que llevó a una Alemania democrática a ser gobernada por el nacionalsocialismo, sin necesidad de estar sufriendo ninguna crisis económica de por medio (Uri Avnery, 2010).

Autoridad Nacional Palestina

La comparación con la Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial no es la única de la que es objeto Israel. Cuando Sharon explicitó su política de cantonización de Cisjordania y Gaza, siguiendo la política de muro de hierro mencionada anteriormente, simplemente giró un poco más la tuerca que se había colocado en Oslo. Los Acuerdos de Oslo son analizados hoy en día por muchas de las organizaciones de derechos humanos palestinas como una derrota para el movimiento de autodeterminación palestino. En los Acuerdos de Oslo se legitimó el actual sistema de islas en el que se ha convertido Cisjordania y se creó la Autoridad Nacional Palestina, el embrión de lo que sería el futuro gobierno palestino, nacida para gestionar en coordinación con Israel las islas que le eran devueltas, supuestamente como primer paso de una devolución total posterior (en la actualidad este territorio corresponde al 12% de lo que sería la Palestina definida por Naciones Unidas en la resolución 181, que en noviembre de 1947 establecía la partición de la zona entre Israel y Palestina). La ANP no tiene capacidad de negociación política, es un órgano de gobierno interno. Es la OLP quien tiene reconocida esta función, pero desde su creación, la máxima figura de uno y otro organismo han coincidido, con Fatah como el partido de mayor representación en ambos organismos. Es curioso señalar cómo en el caso palestino se exige a la ANP demostrar su capacidad para poder convertirse en un gobierno democrático autónomo como uno de los requisitos para poder llegar a serlo, para terminar con la ocupación israelí. Esta circunstancia no se exigió en ningún caso en los procesos descolonizadores que tuvieron lugar en África en la década de los 60, y en general en ninguno de los procesos descolonizadores del siglo pasado.

De facto, la creación de la ANP ha permitido a Israel desligarse de su obligación como potencia ocupante de gestionar el territorio ocupado con mayor densidad de población (zona A)  sin perder su capacidad de control sobre las mismas y quedando las zonas menos pobladas (zona C, cerca del 68% de Cisjordania) bajo jurisdicción militar israelí. En estos 17 años desde que se firmó Oslo, el número de asentamientos israelíes en Cisjordanía ha crecido exponencialmente aprovechando el control sobre esta zona C, pasando de menos de 49.000 colonos a más de 500.000 en la actualidad (10% de la población judía de Israel). La expansión natural palestina de acuerdo a su crecimiento demográfico ha sido por el contrario frenada. Los sistemas de seguridad y control establecidos a lo largo de Cisjordania por parte del ejercito israelí para proteger a su población colona (que ya de por sí son civiles fuertemente armados), dividen de facto el territorio en cantones o bantustanes donde se concentran los palestinos (OCHA, julio 2010). Un simple vistazo a los mapas que nos muestran la evolución  del control de territorio desde antes de 1948 hasta ahora, nos permite simplificar la complejidad con la que se muestra este conflicto, constatando que es un proceso dinámico por el control del territorio desde el río Jordán hasta el Mediterráneo.

En estas condiciones es más difícil imaginar un estado palestino independiente viable con continuidad territorial, que un modelo similar al de la Sudáfrica del Apartheid y su división atendiendo a criterios de razas del territorio. Aunque la comparación con Sudáfrica sea casi inevitable, creo más interesante el ejercicio de partir de la definición del crimen de apartheid (Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid, 1973) y analizar su aplicabilidad al caso palestino de forma independiente (Coconi, 2010).

Hamás:

La gestión interna del bantustán de la Franja de Gaza está en manos de Hamás, pero al no existir ningún tipo de comunicación directa entre esa organización e Israel, son los cargos de Fatah de la ANP quienes se encargan de gestiones «coordinadas» como el paso de personal humanitario o productos a través de los puestos establecidos por Israel. El aislamiento internacional a Hamás hace también que la ANP representada por Mahmud Abbas sea quien ejerza de interlocutor de su población a este nivel (entendiendo por internacional, mayoritariamente el mundo occidental). El creciente descontento por la corrupción en el seno de la ANP dirigida por Fatah y el desgaste tras 13 años de diálogos y negociaciones sin ningún resultado más allá de la expansión israelí en territorio palestino, sumado a la visión de Mahmud Abbas como el delfín de EEUU en la OLP, castigaron a Fatah llevando a Hamás al poder en las elecciones democráticas celebradas en el 2006. Esto suponía un cambio importante puesto que un partido sin presencia en la OLP (Hamás se fundó posteriormente a la OLP y esta, desde su creación en 1964, no ha sido objeto de ninguna remodelación), pasaba al primer plano del panorama político de la zona. El aislamiento inmediato decretado por Israel, y las presiones constantes sobre el nuevo gobierno, con Abbas como presidente e Ismael Hanniye como primer ministro, la detención de una cuarta parte del parlamento palestino por parte de Israel, no hicieron sino incrementar la tensión y división interna desembocando en el enfrentamiento armado entre Fatah y Hamás en 2007, con la separación de facto de la Franja de Gaza de Cisjordania, quedando la primera bajo gobierno del primer ministro electo de la ANP (pero no reconocido internacionalmente) y Cisjordania bajo un gobierno en funciones elegido por el presidente Abbas, con Salam Fayyad como el nuevo primer ministro en funciones. La famosa máxima «divide y vencerás» tiene en este caso un claro ejemplo.

En los tres últimos años y sobre todo en los dos posteriores a la operación Plomo Fundido, lo que no queda tan claro es quién es el vencedor, pero sí los beneficios del actual status quo para los actores implicados. Israel tiene en la Franja de Gaza uno de sus principales argumentos a la política de lucha contra el terror  —aunque después de la operación Plomo Fundido y el claro debilitamiento y cambio estratégico de Hamás, esté otorgando a Irán este papel—, además de mantener a la población palestina dividida.  Hamás, con estadísticas que no le dan como vencedor de unas hipotéticas futuras elecciones, mantiene el control sobre una franja, haciendo del aislamiento una de sus formas de supervivencia —es más que probable que políticas aperturistas llevasen a un debilitamiento de su régimen— y prueba de ello es el control que ejerce habiendo reducido el lanzamiento de misiles Qassam hacia Israel, o reprimiendo la aparición de grupos más fundamentalistas que le acusan de traicionarse a sí mismo. La Autoridad Nacional Palestina representada por Abbas, ha mejorado su imagen corrupta con la gestión de Salam Fayyad en Cisjordania (Antiguo representante del FMI para Palestina y fundador del partido político «Tercera via») y ganado reconocimiento internacional como socio para la paz dejando el papel de resistencia violenta y radical para Hamás. La comunidad internacional tiene en Salam Fayyad su nuevo delfín, y en Abbas a un interlocutor comprensivo, y mira con buenos ojos la mejora del desarrollo económico de ciudades como Ramalla que sitúan como modelo a seguir. Lo que no es tan evidente es que tales beneficios compensen a medio o largo plazo.

Mientras, sí está claro quiénes son los perjudicados. La edad media en la Franja de Gaza es de 17 años, es decir, la mayoría de la población castigada por el bloqueo ni siquiera votó a Hamás y sí es frecuente escucharles que viven bajo dos ocupaciones, un gobierno títere y una comunidad internacional cómplice con su permisividad.

Comunidad Internacional

Impunidad, permisividad, pasividad y apoyo podrían definir la relación de la comunidad internacional con Israel. En el marco de Naciones Unidas, Israel es el país que más declaraciones en contra acumula, sin que a la postre esto se haya traducido en gran cosa. La acumulación de declaraciones, si bien es útil en el lento proceso de deslegitimización y deterioro de la imagen de Israel —haciendo uso de nuevo de la comparación con Sudáfrica, no olvidemos que llevo más de 40 años terminar con el régimen afrikáner—, también genera una sensación de completa impunidad cuando los propios estados que forman parte de las asambleas y de los convenios de derechos humanos que rigen estas declaraciones no cumplen con sus obligaciones legales en el marco de la legislación internacional. Sin ir más lejos, en el último año la colaboración militar de España con Israel no se ha incluido el desarrollo de maniobras militares conjuntas, violando, entre otras disposiciones, lo establecido por la Comisión de Derecho Internacional al determinar las responsabilidad de los Estados que colaboran con otros estados infractores de violaciones de Derechos Humanos (Sassoli, 2002). Por supuesto, el caso de España no es el único, aparte de la alianza con EEUU —la estrategia de granjearse el apoyo de la potencia hegemónica del momento ha sido, junto con la del muro de hierro, guía de la política exterior israelí, desde tiempos otomanos, con poco éxito, pasando por el mandato británico y terminando en EEUU— y el apoyo económico de la UE, conviene recordar que el bloqueo de la Franja de Gaza también se producía y produce en su frontera con Egipto, especialmente duro en el movimiento de personas (el comercio de mercancías se mantiene a través de los túneles).

El papel de la comunidad internacional como cuarto medio gobierno de la Franja de Gaza, y por extensión, como actor influyente en el resto de Palestina, no es ejercido solo a partir de la política internacional, sino también a través de la cooperación al desarrollo, desplegada en sistemas de colaboración gubernamental directa (ANP con diferentes agentes estatales) y a través de organizaciones no gubernamentales. Donde antes era Israel quien gestionaba, en los últimos 17 años, y de nuevo desde los Acuerdos de Oslo, es la cooperación al desarrollo quien financia gran parte de la gestión de los Territorios Ocupados Palestinos. En el caso de la Franja de Gaza, el 80% de la población depende de estos ingresos. Sin lugar a dudas muchos de los proyectos que se están desarrollando en la zona permiten la subsistencia de los palestinos y en zonas como el valle del Jordán, el mero hecho de existir es su principal forma de resistencia —abandonar la tierra que cultivan, al cabo de tres años permitiría al gobierno de Israel confiscarla por considerarla tierra en desuso—, pero el enfoque mayoritario que se hace de esta ayuda, como respuesta a una crisis humanitaria, olvida que no es humanitaria la crisis, sino sus consecuencias. Es una crisis política. En cualquier guía de intervención en cooperación al desarrollo la necesidad de actuar sobre las causas y no quedarse solo en paliar las consecuencias es mandatorio en la planificación de los proyectos y un criterio para la concesión de las subvenciones. El caso palestino es posiblemente el más evidente de las contradicciones de este sistema de ayuda al desarrollo, puesto que es el lugar del mundo en el que más recursos se concentran, pero es este un problema global que no tiene en la desaparición de la cooperación su solución —no es el recorte de beneficios sociales el que soluciona una crisis—, pero sí en el cambio de las políticas de anticooperación que se han ejercido en paralelo a la aparición del concepto mismo de la cooperación al desarrollo (Llistar, 2005)

La acción combinada de estos tres poderes y medio (evidentemente con distintos niveles de responsabilidad) presentan un panorama poco alentador en esta región del mundo. El por ahora evidente y por otra parte esperado fracaso del último intento de negociación, forzado por EE.UU., no mejora la situación sino que hace que el proceso de dialogo se parezca más a lo que Abba Eban  Ministro de Asuntos Exteriores de Israel tras la Guerra de los Seis Días decía sobre la actividad diplomática; una forma de ganar tiempo y dar excusas a los árabes moderados para controlar a los menos moderados (Shlaim, 2003).

De nuevo, el elemento más esperanzador se encuentra en lo que debería ser la base del único gobierno, las personas. El movimiento de resistencia en el lado israelí está muy debilitado y es minoritario (el calificativo de traidor a la patria es frecuente a personas pertenecientes a estos círculos). El movimiento de resistencia en el lado palestino, fragmentado y también débil, cuenta con más de 60 años demostrando su firmeza y, en los últimos 5, ha marcado un cambio interesante en su estrategia que le está permitiendo crecer de nuevo, lentamente. La actual línea se aprecia en la orientación de la resistencia a una resistencia popular con estrategias no violentas como principal mecanismo de acción, la adopción de campañas como el BDS en clara referencia a estrategias que tuvieron su efecto en el caso de Sudáfrica y con mayor potencial en el caso israelí debido a su mayor dependencia del comercio exterior y la colaboración de resistencias israelíes y palestinas, como en el caso de los Comités de Resistencia Populares Palestinos, a los que grupos como «Anarquistas contra el muro» (formado mayoritariamente por Israelíes) prestan su apoyo. El acercamiento de estos movimientos de resistencia, como frente común ante el fascismo creciente en el gobierno de Israel y la exigencia de justicia social e igualdad de derechos para todos, es una fórmula acertada y cuya eficacia quedó demostrada en el caso de Sudáfrica frente al régimen capitalista sudafricano  

Referencias bibliográficas:

Avnery, Uri: http://www.mediterraneosur.es/prensa/avn_weimar.html, 2010. Uri Avnery, escritor Isreali reflexiona sobre los peligros del régimen Israelí comparándolos con la llegada al poder del Nacionalsocialismo previo a la Segunda Guerra Mundial.

Coconi, Luciana: «Apartheid contra el pueblo palestino» Ediciones del Oriente y del Mediterráneo – Paz con Dignidad – Colección: «encuentros», 11, 2010. Un estudio desde el marco de la legalidad internacional, de la categorización de la ocupación Israelí de Palestina como crimen de apartheid.

Llistar Bosch, David: Anticooperacion, Icaria 2005. Una comparación de los flujos de la cooperación al desarrollo con los principales mecanismos de anti-cooperación.

OCHA, Office for the coordination of Humanitarian Affaires, UN, Special Focus, Between the Fence and the Had Place, Occupied Palestinian Territories, August 2010. Un informe actualizado de las consecuencias del bloqueo centrado especialmente en el perímetro de seguridad a lo largo del muro de la Franja de Gaza establecido por Israel. http://www.ochaopt.org/

OCHA, Office for the coordination of Humanitarian Affaires, UN, West Bank and Gaza Strip Closure Maps, Julio 2010. Mapas actualizados del sistema de control y barreras ejercido por Israel en los Territorios Ocupados Palestinos. http://www.ochaopt.org/

Pappe, Ian: La limpieza Étnica de palestina, Barcelona: Crítica, 2008. Ian Pappe, historiador Israelí de la Universidad de Haifa retrata los sucesos ocurridos durante los años previos y posteriores a la resolución 181 de Naciones Unidas.

Sassoli, Marco: «La responsabilidad del Estado por las violaciones del derecho internacional humanitario», Revista internacional de la Cruz Roja, número 846. 2002. Maro Sassoli analiza los artículos y comentarios que la Comisión de Derecho Internacional  aprobó en el 2001 sobre responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos.

Shlaim, Avi: El muro de Hierro y el mundo árabe. Granada: Ed Almed, 2003. Historiador

La reciente reedición por parte de la editorial Virus de la obra La Sociedad contra el Estado del etnólogo francés Pierre Clastres, nos invita a reflexionar sobre uno de los conceptos centrales de las ciencias sociales: el poder. A pesar de haberse publicado por primera vez hace más de treinta años, este ensayo antropológico contiene claves imprescindibles con las que analizar y comprender dicho concepto.

 En este artículo comenzaremos revisando la visión anarquista “clásica” sobre el poder. El anarquismo clásico contiene aportaciones esenciales para comprender el poder y el funcionamiento del Estado, sin embargo, se le escapan importantes dimensiones de éste. Apuntamos, en concreto, a la limitada y reduccionista identificación entre poder y coerción por parte de los “padres” de dicha filosofía política como Bakunin, Kropotkin o Proudhon.

 A continuación examinaremos la obra de Pierre Clastres y su contribución a la crítica tanto de la antropología política de su época como del anarquismo clásico. Clastres nos enseña, entre otras cuestiones, que la organización socio-política de los pueblos primitivos demuestra que identificar poder y coerción no es siempre acertado. Dichos pueblos, afirma, no es que carezcan de poder sino que carecen de Estado; la diferencia radica en que el poder está repartido en el cuerpo social, no se encuentra centralizado en una institución separada.

 Por último, buscaremos paralelismos entre la visión antropológica del poder—influida, entre otros,  por la obra de Clastres—y otros pensadores políticos contemporáneos. En concreto, nos detendremos en las teorizaciones de Michel Foucault, John Holloway y la teoría anarquista actual. Todos estos autores y corrientes coinciden en su crítica a las concepciones simplificadas y erróneas predominantes. Subrayan el carácter dual—creador a la vez que inhibidor—del poder. El anarquismo contemporáneo, además, diferencia entre poder sobre, que significa imposición, del poder para (o poder con, o poder en igualdad). El desafío libertario se basa, al fin y al cabo, como se afirma desde el Centro de Investigaciones Libertarias y Educación Popular (CILEP) de Colombia, en construir un “poder popular”, constituyendo instituciones autónomas que prefiguren en el presente una futura sociedad sin clases, sin Estado.

 El anarquismo clásico ante la problemática del poder

 Nadie pone hoy en duda que los pensadores anarquistas nos ofrecen herramientas imprescindibles para la crítica al poder y al Estado. La siguiente cita de Bakunin, por ejemplo, critica la noción de Estado defendiendo la organización del pueblo de abajo arriba:

  “…ningún Estado, por democráticas que sean sus formas, (…) no tendrá fuerza para dar al pueblo lo que desea, es decir la organización libre de sus propios intereses de abajo a arriba, sin ninguna injerencia, tutela o violencia de arriba, porque todo Estado, aunque sea el más republicano y el más democrático, incluso el Estado pseudopopular inventado por el señor Marx, no representa, en su esencia, nada más que el gobierno de las masas de arriba abajo por intermedio de la minoría intelectual, es decir de la más privilegiada, de quien se pretende que comprende y percibe mejor los intereses del pueblo que el pueblo mismo” (Bakunin, 1977: 82).

 A pesar de sus preciadas aportaciones, el anarquismo no ha sabido captar totalmente la complejidad del poder. En particular, se ha identificado poder exclusivamente con coerción. El poder es algo que limita, es incapaz de producir nada. Y como defensor radical de la libertad, según esta argumentación, el anarquista debe oponerse a toda forma de poder. En otras ocasiones se identifica poder con Estado y capitalismo, dejando fuera de la crítica y el análisis numerosas relaciones de poder que recorren el tejido social: a través de la medicina, los conocimientos, la sexualidad, etc. (aunque este error ha sido más frecuente entre los marxistas). Además, la mayoría de las veces hablar sobre el poder en las mismas organizaciones anarquistas es tabú; lo cual contribuye aun más a la confusión y a no ser capaz de analizar con rigor las estructuras organizativas del movimiento.

 Sin embargo, hay que matizar que en los mismos autores clásicos pueden encontrarse citas que apuntan una comprensión más compleja del fenómeno. Bakunin, por ejemplo, llama a “organizar las fuerzas del pueblo”:

 “Organizar las fuerzas del pueblo para realizar tal revolución, he ahí el único fin de los que desean sinceramente la libertad…” (Bakunin, 1977 : 108).

 Las “fuerzas del pueblo” a las que hace referencia Bakunin no son otra cosa que el “poder popular”, sobre el que reflexionaremos al final de este artículo.

 Clastres y la crítica a la concepción etnocéntrica del poder

 Como subrayamos en nuestro prólogo a La sociedad contra el Estado, en la obra de Clastres subyace una preocupación de fondo: la cuestión del poder. Para él, la aparición del Estado es el mayor accidente histórico. En el Estado reside el origen de la dominación y la desigualdad. Es por ello que dedicó su vida a analizar el poder entre las sociedades primitivas. Durante más de diez años, entre 1963 y 1974, realizó trabajo de campo etnográfico entre varios pueblos indios de Sudamérica. Convivió con los guayaquis del Este de Paraguay entre 1963 y 1964. Protagonizó una misión con los indios guaranies de Paraguay en 1965. Hizo trabajo de campo entre los chulupi de ese mismo país entre 1966 y 1968. Realizó una nueva misión con los yanomami de Venezuela entre 1970 y 1971. De éstos afirmó que eran “la última sociedad primitiva libre, seguro en América del Sur, y sin duda también de todo el mundo”. Su última expedición tuvo lugar en 1974, con los yanomami en el estado de Sao Paolo de Brasil.

 Clastres fue uno de los mayores críticos del marxismo en el ámbito de la antropología. Dedicó un interesante artículo a los antropólogos marxistas franceses en el que citaba a Godelier: “han existido y aun existen numerosas sociedades divididas en órdenes, castas o clases, en explotadores y explotados que, sin embargo, no conocen el Estado”. Quería decir, según Clastres, que la división entre dominantes y dominados no implicaba la presencia del Estado. Olvidaba que “el Estado es el ejercicio del poder político. No se puede pensar el poder sin Estado y el estado sin poder”. Allí donde hay poder, hay una sociedad dividida, hay Estado. Finalmente argumentaba que la economía proviene de lo político, y no al revés, como querían hacernos creer los marxistas: “las relaciones de producción provienen de las relaciones de poder, el Estado origina las clases”.

Añadía que la falta de cientificidad del dogma marxista está al servicio de la política. “El marxismo posterior a Marx, en vez de convertirse en la ideología dominante del movimiento obrero, se ha convertido en su enemigo principal”. El trabajo de los marxistas, para Clastres, no era más que la “difusión de una ideología de conquista del poder” en el ámbito universitario. Búsqueda de hegemonía, imposición de su ideología política. Los estalinistas pretendían conquistar el poder total sobre la sociedad, incluyendo la Academia.

 Parafraseando a Marx escribió: “La historia de los pueblos que tienen una Historia es la historia de la lucha de clases. La historia de los pueblos sin Historia es, diremos con la misma verdad, la historia de su lucha contra el Estado”. Se trataba de una contestación el etnocentrismo de Marx, que definía la lucha de clases como el motor de la Historia. Marx trató de descubrir las leyes universales de la evolución de las sociedades, ignorando que en las sociedades primitivas lo que ocurría no era una lucha de clases, sino una lucha contra el Estado.

Sin embargo, no sólo la antropología marxista pecaba de etnocentrismo. La crítica de Clastres se extendía a la mayor parte los antropólogos de la época (a excepción, claro está, de aquellos de los que se vio influido como Marshall Sahlins o Jacques Lizot). El carácter etnocéntrico de la antropología consistía en presentar a las sociedades primitivas como sociedades incompletas, menos evolucionadas, por carecer de Estado. Los indios de América del Sur se consideraron “menos civilizados” por carecer de esta división entre dominantes y dominados. En el esquema de Occidente, lo político—entendido como el ejercicio del poder—es la esencia de lo social. Según este pensamiento, sólo en el terreno de lo infrasocial, lo no-social no encontramos una división entre los que mandan y los que obedecen. Así eran percibidas las sociedades primitivas, que eran situadas en las escalas más bajas de la jerarquía de sociedades humanas en el pensamiento evolucionista.

Sentenció, además, que este carácter etnocéntrico de la antropología también se manifestaba en su identificación del poder con la coerción, la subordinación y la violencia. Antropólogos y científicos sociales ignoraban, de esta manera, la existencia de sociedades sin explotadores ni explotados, donde el poder no significa coerción. La clave, según Clastres, reside en el esfuerzo de las sociedades aestatales por impedir, a través de múltiples mecanismos, que el poder se separe de la sociedad. Evitar la formación de un centro de poder independiente. El jefe primitivo tiene el poder de la palabra, una palabra, añade, carente de poder, pues no puede dictar órdenes. Numerosos ejemplos muestran que sólo en tiempo de guerra les es posible mandar. En tiempo de paz, o bien eran sustituidos por otros líderes o bien sencillamente nadie acataba sus órdenes. El jefe primitivo tiene la palabra porque carece de poder, está, en definitiva, al servicio de la comunidad.

 Clastres, como antropólogo anarquista, no era ajeno a las implicaciones políticas de su trabajo. En un artículo posterior a La Sociedad contra el Estado, un año antes de su muerte, escribió: “Y quizá la solución del misterio sobre el nacimiento del Estado permita esclarecer también las condiciones de posibilidad (realizables o no) de su muerte”. Seguramente por eso John Gledhill ha criticado parte de su teoría. Desde su punto de vista, su obra constituye una versión política de las propuestas de Marshall Sahlins: la versión antropológica del “mito del buen salvaje”, la ingenuidad rousseauniana encarnada en la nueva teoría social. Construyó la sociedad primitiva por oposición a la “civilización”. Interpretaba, según Gledhill (2000),  la historia de la humanidad como un viaje hacia la alienación y la desigualdad.

 Antropología, anarquismo y teorías contemporáneas sobre el poder

 En el pensamiento político actual pueden encontrarse dos visiones sobre el poder bien diferenciadas. Por un lado, encontramos la representación “jurídico-discursiva” que percibe el poder como una propiedad, algo que se puede tener o no tener. Esta visión está representada por la teoría de Max Weber. Éste definió el poder como “la probabilidad de que un actor en su relación social esté en posición de llevar a cabo su propio deseo a pesar de la resistencia sin tener en cuenta la base en que esta probabilidad descansa”. La moderna teoría de los capitales de Pierre Bourdieu (2000), aunque con características propias, también está influida por esta visión “jurídico-discursiva”.

 Por otro lado, encontramos la definición “relacional” del poder, representada por Michel Foucault, quien sistematizó y desarrolló algunos años más tarde algunas de las aportaciones que se encuentran dispersas y poco maduradas en la obra de Clastres. Este autor define poder como la “multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su organización” (Foucault, 1984: 112). El poder, añade, no debe ser buscado en un elemento central a partir del cual parte hacia las bases, sino produciéndose constantemente estados de poder locales e inestables por las relaciones de fuerza. El efecto de conjunto de todas esas movilidades es lo que se dibuja como lo “permanente” del poder (el privilegio para “los de siempre”). Foucault formuló una serie de proposiciones en torno al poder:

1.  El poder no se adquiere, conquista o comparte, sino que se ejerce desde muchos puntos en un juego de relaciones.
2. Las relaciones de poder no son independientes de otros tipos de relaciones (económicas, sexuales, de conocimiento, etc.), son inmanentes.
3. No hay una oposición binaria entre dominantes y dominados, sino múltiples relaciones de fuerza que, en determinadas ocasiones, se vinculan de tal manera que crean fuertes escisiones en el cuerpo social.
4. Las relaciones de poder son a la vez intencionales y no subjetivas: responden a un cálculo, lo que no quiere decir que sean fruto de decisiones de un sujeto individual.
5. Donde hay poder hay resistencia, la cual nunca será exterior a él. Las relaciones de poder no pueden existir sino es en función de sus múltiples puntos de resistencia. No hay un único foco central de resistencia sino una multiplicidad de puntos móviles y efímeros que van fraccionando y remodelando  la sociedad y a los mismos individuos. Es “la codificación estratégica de esos puntos de resistencia lo que torna posible una revolución” (1984: 117).

Ya hemos mencionado que Clastres, al igual que Foucault, advirtió el error de identificar poder y coerción. Las ideas de Clastres y su crítica libertaria están hoy presentes en multitud de antropólogos  e investigadores contemporáneos[1]. Dentro del anarquismo, aunque desde un punto de vista académico, Harold Barclay (2008) es posiblemente el antropólogo que mejor ha reformulado la definición del poder, influido, entre otros, por Clastres. En un artículo para la revista Anarchist Studies afirma que casi todas las relaciones de poder son dominación. Los humanos presentan una tendencia hacia la dominación y la agresividad. Sin embargo, el concepto de poder hace referencia a realidades muy diversas.

 Barclay menciona cinco mecanismos a través de los cuales se ejerce la coerción. Éstos aparecen en la realidad combinados entre sí. El primer mecanismo para ejercer la coerción es el empleo de la fuerza física (por ejemplo, los Estados modernos disponen de la policía, las cárceles y el ejército). El segundo elemento es el empleo de la riqueza, recursos materiales, para obtener la obediencia de otros (cuya forma más radical es el soborno). El tercer elemento es la manipulación (la dominación ideológica o hegemonía, en palabras de Gramsci). Consiste en el control del pensamiento, el “lavado de cerebro”, por medio del acceso desigual a los medios de comunicación, las religiones, los nacionalismos, la publicidad, la propaganda, el sistema educativo, etc. El cuarto mecanismo para ejercer el poder son las cualidades personales o atributos, como el carisma o las características psicológicas que apelan a seguidores y tienen un efecto de atracción. El contenido de esas características depende del contexto cultural. Algunos autores han destacado el paralelismo entre el carisma y el amor romántico (Lindholm, 2001). El quinto y último elemento es el conocimiento: el poder de expertos y especialistas.

 Debemos, afirma Barclay, concebir el poder como una constante en el que en un polo está la dominación y en otro la influencia. Tenemos que distinguir entre poder coercitivo y el poder en igualdad, que serían dos extremos de un gradiente. El poder en igualdad consiste en convencer mediante el debate, o imponer la libertad individual en un trabajo en grupo. En este tipo de poder sí se emplean el conocimiento y las características personales. Existe el riesgo de que se transforme en dominación, sin embargo, los grupos y sociedades que tratan de promover este tipo de poder están estructurados de tal modo que desaprueban el deseo de ascender de sus miembros (como los indios Pueblo o los Amish). Así, según Harold Barclay, “toda sociedad libre fomenta los aspectos no dominantes del poder mientras que hace lo contrario con los aspectos dominantes” (Barclay, 2008: 76).

 Michel Foucault señaló que para desarrollar una analítica del poder hay que desprenderse de su representación “jurídico-discursiva” por la cual éste se presenta como antienergía, exclusivamente represivo, incapaz de producir nada. En una sociedad tan promiscua en mecanismos de poder como la nuestra extraña que todos esos mecanismos sean reducidos en los discursos a mera prohibición. Por ello, Foucault afirma que la concepción del poder “como puro límite trazado a la libertad, es, en nuestra sociedad al menos, la forma general de su aceptabilidad” (Foucault, 1984: 105): al percibir el poder como algo que se tiene o no, quien aspira a transformar las estructuras sociales se marca como objetivo tener el poder, conquistarlo al modo de los marxistas clásicos; de este modo, terminan reproduciendo la división entre dominantes y dominados que inicialmente pretendían subvertir.

 Cambiar el mundo sin tomar el poder es precisamente la propuesta de John Holloway (2002). Influido por las formas organizativas de los zapatistas, este autor propone una interesante reformulación del marxismo. Nos propone, al igual que Barclay, distinguir entre dos polos opuestos: el poder-hacer, que equivale a capacidad, facultad, habilidad para hacer cosas; y el poder-sobre, que equivale a imposición, que otros hagan lo que concibe el poderoso e implica una separación entre dominador y dominado. Cuando el flujo social se fractura ese poder-hacer se transforma en su opuesto, poder-sobre. En ese caso el poder nos priva de realizar nuestros proyectos y realizamos los proyectos de los que ejercen el poder-sobre. Aquí poder significa incapacidad para hacer. El poder-hacer, por el contrario, es poder social. Nuestra capacidad de hacer es siempre el resultado del hacer de otros. Y además nos da capacidad para proyectar nuestros deseos.

 La globalización capitalista ha transformado el sistema de poder de tal modo que hoy más que nunca la única manera de concebir una revolución es mediante la disolución (en lugar de la conquista) del poder. Holloway afirma que “el estado es sólo un nodo en una red de relaciones de poder” (2002: 36). Coincide con otros autores contemporáneos, como Manuel Castells, que señalan que el ejercicio del poder ha cambiado con la globalización. Sería un error buscar un único centro desde el que se ejerce el poder global, más bien podemos hablar de un Estado-red, de una red de fuerzas entre diversas instituciones que operan a diferentes niveles. Entre esas instituciones se encuentra el Estado-nación, pero también otros actores más o menos influyentes como, por ejemplo, el FMI, las empresas transnacionales, los grupos de presión, las instituciones financieras internacionales o incluso las mismas ONG. El gobierno es mejor entendido hoy como un proceso—gobernabilidad—que como una institución.

 Este nuevo contexto nos permite recuperar los planteamientos de autores como Clastres o Foucault y fundamentar nuevas formas de organización y protesta. Posiblemente los mayores avances en este sentido provienen de Sudamérica. Estableciendo un puente entre la academia y el activismo, desde el Centro de Investigaciones Libertarias y Educación Popular de Colombia, nos ofrecen una idea de lo libertario que ha superado el sectarismo del anarquismo “clásico” y se implica en amplias luchas sociales buscando promover el “poder popular”. No se trata de que los anarquistas colaboren con otros sectores sociales para conquistar el poder, sino de generar mediante las luchas sociales un poder-hacer colectivo. Así lo explican:

 “Así, el poder popular pone en marcha un nuevo ethos, un nuevo hábitat, una configuración alternativa de sentidos, significados, lenguajes, valores, normas y estructuras compartidas. En pocas palabras, este poder colectivo crea otro mundo posible, un mundo distinto que se enfrenta al que ya conocemos, al mundo de la mercancía y del dominio que genera miseria, exclusión, privilegios, discriminación, muerte.

Por eso el poder popular es una praxis que en la misma medida en que va transformando los lugares de vida de las personas crea un bloque contrahegemónico, un bloque que entra en confrontación directa con el orden imperante. Como proceso, el poder popular sabe que el camino es largo, pero tiene la fortuna de estar creando una nueva sociedad con cada conquista del pueblo.

El poder popular es sobre todo potencia, porque anticipa el mundo futuro, porque en el presente manifiesta lo que está por venir. De esta forma va creando en el día a día espacios de libertad, de solidaridad, de igualdad y horizontalidad” (CILEP, 2009).

 Este poder popular encaja con el principio anarquista de la política prefigurativa. Una de las características del movimiento libertario es su esfuerzo por crear en el presente instituciones y formas de relaciones que se anticipen, prefiguren, el modelo de sociedad al que se aspira. Este rasgo, por ejemplo, fue apuntado ya hace años por Noam Chomsky:

 “En principio, es verdad que ustedes tienen que construir de alguna forma las organizaciones del futuro en la sociedad presente. La gente tiene que tener un cuadro de cómo manejará a su comunidad, o industria, o lo que sea, y tiene que luchar para hacerlo, en la medida que pueda” (Chomsky, 1994: 38).

 Asimismo, es especialmente mediante la lucha como los grupos subalternos y amplios sectores sociales no ideologizados llegan poner en práctica e incorporar casi de forma instintiva prácticas y formas de organización típicamente anarquistas. El pueblo se educa, adquiere conciencia y acumula fuerzas (poder) dentro de instituciones autónomas que prefiguran la sociedad futura. Mediante la lucha se construye el poder popular.

 Conclusiones

 La obra de Pierre Clastres contiene importantes aportaciones para un análisis del poder y el pensamiento libertario. En particular, nos es útil su denuncia del error etnocéntrico de identificar poder y coerción; un error en el que también cayó el anarquismo “clásico”. A partir del trabajo de campo entre diversos pueblos indios de Sudamérica, Clastres nos enseña que existen formas de organización política en las que el poder está descentralizado y no implica coerción.

Algunos años más tarde otro autor francés, Michel Foucault, amplió algunas ideas sobre el poder que se podían encontrar poco desarrolladas y dispersas en la obra de Clastres (quizá debido a su repentina y prematura muerte). Foucault critica la visión “jurídico-discursiva” del poder, que lo percibe como mero limite. Para él, el poder también crea (cuerpos, instituciones, conocimientos). Además, no puede entenderse como una propiedad, sino como un aspecto de las relaciones entre individuos y/o grupos. Siguiendo estas ideas, otro antropólogo actual, Harold Barclay, nos invita a reformular la visión anarquista del poder distinguiendo entre poder-imposición (dominación) y poder en igualdad. Aportaciones de otros pensadores contemporáneos, como John Holloway, apuntan en la misma dirección.

 Hoy, una parte del anarquismo contemporáneo tiene una visión más amplia y compleja sobre el poder, en parte, gracias a las aportaciones de Clastres o Foucault. No se trata de luchar contra el poder, sino de luchar contra la dominación buscando mecanismos que favorezcan formas colectivas de poder. En este artículo citamos ejemplos de movimientos libertarios latinoamericanos y sus pretensiones de construir “poder popular”. Mediante la implicación en amplias luchas sociales, se supera el sectarismo de la tradición anarquista heredada de años recientes, y la práctica contribuye a forjar “poder popular”, es decir, educar, organizar y fortalecer organizaciones horizontales que constituyen la antesala de la sociedad utópica del mañana.

 Referencias bibliográficas

 Bakunin, Mijail

1977. Estatismo y anarquía. Madrid: Ediciones Jucar.

 Barclay, Harold B.

1982. People without Government: An Anthropology of Anarchy. Londres: Kahn & Averill.

 Barclay, Harold B.

2008. “El poder: una visión antropológica” en Beltrán Roca Martínez (coord.) Anarquismo y antropología. Relaciones e influencias mutuas entre la antropología social y el pensamiento libertario. Madrid: La Malatesta, pp. 75-94.

 Bourdieu, Pierre

2000. Poder, derecho y clases sociales. Bilbao: Desclée de Brouwer.

 Chomsky, Noam

1994. Conversaciones libertarias. Madrid: Madre Tierra.

 CILEP

2009. Anarquismo y poder popular. (On line) http://www.anarkismo.net/article/12227 (consultado el 12 de agosto de 2010).

 Clastres, Pierre

2010. La sociedad contra el Estado. Barcelona: Virus.

 Foucault, Michel

1984. Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber. Madrid: Siglo XXI Editores.

 Gledhill, John

2000. El poder y sus disfraces. Perspectivas antropológicas de la política. Barcelona; Bellaterra.

 Graeber, David

2004. Fragments of Anarchist anthropology. Chicago: Prickly Paradigm Press.

 Holloway, John

2002. Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy. Madrid: El Viejo Topo.

 Lindhoml, Charles

2001 Carisma. Análisis del fenómeno carismático y su relación con la conducta humana y los cambios sociales. Barcelona: Gedisa.

 Scott, James C.

2003. Los dominados y el arte de la resistencia. Nafarroa: Txalaparta.

 Scott, James C.

2009. The art of not being governed. An anarchist history of Southeast Asia. New Haven: YaleUniversity Press.

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