Nuestra crisis no es «la crisis», es la salida a la crisis, la que cada día nos siguen imponiendo, paso a paso, recorte a recorte, privatización a privatización. La que cada día seguimos dejándonos imponer.

Financiaron con dinero público a las entidades financieras, las mismas que ahora, estrangulando las finanzas públicas, nos imponen su salida a la crisis: reforma laboral, pensiones, privatizaciones, regresión fiscal y presupuestaria, recortes sociales… Ninguna de esas medidas nos saca de la crisis, al contrario, nos mete en ella. Todas, absolutamente todas esas medidas tienen por único objetivo un trasvase de dinero a favor de los beneficios del capital, apretando, de momento, más a los que menos tienen. Nos acabará legando a todos.

A cambio, nos anuncian brotes verdes, nos prometen futuras recuperaciones en las que se volverá a generar empleo y, con él, volverá una nueva época de abundancia generalizada. Seguramente con su discurso consiguen convencer a la opinión pública (¿es alguien o simplemente es algo que mantienen flotando?), pero, ¿nos convencen a nosotros?, ¿creemos que va a haber una salida a la crisis y que volverán épocas de bonanza y de un relativo reparto y bienestar para la mayoría de nuestras poblaciones? Repiten el discurso de que un mercado laboral más flexible y barato (para empujarnos al cual son necesarias la reforma laboral y los recortes en las ayudas sociales), acompañado de un incremento de los beneficios empresariales (impulsado por los recortes fiscales y la apertura de nuevos frentes de negocio otorgados por las privatizaciones y la degradación de los sistemas públicos de pensiones, sanidad y enseñanza) va a servir para la recuperación económica y la generación de empleo.

Pero no hay ningún dato que indique que ese discurso, que en otros tiempos funcionó con un grave coste social, hoy siga teniendo alguna validez. Por el contrario, todo parece indicar que esa dinámica, que siempre fue radicalmente injusta, aunque consiguiéramos derivar al exterior sus costes más severos, hoy ya no sirve ni para nuestras sociedades.

Estamos en proceso del desmantelamiento del estado de bienestar, la degradación de las condiciones laborales y salariales, y el arrasamiento de las arcas públicas, y todo eso con el beneplácito de los gobernantes y, lo que es más grave, con una desesperante pasividad social. Caminamos hacia una sociedad más empobrecida, con garantías y derechos sociales en retroceso, y es una situación de empobrecimiento que cada vez afecta a sectores sociales más amplios. El cuarenta por ciento de los trabajos tiene una retribución inferior a los 800 € mensuales. Esa es la tendencia, si ayer se hablaba de mileurismo para caracterizar una sociedad paulatinamente empobrecida, hoy ese nivel de empobrecimiento está muy superado y abarca a mayor porcentaje de población, si ayer el acceso a la vivienda era difícil, hoy la están perdiendo buena parte de quienes la habían adquirido, mientras que los bancos se están convirtiendo en las mayores inmobiliarias… Y seguimos avanzando en la misma dirección. Cierto que se mantiene un importante nivel de consumo, pero es un consumo cada vez más secundario y más distante de la satisfacción de las necesidades reales y de la capacidad de una vida autónoma.

Tenemos, además, menor capacidad de enfrentamiento a unos poderes económicos, fundamentalmente financieros, más fuertes. De ese retroceso da buena medida la última huelga general de septiembre, con muy escasa incidencia real en la producción y con nula capacidad de impulso y firmeza, resultado de unas relaciones laborales deterioradas (trabajo negro, falsos autónomos, precariedad…) en unos puestos de trabajo cada vez más subordinados y con menor relación con la satisfacción de necesidades, y resultado, también, de un sindicalismo que cada vez tiene menos carácter de organización de trabajadores para la defensa colectiva de sus intereses, con nula credibilidad y que parece participar fielmente de los presupuestos de la necesidad de impulsar la recuperación económica bajo el modelo de la productividad.

Naturalmente la pregunta que tenemos que hacernos es la de qué hacemos nosotros en la actual situación. No confiamos en una hipotética recuperación económica ni tampoco la queremos; no queremos que se nos generen nuevos puestos de trabajo con escaso o nulo valor social añadido. No queremos políticas económicas expansivas (vía incentivos al consumo o vía megaobras insensatas que relancen el ciclo), que, además, no es viable ecológicamente, pero tampoco queremos políticas recesivas impuestas, dirigidas, como siempre, a recortes sociales y privatizaciones.

Queremos reparto, así de sencillo. Así de difícil, en la realidad. Naturalmente, el reparto implica invertir la tendencia de incremento de los beneficios y las desigualdades, invertir el trasvase cotidiano de riqueza, desde los que tienen menos a los que más tienen, y de lo público a lo privado.

Queremos reparto dirigido prioritariamente a la satisfacción de las necesidades, no tanto al incremento del consumo, aunque sea para una mayoría. Ese reparto, en la actualidad, está más ligado a la austeridad que a un relanzamiento, nada deseable, de la economía y, para un buen número de los trabajadores mejor posicionados, implica predisposición a repartir.

Queremos reparto de los recursos, en una sociedad que los tiene abundantes, aunque mal orientados y repartidos. El reparto del empleo, no su generación, es una vía al reparto de los recursos, que es el objetivo.

No parece que el sindicalismo dominante vaya en esa dirección, tampoco que el nuestro sea capaz de romper esa dinámica imperante, pese a nuestra voluntad de hacerlo. El sindicalismo actual está (mos) falto de orientación y de objetivos para la actual situación, así como de caminos y métodos de actuación para alcanzarlos.

Nos remitiremos, para terminar a los artículos de Tomás Ibáñez y, desde otro punto de vista, el de Miguel Amorós, tratan de aportar luz para captar la actual situación y apuntan vías para encararla. Algo que tiene que ser aspecto central de nuestro pensar y de nuestro actuar.

La inteligencia oficial y su visión del anarcosindicalismo

El anarcosindicalismo frente al reto de su necesaria transformación

Formación sindical de CGT y transmisión del legado histórico

Celebrar la esperanza y conmemorar la derrota.

La construcción de una memoria libertaria en la reciente bibliografía sobre el anarquismo hispano

Lecturas sobre el anarcosindicalismo en España.

Recordamos los 101 años del nacimiento de la CNT sin resignación, con el deber de conmemorar a los vencidos y en la convicción de que el movimiento libertario es hoy el resultado de las esperanzas y del sudor de muchos.

Recordar no es un ejercicio fútil de coleccionismo, ni una vacua reflexión sobre lo que fue, lo que pudo ser o lo que se soñó ser. La memoria no intenta recomponer el pasado para engolosinarse en él, tiene una pretensión crítica, pretende romper el discurso de los vencedores, impugnar el presente. La memoria es un acto de solidaridad hacia el pasado; sólo si las generaciones actuales hacemos nuestra la pretensión de liberación de las generaciones pasadas, podemos poner las bases de futuro diferente. Miramos hacia atrás, pero sólo buscando inspiración, lejos de la nostalgia o del negro retrato que hace del anarquismo el discurso oficial, pretendemos conmemorar un acontecimiento, el nacimiento de la CNT pero sobre todo, destacar la importancia del hecho de que antes cómo ahora tenemos la necesidad de disputar el espacio al poder y descubrir las sutiles trampas de la dominación.

Lejos de nuestras aspiraciones está el hacer un completo recorrido por la bibliografía o la historia del movimiento libertario en los últimos cien años. Otras publicaciones y otros trabajos han hecho ese esfuerzo. Nuestra intención ha sido la de engranar esa memoria con una perspectiva de futuro. El movimiento libertario no puede ser hoy lo que fue en sus inicios, porque, cómo bien señala Tomás Ibáñez, los tiempos son distintos y diferentes han de ser las soluciones.

El artículo de Rafael Cid que inicia el dossier repasa la imagen que la memoria oficial ha construido sobre el anarquismo, una imagen desdibujada y caricaturesca que ha servido para condenar a la marginalidad del movimiento, para ningunearlo. El relato de los vencedores, el relato que justifica el presente, que busca en el pasado del anarquismo los aspectos más escabrosos para terminar por dictaminar su ahistoricidad y para condenar su pervivencia.

El segundo artículo del dossier profundiza en el análisis de la memoria del anarquismo y en la definición del papel de la memoria como legitimadora de cualquier comunidad.

Para Daniel Parajua y David Seiz la memoria anarquista, se construye precisamente a partir de la reacción a esa memoria oficial y tremendista, que Rafael Cid desgrana en el primer artículo. Esta memoria a la contra conduce a una historiografía militante empeñada en destacar la virtudes del santoral libertario. La memoria anarquista se debate así entre diferentes discursos, quienes hacen del movimiento un reducto de ilusos y desorientados, quienes convierten al anarquismo desde sus orígenes en la quintaesencia de todas las virtudes humanas y civiles y la de quienes ven en el anarquismo el último reducto de la resistencia a un capitalismo desbocado. Los tres aparecen, se mezclan, se confunden y pueden seguirse en algunas de las últimas novedades bibliográficas.

Puede que sea precisamente en aquellos que hacen del anarquismo la esencia de cualquier resistencia al poder, donde este dossier cobra su verdadera esencia. Esta es la propuesta que plantea Tomás Ibáñez, para quien esa mirada hacia atrás busca recomponer la vitalidad del movimiento libertario. El pasado es ejemplo de cómo la hibridación de luchas, espacios y comunidades hizo del anarquismo el movimiento que fue y que parece hoy resurgir sobre las mismas bases. El aire de familia que tienen muchos de los movimientos que hoy en día tratan de romper la lógica dominante, apuntan en este sentido.

Tomás Ibáñez hace memoria pero para coger carrerilla, para dar un salto hacia delante que haga evolucionar al anarquismo hacia el siglo XXI.

En la mejor tradición del anarquismo está el artículo José Antonio Ojeda y Jacinto Ceacero, que repasan también desde el presente y la proyección de futuro, la importancia de la formación en el movimiento libertario.

El anarquismo se ha empeñado desde sus orígenes en un esfuerzo por la formación de sus militantes, en la construcción de unas bases intelectuales sólidas y al alcance de todos los miembros del movimiento, tal y como recogen Ojeda y Ceacero en su contribución al dossier.

Por último corresponde a Francisco Marcellán hacer una revisión crítica de algunos de los títulos que a su juicio determinan los ejes principales de la memoria anarquista, se trata, como es evidente de una mirada personal, habrá quienes echen obras de menos, pero la referencia es lo suficientemente extensa como para cumplir sobradamente con el propósito del presente dossier.

Necesitamos hacer memoria para mantener viva la esperanza que elevaron nuestros antepasados, para ratificar su reclamación de un mundo más justo y desde luego para sumar nuestra necesidad de hacer cierta esa aspiración en el presente.

Por su naturaleza antisistema, el anarcosindicalismo ha sufrido una conspiración intelectual a manos de la acción combinada y recurrente de la inteligencia oficial y la industria mediático-cultural, que pretende hacerle visible como una utopía milenarista fundada en la violencia irracional. Lo que en la dictadura era represión y censura, a partir de la transición se ha convertido en una forma de ataque que identifica subliminalmente a lo libertario como una conducta desviada, propia de inadaptados, que pone en riesgo la convivencia. La centralidad de esa campaña de estigmatización reside en una revisión histórica descontextualizada y hecha desde los valores del poder que actúa desde presupuestos de objetividad, rigor y profesionalidad.

«El mapa no es el territorio» (Gregory Bateson)

En la obligación de justificar el título que amigablemente me ha impuesto el equipo editorial, siento la necesidad de afirmar a modo de preámbulo que «la inteligencia oficial», en tiempos de la sociedad del espectáculo y de monopolio del panóptico mediático, semeja a aquel oxímoron de la «música militar» (lo de la «justicia militar» tampoco está mal) o al otro barojiano y xenófobo del «pensamiento navarro». Es como pedir peras al olmo estando en la higuera. De ahí que la visión que la comunidad intelectual afín a la razón de Estado pueda tener sobre un movimiento que se define como antiautoritario, anticapitalista y antiestatista deba estar sometida de entrada al principio de la reserva mental. Lo que lejos de zanjar un problema no hace sino magnificarlo. Y ello porque con ser un pensamiento condicionado es el pensamiento dominante, el paradigma, la obediencia debida. La inteligencia oficial representa hoy el pensamiento único que con sus conocimientos, análisis e interpretaciones nutre a la sociedad en su conjunto de las informaciones y opiniones necesarias para buscar su posición en el mundo. Por tanto, a cuantos nos reclamamos de la tradición anarcosindicalista/libertaria nos compete la misión de recuperar la vida secreta de las palabras. O como dice el poeta Salvador Espriu en Inicio de cántico, «salvar las palabras /para devolver el nombre de cada cosa».

Aun así hay una notable diferencia entre la censura directa y la propaganda descarada con que el franquismo programaba sus campañas difamatorias, auténticos autos de fe, contra las ideologías derrotadas en la guerra (la historia siempre la escriben los vencedores) y el más sutil pregón que se practica en la democracia corporativa nacida a golpe de consenso entre autonombrados representantes de «las dos Españas». Durante la dictadura, los encargados de la narrativa oficial dejaron claro para el espacio público, entonces limitado a prensa, radio y televisión, que el anarcosindicalismo era una anomalía en la tradición del país, cosa de bandoleros, afeminados y quemaconventos. En la línea de la doctrina que avaló Cesar Lombroso, para quien «los anarquistas constituían una clase especial de individuos caracterizados por claros rasgos degenerativos que denuncia –en la mayoría de los casos- su locura, o, en casos más restringidos, su criminalidad innata» (Álvaro Girón Sierra, En la mesa con Darwin, págs. 288-289) Ahora, en la dictablanda, los tiempos ciertamente han cambiado, pero los discursos no tanto. El mantra pertinente se desahoga añadiendo a aquellos añejos discursos denostaciones de «utopía» y «ucronía», juntas y a la vez.

Hoy lo políticamente correcto en cuanto a la inteligencia homologada es examinar el pasado reciente, el que aún deja rastro vinculante en la memoria, bajo el prisma del presentismo, y deslizar mensajes subliminales que armen una versión contrafáctica de historia-ficción. O sea, discurrir los acontecimientos históricos fuera de contexto y sacar así conclusiones que confirmen el atavismo de aquellas prácticas sociales y su negatividad como referentes para la convivencia. El presentismo es a la crítica de la historia lo que el cortoplacismo a la gestión política: formas de enajenación de la sociabilidad. Lo nuevo frente a la costrosa represión y la censura consiste en un neoconductismo basado en políticas de bucle estímulosrespuestas fabricadas en el marco de la ideología-entorno dominante para posibilitar una (pre)determinada percepción de la realidad. En el caso que nos ocupa, la estigmatización y depravación del anarquismo.

Franquistas y posfranquistas

Antaño, gentes como Ricardo de la Cierva, Víctor Fragoso del Toro, Eduardo Comín Colomer, Maximiano García Venero, Ramón Salas Larrazábal y Manuel Aznar, entre otros prohombres del olimpo franquista, controlaban los púlpitos desde los que una tropa de historiadores, periodistas, escritores y académicos adictos construían un imaginario colectivo conforme a los presupuestos del Movimiento Nacional. La inteligencia oficial de la dictadura, que era al mismo tiempo la de «muera la inteligencia», dejaba todo atado y bien atado. No contentos con diezmar a tiros los claustros de la universidad republicana, como se documenta en publicaciones como El atroz desmoche, de Jaume Claret Miranda, y La destrucción de la ciencia en España, de Luis Enrique Otero Carvajal, y someter a una durísima purga al cuerpo de maestros, al de profesores de instituto y universidad por el delito de haber ayudado a una generación a escapar de la ignorancia, el régimen arrasó con cualquier espíritu crítico que pudiera resistir en el alma máter al exigir juramento de fidelidad al Alzamiento parar acceder a la carrera docente.

Todavía la voluminosa enciclopedia España Calpe trae alguna perla representativa de su rancia visión del anarquismo.

En el suplemento anual 1977-1978, página 121, puede leerse, firmado por J.N., al buscar la voz «Durruti» que «elaboró una teoría de la revolución social en la que propugnaba el golpe de Estado mediante grupos de combate, como forma de instaurar el régimen proletario».

Una política de mistificación cultural y pedagógica, enfocada a la colonización mental recreando una historia de España al servicio del poder que ha sido ampliamente denunciada en trabajos como los de Carolyn P.Boyd (Historia Patria), Juan Sisinio Pérez Garzón (La gestión de la memoria) o Fernando Wulff (Las esencias patrias).

Este sometimiento del mundo académico a la razón de Estado es uno de los capítulos más bochornosos de nuestro legado intelectual, que explica en parte la falta de ética y el mandarinismo que han caracterizado a la transición.

Mientras en la Italia mussoliniana, docentes como el anarquista Luigi Fabbri y el economista Piero Sraffa prefirieron el ostracismo del exilio a proclamar su lealtad al fascismo, en España sus equivalentes optaron mayoritariamente por eso que, con pretensiones de decencia sobrevenida, se ha llamado «la resistencia silenciosa». En realidad, una forma de complicidad con el sistema que consistió en tener la boca sellada durante décadas y presentarse a un concurso de méritos como liberales de toda la vida cuando las revueltas de estudiantes, primero, y el ocaso físico del dictador, después, auguraban el recambio hacia la democracia lampedusiana.

En ese contexto no resulta extraño que el único foco de libre pensamiento (al margen de ciertos experimentos crepusculares en prensa para monitorizar el cambio) capaz de recuperar la senda de la historia negada durante casi cuarenta años se constituyera alrededor de la editorial Ruedo Ibérico. Fundada en París por José Martínez, un joven libertario de origen valenciano, esta empresa asumió la tarea de facilitar argumentos para la resistencia a la dictadura publicando textos que mostraban la vigencia de los valores que habían alumbrado la II República y asumido su heroica defensa durante la guerra civil. Pero Ruedo Ibérico, que se había convertido en un punto de encuentro de la disidencia antifranquista, terminó siendo la primera víctima del arreglo que ya mascullaban las cúpulas del régimen y la oposición. El suicidio en Madrid de Martínez cuando buscaba ayuda para promocionar su último libro, las memorias del miembro de la CNT-FAI Juan García Oliver (El eco de los pasos), el que fuera ministro de Justicia en el gobierno de Largo Caballero, fue la señal premonitoria del regreso con todos los honores de una nueva intelectualidad oficial recauchutada ahora con las esencias de la apertura.

Porque el estallido de cultura libertaria que se produjo después, a través de editoriales como Campo Abierto y Júcar, o colecciones como Anatema y Los libertarios, entre otras, careció de auténtica proyección en la agenda intelectual de la época, y prácticamente quedó en simple munición literaria para satisfacer la demanda de una generación que durante los primeros años de la transición (otro corto y cálido verano de la anarquía) buscaba en el inconformismo ácrata respuestas a sus inquietudes vitales. Hubo sí un rescate de clásicos del anarquismo y reediciones teóricas de esquemas periclitados, pero esa producción jamás alcanzó a ser la «dinamita cerebral» que Ruedo Ibérico proveyó como agitador clave de la lucha cultural contra la dictadura sin nostalgias paralizantes.

Al servicio del Poder

Este panorama cambió rotundamente cuando, reconstruida CNT y recrecido el anarquismo a rebufo de los acontecimientos del mayo del 68, la Confederación se opuso a Los Pactos de la Moncloa de 1977 y acto seguido el caso Scala saltó a los medios como oscuro reflejo de esa estirpe violenta tan publicitada por el franquismo para aislar a los que no se habían doblegado. Curiosamente, en el momento en que aquella pretendida revuelta permanente se apagó en favor del posibilismo político que facilitaba el abordaje a los sueldos y cargos que ofrecían los partidos recién instalados, una hornada de flamantes investigadores, que al encumbrarse luego renegarían de sus trabajos pioneros, enriquecían la revisión histórica del anarcosindicalismo con títulos que ya son clásicos en su género, como La ideología política del anarquismo español, de José Álvarez Junco, y los estudios que sobre la FAI y los congresos de la CNT publicó Antonio Elorza en la Revista del Trabajo. A partir de entonces, la espantada provocada por el supuesto terrorismo de baja intensidad endosado al movimiento libertario, los enfrentamientos entre las distintas tendencias dentro del cenetismo y la escisión que originó la aparición de la Confederación General del Trabajo (CGT) abrieron un largo período de silencio que no se quebraría hasta comienzos del siglo XXI. Para que, tras este interregno, el impulso de la vieja escuela terminara institucionalizando a muchos de aquellos intrépidos profesores que nos habían enseñado, siguiendo a Pierre Vilar, a «pensar históricamente». Y las consignas volvieron donde solían. Cuando el ministro del Interior de UCD, Juan José Rosón, tuvo que explicar quiénes eran los extraños asaltantes del Banco Central de Barcelona que habían hecho creer al gobierno que se trataba de otro 23-F, dijo a la antigua usanza: «son sólo chorizos, macarras y anarquistas».

Casi coincidiendo con el setenta aniversario del comienzo del golpe militar, y ya ante una CGT con 23 años de vida y una presencia real en numerosos centros de trabajo de todo el territorio nacional, capaz de relanzar la marca anarcosindicalista en la agenda sindical y social, se producen los primeros síntomas que advierten de la vuelta de la vieja historiografía sobre el movimiento libertario en la saga de académicos y publicistas que cortejan a la socialdemocracia en el poder. Un vaivén que, al margen de su contumaz presentismo, contiene un hecho diferencial a favor de los glosadores que han abrazado el patriotismo constitucional como seña de identidad de la nueva sociedad. Los profesores y periodistas que ahora revisitan la España política y social del siglo XX cuentan en su haber la presunción de objetividad que los escribanos del franquismo no tenían. Y además, factor de gran trascendencia, con que sus trabajos obtengan a menudo amplia cobertura en los medios de comunicación de masas, completando así la difusión que por su propia naturaleza no logra el raquítico corral académico. Estamos ante ese pasamanos de los estereotipos que denunciara en su momento Walter Lippman, un punto de difícil retorno en que la opinión pública se construye mediante la opinión publicada para fomentar consensos, de arriba abajo, y no al revés.

Semejante plus de credibilidad en la perspectiva se reafirma al ser profesionales provenientes de la izquierda comunista, ahora asimilados a la estrategia del PSOE en el gobierno, quienes más madrugan para levantar acta de sospecha sobre el anarcosindicalismo, primero respecto a su actuación en la guerra, y más tarde, al filo de cumplirse el centenario de la fundación de la CNT en 1910, en torno al conjunto de su trayectoria reivindicativa y transformadora.

Inaugura las descalificaciones el periodista e historiador novel Jorge Martínez Reverte con un libro (La caída de Madrid), en el que no sólo se argumenta una exculpación de Santiago Carrillo en relación con la matanza de Paracuellos, ocurrida en noviembre de 1936, siendo el entonces secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas el máximo responsable del orden público en la capital. La iniciativa de Martínez Reverte añade una variante que contradice todo lo que hasta esa fecha se había publicado al respecto al involucrar a destacados elementos de la CNT en los crímenes.

Según un documento hallado por el citado investigador, el anarquista Amor Nuño, en aquellos críticos momentos consejero de Industrias de Guerra en la Junta de Defensa, estuvo entre los conspiradores que verbalizaron las matanzas masivas de presos vinculados al bando nacional. El acta en que Martínez Reverte basa su descubrimiento fue localizada en la Fundación Anselmo Lorenzo adherida a la CNT, la entidad que en la actualidad guarda buena parte de la documentación de la Confederación, lo que acumula consistencia a su trabajo.

Aunque la tesis esgrimida por este autor hasta la fecha no ha sido respaldada más que por su colega Ángel Viñas, el único historiador español que ha gozado del privilegio de acceder a los reservadísimos archivos soviéticos, la revelación de Martínez Reverte, íntimo amigo de Santiago Carrillo y de Fernando Claudín, ambos en la cumbre del departamento de Orden Público de la Junta de Defensa, la revelación abrió una vía de agua en un asunto sancionado por la historiografía de la guerra como de responsabilidad directa del equipo carrillista y los agentes de Stalin, los mismos que al año siguiente secuestraron e hicieron desaparecer a Andrés Nin, dirigente del POUM.

Casar la nueva pista aportada con el hecho cierto, sabido y contrastado de que fuera precisamente el faista Melchor Rodríguez, entonces director general de Prisiones, quien pusiera fin a las sacas extrajudiciales arriesgando su vida en la empresa, será objeto de nuevas y esclarecedoras pesquisas para los historiadores.

Emparentado en la temática y segundo cronológicamente está el libro de Carlos García Alix El honor de las Injurias, publicado en 2006, donde el polifacético pintor y escritor relata la vida de Felipe Sandoval, un pistolero cenetista que se hizo tristemente famoso por su cruel manera de entender el ajuste de cuentas del proletariado, lo que le llevó a ser considerado como el «enemigo público número uno» de la época, el gángster del momento. «El verdugo anarquista», como tituló El País cuando el propio García Alix hizo su versión cinematográfica, un documental que según el diario progubernamental rescataba <las andanzas de Felipe Sandoval, asesino, atracador y libertario>.

A pesar de su excelente factura cinematográfica, el largometraje se erige en testigo de cargo de la peligrosidad ácrata en la figura esperpéntica y desdichada de un sicópata de la revolución. Sobre todo porque la fuente principal utilizada para narrar los desvaríos de Sandoval, alias Doctor Muñiz, fue «la confesión manuscrita» que él mismo hizo ante la Brigada de Investigación Política de la policía franquista. Confesión forzada que García Alix obtuvo en 1998 del archivo de la Causa General, cuando el organismo aún no era público. Curiosamente, el escritor y director de El honor de las injurias, artista que tiene declarada simpatía por el anarquismo y dijo haberse documentado también en el trabajo de Eduardo de Guzmán Nosotros los asesinos, un periodista que compartió cárcel y severos interrogatorios en el centro de detención de la calle Almagro de Madrid, deja a la imaginación del espectador el desenlace de la trama. Sin embargo, basta una rápida ojeada al testimonio que ofrece Guzmán, el último director del órgano regional de la CNT Castilla Libre, para comprobar que Sandoval se suicidó en la celda al no poder aguantar ni las torturas de que era objeto ni el repudio de sus compañeros de cautiverio.

Un salto cualitativo en la visión que del anarcosindicalismo ofrece la inteligencia oficial en la democracia se alcanza con las obras del escritor catalán Miquel Mir, Diario de un pistolero anarquista y El preu de la traïció. La FAI, Tarradellas i l´assasinat de 172 maristes, publicados entre 2006 y 2007, recuperando una veta de gran solera en el franquismo: la persecución religiosa. El primer texto de Mir sigue la huella de otro «verdugo anarquista» a través de las supuestas memorias que dejó inéditas un pistolero de la FAI. En el segundo, calificado por Jordi Amat de «calumnia contra Tarradellas», se dibuja la existencia de una inverosímil organización mafiosa-revolucionaria, en la que estaría implicado el ex presidente de la Generalitat, para perdonar la vida a religiosos a cambio de fuertes sumas de dinero. Con semejantes remakes se entiende mejor la embestida que está emprendiendo un sector de la Iglesia Católica contra la libre expresión de las ideas libertarias.

Y así hemos visto el insólito caso de todo un arzobispado de Toledo tomarse la molestia de denunciar por calumnias a un militante de la CNT por haber mencionado en un acto público el carácter criminal del cristianismo.

La conjura de los sabios

Pero el tema del «terrorismo anarquista» no sólo ha tenido sitio en la prensa y el cine en los últimos años.

También ha sido objeto de análisis en monografías y estudios de fuste, tanto por razón de sus autores como por la importancia de la editorial que asumía su publicación. En esta categoría hay que reseñar el libro Anarquismo y violencia política en la España del siglo XX, de Julián Casanova, y El nacimiento del terrorismo en Occidente, de Juan Avilés y Ángel Herrerín. El primero tiene la singularidad de llevar la firma de uno de los historiadores que más ha indagado en torno al movimiento libertario, y fue publicado en el 2007 bajo un sello de la Diputación de Zaragoza. El de Casanova es un texto que tiene el tratamiento que se le supone a un especialista en la materia, y aunque utiliza algún lugar común sobre la resistencia antiautoritaria (lo que llama «la cara oscura del anarquismo español»), mantiene un tono equilibrado a lo largo de sus 347 páginas. En concreto, habla de la deriva de la «propaganda por el hecho», que de ser un término que significaba insurrección y rebelión contra el ejército y el capitalismo pasó a equivaler a asesinato político, precisando que «floreció en años de decadencia de la organización obrera, de marginación».

De sesgo distinto es el contenido de la obra coordinada por Avilés y Herrerín y compuesta de nueve capítulos a cargo de diferentes autores. En ella se encuentran trabajos rigurosos, como el debido a Rafael Núñez Florencio (La influencia nihilista en el anarquismo español), un historiador que analiza el fenómeno como respuesta puntual al desafío de los pistoleros de la patronal y la brutalidad e intransigencia del poder. Pero también contiene otros más pedestres o de corte panfletario, como el de Lucía Rivas, una profesora de la UNED que se ha asomado el tema del terrorismo anarquista en trabajos patrocinados por la Fundación Policía Española. Tópicos sin matices como, por ejemplo, recordar al García Oliver de los años de plomo que se reivindicaba entre «los mejores terroristas de la clase trabajadora», e ignorar al ministro de Justicia que puso fin al exterminio de presos políticos cuando Madrid se desangraba bajo los bombardeos de la aviación fascista.

Esta conspiración de la inteligencia oficial, saltando por encima de regímenes y gobiernos, para arrinconar al anarcosindicalismo se ha visto refutada por la tronante realidad de un pensamiento libertario vivo y vital, que resurge con nuevos bríos adoptando formas diversas. En organizaciones de perfil tradicional y radical, como CNT; mimetizándose en las nuevas realidades sociales, tipo CGT, o, lo que es más importante, afirmándose como el denominador común de muchos proyectos emancipatorios promovidos por las jóvenes generaciones. Buena prueba de ello ha sido el éxito de los actos organizados por CGT y CNT para conmemorar el centenario del anarcosindicalismo y la explosión de publicaciones, en papel y electrónicas, abiertas bajo su impronta.

Y por encima de todo, la mayor evidencia de la fortaleza del anarcosindicalismo radica precisamente en la obstinación de la democracia por inventariar su lado oscuro. Algo que unas veces logran sus publicistas, como en la exposición de Zaragoza «Tierra y Libertad. 100 años de anarcosindicalismo en España», convertida en una especie de parque temático sobre los «reyes de la pistola obrera».

Y otras se salda con un meritorio fracaso, como cuando se inauguró por suscripción popular un monolito dedicado a Buenaventura Durruti en su León natal, a pesar de la cerril oposición de todas las fuerzas vivas, con el beato presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Divar, al frente de la protesta.

Al respecto, conviene apuntar que el hecho de que en la muestra patrocinada por el gobierno aragonés, con la coordinación técnica del catedrático Julián Casanova, se escenificara con luz y sonido el asesinato de José Canalejas es un síntoma de la perseverancia de nuestra inteligencia oficial en la proscripción de lo libertario. Otro más, porque en un Madrid que aún homenajea al Caudillo y su gloriosa Cruzada por muchas esquinas, persisten muchas huellas de anarcofobia similares. En la céntrica calle Mayor, por ejemplo, ondea una placa recordando el atentado frustrado de Mateo Morral contra Alfonso XIII el día de su boda. Y si se buscan emociones mayores, sólo hay que acercarse al edificio del Senado y contemplar el conjunto monumental dedicado al asesinato de Antonio Cánovas del Castillo por un anarquista italiano para general re-conocimiento.

Concluyamos. Ni el mapa es el territorio ni sólo son recordamos los fallecidos con esquelas en los periódicos.

Tal vez sea el profesor y escritor Carlos Taibo, impulsor del proyecto Por una organización libertaria global, quien mejor ha reflejado la irresoluble contradicción entre las miserias de esa visión cegadora de la inteligencia oficial y su incapacidad para disputar el espacio público al anarcosindicalismo, «un agente vital parara frenar, en julio de 1936, el alzamiento faccioso». Como afirma el autor de Libertari@s. Antología de anarquistas y afines para uso de jóvenes generaciones, saliendo al paso de la crítica al movimiento libertario de moda en los circuitos de poder, «desmitificar siempre es saludable, hacerlo con un objeto que antes fue premeditadamente dejado al olvido constituye una operación llamativa, tanto más cuanto que sus responsables no muestran más interés en liberarse de los lugares comunes demonizatorios que ellos mismos forjaron o, en su caso, heredaron».

Los importantes cambios acaecidos desde los inicios del siglo XX exigen que el anarcosindicalismo proceda a una profunda renovación para volver a ser un instrumento de lucha tan eficaz como lo fue hasta finales de los años treinta. En un momento en que la expansión del capitalismo en toda la esfera de la vida cotidiana tiende a romper la neta separación entre el campo laboral y las demás actividades sociales es preciso construir formas organizativas que sean transversales en relación con las problemáticas laborales y sociales, fundiéndolas en un mismo entramado. Se trata de avanzar hacia una autentica hibridación donde una misma forma de lucha y de organización abarque indistintamente ambas problemáticas realizando su simbiosis.

Por supuesto, a mí también me gustaría pensar que las dificultades con las que sigue tropezando el anarcosindicalismo desde los lejanos años de la transición para aglutinar e ilusionar a un gran número de trabajadores son meramente coyunturales y que la entrega y el voluntarismo de la militancia confederal permitirán superarlas algún día. Sin embargo, son tantos los factores que mitigan esa esperanza que ya no se puede eludir la pregunta sobre la actual validez del anarcosindicalismo como instrumento de lucha para lograr una transformación radical de la sociedad. De la lucidez con la que seamos capaces de afrontar esa pregunta puede depender que en su segundo siglo de existencia el anarcosindicalismo se vea relegado a un papel meramente testimonial y residual, o que se transforme en un elemento dotado de una real capacidad de incidencia.

En efecto, si consideramos que la extraordinaria fuerza alcanzada por el anarcosindicalismo durante las primeras décadas del siglo XX se debió en buena medida a que se fraguó en el seno mismo de unas luchas directamente enraizadas en las características y en las exigencias del contexto laboral y político de esa época, también debemos contemplar que su debilidad actual provenga de cierto desfase respeto de las condiciones sociales, económicas y políticas que definen el presente.

El nuevo contexto social.

El contraste entre los cambios experimentados por un anarcosindicalismo que conserva, en lo esencial, las formas organizativas y los contenidos sustantivos que lo definían en los años treinta, y la magnitud de los cambios sociales que se han producido desde entonces es sencillamente abismal. Aunque los principios genéricos de la dominación y de la explotación se mantienen férreamente invariables en una sociedad jerárquica y socialmente injusta, son tantos los cambios que esta ha experimentado que resulta imposible relatarlos aquí y me limitaré, por lo tanto, a mencionar solamente dos de los conjuntos de cambios que dificultan, sin duda, la andadura anarcosindicalista.

El primero de estos conjuntos afecta a múltiples aspectos del mundo del trabajo que van desde la organización y las modalidades del trabajo, hasta las técnicas de gestión empresarial, pasando por los procedimientos de control e incentivación de los trabajadores, pero dentro de esta multiplicidad de cambios tan solo mencionaré algunos de los más decisivos. Por una parte, la consabida perdida de centralidad del proletariado industrial, y la progresiva disminución de su peso relativo frente al auge del sector servicios, se suman a la fragmentación de las grandes unidades de producción y al incremento de la heterogeneidad de los contratos y de las situaciones laborales para dificultar la confluencia de los intereses inmediatos de los trabajadores.

Si añadimos a esta reconfiguración de mundo del trabajo la creciente tendencia a crear capas de trabajadores en situación precaria que no encajan fácilmente en la forma clásica de la estructura sindical, vemos como se va reduciendo cada vez más el espacio laboral en el cual se dan las condiciones para el desarrollo de una actividad sindical, y más aun si esta actividad es de tipo anarcosindicalista.

Por otra parte, la mayor facilidad con la cual el capitalismo contemporáneo puede desplazar geográficamente las estructuras de producción en busca de condiciones más competitivas debilita la resistencia que pueden oponer los trabajadores frente a la degradación de sus condiciones de trabajo y fragiliza la respuesta sindical frente a medidas tales como los recortes de plantillas y de sueldos.

Además de reducir significativamente el espacio de la actividad sindical y de disminuir la fuerza que puede ejercer el movimiento obrero estos cambios apuntan a la dificultad, por no decir la imposibilidad, de que una organización anclada básicamente en el ámbito laboral, como lo es por definición la organización anarcosindicalista, pueda alcanzar la potencia necesaria para impulsar una transformación del conjunto de la sociedad.

Paralelamente a las modificaciones que afectan al mundo del trabajo un segundo conjunto de cambios tiene que ver con la constitución de la sociedad-red, con los nuevos dispositivos tecnológicos, y con lo que algunos han dado en llamar la modernidad liquida. Este conjunto de cambios articula unas condiciones sociales y políticas que requieren y que suscitan unas formas de lucha distintas de las que caracterizaron las luchas obreras, sindicales y políticas en el pasado. Hemos visto recientemente en Túnez, en Egipto y en otros países de esa área geopolítica el papel desempeñado por las nuevas tecnologías en unas movilizaciones populares cuyo éxito descansa más sobre el carácter multitudinario de las convocatorias que sobre la capacidad de paralizar la producción, ya lo habíamos visto anteriormente en Seattle o en las elecciones generales tras los atentados del 11M, como también hemos podido apreciar hace bien poco el papel desestabilizador de Wikileaks, o la fuerza de Anonymous. Pero lo que quiero referir aquí es solo uno de los efectos de este conjunto de cambios, se trata de la creciente dificultad para constituir y mantener organizaciones de lucha que sean estables y duraderas.

No es solamente que los espacios donde cristalizan los enfrentamientos sociales se hayan esparcido fuera del ámbito laboral por todo el tejido social, es, además, que las estructuras sobre las que se asientan muchas de las luchas, sobre todo en las sociedades occidentales, se han vuelto fluidas y movedizas. Podemos lamentarlo pero es un hecho que los núcleos activistas suelen ser efímeros, inestables y cambiantes. Su tiempo de permanencia se agota generalmente en el corto plazo como si estuviesen marcados, ellos también, por las características de esa modernidad líquida en la que ya hemos entrado y donde todo fluye con creciente rapidez. Es como si se viesen arrastrados por la misma velocidad de cambio que se impone a los objetos de consumo o a las posiciones laborales. El anarcosindicalismo contemplaba la necesidad de organizaciones estables con afiliaciones duraderas y masivas pero no parece que sea precisamente ese el tipo de organización que se corresponde con las nuevas circunstancias sociales. En posible que la volatilidad y la fluidez de las estructuras de lucha sea ya un hecho irreversible e incluso que se vaya acentuando con el tiempo, podemos lamentarlo y derrochar esfuerzos para intentar aglutinar la militancia en unas estructuras fijas, pero también deberíamos pensar en cómo adaptar nuestras formas de luchar a esa nueva realidad.

Por fin, las dificultades con las que topa el anarcosindicalismo no provienen únicamente de las modificaciones estructurales acaecidas en el mundo del trabajo y de la transformación de los escenarios y de las formas de las luchas, sino que provienen también de los cambios que han afectado al imaginario subversivo. El imaginario anarcosindicalismo se basaba en la convicción de que serían los trabajadores quienes protagonizarían una revolución social que se anunciaba como inevitable y que estaba llamada a abarcar la totalidad de la sociedad. Hoy esa convicción ha desertado casi por completo el imaginario popular y la perspectiva de una revolución social protagonizada por el proletariado ha perdido toda credibilidad. El actual imaginario subversivo no solo ha dicho adiós al proletariado como sujeto revolucionario, sino que también se ha despedido de la revolución pensada como un evento brusco situado en el horizonte de un trayecto que solo tiene sentido si conduce hacia él. Para el nuevo imaginario subversivo ya no existe un sujeto revolucionario claramente definido y la revolución ha dejado de ser un evento y una meta situados en el futuro para pasar a ser una dimensión que se encuentra presente en cada acción que consigue arrebatar algún espacio a la dominación y logra subvertir algún dispositivo de poder. Las acciones no son revolucionarias en función de que nos vayan acercando progresivamente al momento de un estallido social generalizado y definitivo, sino en función de lo que se consigue y lo que se vive, aquí y ahora, en el proceso mismo de esas acciones.

Este cambio respeto al imaginario de los años treinta es especialmente relevante para el anarcosindicalismo porque era precisamente la perspectiva de una transformación revolucionaria de la sociedad protagonizada por los trabajadores la que daba sentido al conjunto de su proyecto. ¿Se puede sostener un anarcosindicalismo desprovisto, no del deseo de una transformación radical de la sociedad, este deseo es absolutamente irrenunciable, pero sí de la idea clásica según la cual la finalidad de las luchas consiste en organizar y en concienciar a los trabajadores para llevar efectivamente a cabo la revolución social?

El reto para el anarcosindicalismo

Está claro que frente a las nuevas condiciones sociales el anarcosindicalismo deberá ser capaz de proceder a una profunda renovación si quiere volver a ser un instrumento eficaz para incidir en la sociedad. Más tarde o más temprano será preciso desembocar sobre un nuevo concepto de organización que responda a las nuevas coordenadas del siglo XXI. ¿Qué forma tomara esa nueva organización? Obviamente, resulta imposible prefigurar un tipo de organización que nacerá desde las luchas y que, por lo tanto, se irá dibujando en la práctica, pero lo que sí es factible es caminar en la dirección adecuada y para ello se pueden vislumbrar algunas pistas.

Pero evitemos malentendidos, no se trata ni de abandonar las prácticas anarcosindicalistas que desarrollamos en la actualidad, ni mucho menos de desmantelar lo

que ya se ha construido, a la espera de hipotéticos nuevos instrumentos de lucha. Está claro que hay que seguir volcando esfuerzos en ampliar tanto como sea posible el espacio ocupado por la organización anarcosindicalista en el mundo del trabajo y fortalecerla tanto como se pueda. Además, resulta que las medidas que está tomando el capitalismo estos últimos años para hacer retroceder las conquistas sociales, para desregular el mercado laboral y para empeorar las condiciones laborales contribuyen a ensanchar de manera significativa la receptividad ante propuestas sindicales más radicales, con lo cual el espacio para una organización anarcosindicalista se amplía en el corto plazo y sería insensato desaprovechar esta oportunidad para impulsar el crecimiento de la organización.

Ahora bien, desde una perspectiva a medio y largo plazo la deseable expansión de nuestra organización no debería constituir un objetivo prioritario. En un contexto social marcado por la amplitud y la aceleración de los cambios, la prioridad no puede consistir en crecer sino en transformarnos.

La prioridad debe ser la de construir el instrumento adecuado a los nuevos tiempos, y es claro que en su forma actual la organización anarcosindicalista no es el instrumento que estos nuevos tiempos requieren, y que la tentación de limitarnos a fortalecer y ampliar la organización podría constituir un error fatal de cara al futuro.

Dicho con otras palabras, lo prioritario no es ocupar un espacio laboral que, aunque aún tiene cierto margen de expansión, también tiene unos límites que se irán estrechando cada vez más con el paso del tiempo, sino que consiste en saber conectar con el nuevo espacio alternativo que se está creando y contribuir a construirlo para que llegado el momento el anarcosindicalismo pueda fundirse en ese nuevo espacio subversivo y en las nuevas formas de organización y de luchas que hayan emergido.

Las pistas se hallan en nuestro pasado: profundizar en la hibridación.

Nuestra prioridad debe ser la de conectar con las exigencias del presente y anticipar el futuro, pero resulta que la memoria de las luchas pasadas aporta a veces valiosos elementos para vislumbrar los caminos a seguir, y en el caso del anarcosindicalismo esto es efectivamente así.

Lo es porque resulta que las nuevas condiciones sociales requieren unas formas de lucha cuyas características ya se perfilaban en ese anarcosindicalismo de las primeras décadas del siglo XX que siempre desbordó la esfera estrictamente laboral y que supo efectuar una hibridación entre la acción social y la acción sindical.

La diferencia es que esa acción social que en el primer tercio del siglo XX era algo así como un valor añadido que acompañaba una acción predominantemente sindical se perfila hoy como un elemento que está llamado a disolver la propia separación entre ambos tipos de acciones. En efecto, aunque el anarcosindicalismo de los años veinte y treinta comportaba una importante vertiente de acción social, su estructura básica era sin embargo de carácter marcadamente sindical, y es precisamente esa estructura corporativa centrada en el mundo del trabajo la que irá perdiendo sentido en los tiempos futuros.

Por supuesto, el fin del mundo del trabajo no se perfila en ninguno de los escenarios que podamos contemplar y, por lo tanto, seguirá existiendo una conflictividad laboral que deberá ser alimentada y radicalizada por quienes rechazamos la actual configuración de la sociedad. Pero puede que las nuevas características del trabajo y de las condiciones laborales marquen la obsolescencia de la estructura sindical y requieran otras formas de organización que sean transversales en relación con la problemática laboral y con la problemática social, fundiéndolas en un mismo entramado.

No se trata de descuidar los problemas laborales para pensar únicamente en términos de activismo social, al contrario, se trata de avanzar hacia una auténtica hibridación donde una misma forma de lucha y una misma forma organizativa abarquen indistintamente ambas problemáticas, realizando su simbiosis.

Podemos encontrar algunas razones que avalan esta línea de pensamiento en el hecho de que la propia expansión del capitalismo en toda la esfera de la vida social tiende a romper la neta separación entre lo laboral y lo social. En efecto, estamos asistiendo desde hace ya bastantes años a un fenómeno de totalización capitalista que extiende la lógica del mercado y del beneficio económico a todos los aspectos de la existencia humana, infiltrando y colonizando nuestros deseos, nuestro imaginario, nuestras motivaciones, nuestras relaciones sociales y, en definitiva, nuestro modo de existencia. El capitalismo juega sus cartas simultáneamente en el tablero de lo laboral y en el de lo social, desdibujando cada vez más sus fronteras.

Así, por ejemplo, en la esfera laboral el capitalismo procura sacar provecho de todas las facetas de la persona contratada, no se limita a utilizar sus habilidades técnicas o su fuerza de trabajo, sino que procura movilizar la totalidad de sus recursos, es decir, sus motivaciones, sus deseos, sus angustias, sus recursos cognitivos y sus lazos afectivos para obtener mayores rendimientos. Mientras que, fuera de la esfera propiamente laboral, resulta que son todas las actividades que el trabajador lleva a cabo al margen de su puesto de trabajo las que son instrumentalizadas por el capitalismo para que produzcan beneficios, ya sea en el ámbito de la salud, en el de la educación, en el de los cuidados, en el del ocio, por no mencionar, claro está, la vorágine consumista. No es la economía la que es capitalista es toda la sociedad, y es nuestra propia vida la que se encuentra apresada por su lógica, por sus parámetros y por sus valores.

Ante esta realidad la conclusión parece imponerse con claridad: puesto que el capitalismo trasciende el mundo laboral, desdibuja su especificidad y expande su propia lógica a todo el ámbito de lo social, nuestra lucha contra el capitalismo debe trascender, ella también, el mundo laboral y adoptar unas formas que abarquen la realidad social en toda su extensión.

La necesaria diversificación de los terrenos de intervención de nuestras organizaciones, y la indispensable polivalencia de sus luchas, cobran una relevancia aun mayor cuando observamos la proliferación de las interconexiones que el capitalismo está tejiendo entre los distintos componentes de la realidad social a nivel mundial sin que importen ni las distancias ni los lugares ni los aspectos de la realidad que se ponen en relación. Si todo está cada vez más estrechamente interconectado, si lo global marca las coordenadas de nuestra época tanto en lo económico como en lo político, entonces también hace falta imprimir a nuestro modo de luchar y de organizarnos el sello de una perspectiva global que interconecte los diversos frentes de lucha.

Algunos pasos que se pueden dar en el momento actual

Basta con mirar a nuestro alrededor para ver que por fuera de las estructuras del sindicalismo alternativo y de las minúsculas organizaciones políticas radicales, se está moviendo una rica pluralidad de núcleos activistas que abarca desde movimientos sociales puntuales como durante el período de la guerra de Irak, hasta organizaciones ecologistas, parados, colectivos de trabajadores precarios, asociaciones vecinales, núcleos de economía alternativa, cooperativas, asociaciones de emigrados, jóvenes sin vivienda propia, cyberactivistas, prensa, radio y editoriales alternativas, ateneos, asociaciones memorialistas, colectivos que luchan contra las más diversas discriminaciones, centros ocupados etc. etc. El anarcosindicalismo deberá mezclarse con las variadas formas de resistencia que se encuentran esparcidas por todo el tejido social para inventar conjuntamente nuevas formas de lucha.

No resulta fácil vislumbrar cual será el resultado sobre el que desembocará el proceso de hibridación y la forma concreta que esta tomará, pero si se pueden intuir cuales han de ser los pasos que conviene dar para que la hibridación se produzca efectivamente y para que se fragüe la osmosis entre lo laboral y lo social.

Desde luego, esos pasos no van en dirección a construir un cajón de sastre y a abrir la organización anarcosindicalista para que pueda dar cabida hoy a todos los activismos.

Por una parte, es obvio que las dificultades para establecer unas estructuras de debate y de decisión que fuesen comunes desembocarían sobre la más absoluta inoperancia.

Por otra parte, resulta que la dispersión de los núcleos activistas en tantos lugares del tejido social como sea posible constituye uno de los activos más importantes de las luchas subversivas. Y resulta, además, que las perspectivas de futuro no apuntan hacia una forma de organización que disponga de estructuras fijas y estables, aunque solo sea porque la aceleración del ritmo de los cambios y de los acontecimientos exige una rapidez de adaptación y de reacción que solo pueden proporcionar las redes.

En el momento actual los pasos que conviene dar consisten simplemente en crear las condiciones adecuadas para favorecer el proceso de hibridación. No es suficiente con que los militantes anarcosindicalistas estén presentes, como suele ser frecuente, en las actividades de otros núcleos activistas además de los propiamente sindicales. Se trata de que la organización anarcosindicalista sea, ella misma, un factor de sinergia, de vigorización y de multiplicación de las diversas resistencias, volcando explícitamente sus esfuerzos en la creación de un denso tejido de conexiones con los componentes del espacio alternativo. Se trata de fomentar la interacción, el intercambio, el roce, la producción de pensamiento en común, la confluencia en la acción, la participación en experiencias comunes, multiplicando las ocasiones para compartir solidaridades. En esta línea, como ya lo está haciendo Rojo y Negro, nuestras publicaciones deben cubrir todos los campos de la conflictividad social, dando voz propia a tantos núcleos activistas como sea posible, y nuestras acciones deben desbordar sin reservas el ámbito estrictamente laboral, como ya ocurrió por ejemplo con la reciente huelga del consumo. Pero sería un error garrafal plantear esta apertura sobre el activismo social simplemente como un medio para suscitar simpatías y para atraer militantes que refuercen la incidencia de la organización anarcosindicalista en el mundo del trabajo. Esa apertura debe ser impulsada por su propio valor, porque constituye, en sí misma, una forma de lucha y porque representa una de las condiciones para que el anarcosindicalismo avance hacia su necesaria transformación.

Daniel Parajua – Antropólogo y Profesor de Enseñanza Secundaria

David Seiz – Doctor en Historia

La construcción de una memoria resulta esencial en la configuración de la imagen que las comunidades se hacen de sí mismas. El anarquismo ha construido la suya esquivando a menudo la memoria que sobre él han hecho otros, defendiendo su propia memoria desde la militancia y disponiéndola como modelo de transformación. Es difícil entender la imagen que el anarquismo tiene de sí, sin reparar en el uso que se ha hecho de la historia del movimiento libertario y en el cultivo de una memoria elevada sobre hechos, figuras y mitos determinados.

«Articular históricamente lo pasado no significa ‘conocerlo como verdaderamente ha sido’. Consiste, más bien, en adueñarse de un recuerdo tal y como brilla en el instante de un peligro. /…/ El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza sólo le es dado al historiador perfectamente convencido de que ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence. Y ese enemigo no ha cesado de vencer.»

Walter Benjamin. – Tesis sobre el concepto de Historia. Tesis VI

A contrapié de los usos comunes, la historia del anarquismo es una historia de derrotas, de esperanzas truncadas, de rupturas y de breves e intensos gestos. El carro triunfal de los vencedores, vehículo habitual de los grandes relatos históricos, es para el anarquismo una conmemoración de las experiencias que pudieron ser y no fueron, fogonazos de gloria arrumbados en los márgenes de la historia.

A diferencia de otras ideologías, el anarquismo no ha tenido influyentes herederos que definieran su memoria y el discurso oficial lo ha condenado a la excentricidad, la excepcionalidad o una ingenuidad purista o desesperada.

Empeñado en romper ese discurso, el anarquismo ha procurado escribir su propia historia, una «historiografía militante» tal y como la define Susana Tavera (TAVERA, 2002) capaz de contrarrestar los olvidos de la historia académica y de cuyos esfuerzos son ejemplo los esfuerzos de algunas editoriales, un puñado de librerías y fundaciones vinculadas al sindicalismo anarquista, como la Anselmo Lorenzo o la Salvador Seguí.

Toda comunidad precisa de una memoria, un relato que dé sentido al presente a través de apropiarse y reconocerse en el pasado. La memoria se construye sobre imágenes, sobre objetos, sobre la reclamación de ciertos personajes o de ciertos acontecimientos. La elección de los mismos no es casual y se establece desde las necesidades de un presente que se reconoce en ellos y que a través de ellos trata de construir un relato coherente. En esa construcción no faltan individuos carismáticos, una lista de cuentas pendientes, un catálogo de traiciones, de engaños y de villanías y por supuesto, una nómina de enemigos declarados u ocultos. Los símbolos y las conmemoraciones, como ésta en la que estamos, completan ese edificio inmaterial donde habita el recuerdo, donde nos reconocemos y donde acudimos a buscar las esencias de nuestra comunidad.

La construcción de la Memoria

Ciertamente la cuestión de la memoria es abordada desde muy diversas ciencias y disciplinas que, a su vez, contienen infinitas perspectivas y puntos de análisis. Se trata de un asunto de gran importancia política que se sitúa en el centro mismo de las luchas por imponer las versiones legítimas de la realidad, en sus versiones del pasado, y en sus justificaciones del presente.

Desde las primeras civilizaciones, los poderosos han procurado reescribir el pasado, seleccionar los recuerdos, transformarlos y recomponer historias que justifiquen su estatus de dominación. Este juego, sin duda de grandes efectos para nuestra vida cotidiana, puede ser analizado desde la psicología, el derecho, la moral y la ética, la lingüística y la literatura, el arte, la filosofía, la geografía y, como no, la historia y la historiografía. En realidad, prácticamente todas las disciplinas que toman por objeto al ser humano tratan la cuestión de la memoria de alguna manera y lo hacen desde perspectivas teóricas e ideológicas muy diversas. Así lo hace también la sociología y la etnología que, insertas también en las luchas entre los dominantes y los poderosos con los grupos de impugnación de la dominación, nos pueden ofrecer una interesantes aportaciones, bien a partir de sus programas más críticos, bien debido a la peculiar manera en que diseñan sus técnicas de análisis, mucho más cualitativas y basadas en un contacto prolongado e intenso con las personas.

En primer lugar, desde una propuesta crítica, estas disciplinas abordan necesariamente el cuestionamiento de los propios procesos sociales y culturales por medio de los cuales reconstruimos la memoria, en lo que constituye todo un ejercicio de ruptura con los lugares comunes o del «sentido común», algo nada fácil de acometer dada la potencia que tiene nuestra sociología espontánea y sus verdades asentadas por la lógica mediática o por la política hegemónica. Así, desde esta perspectiva, la memoria es reconstruida permanentemente y tiene mucho que ver con el presente, que es donde se pone en juego, en medio de un contexto de luchas políticas desiguales.

Ese ejercicio de reconstrucción social y cultural remite a unos modelos de narración y a unos marcos para su comprensión y explicitación. Cabe preguntarse, pues, cómo se elabora esa memoria, cómo se hace con el olvido, qué significados les otorgan los grupos y las personas, en qué universos simbólicos se inscriben y a qué lógicas narrativas se adhieren. La propuesta etnográfica parte, por lo demás, de la base que las formas del recuerdo y de coherencia de los relatos varían culturalmente.

Una segunda fase tiene que integrar este primer estudio en el contexto de las luchas ideológicas y de poder.

Para ello será necesario acometer la reconstrucción de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales en que se produce esta reconstrucción. En el contexto de las relaciones de poder y las fricciones entre grupos, qué modelos narrativos son legítimos y cuáles no: se trata de un ejercicio de explicitación de las pautas estructurales que subyacen en un determinado conjunto de procesos sociales (Bertaux).

Entendido así el análisis etnográfico y sociológico, cualquier intento de acometer la cuestión de la memoria tiene que hacerse adoptando el trabajo de campo como instrumento básico de acercamiento a la realidad de las gentes y los grupos. Un punto nada anecdótico, ya que una apuesta seria por abordar las versiones de las personas, lo que piensan, recuerdan, explican y obvian, nos aporta una importante cantidad de información presidida por una característica poco habitual en el estilo de pensamiento del sentido común: las ambivalencias, ambigüedades, contradicciones y fricciones entre datos, opiniones y sucesos. La narración misma de un pasado sin fisuras ni contradicciones debe tomarse como objeto de estudio y, por tanto, cualquier discurso acerca del pasado (sea la memoria individual, sea el intento de aclarar parte de nuestra historia común) conlleva la necesidad de remontarnos a las condiciones de producción de los discursos (con sus elementos en juego, de poder, de clase, de género…) y a las condiciones estructurales (políticas, económicas…) de los modelos de verdad.

La opción de «dejar hablar a la gente», atractiva en primera instancia, no es inocente ni inocua. A la hora de comprender desde dónde las gentes construimos nuestros discursos es necesario introducir importantes dosis de reflexividad, por ejemplo en el papel del encuestador: tan importante como atender a lo que nos dice la gente es comprender desde dónde hacemos las preguntas (por ejemplo, a la hora de imponer modelos dominantes burgueses o esquemas del «sentido común»). Teniendo esto en cuenta, abordaremos un análisis situado de las personas y grupos que exponen versiones del pasado (sean historiadores, grupos políticos o personas que narran su vida); como señalara Bourdieu, para comprender una trayectoria, de una persona —o de un grupo—, hay que reconstruir los estados sucesivos del campo social en el que se ha desarrollado ésta, el conjunto de relaciones objetivas que unen a un individuo o un grupo y su vinculación con otros agentes sociales.

En definitiva, la etnología contiene un programa de trabajo que reflexiona acerca del valor referencial de la información —¿se habla de lo que se dice?—, introduce cuestiones sobre los procedimientos culturalmente mediados de construcción del sujeto, sobre los esquemas y modelos culturales que organizan la información, el uso de tropos —metáforas y metonimias, sobre todo, que siempre son algo más que adornos estilísticos— estereotipos discursivos y modelos narrativos. Lejos de elaborar imágenes nítidas y unidireccionales, este análisis nos servirá para reconstruir lo más fielmente posible la complejidad de las trayectorias humanas en el tiempo, poniendo en cuestión uno de los puntales del pensamiento occidental que organizan más claramente nuestra vida cotidiana: aquel que señala que la vida es un recorrido en el que nuestros actos guardan coherencia —seamos o no conscientes de ello—. Desde el punto de vista metodológico, un trabajo de carácter crítico que se base en historias de vida pueden poner en cuestión las generalizaciones y dar la oportunidad de abordar las ambigüedades, las contradicciones, la falta de coherencia de las vidas y los sucesos, matizando así las grandes narraciones. Y todo este programa de trabajo que ubica social y culturalmente la reconstrucción de la memoria nos abre las puertas para un análisis crítico porque desenmascara y objetiva los recursos narrativos legitimadores, efectivos, con efecto de verdad o que componen el régimen de verdad en una sociedad y en un momento dados y, con ello, los modelos dominantes y de los dominantes; además invita a tener en cuenta el contexto general del relato, tanto en lo relativo al momento en que se produjeron los hechos como ahora, cuando se hace necesario realzar o no un tipo de relato sobre aquellos hechos. Al fin y al cabo, se explicitan los juegos y luchas por imponer versiones legítimas del pasado, bien relativos a las biografías de las personas y los grupos, bien relativos al conjunto de una sociedad.

A un nivel más concreto, si se trata de abordar críticamente algunas de las narraciones que realizamos acerca de nuestro pasado y la nuestra historia más reciente, puede resultar de interés tener en cuenta algunos elementos a objetivar —es decir cuestionar y no tomar como pruebas de realidad o de veracidad— para ese análisis.

Por ejemplo, en nuestro contexto cultural domina el modelo lineal y, más concretamente, el de la línea recta (Lizcano) en el cual se ubican los sucesos; en ese entramado básico que damos por sentado es donde pretendemos insertar los hechos y sucesos con coherencia, aún cuando la vida que llevamos y la que protagonizan los grupos humanos está llena de incoherencias. En ese mismo esquema impera el modelo hegemónico burgués, masculino y occidental que pretende señalar a determinadas vidas como hechos singulares, originales y separados del resto, aún cuando las vidas individuales se asemejan, en muchos aspectos, a las de otros individuos y en este presupuesto se ignora la potente marca de clase en la estructura narrativa. Esta pretendida —e interesada— singularidad se apoya en la confusión entre sueños, opiniones, convicciones y posturas tendenciosas que filtran la memoria y plantean serios problemas para distinguirla de la imaginación –ambas hacen presente algo ausente-.

Contenido también en este modelo narrativo de los dominantes se encuentra el uso, muy frecuente, de la falacia de la atribución de motivos a los hechos y sucesos que protagoniza la gente, especialmente las personas que se señalan como protagonistas de la historia. Así, es frecuente encontrar variaciones sobre este esquema que señalan a las vidas de las gentes y los hechos históricos como productos finales, o bien como un motor de otros hechos sociales, así como símbolos de una época, ejemplos de una situación global o resumen de toda una cadena de acontecimientos.

En estos modelos narrativos del pasado, las clases dominantes y sus protagonistas se ubican en posiciones de gran dinamismo ante los hechos sociales y las masas proletarias, el lumpen o los dominados aparecen representadas como masas informes que componen grupos caracterizados en términos generales. En todo caso, si algún individuo destaca de entre los dominados es para contener en él los estereotipos del grupo. Si el individuo burgués occidental es emprendedor y dueño de su historia, el proletario es un engranaje de la misma y se encuentra sometido a los vaivenes de la misma. Las narraciones de las vidas pasadas de los dominantes incluyen buenas dosis de azar o casualidad, de acontecimientos conscientes y de heroicidades, modalidades todas ellas que se ponen en juego en el presente de manera interesada en el contexto de las luchas por la legitimidad de las narraciones del pasado.

Insistiremos en la idea: la vida y la historia de los otros, extraños, marginados, heterodoxos, rebeldes, adversarios y derrotados se cuenta en base al modelo hegemónico dominante, que en el contexto cultural occidental modelo incluye elementos como el protagonismo y centralidad del individuo, que dibuja su propia imagen y va unida a esa idea de la originalidad de cada vida, que se relaciona con la creciente atomización de la esfera de los social y desvinculación de los individuos a grupos de pertenencia —clase— para pasar a formar parte de grupos flotantes y variables definidos por los expertos. Ahí impera, como se ha señalado, el personaje histórico asociado al individualismo occidental, burgués, masculino, que corresponde a lo que Gusdorf denomina individuo post-copernicano. El régimen de verdad hegemónico se impone en la reconstrucción de la memoria y propone los modelos narrativos que expertos y técnicos refuerzan y difunden.

Por tanto, la reconstrucción de la memoria se produce en un contexto de luchas desiguales por exponer —e imponer— narraciones legítimas o lo que Gagnier llama articulaciones estratégicas de juegos de poder lingüístico.

Explicitar la potencia de las estrategias de los dominados no es una invitación al derrotismo sino más bien un ejerció necesario para acometer la impugnación de esas verdades asentadas sin cuestionamiento. En realidad, tal y como señala Gagnier, siempre ha habido obstáculos para una memoria proletaria. No es nuevo señalar que las mujeres, los proletarios, los esclavos o el lumpen han encontrado siempre serios problemas de autodesignación en el escenario de las luchas por exponer e imponer historias y son grupos permanentemente sometidos a lo que Ricoeur, junto a De Bouvoir, llama heterodesignación.

Cualquier trabajo de reconstrucción de la memoria del proletariado en general, o del anarcosindicalismo en particular, no son meros ejercicios de recuerdo y de organización de datos sino que se inscriben en las luchas presentes por legitimar un statu quo o por finiquitar proyectos revolucionarios, o por reactivarlos e impugnar ese estado de las cosas asentado como verdad inamovible. Hoy, esta cuestión es de enorme calado estando como estamos inmersos en un proceso en el que las clases dominadas están sufriendo un extenso proceso de desproletarización, tal y como señala Wacquant, y donde los grupos dominados son progresivamente atomizados, redefinidos, acotados y parcializados. No es, por tanto, anecdótica la lucha política por hacerse con la portavocía del pasado, que filtre olvidos y reconstruya la memoria para dar coherencia a los relatos del presente, aquellos que nos hablan de un «nuevo escenario económico», de la «globalización», de la «flexiseguridad » o de la necesidad de «apretarnos el cinturón», por poner algunos ejemplos a mano.

Pasemos pues, una vez esbozado este marco, a desarrollar un breve análisis de distintos tipos de construcciones de la memoria del anarquismo, todas ellas con un tipo de interpretación del pasado pero también con una postura muy concreta respecto a su presente y aún su futuro. Estas construcciones se alinean en torno a tres ejes dispares e incluso contradictorios y se inscriben en un contexto político, el actual, mediático y cultural en el que, no lo olvidemos, viene siendo difícil establecer discursos emancipatorios y contestatarios. Veamos cómo se exponen estas narraciones en ese contexto donde parece que se dan por finiquitados los proyectos revolucionarios a la vez que se siguen buscando resquicios para la impugnación de los dominantes y poderosos.

La Memoria Anarquista. Tres modelos en la bibliografíaa más reciente

La memoria del anarquismo se ha elevado sobre tres modelos que se complementan y que a veces resultan contradictorios. En primer lugar y a menudo desde la historia oficial el anarquismo ha sido tildado de ideología de «chiflados», una ideología caducada y de breve relevancia histórica. No son otras las conclusiones a las que llega la reciente obre coordinada por Julián Casanova. En segundo lugar encontramos una memoria libertaria que desde la militancia y como reacción a la primera, hace una narración idealizada ensalzando los proyectos, construcciones e ideales del anarquismo de hace un siglo. Este relato a menudo rayano en un misticismo laico que encarece el peso de los ideales libertarios es esencial para entender buena parte de la bibliografía sobre el anarquismo y juega un papel fundamental en la memoria del movimiento libertario. Encontramos aquí obras de muy diferente intención y fundamento, desde los primeros encargos historiográficos de la propia organización, a la abundantísima literatura autobiográfica. A medio camino entre la historia y la militancia, intentan encontrar un camino que sin escamotear las simpatías desde las que se escriben tengan la solidez histórica precisa para contrarrestar en el mismo campo el discurso dominante. Las biografías de las grandes figuras del anarquismo, completan un género que a veces se acerca más a la hagiografía que a la historia, «docudramas» que sin falsear el discurso histórico ponen su peso en la inmediatez de lo emocional. Por último la tercera de las formas en las que la memoria anarquista se construye, pretende subrayar la pervivencia de las esencias del anarquismo en los movimientos sociales del presente, heterogéneos y dispersos, y que tuvieron en los albores del anarquismo sus primeras manifestaciones. El movimiento libertario es aquí la esperanza de una izquierda desarbolada que busca en él estrategias y modelos capaces de escapar de la trampa histórica tendida por el socialismo real y la socialdemocracia. Un excesivo ensanchamiento de los ideales anarquistas lleva en este modelo a convertirse en un vago libertarismo bajo cuya bandera se acogen propuestas diferentes, a veces contradictorias pero con cierto aire de familia. Aquí las palabras pierden significado, ejercen de anarquistas quienes no se plantean esa etiqueta mientras quienes a menudo mantienen la marca, se pierden en simplificaciones que sin pretenderlo se alejan de los fundamentos del Ideal.

El libro coordinado por Julián Casanova, Tierra y Libertad; Cien años de anarcosindicalismo en España, escrito a propósito de la exposición celebrada en 2010 en Zaragoza con el mismo nombre, responde al primero de los modelos. En este título que recoge la colaboración de un número notable de especialistas en diferentes aspectos del anarquismo hispano, curiosamente las alharacas conmemorativas terminan por levantar acta de defunción del anarquismo. En la introducción al libro Casanova comienza con una frase que resuena como un aldabonazo.

«OCHENTA AÑOS. ESO ES lo que duró la semilla, la siembra y la cosecha anarquista…»(sic., las mayúsculas en el original).

La consideración de «anormalidad» y de «excepcionalidad » del arraigo del anarcosindicalismo en Barcelona —«lo normal hubiera sido el socialismo, la ‘doctrina científica’ que necesitaba el proletariado»— y todo esto en la primera página, parecen cumplir todas las prevenciones que desde el movimiento libertario se han tenido sobre el papel de la «academia» en la construcción de su historia.

Aunque no cabe discutir al profesor Casanova la riqueza y profundidad de sus estudios sobre el anarquismo hispano, la normalidad del socialismo y la anormalidad del anarquismo parecen términos con una carga valorativa que extrañan en una obra que con estas afirmaciones conmemora el anarquismo enterrando al conmemorado.

Resulta inquietante la repetición de la tesis del coordinador en el artículo de Álvarez Junco, que finaliza su repaso de la «filosofía política del anarquismo español» con otra sorprendente predicción: «La secularización de la sociedad española, por un lado, y por otro la fuerte expansión y relativa modernización de los servicios públicos, con el correspondiente crecimiento del Estado, del que hoy es imposible pensar en prescindir, serían las claves que explicarían la erosión de la influencia anarquista. Y esos mismos cambios políticos y culturales convierten en muy poco probable que los años venideros sean de nuevo testigos de un fenómeno similar al anarquismo clásico. Algo muy distinto es que existan núcleos libertarios en universidades o en medios artísticos minoritarios. La presencia del ‘ácrata’ sólo confirmaría que han pasado a la historia los viejos ‘anarcosindicalistas’».

La tesis defendida por Casanova y Álvarez Junco sobre la pervivencia del anarquismo en el presente y su reducción a una fenómeno histórico cuya presencia marginal y anecdótica, están relacionadas con la idea de excepción hispana en la Historia de los movimientos sociales. La historia juega a la contra del movimiento libertario que queda al margen tanto de las construcciones políticas del socialismo real, como de las dinámicas reformistas y pactistas de la socialdemocracia. Esa concepción de lo real y lo posible, orilla la propuesta anarquista y la convierte en una suerte de «alternativismo», una fiebre de juventud despistada, común a la reacciones poco estructuradas y de poco recorrido de algunos movimientos sociales.

A la contra de esta historia oficial u oficializada, la historiografía militante es mucho más amable con el pasado del movimiento, y más allá de las virtudes históricas que tiene o de las taumatúrgicas que también, es sin duda un elemento esencial para conocer el anarquismo presente, sus debates y sus esperanzas. Entre las publicaciones más recientes, Anarquistas de Dolors Marín recoge en buena medida esta mirada hacia atrás amable y transitando por aspectos poco conocidos del asociacionismo anarquista y de algunos de sus centros de interés. El estudio de Dolors Marin, desde la sensibilidad por la recuperación de una memoria silenciada por la historiografía oficial, acude a fuentes primarias diversas en las que la entrevista, la memoria escrita, las hojas sueltas y la autobiografía ocupan un amplio espacio. A partir de ahí la autora hace un retrato de un anarquismo colectivo y anónimo que huye del análisis dominante en los ambientes universitarios, donde, a su juicio, «sólo tienen sentido las memorias de los militantes vinculados a la acción política destacada —y ligada a cierto tipo de violencia— o que ocuparon cargos relevantes. Los anónimos que formaron legión y que fueron la base del amplio movimiento anarcosindicalista español parecen doblemente condenados al olvido».

La reconstrucción del imaginario social cultural y político del anarquismo nos permite alejarnos de la idea habitual sobre la naturaleza del movimiento libertario.

La reclamación de la educación como principal palanca de transformación del individuo y la búsqueda de ese «hombre integral» (un concepto del siglo XIX muy querido para los anarquistas de la época), que habría de ser la esencia verdadera de la transformación social que se pretendía, forman parte esencial del programa del anarquismo retratado por Dolors Marin. La importancia que la autora da a esta educación anarquista está en la capacidad de la misma de dotar a sus protagonistas de las herramientas necesarias para comprender el mundo e intentar transformarlo. Ateneos, bibliotecas obreras, y una larga serie de iniciativas desde el naturismo al vegetarianismo, pasando por el internacionalismo pacifista, la lucha por la emancipación femenina o la educación sexual, forman parte de esta historia olvidada que sin embargo tiene la relevancia de forman parte todavía de las reclamaciones e iniciativas del presente. La amplitud de la mirada que nos ofrece la autora es magnífica y nos lleva a una visión del anarquismo lejana de las negruras del pistolerismo, de los dramas rurales y urbanos corrientes en otras historias del anarquismo. Sin duda la obra de la autora catalana es un relato amable y esperanzador, por más que la ruina de estas iniciativas provocada por la guerra Civil y la postguerra nos dejen ese amargo sabor de proyecto truncado.

El valor de esta memoria positiva y orientada a encaramarse al futuro, contrasta con el sabor que nos dejan otras obras como la Carlos García-Alix, El Honor de la injurias: Busca y captura de Felipe Sandoval, que refleja esa visión oscura de una vida marginal tan del gusto de ciertas visiones sobre el anarquismo. Las biografías anarquistas acuden a estos contrastes, los hombres que elevados sobre la iniquidad resisten y dignifican la Idea a través de su actuación personal, o la de aquellos que apoyados en la marginalidad terminan encarnando ese rostro siniestro del movimiento libertario que alimenta su peor imagen y a menudo la más celebrada. Las biografías sobre los grandes protagonistas del anarquismo hispano han edificado una suerte de patrología anarquista que es parte esencial de la bibliografía sobre el movimiento libertario y forma parte de la esencia de su memoria. Algunas de las más recientes, como las dedicadas a Federica Montseny (las de Susana Tavera o la de Irene Lozano), la novelada biografía de Melchor Rodríguez El ángel rojo» de Alfonso Domingo, o la biografía de Cipriano Mera del reciente largometraje de Valentí Figueres Vivir de pie (2009), son ejemplos de este género hagiográfico que alcanzó su máxima expresión en El corto verano de la anarquía; Vida y muerte de Durruti de Hans Magnus Enzensberger.

En último lugar hay una memoria empeñada en descubrir el anarquismo presente impugnando su obsolescencia desde la práctica de nuestros días. Félix García Moriyón hablaba en Senderos de Libertad de un aire de familia común a todos los libertarios, y la reciente y breve obra de Carlos Taibo sobre el anarquismo, resalta también ese aire y atribuye a esa indefinición de sus manifestaciones parte esencial de su éxito presente. Libertari@s: Antología de anarquistas y afines para uso de las generaciones jóvenes (2010) contradice esa idea de anarquismo anquilosado, simplista y violento tan frecuente.

Taibo utiliza para ello una colección de textos, un ramillete de citas organizadas en torno a los grandes temas del universo libertario, el estado, el poder y la democracia, el orden económico existente y las alternativas del socialismo real, la autogestión, el apoyo mutuo o el sindicalismo. Podríamos hablar también de una memoria militante, pero por encima de esta militancia cabe destacar en la obra de Taibo su reclamación del anarquismo como «un pensamiento vivo e iconoclasta que se niega, afortunadamente, a morir y que por momentos nos ofrece claves de explicación del mundo contemporáneo, mucho más lúcidas que las aportadas por otras cosmovisiones que la historia ha tratado, sin duda, de forma más generosa». El intento de Taibo pasa por desterrar las simplificaciones, los anarquistas no buscan una sociedad sin organización sino que rechazan las organizaciones fundamentadas sobre principios coactivos. El anarquismo no es una forma de desorden es una forma distinta de fundamental el orden las sociedades. El capítulo que antecede a la colección de textos y el «epílogo recopilatorio» se esfuerzan en presentar la ideología anarquista como un elemento esencial para el renacimiento de un pensamiento de izquierdas.

El pensamiento anarquista subyace bajo los discursos y las prácticas del feminismo, del ecologismo, del pacifismo, los movimientos antiglobalización o de quienes propugnan el decrecimiento. Ante una socialdemocracia rendida y un socialismo real fracasado el anarquismo parece elevarse por detrás de los nuevos movimientos sociales, aunque a menudo lo haga tras otros nombres. Libertari@s es algo más que una recopilación de textos, es una llamada de atención militante sobre una ideología que lejos de pertenecer al pasado parece encerrar lo más esperanzador del presente.

Decir que hoy el anarquismo es una ideología plural y en continua evolución sería afirmar que en algún momento fue algo diferente a esto. El debate, la permanente revisión de los postulados, y los tropiezos entre tendencias diferentes han sido constantes en la historia del anarquismo. La memoria se construye por ello con dificultad, hay ejemplos para cada caso; para la colaboración, para el aislacionismo, para la planificación o el asamblearismo esencialista. La historiografía oficial ha dado a menudo una visión marginal del anarquismo, elemento distorsionador de las dinámicas sociales y políticas del país y excepción sindical que refuerza la propia excepcionalidad histórica española. Una visión sórdida sobre el anarquismo que a menudo parece heredera de las políticas represivas de los sucesivos gobiernos empeñados en poner coto a la extensión del ideal libertario y que retrata agudamente José Luis Gutiérrez Molina (2008) en El Estado frente a la anarquía: Los grandes procesos contra el anarquismo español (1883-1982). No es extraño que el anarquismo, sintiéndose despreciado por la historiografía oficial haya intentado desde muy temprano escribir su propia historia. La paradoja es que empeñado en desarmar un discurso a menudo hostil esta historiografía militante haya pecado del exceso contrario, el de dibujar una imagen en exceso idealizada de las vicisitudes y acontecimientos que marcan la historia del anarquismo.

La memoria es una obra en permanente reconstrucción, hoy entre conmemoraciones el anarquismo vuelve su mirada de nuevo al pasado. Aunque la memoria nos exija seguir rescatando las biografías y la historia del movimiento libertario, el presente nos obliga a replantearnos el papel del anarquismo hoy. El peso del pasado del anarquismo es muy poderoso, quizás por ello esa gravosa memoria del pasado haya conducido a un pensamiento libertario oculto tras otras banderas. Decirse anarquista lleva a menudo a pensar en términos pretéritos cuando no marginales y a menudo exige una labor de desmitificación tan ardua como agotadora. El esfuerzo por construir una memoria tan poderosa amenaza con hundir todo el edificio, quizás no haya que recordar tanto, sino recordar de entre la riqueza del movimiento libertario, otras cosas.

Acercarnos a algunas de las entrañas de la actividad memorística puede, no obstante, facilitarnos algunas pistas acerca de los procedimientos para la impugnación de la historia hegemónica, que necesariamente tiene que pasar por ensayar modelos que provoquen rupturas con la sociología espontánea y el «sentido común» así como la fractura de los modelos narrativos de los dominantes.

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Buenos Aires,Siglo XXI.

José Antonio Ojeda García y Jacinto Ceacero – Profesores Enseñanza Secundaria

La formación es una prioridad para las organizaciones anarcosindicalistas como la CGT, ya que, es un requisito para la transformación social y una necesidad para la militancia en la causa libertaria. Antes, cuando la educación estaba en manos de la iglesia y la patronal, las organizaciones anarquistas y anarcosindicalistas crearon su propia red de ateneos libertarios para contribuir a la formación integral de la clase trabajadora. Hoy, cuando la educación está en manos del estado y al servicio del capital, la Organización debe diseñar su propio plan de formación para el desaprendizaje del pensamiento y comportamiento únicos que el sistema neoliberal pretende implantar entre las y los trabajadores y proceder al aprendizaje de los pensamientos, conductas y sentimientos que nos conduzcan a una nueva sociedad basada en la libertad y la justicia social. Los métodos de la pedagogía libertaria representan la base de nuestra formación.

Para las organizaciones anarquistas, anarcosindicalistas, libertarias, para la CGT, la Formación no es una idea, un área, un ámbito, un objetivo, una seña de identidad, una secretaría… meramente retórica y carente de contenido real, de objetivos, programa o de planificación. Al contrario, históricamente, y ahora también en nuestro tiempo, la Formación es una pieza clave para que la afiliación adquiera el compromiso de militancia que exige el desarrollo del proyecto sindical y social que representan hoy las organizaciones anarcosindicalistas, y de forma específica, nuestra organización CGT.

Los últimos Congresos de la CGT celebrados en el siglo XXI, recogen con todo rigor la importancia que la Formación debe tener dentro de la vida de los sindicatos que conforman la Organización. El esfuerzo actual que se está haciendo por todos los Sindicatos, Federaciones Locales, Confederaciones Territoriales y Sectoriales que componen la CGT está consistiendo en dotarse de Secretarías de Formación para pasar de las palabras a los hechos, para garantizar la inversión de recursos humanos y materiales en este proyecto.

El esfuerzo, además, abarca el cuidar minuciosamente el Plan de Trabajo de Formación, didáctico y cultural que la CGT está desplegando a lo largo de todo el país. Exposiciones, publicaciones, actos públicos, presentaciones de libros, dvds, conmemoraciones, jornadas culturales, libertarias, cursos confederales centralizados y descentralizados por todos los territorios, constitución de grupos de trabajo, grupos de investigación, etc., etc., etc., recogen la amplísima oferta cultural y formativa que hoy despliega la Organización a lo largo de todo el país.

A pesar de ello, el esfuerzo hay que evaluarlo para seguir concretándolo y adaptándolo a la realidad de la Organización hoy. Quizás la organización anarcosindicalista, en su devenir histórico, ha estado siempre sometida a este proceso de autoevaluación, ya que, las personas que la han formado no han sido monolíticas ni en su pensamiento ni en su actuación. En este mismo sentido, hoy es preciso revalorizar este proceso de evaluación sobre lo que se está haciendo, puesto que, si la Formación tiene como objetivo fundamental incrementar el nivel de militancia y la realidad actual de nuestros sindicatos y Federaciones Locales indica que la militancia y la participación es manifiestamente mejorable, quizás el esfuerzo que se está haciendo en Formación sea poco, esté mal enfocado, no parta de las necesidades de las y los destinatarios o simplemente todavía no esté dando los frutos deseados.

Formar sindicalistas, formar personas

Como decimos, desde hace unos años, la Organización se está dotando de un amplio Plan de Formación que básicamente tiene cuatro objetivos, (1) la formación en las verdaderas señas de identidad del modelo sindical anarcosindicalista, (2) el desaprendizaje de los modelos de pensamiento y actuación que, importantes sectores de trabajadores y trabajadoras, poseen cuando se incorporan o afilian a nuestra organización y proceden de experiencias diferentes a las libertarias, (3) el aprendizaje sobre nuestra organización libertaria, los procesos de toma de decisiones, los cauces para la participación, el concepto de poder, de autoridad, de representatividad, de autogestión, y (4) la formación técnica para poder desarrollar la acción sindical y social, en las empresas, en las administraciones, en el seno de la sociedad.

La apertura de la Organización al mundo del trabajo, que se viene realizando en los últimos veinticinco años, ha hecho que un importante número de los hombres y mujeres que componen la CGT hoy, sean fiel reflejo de la realidad de ese mundo laboral y social de nuestros días.

Las personas que libremente componemos la CGT hoy no vivimos en una burbuja aislados de la realidad, sino que somos vulnerables al virus del pensamiento único, de la intoxicación mediática, del malvado lavado de cerebro al que intenta someternos el capitalismo con todo su poder y todas sus estrategias, con el objetivo de imponernos sus formas de vida, sus formas de actuar, de sentir, de consumir, de pensar, de soñar, de relacionarnos, de organizarnos, de comportarnos.

Hoy más que nunca hay que contrarrestar esta ofensiva de «moldeamiento cultural» que el capitalismo pretende imponernos para que adoptemos su estilo de vida. Esa lucha contra nosotros mismos, contra nosotras mismas, debe estar contemplada cuando planificamos la formación de nuestra afiliación.

Este desaprender los nefastos modelos impuestos por el neoliberalismo, exige que en nuestros Planes de formación, no sólo contemplemos la formación técnica, sindical, social, laboral sino que debemos dedicar un espacio muy relevante a la formación ideológica, ética, histórica, para que la organización sea la herramienta que se precisa hoy, engrasada, preparada, comprometida, militante, compuesta por activistas capaces de poner freno a la prepotencia del capital.

Efectivamente, el plan de Formación no contempla sólo la transmisión de conocimientos técnicos sobre diferentes temas (negociación colectiva, textos legales, normativas, análisis de la reforma laboral, pensiones, etc.) sino que a través de la formación, pretendemos la transformación del estilo personal, la participación, el cambio de actitudes, de valores, la impregnación de las señas de identidad del anarcosindicalismo. Para ello, el plan dispone de una metodología propia de la pedagogía libertaria, lo que supone lograr la implicación integral del trabajador y trabajadora, partir de sus necesidades, partir de los conocimientos previos para analizarlos y cambiarlos por los nuevos, en definitiva, lograr que el pensamiento crítico fluya. Las personas libertarias no somos sumisas, jerárquicas, pasivas, receptoras, dirigidas… sino que como el mundo al que aspiramos está basado en la justicia social y por tanto, en la igualdad, no sólo económica sino de responsabilidad, las personas libertarias debemos sentirnos y ser protagonistas, participar en la toma de decisiones, no delegar nuestra responsabilidad.

En definitiva, a través de un programa de formación desde abajo, centrado en las necesidades de las personas, mediante cursos centralizados, cursos descentralizados, cursos on line, página web de formación, jornadas etc., etc. se intenta construir una verdadera alternativa formativa, educativa, cultural para toda la organización. Un programa de formación que abarque a la totalidad de la militancia, que nos forme en la asunción de responsabilidades orgánicas, para participar en las asambleas, para participar en los centros de trabajo, en la sociedad, hasta lograr una multitud de activistas de las ideas, activistas sociales y sindicales.

La formación en la histroia del movimiento libertario

Estos objetivos, estos propósitos, estas necesidades, se han cultivado desde siempre a lo largo de la historia del movimiento libertario. Permitidnos un brevísimo repaso de nuestra historia para comprender las claves de sus modelos formativos y, a partir de ellos, plantear las claves del modelo formativo actual, siendo conscientes de las enormes diferencias temporales y contextuales. Como primera impresión y constatación, el devenir de las organizaciones anarcosindicalistas recoge con total relevancia la preocupación por la instrucción y formación de las y los trabajadores.

Las primeras organizaciones libertarias anarcosindicalistas, que surgen en torno a la Federación Regional Española de la I Internacional en 1870, son conscientes de que la situación socio laboral requiere, además de la lucha por las mejoras laborales, una estrategia para producir un cambio social, cultural, artístico… En este sentido, interpretan que la transformación de la sociedad tiene que ser global y para ello necesitan un modelo educativo, formativo, distinto al que ofrece el oficial e institucional.

El sistema educativo en el siglo XIX estaba dominado por las instituciones religiosas, la educación, por otra parte, no era obligatoria y los centros de enseñanza primaria dependían de las corporaciones locales con el consiguiente abandono por falta de recursos o porque en realidad a los municipios no les interesaba que la población recibiera algún tipo de instrucción. En muchos casos, era la propia familia quien costeaba la educación de sus hijos e hijas contratando a alguna persona de forma temporal para la instrucción en las primeras letras y las cuatro reglas.

Ante este desolador panorama, las organizaciones anarquistas y anarcosindicalistas vieron la necesidad de crear sus propias estructuras educativas.

La creación de escuelas fuera del ámbito religioso y estatal era prácticamente imposible por las trabas administrativas, el costo económico y por la obstrucción de la iglesia y los poderes fácticos. A ello había que añadir la falta de personal cualificado capaz de llevar a cabo programas educativos acordes con los intereses de la clase trabajadora. De ahí que muchos anarquistas y anarcosindicalistas sean autodidactas. La convicción tan fuerte de que la formación integral de la clase obrera debía hacerse fuera de los ámbitos burgueses y religiosos llevó a que se fundaran ateneos de orientación libertaria en casi todas las localidades donde había grupos organizados de librepensadores y anarcosindicalistas. Anselmo Lorenzo Asperilla (1841 – 1914) propagaba la idea de que en cada lugar donde hubiera un grupo anarcosindicalista debía crearse también un Ateneo Libertario. Eleuterio Quintanilla Prieto (1886 – 1966) lo describe muy bien en la siguiente frase: «Que cada cual sea maestro de sí mismo y procure serlo en toda ocasión de los que sepan menos que él».

Por tanto, en este panorama tiene lugar la aparición de los Ateneos Libertarios, como instituciones propias frente a los ateneos y círculos burgueses, con el objetivo de preparar personas para la lucha contra el capital, la iglesia y el estado. Además de en los ateneos, la formación se dio en los propios sindicatos y en las asociaciones a cuyas sedes acudían luchadores sindicales, sociales y políticos de diversas tendencias, con el objetivo de educar a la clase obrera.

Como hemos resaltado, la formación que se ofrece no es solamente de concienciación social y política, sino que se da formación básica y profesional para personas adultas, se abren escuelas para las hijas y los hijos de la clase obrera, se abren bibliotecas, centros de lectura, lecturas compartidas y se organiza el préstamo de libros. Las actividades se realizaban utilizando metodologías lúdicas y participativas al mismo tiempo que se llevaban a cabo actividades culturales: teatro, conciertos, deporte, excursiones educativas…

Los ateneos ligados al movimiento anarquista y anarcosindicalista tienen un gran auge a partir de 1870 pero es a principios del siglo XX cuando prácticamente cada grupo anarquista y/o anarcosindicalista realiza actividades de difusión y formación en su localidad y comarca aunque tuvieron mayor relevancia en las zonas industrializadas.

En algunos casos, se dotó a los ateneos de otros servicios como fueron las mutualidades y economatos, es decir, ponían en práctica la teoría del apoyo mutuo y del asociacionismo.

Otro aspecto importante fue la prestación de servicios médicos y sobre todo la preocupación por la formación en la adquisición de hábitos de higiene, de crianza y de alimentación infantil, formación que se dirigía tanto a las mujeres como a los varones.

Además de la formación que se da de forma espontánea para responder a las necesidades del día a día de cada sindicato, surgen dos corrientes organizadas, la Escuela Moderna de Francisco Ferrer i Guardia (1859 -1909) y La Escuela Neutral de Ricardo Mella Cea (1861 – 1925) Ferrer i Guardia funda en 1901 en Barcelona la Escuela Racionalista para educar a la clase trabajadora con criterios racionalistas basados en la ciencia y lejos de los dogmas y supersticiones religiosas y culturales. La experimentación, el dialogo y la aceptación voluntaria de normas son algunos de sus principios básicos. Puede considerarse además como la primera escuela que ofrece la misma educación para niños y niñas y en un mismo espacio.

Por tanto su Escuela Racionalista es una escuela laica, científica y coeducadora.

Esta línea de enseñanza se conoce en pedagogía bajo el nombre de Escuela Moderna y su objetivo es educar sin utilizar el castigo ni la coerción. Esta corriente pedagógica tuvo un rápido desarrollo por todo el territorio español e incluso se abrieron multitud de centros en distintas capitales europeas.

Por su parte, la Escuela Neutra se funda en Gijón en 1911 como respuesta a la situación descrita más arriba y basándose en las ideas de Ricardo Mella plasmadas en»Cuestiones de Enseñanza», en las que opta porque las personas que aprenden lo hagan de forma responsable reflexionando sobre las materias de estudio, evitando convertirse en recitadores de lo que está escrito en los libros o en reproducir aquello que les han enseñado. En esta escuela desarrolla su labor Eleuterio Quintanilla Prieto con un programa específico de educación de personas adultas.

En el congreso de la CNT de 1919 Mella y Quintanilla presentan su modelo de Escuela Neutra confrontándolo con el de Ferrer i Guardia.

La Revolución Libertaria de 1936 hace que aparezcan realizaciones concretas de formación tanto en lo político y social como en lo profesional.

Las colectividades realizadas en pleno periodo revolucionario en Aragón, en 1936, necesitaban de personas capacitadas para llevar adelante su gestión acorde con el ideal anarcosindicalista. Se respondió a esta necesidad creando la Escuela de Militantes Libertarios, en Monzón (Huesca). Al frente de la escuela estuvo Félix Carrasquer y en su creación se implico la Federación Comarcal de la CNT.

Además de las materias propias de la etapa educativa, redacción, matemáticas, física y química, economía, historia, sociología… por las tardes se hacían prácticas agrícolas y lecturas comentadas. Además se formo un grupo de teatro que se desplazaba a los pueblos cercanos.

Se pretendía básicamente formar personas útiles a las colectividades con especializaciones como contabilidad, avicultura, agricultura y preparación de profesorado. Se buscaba formar personal técnico pero también dinamizador de las colectividades.

La Escuela de Militantes de Cataluña con Manuel Buenacasa a la cabeza entre otras muchas actividades edita a finales de 1937 junto con la Oficina de Propaganda el «Manual del Militante». Este manual intenta cubrir varios aspectos como son la oratoria, el desarrollo de asambleas, la captación de militantes, el entramado orgánico de la organización, la relación entre autonomía, federalismo, pacto confederal… El movimiento feminista siempre presente en el ideario anarcosindicalista tiene una de sus primeras apariciones organizadas en Barcelona en 1934 con el Grupo Cultural Femenino que atrae a otras mujeres con formación académica para realizar labores de difusión del ideal libertario entre las mujeres.

El 2 de Mayo de 1936 se publica el primer número de Mujeres Libres dando un giro revolucionario al feminismo español pues parten de las tesis de Bakunin en el sentido de que la emancipación de la mujer tiene que ser doble como trabajadora y también de la emancipación del varón.

La idea básica de Mujeres Libres es sacar a la mujer de la esclavitud de la ignorancia, del trabajo y de la reproducción, es decir, del varón. En otras palabras, el papel de la mujer ha dejado de ser el de reproductora con las implicaciones que ello conlleva en el enfoque de su sexualidad, lo cual hizo que parte de la CNT las mirara con desconfianza y no se les aceptara como grupo organizado.

Además de preocuparse de su liberación como género se ocuparon de formar a las mujeres para que participaran de forma efectiva en las tareas encaminadas al triunfo de la Revolución Libertaria. Formaron a las mujeres para que realizaran tareas que hasta entonces les habían sido ajenas para que pudieran incorporarse a los trabajos derivados de una economía de guerra dándoles una formación general y técnica para que participaran en las colectividades industriales y agrícolas al mismo tiempo que formaban profesorado en la pedagogía racionalista.

Impulsaron la creación de la Escuela de Enfermeras en Barcelona e instituciones dirigidas a la formación de las mujeres los «institutos de mujeres libres» en Madrid y en Valencia Un ejemplo concreto es la fundación del «Casal de la Dona Treballadora» en Barcelona en el cual se impartieron clases de alfabetización, mecánica, agricultura y temas económicos-sociales.

Por un pensamiento crítico

Hoy, la educación es universal, al menos en teoría, es decir, el estado ha asumido la educación estatal y el sistema educativo público llega a la totalidad de la población. Por tanto, hoy la lucha ya no es por la escolarización de los hijos e hijas de la clase trabajadora y clases populares, sino por el tipo de educación que están recibiendo. La escuela actual es una escuela estatal, dirigida por el estado, con sus planes de estudio, exámenes, competitividad, fracaso… Es una educación en función de las necesidades del mercado, de las necesidades del mundo del trabajo, que sigue como siempre, educando y formando públicamente para responder a las necesidades de formación que demanda la patronal.

La domesticación comienza, por tanto, desde la propia escuela, la segregación por clases sociales se favorece y fomenta desde la propia escuela, los resultados del fracaso del sistema educativo son consecuencia del fracaso del sistema social, un sistema social que precisa personas domesticadas, sin criterio, analfabetas funcionales, sin recursos intelectuales, sin capacidad de crítica, sumisas, adoctrinadas en el individualismo y el egoísmo, en la insolidaridad.

Con estos perfiles educativos que padecemos, con los modelos de intervención sindical a que nos ha acostumbrado el sindicalismo institucional, con el control mental que se ejerce desde los medios de comunicación de masas… con todos estos elementos, se configura un perfil de trabajador, de trabajadora que demanda un profundo trabajo de desaprendizaje para que de verdad la extraordinaria persona que todos y todas llevamos dentro, pueda surgir con brillantez y aportar a la humanidad ese pequeño grano de arena que nos permitirá transformar la sociedad desde abajo, horizontalmente, de forma colectiva, practicando el apoyo mutuo.

La libertad sólo se aprende practicándola, por eso, para la construcción de una sociedad libertaria son importantes los medios y fines, hasta el punto de confundirse. La libertad sólo puede aprenderse en organizaciones que sean libertarias, que permitan la participación y estén basadas en la igualdad y la toma de decisiones de forma asamblearia. Bajo estos principios, no es concebible construir una sociedad libertaria, con personas libertarias a través de organizaciones jerárquicas.

En este mismo sentido, la construcción de pensamiento crítico, libertario, de comportamientos y actitudes libertarias, requieren una metodología y una pedagogía libertaria para el desaprendizaje de modelos neoliberales y para el aprendizaje de modelos libertarios. Con estas premisas es como debemos y tenemos que construir nuestros programas de formación, programas que impliquen el aprendizaje de nuevos conocimientos, nuevos comportamientos y nuevas actitudes, programas que no estén basados en la mera transmisión de conocimientos sino en el crecimiento personal representado por la práctica de nuevos valores y nuevas actitudes.

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El centenario de la Confederación Nacional del Trabajo es un buen momento para revisar la estantería de nuestra biblioteca y rememorar aquellos textos que han contribuído a formarnos una opinión sobre el pasado, el presente y el futuro del anarcosindicalismo en nuestro país.

La selección de títulos, que responden a un criterio personal, abarca desde aportaciones de protagonistas, en las que los elementos de explicación de su papel en el momento histórico concreto juegan un papel importante desde un punto de vista retrospectivo o justificativo de sus actuaciones ([9], [17]) o visiones externas a ellos, con la dosis interpretativa que representan ([15], [19]).

Contemplamos, también, momentos concretos de la historia de CNT ([2], [4], [12], [14], [20], [22], [23]) o aproximaciones globales con una dosis militante ([10]) que nos permitieron a los jóvenes que iniciamos nuestro compromiso social a finales de los sesenta conocer otras formas de organización y aprender lo que el sistema franquista satanizaba de nuestro pasado y que la ideología dominante de oposición a la dictadura ocultaba, utilizando para ello una apropiación del pensamiento» único y correcto» con el señuelo de lo «científico» frente a lo «utópico».

Aprenderemos, leyendo las prácticas autogestionarias en Aragón y Cataluña, ([3], [7], [18], [21]), que el cambio económico lleva parejo la profunda transformación de relaciones sociales, y el protagonismo colectivo se convierte en elemento de avance pese a las trabas individuales.

Además, visualizaremos cómo las estructuras urbanas y rurales imbrican al movimiento obrero organizado, no solo en base al espacio físico sino también a las relaciones humanas y cotidianas que se representan en función de los espacios físicos de convivencia. Los ejemplos de Barcelona y Madrid ([8], [13]) como modelos de esquemas metropolitanos pero también la experiencia rural aragonesa con la práctica de colectividades y un órgano de representación política como el Consejo de Aragón ([3], [7]), muestran la complejidad de los procesos de participación y delegación, independientemente de la proximidad geográfica.

No olvidaremos la presencia libertaria en la lucha contra la dictadura, tanto en España ([12]) como desde el exilio ([1], [11]) a través de fórmulas y formas de acción directa que despertaron la solidaridad internacional y pusieron de manifiesto que el movimiento libertario era una realidad activa pese a los enterradores interesados o las actitudes acomodaticias y autocomplacientes con la historia pasada.

Las reflexiones militantes colectivas aparecen en [6] y [24], mostrando cómo las organizaciones son estructuras que piensan y actúan a modo del intelectual orgánico tan querido en la tipología gramsciana. Frente a la idea de las «vanguardias» que arrastran a las «masas» el modelo anarcosindicalista prima la participación frente a la delegación, la formación de una cultura propia y no interpretada por «expertos».

Finalmente, toda celebración despierta la vocación del recuerdo que pudo ser y la interpretación en algunos casos sesgada para leer el presente en términos del pasado, sin tener en cuenta la perspectiva del futuro que hay que construir. Sobre [5] y [16] se han generado polémicas, posicionamientos críticos y se han detectado lagunas, sobre todo en la primera de dichas contribuciones con el soporte de una exposición en Zaragoza de contenidos polémicos si no parciales y sesgados , que nos llevan a afirmar que la historia vivida se construye con una visión crítica de protagonistas basada en la historia oral, metodologías apoyadas en hechos reales y no en deseos, reflexiones sobre modelos organizativos y su repercusión en los comportamientos de los individuos, la creación de formas culturales y modos de acción alternativos, el papel protagonista de las mujeres y sectores desfavorecidos y oprimidos por la ideología dominante.

Entren en la bibliografía, lean, generen un pensamiento propio, reflexionen con otros y otras, y… actúen en consecuencia.

[1] O. Alberola, A. Gransac, El anarquismo español y la acción revolucionaria 1961-1974.

Ediciones Ruedo Ibérico. París, 1975.

[2] A. Bar, La CNT en los años rojos: Del sindicalismo revolucionario al anarcosindicalismo (1910-1926).

Akal/Universitaria. Madrid, 1980.

[3] J. Casanova, Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa (1936-1938).

Siglo XXI de España Editores. Madrid, 1985.

[4] J. Casanova, De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939).

Crítica Barcelona, 1997.

[5] J. Casanova (Coordinador), Tierra y Libertad.

Cien años de Anarquismo en España.

Crítica. Barcelona, 2010.

[6] Colectivo Solidario, El anarcosindicalismo español.

Una historia en imágenes.

Confederación Sindical Solidaridad Obrera.

Madrid, 2007.

[7] A. R. Díez Torre, Trabajan para la eternidad.

Colectividades de trabajo y ayuda mutua durante la Guerra Civil en Aragón.

La Malatesta Editorial/Prensas Universitarias.

Madrid/Zaragoza, 2009.

[8] C. Ealham, La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937.

Alianza Editorial. Madrid, 2005.

[9] J. García Oliver, El eco de los pasos.

Ediciones Ruedo Ibérico. París, 1978.

[10] J. Gómez Casas, Historia del Anarcosindicalismo español.

Editorial ZYX. Madrid, 1968.

[11] S. Gurrucharri, T. Ibáñez, Las Juventudes Libertarias en la lucha contra el franquismo.

Editorial Virus. Barcelona, 2010.

[12] A. Herrerín, La CNT durante el franquismo. Clandestinidad y exilio (1939-1975).

Siglo XXI de España Editores. Madrid, 2004.

[13] S. Juliá, Madrid 1931-1934. De la fiesta popular a la lucha de clases.

Siglo XXI de España Editores. Madrid, 1984.

[14] C. M. Lorenzo, Los anarquistas españoles y el poder (1868-1969).

Ediciones Ruedo Ibérico. París, 1972.

[15] I .Lozano, Federica Montseny.

Una anarquista en el Poder.

Espasa. Barcelona, 2004.

[16] D. Marín, Anarquistas: Un siglo de movimiento libertario en España.

Ariel. Barcelona, 2010.

[17] C. Mera, Guerra, Exilio y Cárcel de un anarcosindicalista.

Ediciones Ruedo Ibérico. París, 1976.

[18] F. Mintz, La autogestión en la España revolucionaria.

Las ediciones de la Piqueta. Madrid, 1977.

[19] A. Paz, Durruti en la Revolución española.

Fundación Anselmo Lorenzo. Madrid, 1996.

[20] J. Peirats, La CNT en la revolución española. (Tres volúmenes).

Ediciones Ruedo Ibérico. París, 1971.

[21] C.Semprún-Maura, Revolución y contrarrevolución en Cataluña (1936-37).

Colección Acracia. Tusquets. Barcelona, 1978.

[22] VVAA,

El Movimiento Libertario español.

Suplementos de Ruedo Ibérico. Paris, 1974

[23] VVAA,

CNT: Ser o no ser. La crisis de 1976-1979.

Ibérica de Ediciones y Publicaciones. Barcelona, 1979.

[24] VVAA,

100 años de anarcosindicalismo,

CGT / Fundación Salvador Seguí. Barcelona 2010.

Las retóricas neoliberales deslegitiman la función pública, tarea a la que también contribuye la implantación de modos de gestión —como las externalizaciones de servicios— que extienden espacios propicios a la corrupción y al clientelismo.

Es preciso reformular el estatus del Estado como prestador de servicios a la comunidad. La defensa de lo público pasa por ello como por experimentar formulas de gestión.

Replantearse el concepto de servidor público bajo la noción de la imparcialidad, importada del campo del poder judicial, puede llevarnos a revisar el concepto de Estado y el nuevo modo de provisionar los servicios en una sociedad postfordista en el que las personas exigen el que nadie se beneficie de ventajas y privilegios.

Defender lo público no significa ni apostar por el estatismo ni ignorar los peligros de las burocracias públicas.

La función pública es continuamente deslegitimada; la retórica neoliberal desempeña un papel ideológico esencial en debilitar la respetabilidad del Estado e invitar a erigir el mercado en el nuevo maestro del bienestar colectivo.

El discurso neoliberal ha presentado al sector público como un problema y ha exhibido el aparente éxito reciente de las economías más desreguladas como una muestra de los beneficios de contar con un sector público reducido.

El «tam-tam» de la retórica neoliberal propaga y presupone que el mercado y la competencia establecen tal nivel de disciplina que convierte a las empresas en eficientes, mientras que las actividades públicas son el dominio de una burocracia parasitaria e inútil.

Sin embargo, la evidencia empírica, y el crack económico de 2008 es la máxima prueba, nos indica que el neoliberalismo campa de tropiezo en tropiezo, de coste social en coste social sin que tenga que confrontarse con ninguna propuesta de calado que reduzca el nivel de mercantilización de la economía y permita reforzar la provisión de políticas públicas y de medidas redistributivas pues la desmercantilización no sólo es necesaria para reducir las desigualdades y proveer de servicios, también lo es para promover una reestructuración ecológica de la producción y el consumo. Reducir las pulsiones consumistas y generar una sociedad más humana, poblada por personas y no individuos, depende también de cambiar las formas de provisión de necesidades y ello suele requerir casi siempre importantes recursos públicos, por ejemplo para cambiar el modelo de transporte o el modelo de ocio.

La noción de servicio público no solo hace referencia a la distinción del imaginario occidental entre lo público y lo privado sino que se refiere a la esfera de las funciones colectivas, a las actividades que la colectividad se da a si misma gestionando los bienes comunes. Detrás del concepto está el estatus que queramos darle al Estado. En suma, el concepto está saturado de significaciones –actividades, estructuras, reglas de derecho, ideología- que se superponen, pero, para entendernos, nos referimos al sector público como un verdadero prestador de servicios a la comunidad, único modo de defenderlo.

El pregonado éxito de las economías más desrreguladas es aparente, como la crisis actual demuestra, ya que el reducido gasto público no está logrando sacarlas de la ya larga postración, por no referirnos a crisis más agudas como la española cuya salida difícilmente se vislumbra. Sin embargo, la comparación resulta rotunda cuando se evalúa el éxito de una sociedad por su capacidad de alcanzar niveles objetivos de bienestar: esperanza de vida, acceso a la vivienda, al transporte, etc. Y cuando se realiza esta comparación, los países con un sector público desarrollado alcanzan las mejores calificaciones. Se trata además de aquellas sociedades con estructuras sociales más igualitarias —véanse, no por tópico menos cierto, los países nórdicos.

Neoliberalismo y corrupción

El neoliberalismo por contra ha ampliado los espacios para la corrupción e indirectamente ha obtenido argumentos en contra del servicio público. Aunque su retórica se ha centrado en glorificar al mercado como espacio de organización económica, en realidad muchos de los espacios de mayor crecimiento han tenido lugar en el campo mixto de lo público-privado —el de los servicios públicos de telecomunicaciones, correos, energía, aguas etc.

Se han producido privatizaciones y externalizaciones de actividades públicas sin que el Estado Español haya reducido sustancialmente su peso en la economía.

El cambio ha sido más bien el paso de la provisión pública directa hacia la provisión pública por intermediarios privados a través de la utilización de distintas formulas de externalización de servicios por parte de las distintas administraciones. Lo último son los servicios de dependencia. Para las empresas que operan en esos campos lo importante no son los usuarios finales de sus servicios sino los organismos públicos que los contratan.

No operan en un mercado donde se compite para ganar clientes sino para obtener una contrata, y como en toda competencia siempre está el gorrón tramposo y, por tanto, el problema de las comisiones y los sobornos.

Los ejemplos diarios en la prensa de esa competencia son tan numerosos que de ser al inicio una patología se han convertido en la normalidad.

Las nuevas técnicas de organización de los servicios públicos (el New Public Management) han sido, sobre todo, las que han introducido los métodos que han llevado a desvalorizar la figura clásica del funcionario como agente reconocido del interés general al importar políticas de gestión y de sanciones del mundo de la empresa privada e impropia del sector público (bajo el argumento de que todos los funcionarios serían corruptos y holgazanes, hasta que se demuestre lo contrario) que ha traído consigo, entre otras cosas, una desmoralización general de los trabajadores públicos. El poder administrativo ha sido paulatinamente desposeído de los elementos morales y profesionales que anteriormente le habían permitido imponerse, debilitando así su legitimidad y haciéndole perder las virtudes de la racionalidad y el desinterés.

La función pública autónoma

El proyecto de erigir la Administración a la categoría de poder dotado de un cierto margen de autonomía fue formulado al llegar el s. XX.

Antes, en el siglo XIX, la democracia era una organización sustentada en la estricta dependencia de todas las instituciones con respecto a la soberanía popular, ya que ésta era considerada como la única expresión válida del bien público. El poder surgido de las urnas debía imponerse sin restricción en cada una de sus decisiones, y la Administración era concebida como su pura prolongación. El partido en el poder era el propietario de los empleos públicos.

Para el partido, hacer avanzar la democracia implicaba, lógicamente, colocar a los funcionarios bajo la dependencia directa de quienes habían ganado las elecciones.

Sin embargo, esta visión de la necesaria subordinación a lo político fue progresivamente sacudida por la multiplicación de las prácticas de clientelismo, con los efectos perversos que de ellas resultaban, y que la historia del s. XIX español es pródigo de ejemplos. Por esta razón, a partir de la primera mitad del s. XIX, en todas partes se discutía la adopción de criterios objetivos para la selección de los empleados públicos, optando entre la elección y el concurso o examen oposición.

El Estado se empezó a pensar como una federación de servicios públicos que tiene por objeto organizar la sociedad y asegurar su funcionamiento para el bien común; como una fuerza de coordinación de una multiplicidad de servicios públicos funcionales y autónomos aplicados a la gestión de los bienes comunes sustraídos del albur del mercado. Será el funcionario quien se encuentra en el centro de la producción del interés general.

En tal Estado de los servicios públicos, los funcionarios no son solamente empleados de la colectividad, simples ejecutores de órdenes que les dan los gobernantes que expresan la voluntad general, sino que son agentes directamente activos, que participan en el cumplimiento de un servicio que pertenece a la misión obligatoria del Estado, y se identifican funcionalmente con la realización del bien común. El funcionario debe poseer una cierta autonomía, disponer de una situación estable, independiente del arbitrio gubernamental, tener un estatuto —sistema de garantías y deberes que organizan la situación de los funcionarios en interés del servicio público—, tanto en su propio interés como en el del servicio.

Su cualidad está esencialmente determinada por la objetividad de su función debiéndose insistir en la autonomía del funcionario, lo que lo coloca en situación de contribuir directa¬mente en la realización de los objetivos de la colectividad y en las misiones del servicio público al que pertenece —pensemos en médicos y maestros. El objetivo es obvio, consiste en solidarizar el interés del servicio con el del funcionario. Se entiende que la persona y la función se pueden fusionar, de ese modo, material e incluso psicológicamente.

El estatuto actúa, pues, como un dispositivo virtuoso que lleva a encajar la moral social en las propias características del grupo profesional.

Nueva legitimación de la función pública

En la década de los 80 desaparece la identificación de las Administración con la generalidad democrática. Los cambios económicos, e ideológicos, desde el fordismo — al que la producción en masa le iba unido una sociedad de la generalidad— se pasa, tras su descomposición, al postfordismo en que hay un retorno de lo particular, descomponiéndose todas las formas de representación colectiva —el reino del individuo— y el valor de la imparcialidad, junto al del pluralismo, se consolidan en correspondencia con una renovada comprensión de la generalidad democrática y, por consiguiente, de los mecanismos y las formas de la legitimidad.

Otra manera de gobernar parece esbozarse: se exige que se adopten todos los puntos de vista concebibles, se exige, no una visión despegada de las cosas, sino por el contrario una inmersión reflexiva en el mundo. Ahora se exige también tener en cuenta a los demás, deshaciéndose de las visiones particulares participando en el esfuerzo de representación de la sociedad por entero y no solo de las voces dominantes.

La cuestión central en la defensa del sector público debe partir, tanto de la situación actual antes esbozada, como de la crítica que habitualmente se realiza, y que el ataque neoliberal ha sabido explotar con éxito con un gran predicamento social por las condiciones diferentes del empleo público frente a la pura relación salarial, y por la burocratización y desidia que muestran ciertas partes del sistema de servicios públicos, debida fundamentalmente a un esquema de funcionamiento inadecuado (o a la primacía de los objetivos de control social o de clientelismo político, sobre los de provisión). Teniendo en cuenta esto, el objetivo es llegar a transformar el sector público en un verdadero prestador de servicios a la comunidad, cosa que en parte ya realiza, pero de forma ágil, adaptada a la complejidad del mundo social, comprensiva, en el modo reflexivo de entender que lo que pide la población es a menudo un producto complejo. En este campo vale la pena experimentar diversas fórmulas de gestión y organización laboral para así averiguar cuáles son más eficaces; analizar en qué medida determinadas estructuras del sector público están más pensadas para garantizar una base fiel a los gobiernos que para prestar un servicio a la comunidad; aportar nuevos conceptos, como la imparcialidad, que se prediquen del servidos público.

El papel del sector público es crucial en el camino de garantizar, no solo una cobertura real de los derechos sociales, sino la gestión de los bienes comunes en un mundo de recursos limitados ya en profunda crisis al sobrepasar los límites materiales del planeta.

La imparcialidad, concepto clave para una concepción del servidor público actual, está referida a una generalidad de otra naturaleza a la que hasta los años 80 se le había investido; hoy es una generalidad negativa, constituida por el hecho de que nadie se puede beneficiar con una ventaja o un privilegio.

El correlato de la imparcialidad será la independencia que define un estatus: es encontrarse en una posición en la que se pueden resistir las presiones, cuando se las experimenta, en la que uno puede determinarse de manera autónoma porque se está inscrito en una cadena jerárquica, sometido a otra autoridad. La independencia remite a un dato de situación: ser independiente es ser libre para efectuar una opción o para adoptar una decisión. La independencia como falta de subordinación no puede existir, pues, si no se encuentra organizada e instituida. Debe estar garantizada por reglas. La independencia se apoya en el principio de la inamovilidad de los titulares de una función en la existencia de protecciones específicas.

Por su parte la imparcialidad define una cualidad, un comportamiento atribuido a personas: es imparcial quien no prejuzga en una cuestión y quien no manifiesta preferencia por una de las partes. Los dos elementos no se superponen. Se puede ser independiente de los poderes públicos y mostrarse completamente parcial en el tratamiento de los expedientes de los que se está a cargo. Si la independencia está relacionada con el carácter general, intrínseco, de una función o de una institución, la imparcialidad sólo pertenece a un actor, al particular que decide. Si es necesario ser independiente para estar en condiciones de ser imparcial, la independencia no basta para conseguir la imparcialidad.

Si la imparcialidad es una cualidad y no un estatus, el poder administrativo solo se puede calificar como democrático si está sometido a una prueba pública de validación, distinta a la elección. Se la debe construir y validar permanentemente; es una legitimidad por ejercicio, día a día.

Dicha legitimidad se forja a través de tres tipos de pruebas: las pruebas procedimentales, las de eficacia y las de control.

Las pruebas procedimentales implican que los servidores públicos dedican una atención escrupulosa al respeto de las reglas, al rigor de las argumentaciones, a la transparencia en los procedimientos, a la publicidad tanto de sus actos como de la motivación de los mismos.

Es preciso comprender bien su mecanismo. Esta dimensión manifiesta que el carácter que debe revestir la imparcialidad no es una simple política de comunicación.

Sólo tiene sentido si contribuye a hacer sensible a todos el carácter de esta imparcialidad. Debe llevar a que se reconozca a esta última, a constituirla en un bien público del que los ciudadanos no puedan dudar, evitando toda ventaja o privilegio. Se trata de fortalecer una ciudadanía activa: lleva a que todos visualicen y se apropien de las cualidades constitutivas de un orden reconocido como justo.

Las pruebas de eficacia consisten en la evaluación de las acciones y de las decisiones.

Las pruebas de control consisten en dar un carácter reflexivo a las instituciones de imparcialidad introduciendo instituciones de control que nunca dejan aislados a los servidores públicos, sino que los inscriben en una indefinida constitución de la imparcialidad.

Instituciones de control que tienen como objetivo el reconocer que la administración o la agencia en concreto no se bastan en sí mismas para representar el interés general.

Así se podría evitar el riesgo de convertirse en burocracias y, por lo tanto, de ver cómo se desgasta la originalidad de su función, así como la degradación de sus misiones. Si la independencia del servidor público lo protege de las fluctuaciones a las que está sometida la vida política, esa misma independencia debe estar garantizada mediante procedimientos autónomos de pruebas en su seno.

Al derivar de la capacidad para manifestar su imparcialidad, la legitimidad de los servidores públicos sólo puede ser precaria, constantemente cuestionada, nunca puede ser reivindicada como un atributo. Un servidor público independiente que viera destruida su reputación, de hecho no podría continuar interviniendo pues ésta se puede perder mucho más rápido de lo que lleva ganarla, aunque es cierto que tiene una dimensión acumulativa, que crece por el sólo hecho de su capacidad para hacerse reconocer. En ese caso, inevitablemente el legislador tendría que actuar para formar una nueva institución.

Esas instituciones inscribirían sus acciones en una economía de la legitimidad de la que depende su credibilidad y, por consiguiente, su efectivo poder social: la fuerza se encontrará cada vez más en las cualidades y menos en los estatutos.

Bibliografía:

Las ideas expuestas sobre la imparcialidad están obtenidas de Pierre Rosanvallon La contrademocracia (Buenos Aires: Ed. Manantial, 2007) y La legitimidad democrática (Barcelona: Paidos, 2010.).

Sobre la corrupción y la función pública son interesantes de, Virgilio Zapatero La corrupción (Mexico: Ed. Coyoacán, 2007) L.M. Diez-Picazo La criminalidad de los gobernantes (Barcelona: Ed. Crítica, 2000); Ramón Martín Mateo Las gallinas de los huevos de cemento (Cizur Menor, Navarra, Ed. Aranzadi,

2007); Albert Casalmiglia Cuestiones de lealtad (Barcelona: Ed. Paidos,

2000); de Alejandro Nieto Corrupción en la España democrática (Barcelona:

Ariel, 1997) y El desgobierno de lo público (Barcelona: Ariel, 2007.

Sobre la vinculación de justicia e imparcialidad, La justicia como imparcialidad de Brian Barry (Barcelona: Paidos, 1997) y La idea de la justicia de Amartya Sen, (Madrid: Ed. Taurus, 2010).

Restan añadir los múltiples artículos de A. Doménech en la revista electrónica www.sinpermiso.info y los de Albert Recio, «cuaderno de crisis» que viene publicando en mientrastanto.e desde el número 64, en diciembre de 2008.

La Reforma del Sistema Financiero, dirigida a la rentabilización y privatización de las Cajas de Ahorro, se desarrolla sin casi debate social, por parecer de consecuencias menos directas e inmediatas para los ciudadanos. Sin embargo, no por menos directos e inmediatos sus efectos serán de menor calado. El expolio de las Cajas de Ahorros supondrá la desaparición de su obra social, la pérdida de 30.000 empleos, una nueva entrega de miles del millones de fondos públicos al negocio privado y, sobre todo, completar el monopolio de los intereses financieros privados, acrecentando su capacidad de dominación e imposición.

Desde hace ya demasiados años, cuando oímos la palabra «reforma» se nos disparan las alarmas. Empleada eufemísticamente, «reforma» suele ser sinónimo de importantes recortes, pactados, impuestos o consentidos, de derechos sociales. La última andanada la padecemos desde que el gobierno de Rodríguez Zapatero decidió hace nueve meses abrazar definitivamente el catecismo neoliberal. Diríamos que con izquierdas así, no hacen falta derechas, y Zapatero se ha dedicado a castigar con saña a la mayoría de su propio electorado, haciendo el trabajo sucio hasta unos límites que difícilmente la derecha se hubiera atrevido a alcanzar. Entre otras medidas de recortes del gasto social, tres «reformas» se han implementado contra los intereses de la ciudadanía, y a mayor gloria del capital: La Reforma Laboral, La Reforma de las Pensiones y la Reforma del Sistema Financiero.

Como en su día denunciábamos, la «Reforma Laboral» ha demostrado su ineficacia para generar empleo (1), dejándonos con la herencia del abaratamiento del despido y la destrucción de la seguridad jurídica de los puestos de trabajo. De igual manera, la «Reforma de las Pensiones», esta vez a través del pacto con la burocracia sindical cómplice de CCOO y UGT, lejos de garantizar el cobro de las mismas, supone una rebaja del 20% de las prestaciones totales, además de la exclusión de importantes sectores de trabajadores, en especial los precarios, del acceso al sistema público de pensiones. La tercera gran reforma, la llamada «del Sistema Financiero», está centrada casi única y exclusivamente en el proceso de privatización de las Cajas de Ahorros.

Todas las «reformas» necesitan la creación previa de un «estado de opinión» que las favorezca. A la «reforma laboral» le precedió una campaña sobre la «rigidez del mercado laboral», lo «caro» que resultaba despedir, o la criminalización de los sindicatos y de derechos como el de huelga. La «reforma de las pensiones» se llevó a cabo tras una campaña de intoxicación sobre la supuesta inviabilidad del sistema público, a causa del aumento de esperanza de vida, aumento de la población pasiva, etc. La privatización de las Cajas también se efectúa, después de convencer a buena parte de la sociedad de la mala gestión que han tenido, y de rumores sobre potenciales peligros de quiebra. Medias verdades o mentiras, que más pronto o más tarde quedan al descubierto.

Las Cajas de Ahorro han sido instituciones financieras, en teoría sin afán de lucro ni propietarios privados, al menos hasta ahora. Provienen de la evolución de los antiguos montes de piedad de los siglos XVIII y XIX. Se rigen por unos órganos de gobierno con participación de Instituciones públicas, depositantes y trabajadores de cada entidad. Una parte de sus beneficios, una vez pagados impuestos, son dedicados a proyectos sociales a través de la Obra Social (2).

Estas entidades no constituyen, en si mismas, una alternativa ética al negocio de la banca privada, puesto que compiten en el mismo mercado con ella, en cuanto al rendimiento de depósitos, intereses de los créditos y precio de los servicios. Pero, dado que las Cajas de Ahorro poseen alrededor de un 49% de cuota del mercado financiero español, su privatización ha supuesto un bocado muy apetecible para el capital especulativo, objeto de su deseo desde hace mucho tiempo, y que ahora, una clase política enteramente a su servicio, le sirve en bandeja.

El pacto Zapatero-Rajoy

Como marionetas tiradas por la misma cuerda, Zapatero y Rajoy aparcaron la hojarasca de la crispación y su confrontación política de atrezzo, y el día 5 de Mayo de 2010 acordaron, de manera sorprendentemente rápida, impulsar el proceso de fusión y privatización de las Cajas de Ahorro. Cinco días más tarde, el 9 de Mayo, en la reunión del Consejo de Economía y Finanzas, ECOFIN, el Gobierno español recibió el resto de las recetas neoliberales señaladas anteriormente y que, como el alumno más aplicado de esta parte del continente, se afanó en llevar a cabo.

Del pacto del 5 de mayo entre Zapatero y Rajoy se derivó la llamada Ley de Cajas, que fue aprobada finalmente por el Parlamento dos meses y medio después, el 21 de Julio, con los votos de PSOE, PP, CC y UPN. La Ley estaba encaminada, básicamente, a la entrada de capital privado, hasta un 50%, mediante las llamadas «cuotas participativas», y lo que anunciaban como «despolitización de las Cajas», es decir, la reducción de la presencia institucional en los órganos de gobierno de las mismas, de un 50% a un 40%. Pero si quitamos políticos y los substituimos por especuladores, hay razones para pensar que quizá sea peor el remedio que la enfermedad.

El proceso de fusiones… Financiado con el dinero de tod@s.

Claro que, para hacer atractivo el pastel a la iniciativa privada, las Cajas habían de ser «fuertes» y «rentables», según los criterios del capital financiero. Respondiendo a ése objetivo, tanto desde la Unión Europea como desde el Banco de España se forzó un proceso de fusiones, llamadas «frías» y SIPs (Sistemas Institucionales de Protección, para funcionar como cualquier banco privado). Las SIPs conllevan, entre otras consecuencias no deseadas, el desarraigo de muchas cajas de sus entornos sociales y territoriales, la reducción o desaparición de las Obras Sociales, y la desaparición de entidades, con la consiguiente pérdida de miles de puestos de trabajo a consecuencia del cierre de miles de oficinas, duplicadas o no. Las mayorías políticas parlamentarias, en especial PP y PSOE, respondiendo diligentemente a las recomendaciones de gente tan poderosa (y tan sospechosa) como los jefes del FMI, la CE o el BCE, unieron sus fuerzas e influencia política en los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro, y se emplearon a fondo para «sanear» el negocio en ésa dirección.

El primer proceso de fusiones llevado a cabo antes del verano pasado, se mostró desnudo de toda intención que no fuera el aligeramiento de costes, especialmente el de personal, para hacer «atractiva», y altamente rentable, la entrada de capital privado. Los 7 procesos de integración de Cajas de Ahorro sumaron 10.189 millones de euros de ayudas del FROB (3), según el siguiente cuadro, extraído del Informe de Situación del Banco de España, a 29/06/10, sobre la reestructuración de las Cajas de Ahorro:

Si a eso añadimos los 800 millones dedicados al saneamiento de CajaSur (que dispone de otros 1500 adicionales, no utilizados hasta la fecha), y los 3.775 millones anteriormente destinados por el Fondo de Garantía de Depósitos para tapar el agujero de Caja Castilla la Mancha, el montante dedicado a la primera reconversión y saneamiento del sector de Cajas de Ahorro, en perspectivas de privatización, alcanza los

16.264 millones de euros. Es decir, una cantidad superior

a los 15.000 millones de todo el Plan de Ajuste, para tres años, anunciado e impuesto el año pasado por el Gobierno (con la complicidad parlamentaria), y que se pretenden extraer del recorte de la inversión pública y del gasto social, a base de los sacrificios de pensionistas, funcionarios, parados y personas dependientes.

Es muy importante tener en cuenta que, salvo las dos Cajas intervenidas por el Banco de España (Caja Castilla- La Mancha y Caja Sur), el resto de entidades de ahorro siempre habían dado beneficios, e incluso se ha alardeado públicamente de ello (4). Se han obtenido ganancias incluso en los años más duros de la crisis, a pesar del aumento de la morosidad y de los créditos dudosos (5), originados mayoritariamente en el mercado hipotecario, a causa del empobrecimiento general de la población endeudada. Y también a pesar de la mala gestión de muchas de ellas, con inversiones de alto riesgo y desenfreno de los pelotazos relacionados con el ladrillo (ver siguiente cuadro, con datos de las propias cajas, referidos a 2010). Todo ello en medio de algunas dudas razonables (u otras fabricadas en círculos especulativos, como las «agencias de calificación»), respecto a su solvencia.

Destrucción de empleo y malversación de fondos públicos

Capítulo aparte merecen las fórmulas de reducción de plantillas que, a lo largo de los últimos meses, se han estado realizando en los diferentes procesos de fusión. En prácticamente todos los casos se han firmado acuerdos con las mayorías sindicales (6) en torno a Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) o «prejubilaciones con derecho a paro». Es decir, utilización masiva de despidos pactados y, por lo tanto, fraudulentos.

En ellos, una parte de la «compensación» al trabajador, por abandonar la entidad, va a cargo del dinero de todos: por un lado, la fiscalidad cero del máximo legal de la indemnización por «despido improcedente» (pactado en el órgano de mediación correspondiente) y, por otro lado el cobro, por parte de la persona «prejubilada», del subsidio por desempleo, generalmente por dos años.

Si a eso se añaden las ayudas del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en algunos casos, en aplicación de la nueva «reforma laboral», podemos afirmar que las rebajas de las plantillas, en el marco de las fusiones llevadas a cabo en el sector de Cajas de Ahorro, no son solamente una medida de destrucción masiva de empleo (con unos objetivos de alrededor de 30.000 puestos de trabajo menos) sino que, además, supone una escandalosa malversación de fondos públicos. Fondos que podrían dedicarse, con más justicia, a otros sectores mucho más necesitados. Es conveniente señalar que, además de la complicidad de los sindicatos domesticados del sector, todos estos pactos fraudulentos de destrucción de empleo han contado con la necesaria colaboración del Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo que, conociendo el detalle de su contenido, los ha permitido y alentado.

En una valoración realizada por CGT sobre de las diferentes propuestas llevadas a cabo, y sumando fiscalidad, subsidio de paro y otros, cada puesto de trabajo destruido le costaría a las arcas públicas, adicionalmente y por los conceptos antes señalados, una media de 70.000 euros. Si los multiplicamos por 30.000 bajas anunciadas, el asunto puede llegar a incrementarse en más de 2.000 millones euros, a fondo perdido. Y a añadir a la generosa financiación con los fondos del FROB, antes descrita.

Todo ello con el dinero de todos, y a mayor gloria del capital privado.

La bancarización de las cajas

Una vez acabado el proceso de los Sistemas Institucionales de Protección (SIPs), las entidades resultantes ya han comenzado a funcionar, de hecho, como bancos. La mayoría de ellas incluso ya ha adaptado la nomenclatura, y algunas ya han anunciado su inminente cotización en Bolsa: CAIXABANC, el grupo de La Caixa; BANKIA, antes BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, (Caja Madrid, Bancaja, Ávila, Segovia, Insular, Laietana, Rioja); BANCO BASE, (Cajastur, CAM, Caja Cantabria y Caja Extremadura); BANCA CÍVICA (Caja Navarra, Cajasol, Caja de Burgos y Caja de Canarias); BANCO MARE NOSTRUM (Caja Murcia, Penedés, Sa Nostra, Caja Granada); UNNIM (Caixa Sabadell, Caixa Terrassa, Caixa Manlleu); CATALUNYACAIXA (Caixa Catalunya, Caixa Manresa, Caixa Tarragona); NOVACAIXAGALICIA (Caixa Galicia, Caixa Nova).

El segundo impulso al proceso de privatización lo ha dado el Gobierno con la aprobación del Real Decreto del 18 de febrero de 2011 (BOE 19/2) llamado «Plan de Reforzamiento del Sector Financiero», cuya principal finalidad es obligar a las entidades a una capitalización mínima de un 8% sobre los activos ponderados por riesgo, aunque las condiciones del Decreto obligan «de facto» a entidades como las Cajas a subir ése porcentaje al 10%. Ese sobreesfuerzo, a muy corto plazo, supone para las entidades de ahorro una presión para captar rápidamente capital privado (sin descartar su salida a Bolsa). El Servicio de Estudios del BBVA estima este plan de recapitalización entre 13.000 y 17.000 millones de euros, aunque otras opiniones lo elevan varias decenas de miles de millones más (7).

En caso de no ser cubierto en los plazos exigidos, sería adquirido por el Estado con partidas adicionales del FROB (hay a disposición, recordémoslo, hasta 90.000 millones de euros). No se trataría, como ya se ha apresurado a aclarar la ministra Salgado, de un «proceso de nacionalización», sino de una adquisición «transitoria». En otras palabras, otra medida para «sanear» el sector con enormes cantidades de dinero público para, posteriormente y una vez que las entidades sean suficientemente «atractivas», venderlas al capital privado.

Beneficio social por beneficio privado

Entre los años 2005 y 2009, las Cajas destinaron a obra social un total de 8.531 millones de euros, dedicados a Asistencia Social (36,15%), Cultura (37,11%), Educación (16,82%) y Patrimonio (9,92%). La aportación de las diferentes entidades se produce de manera desigual, según su tamaño. En primer lugar destaca La Caixa, que cada año ha aportado 500 millones de euros para su obra social, a gran distancia del resto. En 2010, incluso habiendo caído un 21% el presupuesto para obra social, las Cajas han destinado 1.400 millones de euros, suponiendo una inversión del 26,9% de los beneficios dedicados a este fin.

Además, es importante señalar que esta actividad social da empleo a 33.600 personas, según datos de 2010 (8).

La privatización de las Cajas de Ahorro supone una herida mortal para la supervivencia de la Obra Social. Sin ser ninguna panacea, el hecho de que al menos parte de los beneficios generados por las cajas de ahorro sean destinados a la Obra Social ha conferido hasta ahora a las Cajas una utilidad pública, amenazada ahora por la codicia privada.

En el proceso de privatización, la mayoría de las obras sociales de las cajas serán gestionadas por fundaciones.

Pero eso no es lo peor, sino que los nuevos accionistas reclamarán su parte de la tajada, y mucho nos tememos que, más pronto que tarde, acaben apropiándose de la totalidad de la misma. Además, el nuevo decreto de 18-02-11 (Plan de Reforzamiento del Sector Financiero) permite al Banco de España la posibilidad de obligar a las Cajas a destinar todo su beneficio a reservas, en teoría para elevar su solvencia, en detrimento de los fondos sociales.

De hecho, ya se han anunciado importantes recortes de la obra social de las Cajas de Ahorro. Bancaja reducirá en un 64% del dinero destinado a su obra social; también Caja Madrid anuncia la reducción a la mitad de su dotación al respecto; La Caixa, un recorte del 8,2%, de 425 a 390 millones, aunque anuncia que, de momento, complementará su compromiso de los 500 millones; Ibercaja reducirá su dotación un 26,3%; mayor en el caso de Caja Canarias, que también reduce a la mitad sus aportaciones, y así sucesivamente. Con este panorama, mucho nos tememos que el interés público de las Cajas, a través de las inversiones de su obra social, sea una especie en vía de extinción, y además en vía rápida.

La banca pública, alternativa a la bancocracia

Una sociedad bancarizada, como la actual, es una sociedad hipotecada, política y económicamente. La especulación bancaria, en manos privadas, no solamente ha sido y es responsable de la crisis económica. La banca privada, además, desde su posición privilegiada de monopolio, es un poderoso instrumento de dominación de clase y chantaje permanente, que convierte nuestras vidas en simples áreas de negocio.

Basta ver, a modo de ejemplo, cómo el sacrosanto derecho constitucional a una vivienda digna ha sido convertido en negocio hipotecario. Y como la deuda de las economías familiares, disparada con las operaciones de adquisición de vivienda, pesa como una losa sobre buena parte de la sociedad, y contribuye a dibujar un panorama de sumisión, desierto de rebeldía ante los desmanes, huérfano de contestación social. El poder de la banca se ha manifestado también en la última «reforma» de las pensiones. El interés por promover fondos de pensiones privados ha presionado decididamente a la hora de empobrecer las pensiones públicas.

En un escenario de graves recortes sociales, la generosidad casi sin límites del Gobierno y de la clase política, hacia el capital financiero y la banca, resulta escandalosa, incluso obscena. Ante la debilidad, sumisión y generosidad de los gobiernos de turno, la bancocracia imperante responde, de manera arrogante e inmoral, encareciendo los servicios y cerrando el grifo del crédito. De esta manera se ahoga la economía productiva, con el consiguiente cierre de miles de pequeñas y medianas empresas (donde se encuentra el 80% del empleo), el aumento espectacular del paro y el empobrecimiento general de la población.

Hemos de reconocer, para bien o para mal y mientras no seamos capaces de cambiar el sistema, que los servicios financieros ocupan un lugar primordial en la economía y en la organización social. De ahí que una Banca de carácter público, deba ser una de las piedras angulares del cambio social (9). En ése sentido, la privatización de las Cajas de Ahorros no supone solamente un expolio. Es, además, una oportunidad perdida para desarrollar un proyecto de Banca Pública, ya que las cajas de ahorro, con su potente cuota de mercado, podían haber sido la base de ése proyecto. Su venta constituye, por lo tanto, una operación política diametralmente opuesta a los intereses y necesidades de la sociedad. Por ello, esta llamada «Reforma del sistema Financiero» tendrá unas consecuencias tanto o más graves que las otras «reformas».

Cualquier avance social de reparto del trabajo y de la riqueza, junto con la reactivación de la economía productiva, pasa por romper las reglas de juego del sistema bancocrático.

Es necesario acabar con el monopolio actual de la banca privada y, en la línea de la defensa de los servicios públicos, reivindicar la creación de una banca pública de calidad, al servicio de los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía, sin ánimo de lucro, con un funcionamiento ético, bien gestionada y controlada democráticamente.

Es un paso imprescindible para una salida social a la crisis. Pero también lo es para conseguir una sociedad futura más justa e igualitaria.

Notas:

(1) Desde que la Reforma Laboral entró en vigor, en junio de 2010, la EPA indica que en el 3er. Trimestre de 2010 hubo un aumento de la ocupación de 69.900 personas en el Estado español (debido fundamentalmente a la estacionalidad), pero en el 4º trimestre de 2010 la ocupación disminuyó en 138.600 personas, con un aumento, en el conjunto de 2010, de 370.100 parad@s más, hasta alcanzar oficialmente las 4.696.600 personas, un

20,33% de la población activa.

(2) La Ley les ha obligado, hasta ahora, a destinar el 50% de su excedente a reservas obligatorias. El resto se debía destinar a la Obra Social.

(3) Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, dotaciones de dinero público que, en teoría, se han de devolver al 7,75% de interés.

(4) Olavarrieta (director general CECA): «Lo cierto es que todas las cajas [excepto CCM y Cajasur] están en beneficios a 30 de septiembre. Además, se han tomado los datos de las cajas por separado, pero ya están integradas en fusiones frías o SIP, que es donde hay que compararlos» (El País, 07-01-11) «Todas las cajas de ahorros españolas están en beneficios a 31 de diciembre y lo estarán a 31 de marzo» (Gestinova Radio, 10-01-11).

(5) En la actualidad, los bancos se han equiparado a las cajas de ahorro en morosidad. Según datos del Banco de España, ambos grupos de entidades cerraron 2010 con una morosidad alrededor del 5,81%. Otras fuentes hablan de una morosidad potencial (créditos dudosos) superior al 14% aunque, según Olavarrieta (director general CECA): «sobre un total de 51.800 millones de euros de créditos dudosos, las cajas de ahorros han provisionado ya 38.000 millones» (Gestinova Radio, 10-01-11).

(6) CGT no ha firmado ninguno de estos pactos, ya que tiene acordado no avalar EREs en empresas con beneficios. Las mayorías sindicales del sector (CCOO, UGT, CSICA, CIC) pre-pactaron los acuerdos sobre EREs y despidos, ocultándolos durante el proceso de elecciones sindicales en el sector de ahorro, cuyo día de votación fue el 24-11-10. A partir de ésa fecha, se fue conociendo, y aplicando, el contenido de esos pactos.

(7) «Moody’s cree que las cajas necesitan 50.000 millones de capital. La agencia duplica la cifra que prevén el Gobierno y el Banco de España» (El País, 01-

03-2011).

(8) Diario Público, 28-02-11.

(9) En cuanto a servicios financieros, banca pública y cajas de ahorros, ver los Acuerdos del XVI Congreso Confederal de la CGT. Málaga, 4, 5, 6 y 7 de junio de 2009, Págs. 120 a 124.

«La primera cuestión que debemos proponernos es ésta: ¿Cuál es el objeto de nuestra ciencia? Y la respuesta más sencilla y clara es que este objeto es la verdad.»

(Hegel, Enciclopedia)

El ser social del proletariado no se corresponde con su conciencia

Cansados de contemplar cómo las contradicciones de la dominación no se corresponden con progresos en la conciencia de los oprimidos, cada vez que planea en el horizonte o que sucede una confrontación social de mayor o menor intensidad se entona el cántico de la lucha de clases, del retorno del proletariado y del drama final, sin tener en cuenta las condiciones presentes y los antecedentes que puedan explicar el conflicto a fin de desvelar sus límites y posibilidades. Es como si la historia se hubiese parado en algún momento significativo del pasado y no le quedara otra opción que repetirse en permanencia al azar de fortuitos momentos subversivos: un estallido en Grecia, un manifestación de estudiantes en Londres, una huelga contra el deterioro del sistema de pensiones en Francia, una revuelta masiva como la de Túnez o Egipto… La evolución teórica de la protesta social parece haber culminado con los ideales de la socialdemocracia, el anarcosindicalismo, el estalinismo o el situacionismo y, en buena lógica, estos acontecimientos ofrecen la mejor ocasión para vestir lo nuevo con ropa vieja acoplando las consignas previsibles y los lugares comunes de las ideologías. El dolor del ánimo y la tristeza intelectual ya no acompañan a la impotencia de la razón, puesto que el análisis superficial y tópico ha elevado esa impotencia a doctrina. Gracias a la confusa herencia de éstas la historia regresa, se repite, pero la repetición en realidad no refleja más que una falta absoluta de marco conceptual con el que identificar las líneas del proceso histórico ordenada y coherentemente, de forma que los hechos adquieran un significado real e inteligible. Así pues, tampoco hay fin ni retorno de la historia; lo que hay es ausencia de conciencia histórica, y en su lugar, fetichismo ideológico, parálisis teórica y obscurecimiento de la experiencia. Son los resultados del triunfo del capitalismo, de sus formas correspondientes de sociedad y Estado, de la mentalidad, la cultura y estilo de vida que le son propios, de donde salen las trompetas y emanan los argumentos de su falsa contestación.

Si aspiramos a lo que Hegel llamaría «un conocimiento racional de la verdad» y queremos orientar nuestra obra sin perdernos en tópicos y trampas ideológicas, no podemos quedarnos en el registro de lo contingente y aparente, ignorando el lado interior de los hechos, particularmente los recientes, los últimos partes de guerra. Un periodo donde las fuerzas sociales históricas han sido vencidas constituye la oscura prehistoria que ha incubado el periodo siguiente. El escenario social ha sufrido profundas alteraciones con la derrota y la mayoría de los conceptos y experiencias se han vaciado, ya no significan lo mismo ni conducen al mismo lugar. La derrota marca tanto el fin de los avances teórico-prácticos de las clases oprimidas como la degradación de su proyecto. El no reconocimiento de sus fatales consecuencias equivale a abandonar «el rudo trabajo de la inteligencia», circunstancia que alimenta la nostalgia de la oposición antisistema actual, cuyos miembros vuelven «a las arenosas playas de las cosas de este mundo» (Hegel dixit) sin haberlas nunca abandonado, incapaces de enfrentarse a la utopía capitalista vencedora con otras armas que las prehistóricas. El capitalismo los tiene en su terreno: podrá resentirse con las múltiples catástrofes que provoca, pero no tiene nada que temer de las armas de juguete, de las modas contestatarias o de los apocalipsis literarios. Con tales complementos se puede llegar a ser hábil y adquirir la rutina de una profesión, sea la de dirigente político o la de revolucionario, pero muy otra cosa es modelar un pensamiento realmente subversivo y practicarlo de forma coherente.

Dos fenómenos igual de lamentables se repiten en todos los conflictos sociales contemporáneos: primero, sus protagonistas nunca cuestionan completamente a sus enemigos –el Estado, la burguesía, los sindicatos, los partidos— pues parten de problemas muy concretos cuya solución cae dentro del sistema y además carecen de proyecto alternativo. Ya parece que sea normal vender su tiempo y esfuerzo o que otros negocien la venta; a nadie sorprende que las finanzas dominen las necesidades y los deseos.

Segundo, cualesquiera que sean los resultados de la lucha, al finalizar ésta todo vuelve a estar como antes. La experiencia no se acumula. Este cuadro no es intemporal, surge durante el reflujo de las luchas obreras que prendieron al final del fordismo y se generaliza con la reestructuración capitalista posterior –años setenta y ochenta–, por lo que no conviene ignorarlo, como si siempre hubiera estado ahí, a fin de no nadar en las aguas turbias de la ideología: conviene regresar a los debates suscitados por el desvanecimiento de las perspectivas revolucionarias en Europa y América durante aquella época tan prometedora. En resumen, reexaminar el fracaso de lo que dio en llamarse el segundo asalto a la sociedad de clases.

El aborto de un periodo revolucionario y sus resultados

Los movimientos huelguísticos acaecidos entre Mayo del 68 y Polonia del 81 no instauraron un control obrero de la producción ni llevaron a la formación de consejos obreros.

En los lugares donde aparecieron formas consejistas –asambleas, comités, piquetes, comisiones representativas o coordinadoras de delegados— éstas no rebasaron jamás las funciones que ejercían los sindicatos; su existencia estuvo marcada por la inestabilidad y su duración fue siempre escasa. No fueron jamás órganos de poder paralelo ni instrumentos de expropiación o de reordenación de la vida cotidiana en el medio obrero. La excepción polaca fue relativa: la central obrera Solidarnosc devino efectivamente poder alternativo, pero su fuerza fue empleada en la demolición controlada del régimen estalinista, de modo que en lugar de emancipar a los trabajadores, modernizó la dominación. En España, con la intención de paliar los efectos negativos del exceso de espontaneidad y desorden de las asambleas de huelga, así como para protegerlas de la represión y la manipulación de los sindicalistas reformistas, hubo quienes defendieron la necesidad de una central sindical no burocrática, asentada en bases asambleistas, con principios, métodos y fines libertarios. Ese fue el argumento más honorable de la reconstrucción de la CNT, aunque hubo otros que lo fueron menos. El problema, sin embargo, no radicaba solamente en la forma idónea de la lucha de clases, asambleas o sindicatos, sino en su contenido.

No era suficiente la autoorganización del proletariado, había de especificarse su autoabolición. La lucha de clases implicaba a la vez, autoafirmación y desclasamiento.

La autonegación del proletariado tenía que manifestarse en la práctica diaria junto a la autorrealización, no quedar anclada en un futuro brumoso como improbable objetivo de un programa o tema de un dictamen congresual. Pero dicha práctica, tal como se manifestaba en el absentismo o el turn over, en la deserción de la fábrica, en la insumisión, en la lucha antinuclear, en la liberación de la sensibilidad y el deseo, en la sexualidad libre y la comuna, en la convergencia entre rebelión y arte…, entraba en contradicción con la lucha cotidiana por las condiciones de trabajo, el salario y el empleo. La sustracción de la existencia al mercado no se llevaba bien con la compra cotidiana en dicho mercado de la propia existencia. Las reivindicaciones laborales ya no cuestionaban como antaño la esencia del sistema dominante puesto que eran perfectamente asumibles, y eso a pesar de que la crisis de la organización laboral fordista diera pábulo a ilusiones al desencadenar procedimientos expeditivos inaceptables para el poder establecido: solidaridad, huelgas salvajes, ocupaciones, sabotajes, enfrentamientos, etc. La lucha por el trabajo en los setenta hubiera tenido que ir estrechamente asociada a una revuelta contra el trabajo, pero los pactos sociales, las reformas y la policía sindical lo impidieron. Tanto las estructuras asamblearias subsistentes como las organizaciones que no aceptaron el Estatuto de los Trabajadores, hubieron de amoldarse a esa realidad y escoger entre la transformación en lumpen o en sindicatos vulgares, presentando candidaturas y, en tanto que mediadores en el mercado laboral, ateniéndose a las constricciones de la economía capitalista.

El proletariado había sido capaz de subvertir la sociedad de clases, pero sin poner otra en su lugar, ya que quedaba prisionero de la lógica productivista. No concebía una producción diferente, sino una gestión diferente, pero el capitalismo es un modo de producción y la gestión obrera de esa producción, llámese autogestión, colectivización o socialismo, no va más allá de un capitalismo sin patronos.

Tampoco imaginaba un hábitat diferente, por lo que su «socialismo» corría parejo a la urbanización. Bajo el punto de vista obrerista la tarea fundamental de la revolución proletaria no sería otra cosa que la corrección de los aspectos negativos del capitalismo (injusticia, desigualdad, privilegios, chabolismo), conservando otros (organización fabril, tecnología, salario, moneda, suburbios). El reino de la necesidad seguiría subsistiendo en un régimen «socialista», y a la libertad le tocaría el turno solamente al sonar la sirena anunciando el fin de la jornada laboral.

El viejo proyecto revolucionario del proletariado había quedado obsoleto porque se fundaba en la preservación y generalización de la condición obrera, no en su superación.

Además, para un proletariado absorbido por sus problemas cotidianos todos las grandes cuestiones -la destrucción del Estado, del dinero, de las relaciones de mercado y del trabajo asalariado, y por supuesto, de las metrópolis- no eran más que una meta, un destino indatable, el punto final de un camino que comenzaba y recomenzaba del modo más realista con las reivindicaciones laborales. La lucha reivindicativa desde luego no apuntaba en la dirección adecuada, resaltando aún más la contradicción entre medios y fines. Los intereses inmediatos obscurecían los intereses generales. A fin de superar tantos escollos, voces radicales propugnaron soslayar las reivindicaciones y partir de la subversión inmediata del sistema capitalista, es decir, no detenerse en la defensa de la condición obrera y combatir directamente por su abolición. Eso podían hacerlo un puñado de irregulares, pero la clase en sí era incapaz, y después del fulgor de las primeras huelgas incontroladas y de la lucha por la autonomía, las explosiones de rebeldía y los organismos de base abundaron cada vez menos, hasta desaparecer en los albores de la mundialización. La clase dominante había sabido integrar al enemigo en su mundo; la lucha de clases había acarreado finalmente un refuerzo de la economía global. El enroque sectario de los guardianes de la verdad impoluta, el activismo desconectado de toda reflexión o el refugio en la especulación teórica desligada de cualquier praxis, son variantes del exilio interior de los vencidos que reivindican la herencia proletaria.

Escapismo ante las cuestiones que la derrota del segundo asalto planteó de manera ineludible: ¿continuaba siendo el proletariado una clase revolucionaria? ¿cuál era el contenido actual de la revolución? ¿cómo ir en su dirección?

La cuestión social no es principalmente laboral sino ecológica

La clase que ya no era subjetivamente revolucionaria, había dejado de serlo objetivamente. Después de la reestructuración industrial, la suburbanización general, las innovaciones tecnológicas y la terciarización de la economía –en suma, después de la modernización- la clase obrera había perdido su posición estratégica en el proceso productivo, y por lo tanto, era un factor social pasivo, sin influencia en el desarrollo capitalista ni papel significativo en las crisis económicas. Aquella posición podía haberse recuperado en la esfera de la circulación si la clase hubiera conservado su solidez y no se hubiera dejado colonizar y disolver. Pero el conglomerado de trabajadores casi todos del sector terciario, intelectuales, empleados, pensionistas y funcionarios, resultante del desarrollismo, un agregado dependiente, atomizado y recluido en la vida privada, no mantenía en su seno relaciones directas, o en otras palabras, no constituía una clase. No era cuestión de ponerse a buscarla en las tinieblas de la especulación, inventando una naturaleza proletaria negativa y abstracta enfrentada a un ser real y afirmativo, o dicho de otra manera, imaginando un proletariado «comunizador» celeste dentro de una resignada clase terrestre. Concluyendo: el proletariado no poseía un carácter revolucionario intrínseco, y mucho menos estaba imbuido de una misión histórica cualquiera. Cierto que existía un antagonismo entre explotados y explotadores, o entre dirigidos y dirigentes, pero éste no desbordaba los cauces de la explotación y, por tanto, no conducía a un proceso revolucionario.

Las luchas reivindicativas no contribuían a la destrucción del capitalismo sino a su modernización, pues el proletario no podía ser al mismo tiempo defensor y destructor del trabajo. Pero había más; llegado el momento en que el impacto nocivo de la actividad económica sobre la salud y el medio era peligroso, en que la cantidad de recursos que se destruían duplicaba al montante de lo que se regeneraba, la defensa del trabajo era injustificable desde el interés general, y por lo tanto, moralmente inasumible.

Cuando el síndrome del capitalismo tardío se manifestaba con claridad, esto es, cuando la irracionalidad plasmada en la unidad inseparable de la producción y la destrucción se mostraba como «huella ecológica», no se podía mantener una posición neutral ante los productos del trabajo, cada vez más perniciosos y contaminantes, y por consiguiente, no gestionables. La putrefacción de estas contradicciones sentenció las aspiraciones revolucionarias y legitimó de nuevo a los enemigos de clase desenmascarados en el pasado. Los sindicatos ya no podían considerarse excrecencias burocráticas exteriores al proletariado, organismos de la burguesía y del Estado, sino que, tal como demostraron las seudohuelgas generales desde 1987, eran la expresión orgánica más genuina de la defensa del trabajo esclavo bajo el capitalismo renovado –incluido el trabajo tóxico y socialmente dañino-, la forma organizada de la existencia económica de los trabajadores bajo el capital, del mismo modo que los partidos autodenominados obreros y socialistas eran la forma de su existencia política.

Los sindicatos y partidos representaban realmente a los trabajadores tal como eran, o sea, objetos domesticados y manipulables, clase para el capital. En efecto, la recobrada influencia sindical oficialista demostraba que los asalariados habían elegido la servidumbre voluntaria en vez de la libertad; habían escogido su afirmación alienada como fuerza de trabajo en lugar de tomar partido por su propia negación. Mejorar las condiciones de existencia, pero no cambiar la sociedad en su conjunto. Fin de las teorías obreristas, y con ellas, de la idea de la revolución como acto de afirmación proletaria, democrático o dictatorial, o sea, como una toma del poder por parte de sus organizaciones, sindicatos, consejos o partidos, en el terreno económico o en el político. Los obreros no harían nunca esa revolución, puesto que se conformaban con los convenios y pactos sociales, renunciando incluso a gestionar directamente lo existente; ni tampoco la otra, la que se confundía con su autodisolución: nunca pelearían por el comunismo libertario ni por ninguna otra clase de comunismo.

Comunidad rural antidesarrollista o sociedad de masas urbanas

El abandono teórico del obrerismo sin recurrir a sucedáneos como la ciudadanía, el pueblo, la nación, las redes sociales, los cibernautas o la multitud, tenía que concretarse en una secesión práctica de las estructuras capitalistas, que bien podía debutar con la huida del lugar de trabajo, el rechazo del consumismo, la búsqueda de un modo de vida solidario, la recuperación de viejos saberes artesanales, el descubrimiento de la agricultura tradicional, etc., es decir, con algo opuesto a la idea de progreso y en la línea del socialismo utópico y del colectivismo libertario. Dos concepciones existenciales se hacían entonces patentes: la comunidad, el reino de la Kultur, y la sociedad, el reino de la Zivilisation. El mundo de la ética y el mundo de la economía, el dominio del valor de uso y el del valor de cambio; en resumen, el territorio y la urbe. No obstante buscar las respuestas lejos de las fábricas y de las aglomeraciones urbanas, no había que perderlas de vista si no se quería parar en situaciones marginales completamente inofensivas. Cuestiones como la subjetividad autónoma, el sujeto revolucionario, el papel de la técnica y del urbanismo, las luchas anticapitalistas o el contenido de la revolución, tampoco podían plantearse seriamente en el marco de una autoexclusión voluntarista que despreciara los movimientos urbanos generados en las crisis de la dominación.

Para la elaboración de una nueva teoría de la revolución y el ejercicio de una nueva praxis hacía falta un espacio público apropiado, un particular terreno de combate, un escenario verdaderamente anticapitalista donde pudiera forjarse una sensibilidad ajena al cemento y desarrollarse una nueva comunidad subversiva. Pues bien, dicho espacio se articula en torno a la defensa del territorio, pero no es solamente rural, ni deja de ser urbano. La explotación del territorio es el recurso último del capitalismo, para lo que necesita ingentes obras de adaptación. La resistencia a la transformación del territorio impuesta por políticas hidráulicas y energéticas, por la construcción de infraestructuras y por el fomento del turismo, que es una resistencia al modo de vida industrial y urbano, ocupa involuntariamente el centro de la protesta social, puesto que apunta al corazón del sistema. La defensa del territorio es la verdadera lucha anticapitalista, porque de un lado cuestiona radicalmente la naturaleza del capital, y porque del otro, los antagonismos que suscita al trabar su circulación alientan una superación emancipadora.

Algunos hechos no se habían tenido suficientemente en cuenta. El desarrollo económico ilimitado implica la proletarización casi total de la población, la generalización de las relaciones capitalistas, la mercantilización absoluta de las relaciones sociales. La desagregación de las estructuras de clase, la artificialización de la vida y la urbanización general del territorio son una consecuencia necesaria. El capitalismo crea y organiza su propio espacio, aquél donde el mundo de la mercancía y del progreso tecnológico puede desplegarse sin trabas: la conurbación es la forma espacial que mejor conviene a la dominación. La forma en donde el tiempo le pertenece. Las conurbaciones, áreas metropolitanas y sistemas urbanos, funcionan como fábricas gigantescas en donde la vida, motorizada, inmersa en un entorno tecnológico y recluida en el ámbito privado, se confunde con el trabajo. El nuevo sujeto de la historia podría definirse provisionalmente así: proletario es todo aquél que vive en un territorio-fábrica y es consciente de ello. El espacio público ha sido reemplazado por un espacio de flujos, de no-lugares, donde la mutilación de la vida se acelera hasta alcanzar un umbral en la alienación que vuelve imposible cualquier forma generalizada de conciencia, y por lo tanto, cualquier forma coherente de rebeldía. El capitalismo ha resuelto el problema de la revolución yendo por delante, bloqueando así la emergencia de un sujeto disolvente. Para escapar a las tenazas de los mercados hay que luchar contra la mal llamada ciudad y procurar instalarse o al menos establecer lazos con el espacio suburbano, al que ya no se puede llamar campo, donde pueden reconstruirse relaciones solidarias directas y formularse las preguntas esenciales sin demasiados lastres ideológicos que las embrollen. Este nuevo eje de lucha deja a la conurbación en la retaguardia y traslada el frente al territorio, pero no abandona una por el otro, sino que se sirve de ambos. El contenido de la revolución -y si nos apuran, el de la poesía- replanteado de esta manera es antidesarrollista y desurbanizador. La conurbación, es territorio aniquilado, historia borrada, cultura muerta. Su abolición equivale a la de la fábrica: fin del trabajo y fin de la vida como trabajo. Por consiguiente, una sociedad comunista libertaria, orientada hacia la satisfacción en libertad de necesidades y deseos, ha de ser una sociedad predominante pero no absolutamente rural, de carácter municipalista. Es una sociedad donde la integración de la ciudad y el campo en el territorio superará la contradicción entre lo urbano y lo rural. Los bienes comunales, el trabajo colectivo y el municipio, son las herramientas sociales de esa superación.

La lucha decisiva es en defensa del territorio

La ciudad descoyuntada, como hemos apuntado, es el peor sitio para la conciencia, pues se trata de un espacio esencialmente capitalista donde los conflictos son neutralizados y la vida cotidiana sometida a los imperativos del consumo y la motorización. Es el territorio per se del desarraigo y de la desposesión. Habrá que luchar contra su expansión, al fin y al cabo expansión de ese mismo desarraigo y esa misma desposesión, y el combate podría efectuarse mejor desde fuera, puesto que el ritmo de vida campesino facilita los encuentros y permite un uso relajado del tiempo y del espacio. Pero no exclusivamente; también se combate contra la conurbación desde dentro, pues mientras la segregación sea mínima y no afecte al mercado de trabajo, o mejor, mientras las comunidades de lucha más numerosas permanezcan de grado o por fuerza en la urbe, no hay otra posibilidad. Conviene remarcar que el movimiento de segregación no busca retornar al paleolítico o a la Edad Media, sino enfrentarse eficazmente al capitalismo, siendo el campo abandonado por la economía una especie de nuevo laboratorio tanto de la razón como de la imaginación, el horizonte del nuevo sujeto colectivo y de la nueva subjetividad apasionada a constituir por los desertores del mundo urbano y de la agricultura industrializada. La sociedad libre no podrá edificarse sino sobre la ruina de las industrias y las conurbaciones, pero eso simplemente es el final de la civilización burguesa, no el final de cualquier civilización.

El municipio ha sido en la península ibérica la formación social más parecida a la polis griega y también la más contraria al Estado. Su desarrollo entre los siglos XI y XIV tras un largo periodo desurbanizador representó la forma más lograda de sociedad fraternal e igualitaria, al menos en sus primeros momentos, cuando no se producían excedentes o éstos se dilapidaban de modo improductivo en fiestas, edificios públicos o batallas. Las relaciones con un poder territorial al principio sin capacidad coercitiva suficiente se basaban en la reciprocidad y no en la opresión.

Las diferencias estamentales no eran importantes y las decisiones se tomaban en asamblea abierta; el vecindario se regía por normas dictadas por la costumbre y combatía la escasez con el aprovechamiento de tierras comunales.

En tal sociedad sin Estado –o al menos fuera de su alcance—tuvo lugar la síntesis de lo rural y lo urbano que dio forma a una cultura rica e intensa, el primer rostro de nuestra propia civilización, hoy irreconocible. En su seno no se concebía la individualidad como aislamiento y ausencia de obligaciones; el individuo era determinado por la comunidad y no al contrario. Así las cualidades de la conciencia histórica (memoria, tenacidad, lealtad, autodisciplina, compromiso social) se sobreponían a las aptitudes exigidas por una existencia entregada a la satisfacción inmediata de impulsos (narcisismo, hedonismo, ludismo, inconsecuencia), tan típica de nuestros días.

El municipio fue durante mucho tiempo la célula básica y autónoma de la sociedad, el centro ordenador del territorio, la forma de su libertad política y jurídica ganada a pulso en lucha contra la Iglesia, la aristocracia o la realeza, el medio de una identidad mediante la cual sus habitantes pudieron intervenir como sujeto histórico en otros tiempos, que el desarrollo de patriciados, la propia decadencia, el Estado absolutista y la burguesía decimonónica se encargaron de cerrar. Y precisamente hoy, cuando una identidad combativa debe constituirse en la resistencia antidesarrollista y la defensa del territorio, único espacio donde pueden confluir el interés subjetivo y el objetivo, su ejemplaridad puede servirnos de fuente de inspiración, aunque no de coartada para compromisos institucionales de tipo localista. Se trata de reconstruir elementos comunitarios en una perspectiva revolucionaria, no de legitimar el sistema político de la dominación con candidaturas electorales. Importa echar abajo el edificio de la esclavitud política y salarial, no apuntalarlo, por lo que el municipalismo revolucionario no ha de entenderse sino como un retorno antipolítico a lo local en el marco de la defensa radical y universal del territorio.