Estamos en una especie de tsunami iniciado, parece ser, por las entidades financieras y sabiamente reconducido contra todo derecho, contra toda garantía, contra todo lo público y contra todo lo social. A través de las manipulaciones financieras nos endeudaron a todos de forma colectiva y en muchas ocasiones individualmente, y ahora, vienen a desahuciarnos.

Y no es seguro que esta realidad sea resultado de una mente perversa sino la única forma de supervivencia de un capitalismo competitivo, enfrentado a un paulatino agotamiento de los recursos naturales, necesitado cada día de mayor concentración de la riqueza y del poder.

Cabría preguntarse si es posible otro capitalismo y sería bueno que nos ayudara a responder a esa pregunta cualquiera de los ciudadanos de los países mantenidos en la pobreza, que siempre han venido siendo esquilmados por ese capitalismo, con la colaboración en muchas ocasiones de sus clases dirigentes.

Siempre ha existido un cerco fuera del cual estaba la intemperie de la privación de recursos. La crisis está funcionando como un estrechamiento de ese cerco y quienes ahora vamos quedando fuera somos nosotros. Nuestra sociedad sigue teniendo un nivel de bienestar o de consumo importantes, pero cada día esos afueras se aproximan más y empiezan a presentársenos en entornos cada vez más próximos.

Y el cerco seguirá estrechándose  y nuestro empobrecimiento se hará más profundo imparablemente como una necesidad del capitalismo y su modelo de desarrollo, carentes de toda capacidad de frenado o de cambio de rumbo. Solo una reacción social fuerte y decidida podría ser ese freno.

Pero tampoco parece que estemos en el camino de posibilitar la irrupción de esa necesaria reacción social. Al contrario, colectivamente seguimos siendo una sociedad empeñada en mirar para otro lado, mantenida en la creencia de que el empobrecimiento tendrá un límite y que su carácter será pasajero, y de que los ajustes y sacrificios que nos imponen tendrán su premio, sin querer ver que solo son el anuncio de lo que se nos avecina. Ana Mendes, cierra su artículo publicado en este número, “Portugal 2013 – Un país al borde del colapso”, con una frase atrozmente certera: “El error de Portugal hace dos años fue pensar que no era Grecia, como tal vez el error de España ahora es pensar que no es Portugal. Es que, amigos y amigas, somos todos griegos porque todos somos Europeos”. Ese no querer darnos cuenta de la situación, ese dejarnos engañar por promesas, nos llevan a un  retraso en la contestación social, retraso que nos saldrá caro porque el cuándo de esa posible reacción no deja de ser importante: cada día que pasa nos aboca a una situación peor, y el punto de partida del que pudiéramos arrancar estará cada día más retrocedido.

Es cierto que algo pasa. El 2011 sucedió el 15M, y en 2012 ha habido dos convocatorias de huelga general. La deslegitimación del modelo, tanto económico como político, desarrollada por el 15M  se quedó en eso y las dos convocatorias de huelga no modificaron la situación laboral y social, resultando una realidad que muestra más sus insuficiencias y su no llegar, que sus posibilidades.

En buena medida la “crisis” viene a ser una declaración de guerra del capitalismo a la sociedad, un enterramiento de las políticas socialdemócratas y de las vías de concertación social, mientras que las dos huelgas habidas no son una respuesta a esa declaración, sino que siguen estando en esa estrategia del sindicalismo de pacto, de demostraciones de fuerza en la búsqueda de su recuperación. Y no será fácil  que las organizaciones sindicales mayoritarias pasen a una posición más decididamente beligerante, ni mucho menos que lo hagan con el apremio que la situación requiere.

Para que eso no ocurra CCOO y UGT seguirán contando con el favor de lo establecido, seguirán gestionando, a la sombra de la patronal, bolsas de trabajo, aunque cada vez más precario, y seguirán recibiendo subvenciones, aunque sean menores, que les permitan ejercer un clientelismo menguante y su propio mantenimiento. Pero el cierre de ese espacio sindical ya les está afectando, en la reducción de  sus aparatos por no poder mantenerlos y en la desafección paulatina de alguna parte, no necesariamente la más válida, de sus adherentes.

Sin embargo, ni la pérdida de legitimidad implica que se abran espacios a nuevas realidades ni el adelgazamiento del sindicalismo de pacto se traduce en un incremento del espacio de confrontación ni en una variación significativa de la contestación social,  que viene experimentando un crecimiento cuantitativo, pero que todavía es muy puntual, dispersa y esporádica, resultando terriblemente difícil encontrar formas de actuación que vayan en la dirección de dar respuesta a las injusticias más graves de la actual situación, que incrementen la capacidad de confrontación y presión social y que incorporen a esa dinámica a sectores sociales cada día más amplios.

Todavía la situación parece no posibilitar la respuesta social que conjugue una propuesta suficientemente radical con un eco con la suficiente amplitud, obligándosenos a optar entre la una o la otra, como si el malestar existente estuviera demasiado mezclado todavía con un acceso nada desdeñable a la sociedad de consumo que pudiera más que aquél, como si todavía los elementos de amortiguación prevalecieran sobre los de malestar.

Somos una sociedad con muy grandes desigualdades internas. Del mismo modo que la crisis está agrandando las diferencias entre “ricos” y “no ricos”, también las está agrandando dentro de la mayoría social. Aunque esa mayoría estemos empobreciéndonos, lo hacemos de muy desigual manera. Existen diferencias económicas sustanciales dentro del sector “trabajadores” o del de “pensionistas”, diferencias, además, que, si puede establecerse una línea o franja por debajo de la cual no es posible atender a lo que en nuestra sociedad se consideran necesidades vitales, sitúan a parte de esos sectores claramente por debajo y a otra parte holgadamente por encima, con lo que resulta difícil utilizar estos términos para definir realidades que puedan considerarse homogéneas.

Son esas desigualdades internas las que hacen difícil o imposible que una determinada propuesta social pueda alcanzar un respaldo mayoritario, exigiendo que “lo reivindicativo” tenga que tener otras formas de expresión, dirigiéndose, efectivamente, a un reparto mas justo entre las rentas de capital y las del trabajo, pero también a un reparto más justo entre las rentas del trabajo. Más, sin lo segundo difícilmente alcanzaremos lo primero, pues esas desigualdades son un arma imponente en manos del poder económico.

Junto con la renta básica, el reparto del trabajo parece una reivindicación prioritaria. La jornada de 30 horas semanales, traducida en los equivalentes puestos de trabajo, resulta un objetivo necesario y debiera ser ocasión para una homogeneización interna vía reducción de los abanicos salariales y también par obtener una relación más favorable entre las rentas de capital y las del trabajo. Esto es, el coste salarial de la reducción de jornada ni tiene que ser pagado en su totalidad por los trabajadores ni tiene que se repartido por igual entre los diferentes niveles salariales.

Pero estamos muy lejos de conseguir ese objetivo. Es más, seguramente se nos están imponiendo incrementos de jornada y, simultáneamente, se está abriendo la vía a una reducción del paro a través de minitrabajos y otras propuestas de exacerbación de la precariedad y del deterioro de las condiciones laborales y salariales, también muchos de los conflictos laborales se están saldando con reducciones salariales para mantener el empleo, lo que significará formas de “reparto” que nos irán sendo impuestas y que obrarán en la dirección contraria, en la del incremento de sus beneficios y de sus medios de dominación y el de las desigualdades.

Siendo importante, la jornada de 30 horas, la renta básica o cualquier otra propuesta concreta resultarán insuficientes, necesitamos un cambio de rumbo más general, que abarque la totalidad de los derechos  políticos, sociales y laborales, enfrentándose para ello a temas como la deuda, los déficits democráticos de nuestro marco legal y el modelo de representación, un cambio solo se puede impulsar desde una movilización mucho más decidida.

Una movilización cuya demora o ralentización nos saldrá cara. Basta ver el camino que vamos recorriendo: el relativo bienestar presente, del que ya han sido excluidos importantes sectores sociales, es el bienestar que nos queda, el que todavía no nos han quitado, pero que desaparecerá de mantenerse las actuales dinámicas, de no producirse ese cambio de rumbo impulsado por la movilización social.

Dos huelgas generales en 2012 demuestran más su insuficiencia que su potencialidad. Necesitamos otros ritmos y también otras formas de movilización, sin renunciar a las clásicas. Necesitamos incentivar la movilización y añadirle actitudes de desobediencia a medidas radicalmente injustas y de boicot a determinados productos e instancias comerciales o financieras. Necesitamos sumar y conjugar las actuaciones colectivas e individuales.

Con la “crisis” el capitalismo nos situó en una encrucijada, y toda la gestión de esa crisis ha consistido en andar por una senda equivocada, muy provechosa para los intereses minoritarios, pero socialmente nefasta y que, lejos de las mentiras de reactivación y vuelta a la prosperidad, nos conducirá a situaciones de más profundo deterioro. Impulsar el cambio de rumbo  es necesario y perentorio.

Me acuerdo del tiempo en que el sol brillaba en las plazas filtrándose a través de las lonas que cubrían las cabezas de la multitud en asamblea.

Me acuerdo de todas las plazas como si fueran una sola, todos los gritos indignados al unísono.

Me acuerdo del primer asalto ganado contra el individualismo hegemónico: encontrarnos.

Me acuerdo de nosotros cuando conquistamos la plaza, cuando nos hicimos nosotros.

Me acuerdo de la fuerza de soñarse colectivamente, como lava incandescente parte de una erupción volcánica.

Me acuerdo, nos acordamos…

Ha pasado ya cierto tiempo, pero aún recordamos con fervor aquella primavera caliente de 2011. Aquel dia 15, de otro mayo para la historia, a partir del cual la indignación se hizo generalizada, y en el que mucha gente pensó que, por fin, todo iba a cambiar.

 La vertiginosa actualidad en la que vivimos presos exige resultados inmediatos. Somos corto-plazistas por imperiosa necesidad del tiempo que corre -muchas veces en contra-, y eso, junto a la falta de plasmación inmediata de las aspiraciones transformadoras, produjo desazón y desánimo, que a su vez, llevó a la desmovilización. De repente, todo dejó de tener sentido: las asambleas devenían interminables y estériles; las acciones, puramente simbólicas, y las manifestaciones, paseos maratonianos. Miles volvieron al letargo de la cotidianidad capitalista. Parecía que la indignación se había truncado en una suerte de resignación generalizada. Pero hoy, lejos de ser así, vemos cómo se multiplican las movilizaciones; aunque sean sistemáticamente desplazadas del centro de la arena pública. Ese desplazamiento ha producido la desconexión paulatina de parte de la población y el cuestionamiento del capitalismo ha vuelto a un segundo plano en la agenda informativa.

 El momento actual, de cierta bajada de la intensidad, resulta una buena oportunidad para reflexionar. Este artículo trata sobre la reproducción de las luchas, de los ciclos de protesta y cómo sobrevivirlos o, lo que es lo mismo, librarnos de ellos. Porque en definitiva, no se trata de subir y bajar a ritmo de los acontecimientos, sino lograr que los acontecimientos bailen a nuestro son. En este camino, lo básico es la creación de códigos y ritmos propios que alimenten alternativas cotidianas -otras maneras de vivir- en todos los campos de la vida. Una rara normalidad paral·lela hecha de excepciones autónomas que vaya componiendo esferas públicas no estatales,[1] desinfectadas de capitalismo. Crear situaciones donde acumular fuerzas, defensivas y ofensivas, para asaltar coyunturas con garantías de supervivencia más allá del choque.

 [Lo importante, es saber mantener un relato coherente que una generaciones de lucha, que junte espacios y lugares de resistencia. Lo fundamental, proyectar una memoria colectiva, que se actualice constantemente, que permita mantener la llama del descontento más allá de los ciclos puntuales.]

 Todo lo que sube, baja o ¿cómo estabilizar la protesta social?

La noción de ciclo de protesta nos puede ser útil como un dispositivo para hacer una lectura crítica de la realidad que nos permita emanciparnos de ellos, pero que a su vez nos conceda el mantener la coherencia de un relato común.[2]

 Los ciclos de protesta son cortes sincrónicos, aquellos momentos en que la concentración de la acción colectiva contenciosa de grupos sociales subalternos impactan en la estructura política del grupo dominante. Se constituyen en forma de puntos álgidos de acción, dónde los actores involucrados, ponen en común un determinado repertorio de movilización, unas formas de lucha y articulación de la protesta, en función de una estructura de oportunidades políticas, para impugnar el orden establecido. Si es un ciclo es porque el alcance del mismo se repite, irregular, pero pendularmente. Su trayectoria se expande y se contrae, alternando momentos de alta presencia, o de flujo, con movimientos de debilidad e invisibilidad, o reflujo. Icónica y gráficamente, la forma clásica de leer estos procesos es equiparar la trayectoria de la participación social con la de una montaña rusa de cualquier parque de atracciones. Las subidas y bajadas, los pliegues y repliegues se suceden, generando ondas de inflación y deflación de la potencia, la eficacia y la visibilidad del movimiento concreto.

 A través de este esquema de interpretación, se puede entender, que para aquellos que deseamos garantizar la continuidad de los movimientos, casi resulte más importante saber descender, que la ascensión potencial posterior. No tan sólo hace falta ser buenos “surfistas” para atravesar con éxito los tsunamis espectaculares, sino devenir buenos “paracaidistas”, o mejor, preparar la infraestructura necesaria para amortiguar el impacto. De tal manera, que cada vez que, sucesivamente, se aterrice desde una dinámica alcista, haya mecanismos paliativos que nos permitan retornar a un punto más alto del que se tenía antes del inicio del ciclo anterior. Es sólo así como, poco a poco, centímetro a centímetro, los movimientos sociales de base pueden ir apropiándose de cada vez más espacios autónomos.

 La importancia de la creación de lugares para la reproducción de formas de hacer política no es nueva, ya Carl Schmitt certificaba que: “No existen ideas políticas sin un espacio en el que sean referibles, ni espacios o principios espaciales que no se correspondan ideas políticas“.[3] La producción del espacio, siguiendo a Lefevbre, es la producción del espacio diferencial. Conseguir producir espacios implica la producción de relaciones sociales diferenciadas en territorios diferentes.[4] Por ello, sólo si se consigue una “acampada permanente y generalizada”. O menos metafóricamente, la larga pervivencia de lugares propios, hay alguna posibilidad de éxito. Generalizar el “efecto acampada” significa generar espacios de autonomía efectiva en el territorio, desde donde poder impulsar estratégicamente formas de vida que subviertan el orden dominante. La superposición de geografías autogestionarias, progresivamente escindidas del capital, que enmarañen la geografía hegemónica.

Como hizo el movimiento obrero catalán entre 1870-1939, transmitiendo de generación en generación la necesidad de autoorganización y resistencia; así como la importancia de poseer instituciones (sindicatos, cooperativas, ateneos, mutuas) donde desarrollar formas económicas, de sociabilidad y imaginarios propios. Sólo de esta forma, creando y ampliando las nuevas instituciones autogestionadas y las relaciones derivadas de la cooperación social, el descenso irreparable de la curva no será inevitable y el ciclo de protesta insurreccional, estabilizado en el punto álgido, se convertirá en una situación revolucionaria permanente.

 La rabiosa efervescencia de los 90: la reconquista de la calle

Si interpretamos toda lucha política como un combate por la apropiación de lo común,[5] podemos decir que en Sants llevamos quince años luchando por reproducir y hacer crecer este espacio común. Quince años territorializando un antagonismo que a pesar de los flujos y reflujos, sigue actualizándose. Quince años tejiendo un espacio de contrapoder alternativo a la política representativa municipal. Un espacio colectivo autónomo y heterogéneo, de apoyo mutuo y de dinámica destituyente que intenta reapropiarse de la capacidad de hacer política de base, practicando la democracia directa. Por eso se creó la Assemblea de Barri de Sants (ABS), al principio, en 1996, muy vinculada al movimiento de okupación, pero que luego supo abrirse a otras sensibilidades.

 La explosión de aquellos movimientos sociales se produjo entre 1996 y 2001, y si bien nunca fue un espacio de masas, su intensidad sirvió como reapertura del espacio político disidente en Barcelona; con unas prácticas en la calle que vertebraron movilizaciones disruptivas, inéditas desde hacía años en la ciudad. Significaron, en cierta medida, la reconquista comunitaria de la política, demostrando que se podían abrir espacios sociales relativamente autónomos no capturables; y que la política era practicable fuera de las urnas y de las redes de delegación / representación.

 Una de las luchas vehiculizadoras fue la reconquista de lugares propios donde cuestionar la propiedad privada y ensayar pequeños mundos sin capitalismo. La okupación vivió un período intenso de agitación a partir de la creación de la Asamblea de Okupas de Barcelona en enero de 1996. La ocupación del Cine de Via Laietana en marzo, certificó la conquista simbólica del centro de la ciudad. La posterior manifestación insurreccional tras el desalojo, fue el gesto que inauguró el ciclo de lucha. En Sants, si bien hubo antecedentes como el ateneo Kross 10 en 1987 o la Garnacha en 1994, la okupación más significativa fue la del CSOA Hamsa en 1996 y luego la del CSOA Can Vies, en marzo de 1997. A la presencia de estos, también habría que añadir una serie de viviendas ocupadas, siempre con alguna actividad política, que durante aquellos años proyectaron una primera esfera social compartida y tupida malla comunitaria, en torno a la que surgió la incipiente asamblea de barrio.

Estos lugares sirvieron para alimentar unas prácticas subversivas que no se quedaron encerradas en los muros de los centros sociales, por el contrario, significaron la apertura de un período de intervención pública desenfrenada: transversalmente, a partir de la impugnación de la agenda política y estacionalmente, a través de un calendario de movilizaciones donde se trataba de generar espacios autónomos en fechas señaladas.[6]

 Después de aquel ciclo inicial, el espacio político se amplificó con la antiglobalización. Seattle, Praga, Génova, las cumbres y contracumbres, con sus episodios en Barcelona, la visita frustrada del Banco Mundial (junio 2001) y la Cumbre Europea (2002). Mientras tanto, la ABS se reorganizaba gracias a una recomposición intergeneracional.[7] Las protestas contra la Europa del capital sirvieron como pretexto para visibilizar la fuerza del espacio antagonista del barrio. Aquella fuerza cristalizó en junio de 2002, con la ocupación del distrito para celebrar una asamblea vecinal espontánea, y también durante la huelga general de aquel año, cuando se logró detener toda la actividad productiva de la zona. Ya en 2003, la ABS participó de la Plataforma Vecinal contra la Especulación, una serie de movilizaciones que denunciaban las chapuzas urbanísticas (Can Batlló, Las Arenas, el TAV y la ampliación de la Estación de Sants).

 Poco después, tomó el relevo el masivo movimiento del «No a la guerra!» en 2003 y el estallido contra las mentiras del PP en 2004, que, paradójicamente, significaron el fin del ciclo de protesta. La fuerza destituyente fue capturada por los engranajes de la política representativa, las movilizaciones se fueron apagando y la potencia del antagonismo fue silenciada y reprimida mediante actuaciones como la detención del comando Bcn de ETA. Era lo que entonces llamábamos la pinza marginalización-represión/integración-recuperación[8]. No quiere decir que se acabaran las luchas, hubieron muchas y muy significativas, pero debido a la nueva coyuntura política perdieron la capacidad de incidencia que habían tenido unos años antes.[9]

En Sants, durante aquella época, también vivimos nuestro particular fin de ciclo con el desalojo del CSOA Hamsa tras 128 días de resistencia. El desalojo se realizó una madrugada del agosto de 2004. La respuesta y la rabia no se hicieron esperar con una marcha que culminó con la ocupación de La Pedrera y por la tarde, con una manifestación que acabó con enfrentamientos con la policía. Pocos meses después, atacantes anónimos propiciaban un asalto contundente con fuego contra la comisaría de la policía nacional en el barrio, que tuvo su virulenta respuesta represiva con el encarcelamiento de tres jóvenes y el caso del 4O.[10]

 ¿Cómo vencer las discontinuidades? La autogestión como vertebración de contrapoder

 Fue entonces, en ese momento de repliegue, cuando alguna gente empezamos a buscar fórmulas para preservar la capacidad de autoorganización, también en tiempos de reflujo. ¿Cómo combinar la insurrección y la cotidianeidad para prolongar situaciones de transformación social? La clave radicaba, en primer lugar, en saber combatir la fragmentación de la vida, ya leída por los situacionistas, que imponía el capitalismo. Para poder continuar con la labor de crear polos de antagonismo, primero, había que destruir la segregación en ámbitos separados (trabajo, ocio, doméstico, político) para mantener juntas la militancia y la propia vida. O sea, transformar las formas de vida cotidianas para luego poder pasar al segundo estadio, edificar espacios colectivos con potencialidad económica y política. Para eso había que crear estructuras que permitieran una labor productiva, política y personal al mismo tiempo, y ahí es cuando empezaremos a crear proyectos de autoempleo, y luego, más tarde, las cooperativas.

Espoleados por la necesidad de autoorganizarnos también en el campo laboral e influenciados por experiencias como las del proyecto A alemán en la ciudad de Neustadt,[11] pensamos que la única forma de mantener la continuidad de la comunidad de lucha que habíamos creado era ideando proyectos y vínculos fuertes con el territorio. Construyendo estructuras laborales que permitieran combinar en una sola esfera, el trabajo para sobrevivir, el trabajo para hacer política y el trabajo personal, todo vinculado a su vez a un territorio concreto, nuestro barrio. Sólo de esta manera podíamos repercutir la hipermovilidad laboral y residencial que imponen las nuevas formas de producción post-fordistas y terciarizadas y seguir con nuestra tarea militante.

Este motor inicial nos propulsó a crear cooperativas autogestionarias, como proyectos laborales, pero con una clara orientación hacia la acción social. Para potenciar el cooperativismo, creamos el Proyecto Barrio Cooperativo, una estrategia comunicativa y de transformación para extender la economía solidaria, la intercooperación y crear mercado social.[12] El reto, desde entonces, es tender hacia la generalización de la autoorganización social en medio de la tormenta de un mundo competitivo. Como dirían los viejos cooperativistas, se trata de avanzar a la inversa, como los cangrejos, dentro de los malos vientos del capitalismo.

 Lugares comunes, espacios de esperanza

Un lugar es el sitio donde confluyen el espacio y el tiempo, un lugar común, más allá del tópico, es cuando esa coincidencia es compartida colectivamente. En estos tiempos de dura reestructuración social, en Sants, seguimos experimentando con alternativas de organización comunitaria, tanto en el ámbito cultural, el campo económico o en las formas de articulación política. Pese a la alta movilidad metropolitana, se ha mantenido cierta densidad en las redes políticas de sociabilidad. La continuidad de estas esferas ha permitido el aumento exponencial de espacios propios, así como, la obtención de éxitos parciales en algunas luchas.

 Por lo que se refiere a los lugares, hemos visto proliferar una numerosa red de locales sociales, que permiten, incipientemente, la constitución de ésa esfera pública no estatal de la que hablaba: el CSOA Can Vies, el Casal Independentista Jaume Compte, el Espai Obert, el Centre Social de Sants, el BlocOnze de Can Batlló, el Ateneu Llibertari de Sants, el huerto de La Farga… Estos espacios, a su vez, cobijan colectivos variopintos como: Negres Tempestes, La Col, ARRAN sants, Acció llibertària de Sants, Endavant Sants, la comissió de veïns de la Bordeta, la associación de vecinos i vecinas del Centre Social, la Xarxa de biblioteques socials… También existen col·lectivos con vocación de ir más allá del barrio: la Assemblea Indignada de Sants, la Assamblea Groga, el semanario La Directa o la Coordinadora per la llengua (CAL).

En el ámbito económico, se han multiplicado el enjambre de proyectos de la economía social: la Xarxa d’Intercanvi de Sants (XIS); las cooperativas de consumo: Germinal, Panxacontenta y Faves Comptades. Las de trabajo: Tetería Malea, el videoclub Pim Pam films, Fil a l’Agulla, La Ciutat Invisible, Tat espais y tantas otras. Las financieras como el Coop 57 o la presencia del edificio federativo de las cooperativas de Cataluña. También existen otros proyectos, comercios y espacios afines que confieren heterogeneidad al tejido asociativo: los bares Terra d’Escudella y La Bauxa, el growshop L’Hortet de Sants o la peluquería Libre. Así como un círculo numeroso de gente que vertebra su actividad en torno a la cultura popular: Castellers de Sants y su local, Diables de Sants y Bastoners. O la importancia de los medios de comunicación propios, como el periódico La Burxa, el portal web Barrisants.org o SantsTV. Una red comunitaria de compartición de internet sin hilos, Guifisants. O últimamente, la creación de una red social própia Somsants.net.

El espacio más importante que compartimos toda esta amalgama de entidades es el de las Fiestas Alternativas de Sants, con más de dieciocho años de existencia. Este año ha sido la tercera edición celebrada en el parque de la España Industrial, con una afluencia de gente cada vez mayor, sin subvenciones y por el contrario, constituyendo un medio imprescindible que permite la autofinanciación a lo largo del año. Pero también y quizás más importante, erigiéndose como una actualización del estar-juntas anual gestionando un espacio. De hecho, fue en torno a este evento anual que nació el espíritu de lugar común y la noción de un nosotros, elemental para cualquier proyecto de la autonomía.

Entre otros procesos colectivos en marcha, está el reto de la nueva amenaza que se cierne sobre el CSOA Can Vies, que después de diecisiete años de vida constituye un referente, una auténtica escuela de militancia, con la fuerza suficiente para haber paralizado tres amenazas de desalojo. O también la recuperación del abandonado edificio de La Lealtad santsense, de propiedad municipal, que una parte muy representativa del tejido asociativo reclama para si. Pero el proceso que genera más expectativas, sin duda, es la reconquista de Can Batlló.

El mes de junio de 2011, después de una larga lucha, se consiguió entrar en este antiguo polígono industrial. Hasta entonces, la tacañería de la propiedad, la inmobiliaria Gaudir y la inacción de la administración, habían provocado la paralización del plan durante más de treinta y cinco años. Después de este tiempo de espera, a mediados de 2009, desde la Plataforma Recuperem Can Batlló se planteó un ultimátum al Ayuntamiento: o bien activaban el proceso, o el 11 de junio de 2011 se entraría forzosamente en el recinto. Al principio, la concejala, se rió irónica y incrédula: – En junio de 2011? Pero, si, entonces ya estará todo hecho!- Pero a medida que se acercaba la fecha y vieron que, efectivamente, no habían hecho nada, se empezaron a poner nerviosos. Unos días antes de lo que debía ser la acción, coincidiendo con el cambio de gobierno municipal, llamaron apresuradamente, comunicando que cedían la nave indefinidamente.

A partir de ese gesto, en una inversión de tendencia, las vecinas ya no esperamos más, y son ellos los que han de estar pendientes de los movimientos vecinales. Así empezó la recuperación de un espacio privado para el barrio, rehabilitando y construyendo una biblioteca, un auditorio, un rocódromo, una ludoteca. Demostrando que la autogestión es posible y cuestionando el monopolio estatal de lo público.[13] Una primera victoria para el presente.

En cierta medida, el BlocOnze es la territorialización y condensación de una forma de articulación política, hecha de microprocesos de cooperación social, donde se han puesto en juego las competencias acumuladas por el vecindario militante de los últimos 15 -30 años en el territorio. Más allá del tópico, de la crisis como oportunidad, es bien cierto que la retirada y dimisión del campo social por parte de la administración neoliberal, está ofreciendo un cierto margen a la formación de procesos constituyentes autogestionados. De esta forma, la labor de construcción de la Plataforma prosigue, más allá del BlocOnze, con la impugnación de la totalidad del plan y el ensayo de una suerte de urbanismo cooperativo para implementar propuestas y usos comunitarios inmediatos para el resto del polígono afectado. Un reto emocionante para el futuro.

(In)Conclusión: El problema de la asociación

Estos apuntes tan solo han querido aportar un poco de reflexión en torno a la reproducción de las prácticas antagonistas a través del ejemplo del barrio de Sants de Barcelona. Un modelo que también tiene sus limitaciones y sus aprendizajes pendientes.

Hay que tener en cuenta, que si bien las alternativas económicas son necesarias para ir substituyendo progresivamente el modo de producción hegemónico y garantizar la continuidad de las luchas en el día a día, tal vez no sean suficientes para mantener un movimiento ascendente hacia una emancipación total del capitalismo; para eso, es fundamental trabajar también en las formas de articulación política.

Si hay alguna crisis en nuestra sociedad, en estos momentos, es la fallida general de todas las formas de agregación política. Ante la debacle de la representatividad del sistema de partidos, del sindicalismo clásico, del movimiento vecinal y de, en general, todas las viejas formas de articulación, el 15M supuso un soplo de aire fresco, que logró desvirtualizar y materializar las redes sociales en las plazas y innovar en las formas de participación. El problema no superado, bastante común en cualquier proceso de autoorganización, -también en Sants-, fue la estabilización de estas formas políticas comunitarias, la superación de su vida efímera. En este sentido, el movimiento de las plazas fue cómo un ensayo, un experimento de lo que podría ser la autogestión real de toda la sociedad, que sólo se quedó en prototipo. ¿Cómo dar los pasos necesarios para aplicar esos mecanismos a toda la sociedad y de forma continuada? ¿Cómo pasar de las plazas a los barrios y la ciudad entera?

Una cuestión fundamental para solucionar lo que llamaremos -en homenaje a los antiguos-, el problema de la asociación, es saber conectar las necesidades personales con las colectivas. Cualquier entidad o colectivo debe servir realmente para solucionar problemas materiales y no meras abstracciones. Un ejemplo a seguir en esta dirección es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que pese a unos objetivos aparentemente reformistas (reformar una ley), constituye una de las organizaciones más revolucionarias y innovadoras de los últimos tiempos. Un modelo que parte de la autoorganización y empoderamiento de los propios afectados, que soluciona un problema muy concreto, y que ha demostrado una capacidad enorme de incidencia.

Aunque suene un tanto apocalíptico, empieza a ser urgente preparar una buena defensa, crear alternativas materiales de supervivencia más allá del capitalismo con modelos económicos propios. Así como un buen ataque, acumular fuerzas y crear estructuras organizativas políticas potentes que no diluyan la autonomía de los movimientos.

Desde la tradición libertaria tenemos sólidos argumentos para criticar duramente el Estado burocratizado, a duras penas legitimado por su labor “asistencial”. Pero tenemos argumentos mucho más sólidos para enfrentarnos sin concesiones a ese programa neoliberal que, apelando torticeramente a la defensa de la libertad, solo apunta a reforzar la privilegiada posición de las élites. Más allá del Estado del bienestar, más allá de lo público, defendemos una opción defensa de lo colectivo y comunitario que supone una alternativa radical a lo existente.

Por eso, como se plantea en el primer artículo, ese necesario elaborar una crítica de lo público destacando sobre todo la gestión participativa (autogestión) y el sentido profundamente comunitario de los servicios públicos. Eso exige empoderar realmente a la ciudadanía para que sea capaz de tomar las riendas de sus propias vidas y generar modelos de sociedad en los que tengan fuerte presencia los servicios comunitarios sin agostar la capacidad e expresión y creación individuales.

Para desarrollar una crítica libertaria del Estado que vaya unida a la creación de genuinos servicios comunitarios, es imprescindible tomar plena conciencia de lo que implica a nivel personal e individual convertirse en sujetos políticos, en ningún modo ni manera sometidos a los podres efectivos de lo que podemos llamar la biopolítica. El objetivo es potenciar la formación de un sujeto ético capaz de afrontar la difícil tarea de convertirse en dueño de su propia vida, superando los atractivos que ofrece ser sumisos a cambio de ciertas concesiones propias del Estado del bienestar. Ese es el tema del segundo artículo, que va seguido por otra aportación que ofrece una profunda y atinada reflexión sobre el concepto de «gobernanza».

La «gobernanza» es un concepto reciente que ha pasado a convertirse en eje de la actuación política de los neoliberales en el poder. No deja de ser un eufemismo, pues en el fondo está planteando la política como actuación técnica, en manos de expertos, únicos preparados para entender la complejidad de un mundo globalizado y tomar las medias que son exigidas sin alternativa posible por esa complejidad. Poca transparencia y mucha oscuridad garantizan que los ciudadanos ni entienden ni participan, aceptando sus medidas con resignación, pues no pueden captar con claridad que dichas medidas no son en absoluto exigencias técnicas ineludibles sino opciones claramente encaminadas a mantener y consolidar la posición de privilegio de las élites, imponiendo coactivamente un reparto muy poco equitativo de las cargas y beneficios sociales.

Las reflexiones teóricas poco ayudan si no se entra en las posibles acciones concretas que hagan presente formas alternativas de entender la articulación de lo público y lo comunitario. Los tres artículos que siguen narran tres experiencias en la sanidad, en la creación de espacios sociales y económicos colectivizados y comunitarios y en la articulación de la vida municipal en torno a los intereses de la comunidad. Son tres experiencias reales que nos devuelven la confianza en la posibilidad tanto de llevar a cabo nuestras propuestas como de ofrecer una resistencia activa y creativa a las destructivas políticas neoliberales que están demoliendo los servicios públicos.

 
Los fundamentos ideológicos de la crítica al Estado
No cabe la menor duda de que nos encontramos ante una crisis sistémica, no una simple crisis cíclica de las que son habituales en el modo de producción capitalista. En las últimas décadas —podemos decir que desde 1973— se ha estado produciendo un enfrentamiento muy duro para modificar las grandes líneas de la política económica diseñadas después de la II Guerra Mundial. No vamos a repetirnos ahora, pero está claro que los liberales, con Hayek y Von Mises como líderes intelectuales, han lanzado un furibundo ataque a los modelos que ponían en el Estado la responsabilidad de garantizar el bienestar social y económico de los ciudadanos. Desde el primer momento han criticado no solo la versión extrema del estatalismo, la Unión Soviética, sino también la versión socialdemócrata impuesta en Europa gracias al gran pacto social posterior a la II Guerra Mundial.
Sus argumentos son dignos de ser tenidos en consideración y hay dos grandes obras que ofrecen el núcleo de su argumentación: Caminos de servidumbre (Hayek) y La acción humana (Von Mises). Su planteamiento tiene antecedentes y seguidores, por lo que podemos decir que la corriente liberal ha gozado de buena salud casi desde los comienzos de la edad contemporánea. Cuando uno contempla estados fallidos, cuando uno observa lo ocurrido en España y Grecia, con estados clientelares, o analiza las relaciones entre mafia y política, por no hablar de los epígonos del socialismo realmente existente, no deja de ver el punto de razón que existe en esas críticas.
No fueron los liberales los únicos que arremetieron contra le peligroso papel del estatalismo. El pensamiento social de la Iglesia Católica, al que podemos sumar el de otras corrientes cristianas, ha sido siempre muy crítico con la estatalización o el control por el Estado de las resortes de la economía y la justicia social. La teoría se ha centrado en el concepto de subsidiaridad, único papel legítimo del Estado, cuya función es estar al  servicio de las personas (no de los individuos) y de las unidades básicas de convivencia social, en especial la familia. Todo ello acompañado de una fuerte moralización de la economía, disciplina teórica y práctica que debe estar regulada por normas morales. Es sugerente la actual variante de la economía del bien común desarrollada por pensadores evangélicos en Austria y con eco en numerosos ambientes. Es la llamada economía del bien común.
Podemos añadir a los anteriores críticos del estatalismo la larga tradición del pensamiento libertario que ha sido igualmente duro con el intento del Estado de controlar la vida de los individuos. Comparte gran parte de las críticas de los liberales decimonónicos y menos las críticas de los neoliberales actuales, tanto ha cambiado el mundo. Sin embargo, su distancia respecto a los mismos es enorme puesto que esta tradición defiende claramente el apoyo mutuo y las colectivizaciones autogestionadas, todas ellas orientadas por un profundo sentido del bien común, proponiendo fórmulas organizativas comunistas o colectivistas. En ese sentido están más cerca de la tradición cristiana y católica.
La historia de la crítica al Estado es larga y condiciona sin duda lo que ahora ocurre. El ataque neoliberal arrecia y lo hace con inusitada virulencia que va creciendo conforme, según creen sus líderes, se acercan a la victoria final, posición premonitoria de lo que va a ser la suerte de los vencidos. Cuando uno vive en Madrid, asiste en primera línea a lo que puede ser defender el neoliberalismo sin fisuras: un deterioro progresivo de los servicios públicos y un crecimiento igualmente progresivo de la presencia de la iniciativa privada en la prestación de dichos servicios que sólo aceptando la versión de Esperanza Aguirre pueden ser considerados servicios públicos. Y para rematar, la presentación de Eurovegas como el gran proyecto de creación de puestos de trabajo para la futura sociedad del conocimiento.
No se puede objetar mucho a la defensa de la libertad que abanderan los neoliberales. Fue uno de los grandes logros del mundo contemporáneo; ahora bien, conviene recordar que «no es liberal todo lo que parece». La «liberal» manera de privilegiar a un empresario que encontramos en las recientes componendas con el inversor americano que trata de situar Móstoles en el Estado de Nevada, o la torticera manera de entregar el capital «público» de la sanidad en manos de determinadas compañías privadas privilegiadas, nos acerca a modelos más propios de las compañías privilegiadas de comercio de la Edad Moderna que a los modelos de libre concurrencia, igualdad y mérito del teórico liberalismo. La defensa de la libertad termina encubriendo pobremente el ánimo depredador de las élites en el poder.
Por otra parte, esa defensa ha solido ir acompañada de la exaltación del espíritu emprendedor y la meritocracia, ocultando que el mérito tiene mucho más de hereditario que de meritorio, y esa defensa de la excelencia individual como criterio de selección social nos acerca de nuevo a paradigmas de reproducción de las escalas sociales y económicas, cercanos a las estructuras políticas, económicas y sociales del mundo señorial.  Con un especial agravante: en la sociedad estamental uno ocupaba una posición social desde su nacimiento y eso estaba justificado por ser el orden natural de las cosas; en la actual sociedad, uno ocupa casi con seguridad la posición social que le corresponde por lo que lo tocó con el nacimiento, y la legitimidad la concede el afirmar que su ascenso social es consecuencia de sus méritos personales. Por otra parte, impuesto ese orden neoliberal, la capacidad de negociación en la permanente lucha por el reconocimiento,  tal y como vemos en el día a día sindical por poner un ejemplo, no ofrecen más alternativa que el desarrollo de un modelo cercano a la revuelta campesina: el señor no pacta, concede y en caso extremos los siervos se rebelan, conscientes de que el fracaso de la rebelión les asegura su marginación de por vida, si no la muerte. Duras huelgas, con variadas fórmulas de enfrentamiento y reivindicación son absolutamente ignoradas por una élites políticas y económicas con capacidad sobrada para imponer coactivamente sus políticas.
Del mismo modo, se ha exaltado la libertad individual y la capacidad de elección como último criterio de evaluación de las decisiones privadas y públicas, acompañada por una defensa a ultranza de la vida privada, del hogar como espacio inviolable en el que los individuos pueden disfrutar de sosiego, lejos del omnímodo y arbitrario poder del Rey en su origen y del Estado en la actualidad. Lo malo es que esa defensa valiosa de la privacidad va acompañada de la privatización, de la fragmentación individualista del espacio social . Los usos privativos de los individuos o las corporaciones se imponen sobre los antiguos espacios públicos. La calle comercial, de naturaleza pública es sustituida por la virtualidad de las calles de los centros comerciales.  Los espacios públicos de ocio son sustituidos por los parques temáticos . La desamortización, puso cercas y puertas en los campos, acabó con las tierras comunales y planteó de un modo parecido al que hoy en día se defiende, el axioma de que sólo la propiedad privada aseguraba el óptimo aprovechamiento económico del suelo.  La idea de la mayor eficiencia económica de la gestión privada sobre la pública obvia las mínimas consideraciones críticas y como recientemente han demostrado las autoridades sanitarias madrileñas, parecen remisa a aceptar cualquier cuantificación que ponga en duda esta  consideración. La  privatización y la lógica del beneficio privado como mejor garantía de los intereses públicos avanza imparable en las sociedades occidentales,  desde la gestión del suelo a la administración de los servicios públicos, que son sometidos en aras de una teórica efectividad al sobrecoste de un beneficio privado.  Desde los ejércitos nacionales, surgidos precisamente en la primeras revoluciones de finales del XVIII como garantía de las libertades recién conquistadas, que hoy vuelven a modelos mercenarios más propios del siglo XVII, a la privatización progresiva, directa o por medio de concesiones parciales de cárceles, hospitales y escuelas.; una pulsión privatizadora que alcanza  incluso a la justicia y la policía, ya parcialmente privatizada en poderosas empresas de seguridad.
La lucha contra el Estado del bienestar
Neoliberales, cristianos, anarquistas…, son tradiciones ideológicas muy distintas que se han opuesto al crecimiento de un Estado controlador y quizá solo secundariamente benefactor. Eso sí, en estos momentos la batuta del ataque la lleva quienes apenas ocultan que el objetivo central es recuperar lo que Marx llamaba la tasa de extracción de plusvalía y también reforzar lo que los anarquistas denunciaron como estructura jerárquica y piramidal del poder. Es decir, recuperar la posición de privilegio ostentada por las élites dominantes durante toda la vida, pero debilitada debido a la dura lucha por el reconocimiento desplegada por los olvidados o condenados de la Tierra desde los años sesenta. Ya en aquellos décadas —quizá demasiado mitificadas por la izquierda “divina”— los centros de estudios asociados al poder plantearon que se estaba produciendo una crisis social causada por el exceso de democracia, lo que ponía en primer plano el problema de la gobernanza y la necesidad de reconducir la situación acallando las demandas de las clases desfavorecidas.
No es fácil hacer una crítica acertada del Estado desde posiciones de izquierda. Está profundamente arraigada en el imaginario colectivo la idea del Estado como árbitro, técnico y objetivo, que ciegamente se organiza a partir de sus burocracias elevadas sobre el mérito y la capacidad, por encima de los intereses de los grupos de poder o los partidos.  No en vano, el Estado es el sujeto fundamental de esta percepción de la «cosa pública» y sigue siendo en el imaginario de mucha gente el único garante de la objetividad. Lamentablemente el sueño weberiano del estado burocrático ha devenido en pesadilla; desde sus orígenes, el estado ha servido para certificar con el marchamo del derecho, situaciones de privilegio, repartos de prebendas y canonjías, investido, para más delito, de la idea de mérito, libre concurrencia y otros aparatajes ideológicos. No sólo las cajas de ahorros, también los contratos millonarios de obras públicas, las sospechosas, cuanto menos, relaciones entre la política y el mundo empresarial, desdicen mucho de lo que damos a menudo por supuesto.
Por eso mismo, la lucha en defensa de lo público esta distorsionada en varios sentidos, lo que hace difícil tomar posición en algunos momentos. La primera distorsión procede de la defensa de un modelo de gestión estatal de la propiedad que ha mostrado en la práctica el acierto de las críticas liberales. El caso de las cajas de ahorro es paradigmático, como también lo es el de las recalificaciones de terrenos. Por no hablar de casos abundantes de prevaricación, malversación y cohecho, que se cometen con elevado nivel de impunidad de los políticos y empresarios implicados a partes iguales en los mismos. El estado ha terminado siendo contagiado por prácticas  clientelares opuestas en sí mismas a la propia lógica de su letimidad (el mérito, la iguadad, la libre concurrencia….) lo que exige una dura operación de cirugía que permita sanear y cauterizar la gangrena. Cierto es que hay estados socialdemócratas que parecen gozar de salud envidiable y que puede seguir siendo referentes, como ya lo fueron en los años sesenta, de la mejor manera de articular el estado del bienestar o estado social de derecho sin poner en cuestión el modo de producción capitalista.
Algo de eso está presente en la aceptación que está teniendo entre el público en general la furibunda y torticera campaña contra los funcionarios orquestada por los medios conservadores, un ataque que  constituye una segunda distorsión. El estatuto del funcionario, cuyo origen se sitúa más bien en la defensa de la independencia y etabilidad de los trabajadores públicos respecto a los poderes políticos cambiantes en democracias representativas, ha derivado en parte hacia un estatuto corporativo en el que la defensa de específicas condiciones laborales se aproxima peligrosamente a la defensa de situaciones de privilegio. Con cierta desmesura en algunas ocasiones, los funcionarios tienden a identificar la defensa de sus condiciones de trabajo con la defensa de lo público, ocultando lo que hay de puramente corporativo en sus luchas y lo que hay de mantenimiento de situaciones de auténtico poder frente a los usuarios de esos servicios públicos que dicen defender. La pura crítica del funcionariado, orquestada por quienes tienen la obligación política de exigir su adecuado cumplimiento del trabajo asignado y de garantizar que están al servicio de los intereses de la ciudadanía no basta. Mucho menos cuando comprobamos que quienes jalean esas críticas luego incrementan el número de asesores nombrados a dedo y ascienden en el escalafón funcionarial a sus propios clientes o afines políticos.
La tercera distorsión procede del dominio cultural impuesto por el actual modelo de capitalismo financiero y consumista. La ideología del «lo veo, lo quiero, lo tengo» ha calado hasta los huesos y la gente busca por encima de todo recuperar la capacidad de consumo a la que se aproximó, sin llegar a disfrutarla del todo pues en gran parte no pasó de un espejismo basado en créditos que no se podían devolver, menos una vez despedidos de sus precarios puestos de trabajo. El individualismo abstracto, tan querido por los liberales, se queda en la exaltación del individuo como consumidor compulsivo que puede acudir a cualquiera de los múltiples centros comerciales a elegir entre decenas de productos idénticos, muchos de ellos con obsolescencia programada y con dudosa capacidad real de satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos.
Aceptado inconscientemente —gracias a potentes campañas de configuración de la opinión pública— ese modelo de logro de la felicidad sustentado en el fetichismo de la mercancía, que termina identificando valor con precio, los individuos se convierten en rehenes de quienes les conceden el crédito para pagar los gastos, abocados a un consumismo parcialmente compulsivo. Sin darse cuenta, aceptan una democratización del consumo que, sin negar los posibles componentes revolucionarios implícitos en ese «festín pantagruélico», en realidad consagra la degradación de los procesos de trabajo, que están condicionados a la elevada productividad de los trabajadores que proveen de mercancía a los comercios «chinos » y a los gestionados por las grandes multinacionales, entre otras y sobre todo las del textil y las de la alimentación. Como no podía ser menos, acabamos aceptando que un servicio público es aquel que le sale gratis al ciudadano (feliz definición de Esperanza Aguirre), y para eso se pone la gestión de lo público en manos de la empresa privada, sin darse cuenta de que esta muestra especial eficiencia y eficacia en generar ganancia para sus propietarios y gestores, normalmente a costa de trabajo degradado.
Una cuarta y última distorsión procede de la progresiva erosión de la política del bien común arrasada por la cultura del individualismo radical, de la sociedad articulada como suma de lobos esteparios que regulan las relaciones sociales mediante las leyes del mercado: todo tiene un precio y la acumulación de dinero es lo único que garantiza el estatus social y, por tanto, el ejercicio de las capacidades y la satisfacción de las necesidades. Muchos movimientos críticos han aceptado en sus planteamientos esa ideología mercantil, lo que termina teniendo sus consecuencias: la trivialización del matrimonio, con exigencias de permanencia menores que las de muchas compañías de telefonía móvil, y el servicio militar opcional (a sueldo), que se sitúa en las antípodas del ejército popular o de la defensa civil, serían dos ejemplos perfectos de los daños colaterales que lleva aceptar un modelo utilitarista mercantil de la vida social. Ha adquirido un protagonismo cultural desmesurado el ya antiguo dicho de que «tanto tienes, tanto vales».
La defensa de lo público.
Lo anterior ya indica claramente cuál es el discurso y la práctica que necesitamos articular para defender lo público sin mantener un modelo de Estado del bienestar que  provoca muchos más perjuicios de lo que algunos son capaces de reconocer. Pero al mismo tiempo tenemos que evitar un peligro que puede derivarse de nuestro planteamiento «crítico» sobre lo público: nuestras críticas fácilmente puede acabar siendo utilizadas como munición para este nuevo «estado señorial» que falsamente se viste de liberalismo. Conviene, por tanto, recuperar lo que tiene de «señorial» el modelo liberal y desmontar su «instalache» o «chiringuito», eso que apenas cubre las apariencias y solo busca el máximo beneficio en el menor tiempo. Es el liberalismo radical primigenio que tan cerca está de los postulados anarquistas, vinculando sin solución de continuidad la libertad a la igualdad y la fraternidad. La trampa del liberalismo contemporáneo es precisamente que obvia estos privilegios y se contenta con establecer el principio de un liberalismo económico lastrado por toda una serie de condiciones desiguales de la que la propia ganancia económica es el único beneficiario. Son moneda corriente la deslocalización, el abuso de las condiciones de explotación de los recursos naturales, mineros o energéticos, la imposición de condiciones comerciales desfavorables, las trampas fiscales que permiten evadir impuestos bajo el amparo de empresas pantalla, tratos de favor impositivos o localizaciones beneficiosas: ahí están los casos paradigmáticos de Apple, Facebook, Amazon y otras empresas tecnológicas o la presencia de paraísos fiscales en el corazón de Europa.
El hilo de la cuestión debe ser defender lo público criticando con firmeza a los neoliberales y los estatalistas, ambos con agendas ocultas que marcan el sentido y la limitación de sus luchas. Y para ello, el núcleo de la cuestión debe ser vincularlo plenamente a la reclamación democrática: buscar mucho más poder para el pueblo, para el común de los ciudadanos que necesitan aprender ejerciendo, el duro ejercicio de tomar las riendas de sus propias vidas, y potenciar al mismo tiempo todo aquello que genera comunidad de intereses y de objetivos, sin agostar la capacidad e expresión y creación individuales. No queremos una sociedad de individualistas depredadores apalancados en un pobre «vive y deja vivir» ni tampoco una sociedad de obedientes ciudadanos agradecidos a burocracias ineptas que les procuran magros beneficios sociales.  Queremos un fecundo, pero difícil, equilibro entre la triple exigencia de libertad personal, igualdad social y apoyo mutuo solidario.
Algo fundamental en esta tarea es profundizar en un sistema de equilibrios que asegure la defensa del individuo frente a los grupos de poder, tanto económicos como políticos y culturales.  A los agudos análisis de la capacidad destructiva del poder en el anarquismo clásico, podemos añadir las críticas de Foucault a lo que él llamaba microfísica del poder y biopolítica. Los principios que deben regir esa fragmentación y control del poder están formulados, pero el peso de los poderes sobre las vidas de las personas continúa sin estar corregido. Es más, el Estado benefactor, bajo la promesa de grandes beneficios de bienestar, alimenta la burocratización controladora: nunca antes ha estado la vida de las personas, incluida la vida privada, tan sujeta a mecanismos de control tan sofisticados y potentes como los actuales. Y en general con el libre consentimiento de los propios ciudadanos. Si bien las redes sociales parecen haber abierto algunas puertas a la fragmentación horizontal de determinados mecanismo de control, el riesgo de que acaben sometidas al ojo controlador del Gran Hermano es grande, y la experiencia de lo ocurrido con los medios de comunicación social debiera ponernos sobre aviso de esos riesgos. Entre tanto conviene no perder de vista los mecanismos ya clásicos de control del poder público, algunos muy sugerentes pero poco aplicado como es el caso de la rotación, la rendición de cuentas, la separación de poderes o la transparencia.
Del mismo modo, para defender unos servicios auténticamente públicos, es necesario afrontar el problema de la representatividad. Hoy hay una conciencia muy arraigada, aunque poco articulada, de que nuestros representantes no nos representan, pues han pasado a formar parte de las élites en el poder cuyo único objetivo real es mantener sus posiciones de auténtico privilegio. Las formas e instituciones políticas son a menudo tildadas de poco representativas, precisamente por su opacidad a las influencias que los poderes ejercen sobre ellas y a la poca vinculación entre las decisiones políticas y la voluntad de una ciudadanía muy poco y muy mal representada. El asunto no es en absoluto nuevo, pues también en las formas de organización política medievales e incluso de la sociedad estamental la representatividad era  un asunto primordial, al que se respondía con otros modelos organizativos. Quizá nuestra democracia parlamentaria, con discutible sistema de recuento del voto, agobiantes lisas cerradas y dinámicas de la tarea política ejercida en las Cortes poco sometida a escrutinio público, tenga un problema serio de representatividad que está necesitado de propuestas alternativas, empezando por puras protestas iniciales como las de rodear las sedes parlamentarias. A menudo consideramos que la sociedad no estaba representada en los órganos políticos del antiguo régimen(incluido el franquismo, por ejemplo) y, sin embargo, no reparamos en que lo que ocurría es que la «representatividad» estaba organizada de otro modo.
Lo anterior nos lleva a un último aspecto fundamental para construir unos servicios públicos. Hace falta romper con el enfoque calcado del mundo empresarial que distingue entre los prestatarios de un servicio (los funcionarios y los gestores, públicos o privados de los mismos) y los usuarios o clientes de los mismos. Sin negar la importancia de una adecuada valoración de los costes económicos de los servicios públicos para saber cuáles se pueden llevar a cabo y cuáles no, hay que aplicar más bien el criterio de que esos servicios tienen un valor, no sólo un precio, y que los usuarios no son clientes sino ciudadanos que tienen unos derechos que deben ser atendidos y que deben estar dispuestos a exigir y defender.
Para ese protagonismo activo de los ciudadanos son muy pertinentes las fórmulas autogestionarias de organización porque en ellas se reconoce a todas las partes implicadas el papel de sujetos activos para la definición de los objetivos que deben ser alcanzados y de los medios más adecuados para conseguirlos, así como para la gestión cotidiana de las orientaciones políticas (esto es, relativas a la polis o a la ciudadanía). Eso no consiste en una pura fórmula organizativa, pues al final todo, incluso proyectos políticos muy poco recomendables, puede ser autogestionado. O se puede aceptar la participación efectiva de las personas interesadas sin que eso se traduzca en la práctica en una auténtica participación en la gestión. Basta con ver, por ejemplo, el cansino y al final irrelevante modelo de participación de las familias y los estudiantes en los consejos escolares, fórmula participativa en acelerado proceso de descomposición. Parece evidente que lograr una ley universal pueda considerarse un avance en la búsqueda de equilibrios. Sin embargo mientras la ley no sea universal completamente y deje espacios de interpretación a los estados o los subestados (estados federados, municipios, comunidades), seguiremos avanzando en sentido contrario.
Son, sin duda, ideas reguladoras que pueden ayudar a orientar cuál debe ser nuestra defensa de lo público, pero dejan abiertas las formulaciones concretas sobre cómo se deben articular en la práctica. No tan generales como para no darse cuenta de que defendemos algunas medidas que podrían ser exigidas a corto y medio plazo, pero tampoco tan concretas como para convertirlas en organigramas o algoritmos formales y vacíos realmente de contenido. Retomando una mil veces citadas frase de Durruti, la defensa de unos servicios públicos, vinculada a la defensa de una sociedad genuinamente democrática, implica un profundo y renovado modo de vida, pues es en definitiva una manera distinta de ser, no sólo una manera de organizarse. Implica, por tanto, llevar un mundo nuevo en nuestros corazones, algo que la máquina burocrática del estado del bienestar ha deteriorado profundamente y algo que la mucho más poderosa máquina del bloque hegemónico neoliberal dominante no está en absoluto dispuesto a fomentar o recuperar.

I) ESTADO COORDINADOR, RELACIONES DE PODER Y POLÍTICA DE LA SEGURIDAD

 1)

  Partiendo de los trabajos del último Foucault, cabe plantear de forma distinta las relaciones que, desde fines del siglo XVIII, se establecen entre la Sociedad y el Gobierno, a fin de ensayar una crítica “política” que afecta tanto al Estado mínimo neoliberal como al vasto Estado Social de Derecho.

   “[Entiendo por] biopolítica el modo en que, desde el siglo XVIII, la práctica gubernamental ha intentado racionalizar aquellos fenómenos planteados por un conjunto de seres vivos constituidos en población: problemas relativos a la salud, la higiene, la natalidad, la longevidad, las razas y otros (…). Me parecía que los problemas de la biopolítica no podían ser disociados del marco de racionalidad política dentro del cual surgieron (…): el liberalismo” (1).

   En primer lugar, el protagonismo sustancial de la Administración, como instancia constrictora de la libertad o como agente auspiciador de la igualdad, se vería radicalmente cuestionado: al margen de los aparatos del Estado, por fuera de los órganos ejecutivos, la sociedad toda se hallaría atravesada (y constituida) por una multiplicidad de relaciones de poder, de situaciones de dominación, de prácticas colectivas e individuales, sobre las que descansaría la opresión de hecho -y, de su mano, la reproducción de la coerción política y de la explotación económica. Ante una tal “microfísica del poder”, ante este haz de luchas estratégicas, “pulsos”, pretensiones de dominación y signos de la resistencia, el Estado asumiría una función meramente “coordinadora”, procurando orientar y dar finalidad al conjunto de las fuerzas y de los litigios. Por debajo del Estado “leve” neoliberal, no menos que del Estado “amplio” del Bienestar, opera una biopolítica que acaba conformando al hombre y al cuerpo del hombre como objeto del dominio.

  De ningún modo un Estado adelgazado, un “Estado de Derecho” básico (sumario y hasta “esquelético”, al gusto de Hayek y los neoliberales) (2), puede postularse como condición de la libertad individual, sostén de la iniciativa autónoma de los ciudadanos y preservador de una esfera personal de privacidad, pues las “relaciones de poder”, que saturan el ámbito de la sociabilidad humana y nunca faltan a la cita de las instituciones, tienden con extremada eficacia a la liquidación de toda libertad, toda autonomía y toda privacidad —o mejor: fundan el simulacro de libertad, el espejismo de autonomía y la ilusión de privacidad que caracterizan a las sociedades democráticas occidentales.

  Según Foucault, la “biopolítica” procura dar respuesta a un problema nuevo, el “problema de la sociedad”: “la idea de sociedad es lo que permite desarrollar una tecnología de gobierno a partir del principio de que el Estado es algo que viene a añadirse a modo de suplemento, un suplemento que es preciso cuestionar” (3). El fin del Estado deja de ser él mismo, y la gobernanza contempla de otro modo la preservación del orden social. Se trataría de reproducir ese orden, con las estructuras económicas que lo configuran, desde una minimización de la acción administrativa, desde un arte de gobernar “lo menos posible” (“el liberalismo se caracteriza por el principio de que se gobierna demasiado”) (4). Hay que atender al fenómeno de la “población” en su conjunto, con todo lo que implica (número, salud, hábitos, etnia, alojamiento, sexualidad, dieta,…), de manera que su gestión ya no requiera de un dilatado aparato burocrático, de una intervención constante de los órganos de gobierno.

  Desde el último Foucault, pues, diversas corrientes investigadoras elegirán como objeto las “relaciones de poder” actuantes en las sociedades democráticas, analizando una modalidad de gobierno que, en lo fundamental, ya no se circunscribe a la acción del Estado y ante la cual la decantación más o menos intervencionista (planificadora o desreguladora) de una determinada opción política carece relativamente de importancia. Cabría hablar de un problema mucho más complejo y, en cierto sentido, subyacente: la gestión de las poblaciones, la formación del espacio social, la constitución de un nuevo tipo de hombre (como subjetividad y como cuerpo: como disposición de la sensibilidad y del pensamiento, pero también como “animal humano”).

    Una nueva “gobernabilidad”, que incluye la acción del Estado pero la rebasa por todas partes, se instituye bajo el liberalismo, permitiéndose los lujos de la reducción de los órganos y prácticas ejecutivas precisamente en la misma proporción en que se amplían de los dispositivos de control de la población.

 2)

  Entre estas nuevas tecnologías cabe hacer una distinción, muy importante en las últimas reflexiones de Foucault: “Creo que es necesario distinguir entre ‘relaciones de poder’  como juegos estratégicos entre libertades —que hacen que unos traten de determinar las conductas de los otros (…)— y los “estados de dominación, que son eso que de ordinario se llama ‘el poder’” (5). Tendríamos, de un lado, las “relaciones de poder”, en sentido estricto, con minúsculas, que cabe denominar también “relaciones estratégicas” o incluso “forcejeos”, y que caracterizan a los más diversos ámbitos de la asociación humana (relaciones paterno-filiales, de pareja, amistosas, magistro-discipulares,…). En ellas, el objeto de la relación, la “víctima”, conserva siempre una relativa capacidad de respuesta, de reversibilidad del vínculo, de resistencia efectiva, de defensa e incluso de huida. Para Foucault, el poder se ejerce en este caso sobre un sujeto hasta cierto punto “libre”, capaz al menos de actuar (“los cuerpos no están capturados de forma absoluta por los dispositivos de poder. No hay una relación unilateral, una dominación totalitaria sobre los individuos…, sino una relación estratégica”) (6). De otro, encontraríamos los “estados de dominación”, escenarios de unas Relaciones de Poder, con mayúsculas, donde ya no es posible aquella “reversibilidad”, aquella auto-defensa efectiva, una “resistencia” verdaderamente digna de su nombre; y ello porque la relación se cosifica, cristaliza en institución, en organización, en aparato. De los “estados de dominación” saben demasiado las escuelas, las cárceles, los cuarteles, los manicomios, los hospitales,…

  Como “coordinador” y “dotador de finalidad”, el Estado opera en el seno de estas relaciones, unas más agresivas que otras, estas menos “abiertas” que aquellas, pero no las funda, no las instituye. Y la suerte de “eugenesia” individual y de ingeniería social que propenden puede servirse tanto de un Estado planificador e inmediatamente interventor como de un micro-Estado que lo confía todo a la interrelación reglada de sus súbditos.

 3)

  La biopolítica, que trasciende por tanto los límites de la “política” clásica (juego de los actores políticos directos: gobierno, partidos, etc.), no aspira ya a la perpetuación sin más de la “disciplina”, sino que atiende al mantenimiento de la “seguridad”: más que prohibir, negar, perseguir y encerrar, procura incitar, sugerir, impulsar, movilizar. La disciplina bloquea o aniquila al sujeto peligroso, mientras que la seguridad suprime, mediante una intervención en la subjetividad misma y un diseño flexible de los escenarios de la actuación, la ocasión del peligro. La primera muestra una cartografía explícita de lo permitido y de lo prohibido, de las recompensas y de los castigos; mientras que la segunda logra que el sujeto se mueva “voluntariamente”, sin coacción visible, en un ámbito perfectamente inocuo, regulado a conciencia: “Mientras que la disciplina diseña un espacio y plantea como problema esencial la distribución jerárquica y funcional de los elementos, la seguridad construirá un entorno en función de los acontecimientos o de la serie de eventos posibles, series que habrá de regular en un marco polivalente y transformable” (7). Por eso, en el Estado de Derecho, el “ciudadano” puede proclamarse “libre”, orgulloso de su autonomía y cultivador del “jardín” de su privacidad, sin que el orden social, basado en la explotación, se vea en lo más mínimo amenazado. He aquí la “seguridad” como logro de la biopolítica, que confiere consecuentemente a la “disciplina” un papel secundario, subsidiario, cuando no residual.

2) ANARQUISMO Y CRÍTICA DEL BIOPODER

 1)

 Revisando su teoría del poder, el último Foucault ejerce una auto-crítica fundamental, que le lleva a escapar del “idealismo negativo” (todo está controlado, no quedan resquicios para la libertad, el stablishment es invencible) precisamente por las puertas de la ética. Este aspecto, subrayado por Lazzarato (8), refuerza la deuda del filósofo francés con el anarquismo clásico; y permite coaligarlo con Bakunin, con Kropotkin, con Stirner…, en una desmitificación de la política neoliberal que no trabaja ya para la legitimación del Estado Social de Derecho.

Hemos dicho “refuerza”, y no “establece”, porque el vínculo de Foucault (considerado a veces exponente, al lado de Deleuze y de otros, de un cierto “anarquismo teórico”) con los pensadores libertarios de fines del siglo XIX es sustantivo. De hecho, en opinión de Christian Ferrer, así como Freud sacó a flote el inconsciente y Marx desveló la plusvalía, corresponde a Bakunin el “descubrimiento del poder” (9). Y en la manera “francesa” de revolverse contra la metafísica occidental, en tantos episodios de la llamada “deconstrucción del logocéntrismo”, es palpable la huella de la anti-teología bakuniana. Asimismo, y por incidir en lo obvio, en la obra de Foucault y de aquellos autores adscritos a la denominada “Arqueología del Poder” (o “Pensamiento Genealógico”), late perceptiblemente el rechazo anarquista del Estado y sus instituciones fundamentales (cárceles, policías, ejércitos, escuelas,…), de la democracia representativa, del mercado y del beneficio capitalista, del trabajo alienado, etcétera.

 2)

El desplazamiento teórico del último Foucault, en lo concerniente a la teoría del poder, refuerza su deuda con el pensamiento libertario, decíamos, porque baliza el territorio de una trascendental “lucha ético-política”. Como ha glosado Lazzarato:

“En la frontera entre ‘relaciones estratégicas’ y ‘estados de dominación’, sobre el terreno de las ‘técnicas de gobierno’, la lucha ético-política adquiere pleno sentido (…) y tiene dos finalidades mayores: 1) permitir las relaciones estratégicas con el mínimum posible de dominación, al establecer reglas de derecho, técnicas de gestión de las relaciones con los otros y también de las relaciones con uno mismo; 2) aumentar la libertad, la movilidad y la reversibilidad de los juegos de poder, pues son ellas las condiciones de la resistencia y de la creación” (10).

«Lucha ético-política”: manifestación de una voluntad individual de resistencia que entronca tanto con aquella “necesidad personal de rebeldía” constituyente de la antropología bakuniana como con el énfasis de los anarquistas individualistas en la “auto-creación” del sujeto, en la invención de la propia vida. En efecto, para Foucault, aquella reversibilidad que caracteriza a las “relaciones de poder” (estratégicas), su índole “no-cerrada”, funda la posibilidad de una lucha política consciente por su atenuación, su inversión o su desaparición: en todos los ámbitos en los que el poder se ejerce, cabe plantear una resistencia, una impugnación, negación de lo dado en sí misma afirmadora de una alteridad. El maestro debe esforzarse por no aplastar al discípulo, y al discípulo le atañe precaverse contra el maestro; en la pareja, la mujer puede enfrentar la voluntad de dominio del hombre y está en la mano del hombre mantener esa pretensión a raya; hay padres que saben explorar relaciones menos directivas con sus hijos, y pertenece a la iniciativa de los hijos confrontar los signos del autoritarismo paterno; cabe establecer procedimientos para que las asambleas mitiguen su desenvolvimiento manipulador y falseador de la verdadera democracia, etc.

 3)

Aunque la biopolítica apunta a un gobierno casi absoluto de nuestras vidas, al inmiscuirse en ámbitos que suponíamos privativos (natalidad, higiene, alimentación, ocio,…) y regirlos de hecho; aunque tiende a forjarse en la modernidad una entidad antropológica sustancialmente dócil, sumisa, hasta el punto de suscitar el decrecimiento de los aparatos y de la acción del Estado; aunque, contra los “estados de dominación”, poco esté pudiendo en verdad la “resistencia”…, a pesar de todo ello, Foucault, en sus últimos textos y en sus últimas clases, sostiene que el individuo aún puede aspirar a escapar del control, a sustraerse de la opresión. Y ello mediante una lucha ético-política como la que distinguía al “anarquista individualista” de Armand, siempre enfrentado al orden coactivo de la sociedad; como la que resultaría inherente a la condición humana, según el optimismo de Bakunin; como la que sugieren los mil ejemplos históricos de la heterotopía de Kropotkin… La “fe” postrera de Foucault en la capacidad creativa y auto-creativa del ser humano, en la posibilidad de la construcción de una nueva subjetividad y, por su medio, de una nueva sociabilidad, puede concebirse, en rigor, como una “actualización” de la ética libertaria, y bulle en ella el supuesto básico de la ontología ácrata: la capacidad auto-generativa del hombre y de la sociedad.

“No se trata únicamente de defenderse y de resistir, sino de crear nuevas formas de vida, crear otra cultura (…). Afirmarnos no solo en tanto identidad, sino en tanto fuerza creadora. Las relaciones que hemos de mantener con nosotros mismos (…) deben ser más bien relaciones de diferenciación, de innovación, de creación” (11).

Con Agamben, la biopolítica casi se resuelve en ingeniería socio-genética, en constitución de un “espécimen”, poco menos que una “raza” (12). En Lazzarato, el rechazo del biopoder lanza cabos a las formas, más o menos convencionales, de asociacionismo combativo. Foucault incide particularmente sobre el ámbito de la subjetividad, del pensamiento y la moralidad. Pero, en todos los casos, la crítica contemporánea de la biopolítica desemboca en una llamada a la acción; en un requerimiento, refinadamente ético, de resistencia individual y de compromiso contra la opresión -requerimiento en el que reverbera, insolente, la vieja concepción anarquista del Sujeto como auto-forjador, escultor de sí, y como potencia transformadora de la sociedad. En “Crear, Luchar, Vivir. El combate contra la Predestinación” abordamos el modo en que estas dos instancias (la “invención” de uno mismo y el rechazo de la forma social establecida), unificadas por el anarquismo, pero también fundidas en Nietzsche, jugaron a encontrarse y desencontrarse a lo largo de la historia cultural de Occidente (13).

 3) “PENSAR LA VIDA, VIVIR EL PENSAMIENTO”: EL ALIENTO QUÍNICO

 1)

La crítica de la biopolítica niega el Estado disminuido de los neoliberales tanto como el Estado reforzado de los socialdemócratas, y hace valer en ello su inspiración anarquista. Pero, de forma mediada, no tan diáfana, ese criticismo cuestiona también el Mercado, “ídolo sin crepúsculo” de los primeros y “ámbito perfectible” (subsanable, corregible, regulable) para los segundos; y en ello hace valer, tanto como el pensamiento libertario, una inspiración “quínica”. En efecto, la llamada Secta del Perro, movimiento de los “cínicos” antiguos, con Diógenes y Antístenes a la cabeza, que tanto influyera en el devenir bio-bibliográfico de Nietzsche, marcó asimismo, en variable medida, a los anarquistas decimonónicos y, a su través, dejó como un eco en la crítica de la biopolítica. La bonita divisa de Armand (“Antes una choza, un vaso de agua y un puñado de castañas, que la labor en común con quien no place”), casi una glosa de la sentencia del viejo Diógenes (“Con un poco de pan de cebada y agua, se puede ser tan feliz como Júpiter”), nos ofrece la cifra del legado quínico: la libertad (individual) constituye el bien supremo, condición de la felicidad “posible”, aunque no está al alcance de cualquiera… Y no es accesible a todos porque exige una difícil doble renuncia -dar la espalda a la subordinación laboral y ahuyentar del propio entorno los tentáculos del mercado. “A nosotros también nos gustan los pasteles; pero no estamos dispuestos a pagar su precio en servidumbre”: así habla la austeridad quínica, que ya no cambia “libertad” por “comodidad”, “autonomía” por “bienestar”. Mejor aquella “dulce pobreza” de Hölderlin que el trabajo asalariado o el sometimiento al mercado. Mejor la independencia del indigente, llegado el caso, que la abundancia del hombre atado.

 2)

Como, a fin de cuentas, es la autoridad política, la organización estatal, la que, desde la Modernidad, se hace “responsable” de la sociedad, desplegando formas diversas de una misma figura estructural (el asistencialismo), ora como agente paternal que salva a los menesterosos (Estado Social), ora como “marco laxo” que regala las “oportunidades” de la competencia (Estado neoliberal), el espíritu cínico verá siempre en ella, en Leviatán, una trampa, una asechanza, una amenaza para la libertad más concreta, que se respira todos los días y en parte se resuelve como un incondicionado disponer del propio tiempo. Armand disculpa a los “anarquistas” que trabajan para una empresa o incluso para el Estado; pero estima sobremanera a los que buscan el modo de vivir sin dejarse explotar y sin obedecer. El Yo de Stirner es incompatible con toda noción conocida de Estado y mira con odio las concesiones y los rebajamientos a que fuerza el mercado, mientras sonríe, cómplice, ante las insolencias del liberto “perruno”, autor de su propia ley. Bakunin y Kropotkin cantan al “trueque”, a la “ayuda mutua”, al intercambio libre de productos entre camaradas, lejos de todo sistema de precios basado en la competencia. Y los críticos contemporáneos de la biopolítica, enlazando con autores como P. Sloterdijk o M. Onfray, sobre quienes con frecuencia se deja caer la etiqueta de “neoquínicos”, deben reconocer (si bien apenas lo asumen en la estructura de sus vidas) que muy a menudo “resistir” es “negar” y “negar” equivale a “huir” (Deleuze: “El valor consiste en aceptar el huir antes que vivir quieta e hipócritamente en falsos refugios. Es posible que yo huya; pero a lo largo de toda mi huida busco un arma”). Porque es posible que, en cierto sentido, los quínicos “huyan”… Y deben aceptar también, estos críticos del “sistema liberal de seguridad”, que esa “auto-creación” a la que cantan, esa posibilidad de escapar de la biopolítica, ni es tan fácil ni es tan “verdadera” en el lupanar del mercado y en los rediles del salario y del empleo. Porque es seguro, en todos los sentidos, que los quínicos no están en venta…

Insertándonos en esta tradición intelectual configurada por el quinismo, el anarquismo y la crítica de la biopolítica, en “El enigma de la docilidad” juzgamos “demofascista” el punto de desenlace de las sociedades democráticas occidentales. Y parte fundamental del diagnóstico descansaba en una crítica empírica del mito liberal de la “pluralidad de opciones”, de la “heterogeneidad de los estilos de vida”, de la “multiplicidad de las propuestas existenciales” y de las “oportunidades sin límite para la auto-realización personal” bajo el Capitalismo (14). Queríamos expresar, de otra forma, que la biopolítica contemporánea proyecta la muerte del Sujeto y el fin de la Privacidad. Cuenta para ello con el Estado, a veces pequeño, a veces grande, siempre altericida, siempre liberticida.

 4)

Liberal-Libertario: tándem calado de metafísica, hijo de la Ilustración, con muchos puntos en común (suposición de una Justicia consuetudinaria distinta de la Ley, y que mora en algún rincón de la conciencia de los ciudadanos; propensión “universalista”, de índole expansivo-etnocéntrica, al gusto del “humanismo” de todas las épocas y como signo de adscripción a la tradición cultural de Occidente; defensa de la descentralización y de la autonomía local, en el marco del federalismo; desconfianza ante el sufragio universal y la voluntad mayoritaria, que nunca serán valorados como baluartes definitivos contra la sujeción y la arbitrariedad política; asunción del cientificismo ambiente, al que oponen críticas insuficientes o de corto calado, etc.), pero con diferencias abismales que terminan enfrentándolos (rechazo anarquista de la propiedad privada sustancial, del mercado, del trabajo alienado, de la escisión social y la dominación de clase, del Estado bajo todas sus formas,… aspectos que el neoliberalismo, sencillamente, “sacraliza”).

Binomio que ve de distinto modo también al Sujeto y que no valora igual le esfera de privacidad. Para los neoliberales, más que “sujeto” (motor de cambio, potencia transformadora), hay “individuos”, con una doble dimensión que los erige en ejemplares del eterno “homo economicus” (ser para el mercado y por el mercado, fuerza productora y consumidora, objeto laboral) y del reciente “homo politicus” (ciudadano “fraguado” por el Estado de Derecho y al que incumbe la reproducción de esa forma jurídica); mientras que para los libertarios el Sujeto, colectivo según unos (el Pueblo) e individual según otros (el Yo), se define como agente auto-creador y regenerador de la sociedad. En la representación neoliberal, la esfera de privacidad coincide en lo fundamental con la de desenvolvimiento económico, y aparece como un ámbito de autonomía individual protegido por el “imperio de la ley” y por el Mercado Libre; en la concepción libertaria, lo que se supone “ámbito reservado y protegido de la privacidad” no es, en el sistema capitalista, más que un espacio degradado en el que las relaciones de poder y de dominación campan a sus anchas -un orden que negar, ante el que se debe resistir y que es preciso “re-inventar”, re-forjar.

Y, más allá o más acá del tándem, hallamos a los críticos de la biopolítica, impregnados de libertarismo, capacitados para resguardarse mejor del vendaval metafísico (“relativismo” de la idea de Justicia, anti-universalismo, deconstrucción del etnocentrismo,…), recordándonos que “Estado mínimo neoliberal” y “Estado del Bienestar” son solo dos pigmentos en el cuadro de la ausencia real de libertad y de la explotación material continuada que el poder-saber pintó para el hombre desde el siglo XVIII… Al fondo, hermanados a los anarquistas, encontramos a los cínicos antiguos, los “quínicos”, empeñados en “vivir el pensamiento” a un coste y bajo un riesgo que sus admiradores contemporáneos, anti-liberales franceses y alemanes, cultivadores de la genealogía o supuestos neoquínicos, contentándose meramente con “pensar la vida”, no están siendo capaces de afrontar.

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 NOTAS

 (1) Foucault, M., “Nacimiento de la biopolítica”, pág. 1, en www.pedrogarciaolivoliteratura.com/Sala virtual de lectura_archivos/biopolitica.pdf.

(2) El neoliberalismo contemporáneo, asociado inevitablemente a la obra de Mises y Hayek, se presenta a sí mismo como un “retorno” a los principios y a las prácticas del liberalismo del siglo XIX, del liberalismo “clásico”, “originario”. Se preconiza una tal “restauración” ante las desvirtuaciones y peligros inherentes al revisionismo keynesiano, ante las disfunciones originadas por las políticas económicas que, ya sea para superar las “crisis”, ya movidas por la “sensibilidad social”, se centran en una mayor intervención del Estado, en una cierta “planificación” de la vida económica y, por ende, social, allanando de algún modo el camino, según esta teoría,  al “Estado del Bienestar”, auténtico germen del “totalitarismo”. Suelen distinguirse tres corrientes en el seno del neoliberalismo: la primera, que remite directamente a Hayek y a su círculo discipular de Mont Pelérin (Suiza, 1947), subraya el estigma identificador de todo Estado Social: optar por la “igualdad” en detrimento de la “libertad”; la segunda, liderada por Friedman e institucionalizada como “Escuela de Chicago”, propone, para la superación de la crisis y en oposición a las medidas fiscales propugnadas por Keynes, una agresiva política monetarista; la tercera, bajo el nombre de “Teoría de la Decisión Colectiva” (Public Choice), representada por Buchanan y Tulloch, entre otros “nuevos economistas”, aplican métodos de análisis económico a la realidad política, hablando por ejemplo de “mercado político” para remarcar el protagonismo de los grupos de presión y, en general, de los diferentes colectivos que aspiran a beneficiarse del intervencionismo estatal. Al lado de estos movimientos, hallamos un espolvoreo de individualidades, que añaden matices y desarrollos originales dentro de un consenso básico: Nozick, con su propuesta de un “Estado mínimo”; Ackermann, que retoma a J. S. Mill para fudamentar su “Estado limitado”; la tercera vía de Rawls, tendiendo un puente a la solidaridad social, etc.

(3) Foucault, M., op. cit., pág. 2.

(4) Foucault, M., op. cit., pág. 2

(5) Foucault, M., citado por Lazzarato, M., en “Del Biopoder a la Biopolítica”, en “Multitudes”, nº 1, marzo 2000 y www.multitudes.samizdat.net/Del-biopoder-a-la-biopolitica. También sindominio.net/arkitzean/otrascosas/lazzarato.htm pág. 5.

(6) Foucault, M., op. cit., pág. 4.

(7) Foucault, M., citado por Lazzarato, M., en “Biopolítica/Bioeconomía”, op. cit., pág. 4.

(8) Lazzarato, M., op. cit., pág. 5.

(9) Ferrer, Ch., prólogo a “Dios y el Estado”, Utopia Libertaria, Terramar, La Plata, Argentina, págs. 6-7 (disponible en www.miguelbakunin.files.wordpress.com/2008/06/dios_y_el_estado.pdf ), pág. 6.

(10) Lazzarato, M., “Del Biopoder a la Biopolítica”, op. cit., pág. 6.

(11) Foucault, M., citado por Lazzarato, M., op. cit., pág. 6.

(12) Agamben, G., “Lo que queda de Auschwitz”, Pretextos, Valencia, 2000.

(13) García Olivo, P., “Crear, Luchar, Vivir. El combate contra la Predestinación”, en www.lahaine.org.

(14) García Olivo, P., “El Reino de la Sinonimia. Sobre la disolución de la Diferencia en mera Diversidad”, cap. 2, de “El enigma de la docilidad”, Virus Editorial, Barcelona, 2005.

Algunas de las dicotomías que parecían firmemente establecidas se van desdibujando en la época actual y cualquier observador puede constatar fácilmente como se van difuminando las nítidas fronteras entre, por ejemplo, lo público y lo privado, la administración y la empresa, la política y la economía, el Estado y la Sociedad Civil, etc. Vivimos unos tiempos en los que también van mutando las formas de la dominación y de la explotación y sorprende ver como la libertad y la autonomía se instrumentalizan para ejercer más poder, o como se flexibilizan y hasta se rompen las estructuras jerárquicas para “mejorar” así la sumisión de los ciudadanos o el rendimiento de los trabajadores. Muchas de esta transformaciones guardan una estrecha relación con el desarrollo del neoliberalismo avanzado y con la articulación de la “gobernanza” como uno de sus dispositivos de gobierno. Por lo tanto, para entender mejor los cambios que se están produciendo en las relaciones entre lo estatal, lo privado, lo público, lo económico, lo político etc. quizás no sea inútil indagar en las características de la gobernanza. Indagación tanto más interesante cuanto que asoman paradójicas resonancias entre ciertos principios de corte libertario y algunos aspectos de la gobernanza.

Es fácilmente constatable que a partir de los años 90 el uso del término “gobernanza” ha ido creciendo de forma espectacular. Hoy, la preocupación por la gobernanza está presente en multitud de informes gubernamentales o para gubernamentales, y se manifiesta en numerosísimas instituciones y organizaciones que se distribuyen en todos los niveles del tejido social, desde los niveles más locales (ayuntamientos, asociaciones locales, comunidades autónomas…) hasta los más globales (Unión Europea, Organización de las Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional…) pasando por las instancias de carácter estatal (Ministerios, Direcciones Generales…). Las instituciones y las organizaciones que se preocupan por la gobernanza no solo se encuentran en los diferentes niveles de la sociedad sino que pertenecen además a los diversos sectores del entramado social. En efecto, el interés por la gobernanza, y más específicamente por “la buena gobernanza”, está presente tanto en el ámbito público, como en el ámbito privado, tanto en las administraciones como en las empresas, en las instituciones financieras como en las instituciones educativas, en el terreno político como en el espacio económico. Uno de los múltiples indicadores de la importancia adquirida por la gobernanza es, por ejemplo, que la oferta de cursos y de masters sobre gobernanza no para de crecer, y parece que todo aquel que tenga que participar en la gestión y en la dirección de una organización, sea cual sea su naturaleza (una universidad, un sindicato, un hospital…) deba pensar necesariamente en términos de gobernanza si no quiere parecer trasnochado.

La rápida y extensa proliferación de las referencias a la gobernanza es perfectamente comprensible si consideramos que esta consiste en una serie de prácticas y de concepciones, en una suma de tecnologías de gobierno y de gestión, en un conjunto de principios y de modos de conceptualizar la realidad que  se inscriben de lleno en las pautas trazadas por la actual hegemonía social, cultural, política, y económica del neoliberalismo. Para ser más precisos, la gobernanza es una modalidad de gobierno que responde a las transformaciones del Estado propiciadas por la conjunción entre el auge de las políticas neoliberales, por una parte,  y el desarrollo y expansión social de las nuevas tecnologías (y en especial de las tecnologías de la información), por otra parte.

Estas transformaciones se han presentado a menudo como un “adelgazamiento del Estado”, como una paulatina disminución de la capacidad de intervención del Estado propiciada por el afán desregularizador del neoliberalismo. Sin embargo, en realidad no se trata tanto de una perdida de importancia del papel desempeñado por las instituciones estatales como de una modificación de sus características y de sus formas de gobernar. Estas nuevas formas de gobernar modifican las relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil, y se expanden tanto por el sector público como por el sector privado, difuminando las nítidas fronteras que parecían separar estos dos ámbitos.

APROXIMACIÓN A LA GOBERNANZA

Pero veamos con más detenimiento en que consiste “la Gobernanza”. La definición estándar, propuesta por la Comisión Europea nos dice que: “…el termino gobernancia remite a las reglas, a los procesos y a los comportamientos que inciden sobre el ejercicio de los poderes, especialmente desde la perspectiva de su apertura, de la participación, de la responsabilidad, de la eficacia y de la coherencia.…..”.

En efecto, buscando una mayor eficiencia del ejercicio del poder en condiciones de creciente complejidad de la sociedad y de creciente distancia entre los centros de decisión y los afectados por las decisiones, las instancias de gobierno se percataron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX de que era preciso modificar de forma drástica tanto los procesos de toma de decisión como las condiciones de ejecución de las decisiones adoptadas. Las instancias de decisión tenían que abrirse a los sectores que les tocaba dirigir, flexibilizando el estricto ordenamiento jerárquico de arriba abajo, estableciendo mecanismos de consulta con los actores afectados por las decisiones, abriendo procesos de negociación,  descentralizando y delegando parte de su poder, y en definitiva, asociando los gobernados a las decisiones por medio de la creación de estructuras participativas.

Pero no era solo el proceso de toma de decisión el que debía modificarse sino también la ejecución de lo acordado. En efecto, se vio que los resultados mejoraban de forma importante cuando eran las propias personas o entidades afectadas las que se responsabilizaban de llevar a cabo, por lo menos en parte, las operaciones que se habían decidido. Ahora bien, esta responsabilización había de ser plena. Por una parte, los centros de poder debían dejar una amplia autonomía a los colectivos y las instancias que asumían la ejecución para que la realizaran a su manera, sin someterlos a una fiscalización paso a paso. Por su parte, los ciudadanos y las estancias delegadas debían acatar las consecuencias del control y de la evaluación de los resultados alcanzados, aceptando voluntariamente por lo tanto una fiscalización a término. Esta forma de ejercer el poder no solo incrementaba la eficiencia de las operaciones de gobierno sino que contribuía también, y esto es importante, a otorgar mayores cuotas de legitimidad a las instancias encargadas del gobierno y a desactivar eventuales conflictos.

Se dirá quizás que no hay nada nuevo bajo el sol y que no fue preciso esperar al neoliberalismo, y menos al neoliberalismo avanzado, para saber que los funcionamientos “democráticos” presentaban una serie de ventajas sobre los funcionamientos “autocráticos”. De hecho la preocupación por fomentar la participación y la concertación tiene décadas de existencia en los países de nuestro entorno, y no han sido pocas las experiencias de cogestión que se han ensayado en Alemania o las experiencias de participación que se han llevado a cabo en Francia, por ejemplo.

Sin embargo vamos a ver que la gobernanza no es simplemente una nueva etiqueta puesta sobre antiguas prácticas, y para ello nada mejor que acudir a algunas claves de lectura que nos proporciona Michel Foucault. En efecto, los minuciosos estudios de Foucault sobre la gubernamentalidad (no confundir con la gobernabilidad)[1] aportan unas herramientas sumamente útiles para descifrar las características del neoliberalismo en general, pero también las peculiaridades de la gobernanza entendida como una de las modalidades de poder adoptadas por el neoliberalismo avanzado.

Ya hemos dicho que la Gobernanza consistía por una parte en determinadas prácticas y, por otra parte, en “una forma de concebir las cosas”, es decir en determinados principios de inteligibilidad. Las prácticas recurren a unos procedimientos que hubiera sido imposible  articular sino fuera por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información por una parte, y por los conocimientos expertos producidos por las diversas ciencias sociales y psicológicas por otra parte. Los dispositivos formados por esas tecnologías y por esos conocimientos han dado a los procesos de descentralización de las decisiones, y a los mecanismos de consulta y participación de los ciudadanos un alcance y unos niveles de sofisticación impensables hacen tan solo unas décadas.

Pero al margen de las prácticas concretas de la gobernanza, sobre las que no es lugar aquí para extenderse, lo que realmente sitúa a la gobernanza a la vez  como un producto y como una herramienta del  neoliberalismo avanzado es su marco conceptual, es decir su forma de entender las cosas y los principios que la guían.

LA HEGEMONÍA DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA

En efecto, la conceptualización sobre la cual descansa la gobernanza consiste en  la extensión de los principios económicos del neoliberalismo al ámbito del propio poder político. No se trata ya, como lo reclamaba el liberalismo clásico, de que el poder político “deje hacer” el mercado, deje funcionar sin interferencias, ni políticas  ni administrativas, la lógica de la libre competencia y deje que se produzca la regulación de los precios por el mero juego de la oferta y de la demanda. Tampoco es suficiente,  con que el poder político favorezca expresamente ese libre funcionamiento del mercado, haciendo oídos sordos a sus propias proclamas anti intervencionistas e interviniendo de forma contundente y sostenida para “dejar hacer “el mercado y para lograr que la famosa “mano invisible” se mueva libremente, sino que se trata, como lo quiere el neoliberalismo,  de que el propio poder político integre en sus mecanismos y en sus modos de hacer, la lógica y los valores del mercado. Es el mercado el que debe funcionar como principio organizador central tanto para el Estado como para la Sociedad Civil, y las reglas que imperan en el mercado y en el sector privado  deben penetrar las administraciones publicas para hacerlas más eficientes y más competitivas.

 Dicho de otra forma, para el neoliberalismo “la forma mercado” debe colonizar todo el ámbito de lo político e impregnar su funcionamiento. De esta forma la economía y la política dejan de obedecer a dos racionalidades distintas y quedan unificadas bajo la hegemonía de la racionalidad económica, haciendo que el propio Estado funcione según las reglas y la lógica del mercado y de la economía capitalista. De hecho, se trata de que las diversas instancias de la administración y del poder político funcionen sobre el modelo de la “empresa capitalista”, pero de la empresa “moderna”, dirigida en base a los llamados nuevos modelos de gestión: con sus contratos programa, sus evaluaciones de resultados, su trabajo por objetivos, su fomento de la autonomía, sus delegaciones de poder, su flexibilización de las líneas de mando, sus incitaciones a la participación y a la responsabilización, su énfasis sobre el rendimiento y sobre la competitividad, etc.

El paso siguiente, el que, después del liberalismo y del neo liberalismo va a dar el neoliberalismo avanzado, consistirá básicamente en articular tres operaciones.

La primera de estas operaciones consiste en incorporar más plenamente la Sociedad Civil al conglomerado formado por el mercado y por la política, y situarla, ella también, más nítidamente de lo que ya lo hacia el neoliberalismo, bajo la hegemonía de la racionalidad económica.  Tanto los propios individuos (sus deseos, su afectividad, sus valores…), como las relaciones sociales que tejen entre ellos y que conforman la Sociedad Civil deben ser moldeados para que se correspondan con el tipo de individuo y con el tipo de relaciones sociales que necesita el mercado, y para que sucumban o se adecuen a la lógica consumista.

INSTRUMENTALIZAR LA LIBERTAD

La segunda pasa por potenciar, aun más de lo que ya lo hacia el neoliberalismo, la instrumentalización de la libertad como principio  básico de gobierno y de gestión.

Es obvio que si los actuales dispositivos de dominación ensalzan “la libertad” y la utilizan para desplegar sus estrategias de gobierno en los ámbitos de la política y de la economía, no es, ni mucho menos, porque otorguen a la libertad un lugar preferente en su escala de valores. La libertad no se valora en tanto que tal, solo se valora en tanto que es útil para conseguir determinados fines que son los que realmente importan, como por ejemplo incrementar la eficacia del ejercicio del poder u obtener mayores beneficios económicos. Gobernar y gestionar en nombre y en base a la libertad  permite conseguir que los propios gobernados y los propios  trabajadores  contribuyan, ellos mismos, a hacer funcionar los mecanismos mediante los cuales se les gobierna y se les explota.

Partiendo de la constatación de que para poder gobernar según sus principios el liberalismo debe hacer un abundante acopio de diversas formas de libertad (libertad de mercado,  libertad de acceso a la propiedad, libertad de elección, libertad del comprador y del vendedor, libertad de opinión etc.) Michel Foucault señala que ese modo de gobernar también debe esforzarse por producir, garantizar y organizar las múltiples formas de libertad que necesita tener a su disposición. En efecto, para que un modo de gobierno basado en la gestión de la libertad pueda conseguir sus fines, este debe suscitar, producir, incrementar, y cuidar las libertades, pero también debe construir  unos potentes dispositivos de seguridad  prestos a intervenir en cualquier momento para evitar los eventuales desbordamientos de la libertad. Basta con escrutar con alguna atención nuestro tipo de sociedad para convencernos de que el binomio « libertad/seguridad » constituye efectivamente un elemento básico del neoliberalismo avanzado.

LA CENTRALIDAD DEL CONOCIMIENTO EXPERTO

La tercera operación que articula el neo liberalismo avanzado consiste en fortalecer “el régimen de la verdad” propio de la razón gubernamental liberal e incrementar su grado de sofisticación.

Bien sabemos que gobernar apoyándose exclusivamente sobre la fuerza bruta tiene un costo muy elevado y una duración bastante limitada. Se trata de una modalidad de gobierno que puede ser muy eficaz en el corto plazo pero cuya eficiencia es mínima. Para conseguir gobernar con mayor eficiencia y de forma más duradera es preciso modificar los resortes de la sumisión y sustituir parcialmente la obediencia basada en el miedo por la obediencia basada en el consentimiento, es decir en el reconocimiento de cierta legitimidad a los gobernantes y a sus actos. La legitimidad en el ámbito político siempre descansa sobre la producción de determinados “efectos de verdad” y sobre la instauración de un determinando “régimen de la verdad”. Como dice Foucault, para ejercer el poder hay que producir efectos de verdad que den testimonio ante los ojos de los gobernados de la legitimidad del gobierno y de sus actos.

En la actualidad lejos han quedado los regímenes de la verdad articulados en torno a la divinidad, a los sacerdotes, a los adivinos o a los consejeros del Príncipe. En efecto, el liberalismo clásico definió otro régimen de la verdad cuando se percató que  los objetos que se trata de gobernar (por ejemplo, la economía) tienen una naturaleza propia, unas leyes especificas, unas regulaciones que les son inmanentes, y que no se puede gobernar con eficacia un determinado objeto si no se conoce de forma suficientemente exacta su naturaleza para poder apoyarse sobre ella, y para poder conducirlo utilizando sus propias regulaciones en lugar de forzarlas o de violarlas.

Consecuentemente, el régimen de la verdad instaurado por el liberalismo se articuló en torno a la  centralidad del conocimiento sobre  los objetos que se trataba de gestionar y de gobernar. Por una parte, era preciso construir  dispositivos de producción de conocimiento “verdadero” sobre esos objetos, y, por otra parte, era preciso producir “efectos de verdad”, es decir lograr que ese conocimiento apareciera como efectivamente verdadero a los ojos de los gobernados. Es así como se fue constituyendo y adquiriendo importancia la figura del experto, y es así como el conocimiento experto fue ganando posiciones como un elemento clave en el arte liberal de gobernar.

La prueba del algodón de que un conocimiento es verdadero y que resulta por lo tanto necesario para gobernar con acierto, es que ese conocimiento sea totalmente opaco para el común de los mortales. Para que los conocimientos expertos merezcan la confianza de los gobernados y sean percibidos como verdaderos su producción debe situarse totalmente fuera de su alcance. Pero no solo su producción, también su comprensión. Es preciso que solo los expertos sepan elaborarlos y descifrarlos. De hecho su opacidad para los legos esta implícita en el concepto mismo de conocimiento experto.

Pues bien, al igual que el liberalismo clásico y que el neoliberalismo, también el neoliberalismo avanzado requiere el conocimiento experto de los objetos que debe gobernar. Sin embargo, los conocimientos expertos han alcanzado en los tiempos del neoliberalismo avanzado un grado de complejidad, y por lo tanto de opacidad, infinitamente mayor que el que ostentaban en épocas anteriores. Hoy, el complejo tecno-científico se sitúa en el corazón de la sociedad regentada por el neoliberalismo avanzado y constituye un elemento sin el cual los actuales dispositivos de gobierno quedarían totalmente paralizados. Gobernar exige taxativamente que se pueda disponer de esos conocimientos, pero el grado de sofisticación que los caracteriza engendra dos efectos eminentemente contradictorios.

Por una parte la total opacidad de esos conocimientos afianza su veracidad percibida e incrementa por lo tanto en el imaginario social la legitimidad de los actos de gobierno que se basan en ellos, pero por otra parte esa misma opacidad agranda cada vez más la distancia que existe entre la información de la que dispone  el ciudadano de a pie y la información que tratan los dispositivos de gobierno, con lo cual la significación de los actos de gobierno se va diluyendo y estos actos dejan poco a poco de tener sentido para los gobernados mermando de esta forma la legitimidad de quienes los deciden y los ejecutan.

LAS ARTIMAÑAS DE LA GOBERNANZA

Es aquí donde la gobernanza, como  forma de ejercicio del poder propia del neoliberalismo avanzado revela más nítidamente su utilidad, y lo hace de dos maneras distintas.

La primera consiste en relegitimar los actos de gobierno acudiendo, como lo hemos visto, al ámbito de los propios gobernados y concertando con ellos los actos de gobierno. Se trata, para la gobernanza, de conciliar el carácter necesariamente opaco del conocimiento experto, con la necesaria apropiación, por lo menos parcial, de ese conocimiento por parte de los gobernados afín de contrarrestar los efectos de deslegitimación que produce la excesiva opacidad del actual conocimiento experto y para contrarrestar también los efectos de la creciente distancia entre la información disponible por parte de los gobernantes y la que llega hasta los gobernados. La tarea de los expertos en gobernanza pasa por ir perfilando un lenguaje común entre gobernantes y gobernados de forma a que los gobernados, confrontados a criterios de decisión incomprensibles, no acaben por desertar completamente la esfera de la política.

La segunda utilidad de la gobernanza consiste en articular una nueva fuente de producción de conocimientos. En efecto, al dar la palabra a los sujetos de un  acto de gobierno lo que se consigue es  acceder a un “conocimiento desde dentro” que viene a sumarse al conocimiento construido “desde fuera” por procedimientos llamados “objetivos”, y que permite intervenir de forma más acertada sobre los objetos que se trata de gobernar. Dar la palabra a los afectados por las decisiones de gobierno no es solamente una forma de integrarlos en el proceso de gobierno y de conferir mayor legitimidad a las decisiones de los gobernantes, es también una forma de extraer de los propios gobernados un conjunto de conocimientos de suma utilidad para gobernar. Obviamente, para que todos estos procesos que consisten en dar la palabra, consultar, delegar poder, compartir conocimientos, flexibilizar las jerarquías, introducir horizontalidad, fomentar la autonomía, producir y utilizar la libertad, etc. no pongan en riesgo el sistema establecido es necesario que, por una parte, las esferas dominantes conserven en exclusiva la capacidad de establecer y de controlar las reglas del juego, definiendo ámbitos llamados de “no decisión”  (vetados por principio a cualquier forma de consulta), y que, por otra parte, los mencionados procesos queden enmarcados dentro de férreos dispositivos de seguridad.  Queda claro que pese a las resonancias con algunos principios libertarios la gobernanza es una de las  caras, amable y engañosa pero sumamente eficaz, que presenta la dominación en la era del neoliberalismo avanzado.

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En un momento en que todo se derrumba el “Yo, Sí” surge como resultado del encuentro de necesidades de profesionales y pacientes, de personas como usted, como yo, como nosotras. Gente de a pie, con papeles y sin ellos, de aquí y de allá, de todos lados, que entiende que en esta cruzada nos jugamos mucho más que la mera denuncia, nos jugamos la posibilidad de que nos roben el derecho elemental, primario, de acceso a una sanidad universal y, por ende, se vea vulnerado gravemente nuestro derecho a la vida.

 El Real Decreto Ley 16/2012 apareció, como siempre, detrás de una gran mentira. Desde el Gobierno cada mensaje que acompañaba el anuncio de cambio enfatizaba que sólo se trataba de dejar sin derecho a la asistencia a aquellas personas que no tenían papeles. La palabra “ilegal” otra vez sonó en la boca de la clase política. Esos que nada tenían, que nada aportaban y a los cuales, según esa premisa, se les estaba regalando la sanidad. “Hay que diferenciar, no puede ser equiparable una persona que está en España en situación legal que ilegal, que tienen la asistencia sanitaria cubierta, en todo caso, con la básica”, declaraba a los medios la ministra de Sanidad, Ana Mato, el pasado mes de Mayo.

 Una buena estrategia mediática en la que se volcó toda la cúpula del Partido Popular y que rápidamente encontró eco en una sociedad que desde hace años ha visto en las personas migrantes una excusa casi perfecta a sus carencias. Ya eran las culpables del supuesto aumento de la violencia, de la falta de plazas en las escuelas, de la pérdida de derechos laborales y de la listas de espera en la sanidad. Se lo tenían merecido. «Los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus países”, sentenció el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso y diputado del PP por Almería, Rafael Hernando, con una apreciación que no distaba demasiado de las muchas que en años anteriores habían vertido los máximos representantes del partido socialista, pese a que ahora se escandalizaban.

 Sin embargo con la misma rapidez con que el velo de la mentira se fue diluyendo, se empezaron a escuchar voces de rechazo y de denuncia contra lo que el Real Decreto representa en realidad: un cambio radical de modelo, el paso de un sistema universal de salud a uno de aseguramiento, donde cada persona, según sus posibilidades económicas puede disponer de mayor, menor o nula atención. En definitiva, el derecho a la sanidad convertido en un negocio.

 En este marco nació “Yo Si, Sanidad Universal”. De la voluntad de gente de toda índole que se juntó para intercambiar ideas, visiones, análisis, con la única preocupación de sentir que quitar el derecho a la salud a un sector importante de la población, nos afectaba a todas las personas que formamos parte de ella. Porque afortunadamente interactuamos, compartimos espacios en una sociedad que aunque aún presa del impulso individualista del consumo, cada vez necesitará más de relacionarse, de formar grupos de solidaridad. Gente que creemos en la Sanidad como un derecho universal. Personal sanitario, administrativo, y de las más diversas profesiones, mirándonos a la cara sin ser conscientes en ese momento de que este movimiento que hoy conocemos como Yo Si, estaba naciendo.

 Desde ese inicio se tuvo la lucidez de sentir que el camino iba a ser largo y por ende había que tener paciencia. También difícil –nunca son fáciles las iniciativas ciudadanas cuando se trata de enfrentarse al atropello institucional- pero asimismo apasionante. Se fue dando una complementariedad casi natural de posturas, de palabras y acciones. La visión de especialistas y profesionales de atención primaria se correspondía con la de aquellas personas que eran meras pacientes del sistema sanitario o cumplían en él funciones administrativas o técnicas. Vital aportación representó y representa la del grupo legal, en tanto ha permitido quitar velos, desentrañar las figuras que los discursos oficiales escondían, y asesorar sobre los riesgos que cada acción podía conllevar para esa masa desobediente.

Una complementariedad que permitió analizar el Real Decreto desde un lado y otro del mostrador, y generar alternativas de desobediencia, de objeción, de denuncia y acción. Que permitió descubrir, como dijo una de las médicas asistentas, que a cada momento se hacía más necesario que esto no fuera un movimiento del personal sanitario, sino social, que nos involucrara a todas las personas, porque estaba en juego nuestra salud como sociedad. Hacer desde la base, levantar la estrategia desde los cimientos, reforzar cada paso desde ese reconocernos en las confianzas, desde ese andar juntas el camino desobediente como una herramienta colectiva que busca desde la lucha ciudadana la desaparición del Real Decreto 16/2012 por inconstitucional, ilegítimo e inmoral.

«Cuando la historia de un pueblo fluye dentro de su normalidad cotidiana, parece lícito que cada cual viva atento sólo a su oficio y entregado a su vocación. Pero cuando llegan tiempos de crisis profunda, en que, rota o caduca toda normalidad, van a decidirse los nuevos destinos nacionales, es obligatorio para todos salir de su profesión y ponerse sin reservas al servicio de la necesidad pública…”, expresó el doctor Gregorio Marañón el 10 de febrero de 1931, en una carta que firmó en el diario El Sol, junto al periodista Ramón Pérez de Ayala y el escritor José Ortega y Gasset. Un siglo después, sus palabras cobran más sentido que nunca.

 BRUTAL DESARTICULACIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR

Y precisamente, no puede analizarse este cambio del modelo sanitario fuera del contexto de brutal desarticulación de nuestro Estado de bienestar. La división social que genera, el quebrantamiento de un sistema de atención primaria y preventivo se produce en un momento crucial para nuestra sociedad: no puede privarse a la población del derecho a la salud en una situación de extrema vulneración como la que vivimos.

 Las casi seis millones de personas en el paro y más del 50 por ciento de la juventud desocupada, el abandono de las personas mayores por la pérdida de las coberturas sociales y la desaparición de fondos de la Ley de Dependencia, la baja en las pensiones, los centenares de desahucios diarios y la cada vez mayor indefensión ante la irrupción de políticas neoliberales salvajes, son realidades que sólo pueden traer aparejadas mayor cantidad de enfermedades.

 “Tratamos de dar respuesta a las nuevas problemáticas con que llega la gente, desde el que viene caminando desde lejos porque no tiene para el boleto (billete), la gente que llega sin comer. Familias que los chicos comen en la escuela, la falta de comida produce abandono, depresión, la violencia que se produce en el medio familiar. El hombre que no tiene trabajo, la mujer que no tiene trabajo, es todo un círculo que genera una serie de situaciones que cada vez lleguen en peor estado… el maltrato en los chicos, el maltrato en la mujer, gente que se ha quedado sin trabajo, sin familia, sin casa, gente que a lo mejor tomó el camino del alcoholismo”, relata la trabajadora social de un hospital de la Argentina post corralito del 2001, Silvia León, en la película La Dignidad de los nadies, de Fernando Solanas. ¿Un anticipo de lo que se nos viene?

 Tal vez ni siquiera sea un anticipo, basta recorrer los barrios del sur de la capital para comprender que las situaciones de auténtico abandono ya se están produciendo. O mirar la fría estadística que nos dice que más de 11 millones de personas en el Estado español, corren riesgo de pobreza o exclusión social. Como expresara el personal sanitario de un hospital del citado país suramericano, “otros toman las decisiones, nosotros los vemos morir”.

 Como siempre, las leyes no son fáciles de entender para el común. La intención casi inalienable de hacerlas incomprensibles se convierte en una dificultad añadida a la hora de emprender estas luchas, pero desde la sinceridad de mostrar que estaban y están acabando con el sistema  público de sanidad universal, la población ha ido involucrándose hasta llegar a manifestaciones y  formas de lucha que se han ido intensificando en todo el Estado español.

 Reacciones que obligaron al propio Gobierno a cambiar una y otra vez el Real Decreto, a readaptarlo ante el cuestionamiento social, a mentir y desmentir, a marchas y contramarchas, recluido en su debilidad política, cada vez más solo ante las barricadas sociales que se fueron gestando. Una extensa lista de objeciones promovida desde diferentes organizaciones, la desobediencia manifestada por otras tantas personas del sistema y la salida a la luz de cada vez más casos de abandono de personas que no tendrían cobertura fue solidificando las dudas contra las reales intenciones nunca expresadas.

 SI NO ES UNIVERSAL NO ES UN DERECHO

Resultó clarificador para entender que este “apartheid sanitario” iba contra toda una sociedad cuando se conoció que las personas mayores de 26 años que no hubieran cotizado nunca, tampoco tendrían derecho al sistema de salud, independientemente de donde hubieran nacido. Y entonces rápidamente se orquestó un nuevo cambio desde el Gobierno, cuya debilidad parece no tener límites, y que fortalece aún más las luchas ciudadanas.

 La distinción entre personas aseguradas y no aseguradas, y la división de la atención en tres tipos de carteras vino a romper con los criterios públicos y universales de atención que –aún con importantes deficiencias- seguían primando en nuestra sociedad. El Real Decreto establece bases legales amplias, susceptibles de movilidad que, como en toda legislación, abre un abanico de arbitrariedad y subjetividad importante para el hacer de los organismos que tienen competencia en su aplicación.

 En ese marco genérico, se pierden dos eslabones fundamentales en la cadena de cuidados que implica un sistema de salud: la prevención y la atención primaria. La suspensión de planes de vacunación, las restricciones en la provisión de medicamentos, y el repago de diferentes servicios sanitarios, presentan el peor escenario para poder mantener niveles de cuidados mínimamente dignos.

 Dijo el Gobierno desde un primer momento que nadie se quedaría sin atención, aunque más no fuere de urgencias. Sin embargo no es necesario ser especialistas para comprender que la salud bien entendida, no se trata sólo de una revisión, sino de un seguimiento, de unas confianzas en la relación paciente-profesional, de una cobertura íntegra del acto sanitario.

 La mirada economicista es la que prima en toda esta nueva conceptualización. No es casualidad, ya que desde hace años venimos viendo un avance del negocio privado sobre los sectores públicos. En la Comunidad de Madrid, por caso, la última decena de hospitales construidos se hicieron bajo una figura de gestión mixta que no es más que una privatización encubierta. Nosotras, quienes somos pacientes, pagamos con nuestros impuestos; y las empresas, independientemente de nuestros cuidados, se quedan con los beneficios.

 Mucho ha tenido que ver en esto la instalación social de otra gran mentira, el habilidoso discurso oficial tendiente a vincular el apartheid con aquellas personas que no aportan a la Seguridad Social. Si tú cotizas tú aportas, y si tú aportas tú estás asegurada. Un nuevo engaño, porque desde el año 1999 ni un euro de las cotizaciones sociales es destinado al sistema sanitario, sino que se cubre en base a los presupuestos generales del Estado, es decir, que lo pagamos todas las personas a través de nuestros impuestos directos e indirectos recargados sobre el consumo diario que hacemos.

 TEJIENDO REDES CONTRA EL DISCURSO DEL MIEDO

Pero el discurso del miedo a estas alturas ha hecho su trabajo, no sólo y fundamentalmente entre una población migrante que al carecer de la correspondiente tarjeta sanitaria ha desistido siquiera de ir a pelear porque se le reconozca su derecho a la asistencia, demasiado acostumbrada a los portazos en la cara y la humillación gratuita. Sino también entre el resto de una población que ha claudicado rápidamente ante el primer “no” obtenido en un centro de salud, un hospital o el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), nuevo organismo competente para el reconocimiento de la condición de aseguramiento.

 Adeás han influido en aquel personal administrativo que tiene la responsabilidad de cara a la persona que llega a un centro de salud u hospital. Personal que dice “a usted no le corresponde”, “vaya aquí o allá”, “lo siento pero no.” Difícil tarea que, sin embargo, en el contexto de miedo a la pérdida del trabajo, ha encontrado no pocas adhesiones casi robóticas que se limitan a la fría letra del Real Decreto. Obediencia debida, que se llama, recibir órdenes y cumplirlas sin pensar en la injusticia que su aplicación encierra.

 Es en ese contexto de desaliento social, donde aparece con fuerza una de las estrategias más ricas del Yo Sí: la formación de los grupos de acompañamiento. Hubo que pensar en cómo hacerlos, en cómo generar las herramientas discursivas necesarias para enfrentarse a esas caras puestas por el sistema para enrostrarnos un “no” como única respuesta.

 Allí se hizo fundamental la implicación de una y cada una de las partes que hacemos al sistema sanitario porque solo entendiéndolo como un todo podíamos defenderle con el optimismo y la fuerza necesaria para seguir avanzando contra el Real Decreto. Y se pusieron en juego los conocimientos médicos y el temor de las partes excluidas, y las dudas de quienes se resisten a decir que no aunque se lo manden, y la convicción general de que esta pelea no sólo se puede ganar sino que se debe ganar.

 Se montaron teatrillos que permitieran visualizar situaciones diversas, se preparó como punta de lanza un discurso que echa por tierra la supuesta legalidad del atropello, se empezó a trabajar en la visualización, en el acercamiento, en el abrazo y la fuerza compartida. Vino el nombre, el logo, la web. Yo Si cobró vida, y su latir cada día fue contagiando los corazones de cientos de personas que encontraron un hombro donde apoyarse, pero por sobre todo, donde tejer la esperanza de que se podía luchar contra la inmoralidad manifiesta del Real Decreto.

 En apenas cinco meses, las charlas explicando la campaña se han disparado, en asociaciones barriales, en colegios, universidades, organizaciones sociales y todo tipo de espacios. Hay necesidad de hacer, de resistir, de creer que seremos capaces de derrocar el modelo que nos están imponiendo.

 Hebras, hilos que se fortalecen en cada cruzamiento, redes que se tejen. Hoy ya son 18 los grupos de acompañamiento, 14 en Madrid, y cuatro entre los de Murcia, Zaragoza, Valencia y Fuerteventura, y muchos más que están gestándose en otros puntos del Estado.  Una red que se extiende, que crece, la peor noticia para un Gobierno que intenta crear luchas aisladas y le teme a la fuerza de la sociedad.

 Lo nuestro sólo se explica, se entiende y se comparte desde el principio de funcionamiento de una red, tan simple y complejo como eso. Seguimos tejiendo, es hora de sumarte, nuestra salud está en juego, no dejemos que nos la roben.

Porque la salud es un derecho.  Yo Sí, Sanidad Universal.

La Sociedad del siglo XXI, como fue la del XX, se continúa estructurando en torno al trabajo. No sólo es mayoría la población activa, sino que para quien está en paro su prioridad es abandonarlo. La condición de pensionista tiene también mucho que ver con el mundo laboral, puesto que se trata de un pacto social que se construye durante la vida cotizante, pero que demasiadas veces se ve atacado en los momentos más débiles, tras el hecho causante (jubilación, invalidez, viudedad, etc.). Es por esta centralidad social de lo laboral, el que CGT tiene un modo de intervención básicamente laboral y así entiendo debe seguir siendo.

El mundo laboral es cierto que se ha atomizado por Sectores, tipos de contratos, duración de los mismos y condiciones muy polarizadas. Este hecho dificulta tremendamente la intervención sindical. Pero lo mismo ocurre en la propia sociedad, donde las clases sociales se han desdibujado, las alianzas históricas se han disuelto, etc. La intervención social la solemos enmarcar en el problema concreto que abordamos, es particular no global, y el conflicto se encuentra perfectamente enmarcado. En lo laboral, debemos aspirar a dirigirnos al 100% de una plantilla, sea cual fuere su nivel profesional. Nuestra definición de reivindicación o análisis laboral ha de ser consistente para todos, aunque sea de mayor interés para un colectivo que para otro, nuestra intervención ha de convencer a todos en justicia, oportunidad y necesidad. En realidad, en lo laboral, se escenifica el mismo conflicto social, la redistribución de la “tarta”. Si es en el ámbito de una empresa está en juego la redistribución de lo generado. Si es en un Sector, la homologación de condiciones para que reducir derechos laborales no forme parte de la competencia entre empresas del mismo. Nuestra condición de Sindicato alternativo es la que nos lleva a propugnar, explicar y desarrollar en el Sector o en cada Empresa, precisamente esas condiciones de redistribución en lo laboral que son la base para entenderlas luego como ciudadanos en lo social. Si no lo entendemos en lo laboral, difícilmente lo haremos en los temas sociales.

La intervención laboral se realiza fundamentalmente en las empresas, conviene recordar que apostamos por las Secciones Sindicales como estrategia de intervención. Esto representa que nuestra actividad la marcamos nosotros y no está supeditada, no debiera estarlo al menos, a los escasos o puntuales momentos de negociación o de conflictividad. El espíritu colectivo que en momentos de conflicto representa realmente la fuerza del Sindicato no se improvisa, sino que se construye normalmente desde una ínfima militancia. Parece básico asimilar que para llegar a cualquier plantilla es indispensable hacerlo desde sus primeras necesidades laborales. Menospreciar esos aspectos del sindicalismo es propio de quien jamás ha puesto su cerebro en desarrollar una Sección Sindical. Pasar por encima de las necesidades y orden de prioridades genérico de una plantilla es propio de actitudes sectarias o iluminadas. Pero es muy distinto hacerlo apoyándose simplemente en ellas para buscar una representatividad parlamentarista, que hacerlo para ofrecer un análisis radical sobre necesidades reivindicativas laborales y relaciones laborales colectivas. Conceptos básicos como transparencia, servicio sin caer en el amiguismo sindical afiliador, eficacia obrera, etc. deben aparecer en nuestras tareas sindico laborales más básicas. Sin dudarlo, una actividad gestora de los intereses laborales de una plantilla, con criterios positivos generando colectivo, es fundamental para el incremento de la capacidad de penetración de otros conceptos más profundos socialmente de la CGT. Sin lo primero, lo segundo es un acto de iluminados.

ACCIÓN SINDICAL COTIDIANA Y PERMANENTE

Entre conflicto y conflicto es cuando se hace organización. Apenas habrá alguna sección sindical de la CGT que no cuente entre sus herramientas con una publicación o medio digital que permita mantener el contacto más continuado entre organización y plantilla. Esta es una característica de la CGT, tenemos mucho de lo que hablar y mucho que decir. Y también tenemos muchas formas de fomentar la participación, las aportaciones más variadas y un clima orgánico que las favorezca en cada ámbito laboral. Tratar en estos medios de la problemática de otras empresas del sector o fuera de él, abordar temas directamente sociales o políticos, aportar datos de análisis sobre los sucesos sociales, etc. resulta fundamental como penetración de la problemática social en el mundo laboral. Incluso hay un sinfín de materias laborales que conceptualmente entroncan con los conceptos básicos sociales de redistribución de la riqueza. Tratarlas es una cuestión diaria y ha de ser habitual en nuestras Secciones Sindicales. Por ejemplo, la lucha contra las horas extras o las prolongaciones de jornada, la movilidad funcional, la falta de medidas de prevención, etc., todas estas luchas conceptuales o concretas tienen su entronque en los conceptos de definición social y por tanto acometerlas transciende de los intereses como persona asalariadas y precisamente los conecta con los de ciudadano.

Las reivindicaciones que integran al colectivo laboral ante un conflicto han de ser marca de naturaleza CGT. Ningún conflicto en ningún ámbito hemos de verlo como terminista, como que se agota en si mismo. La estrategia reivindicativa, bien sea proactiva -a iniciativa nuestra- o sea defensiva -ante un conflicto que nos generan-, debe enmarcarse en una estrategia del sindicato, básicamente la que dictamine la sección sindical o federación afectada directamente y que estará definida en base a nuestra capacidad en la empresa o sector, el momento empresarial y la correlación de fuerzas. Indudablemente, a fijar esa estrategia influirá la marcha global de la Organización y esto es algo pendiente de desarrollar por la CGT, dado nuestro aún pequeño peso laboral y el detrimento militante que lo laboral tiene hoy en los órganos confederales. Una sección o federación no es más combativa porque su reivindicación sea más o menos atrevida o finalista, sino por saber enlazar sus aspiraciones hoy menores para que luego abran o traigan otras mayores. El reto para un sindicato de la CGT estará básicamente entre la plantilla donde se juega la asunción de sus postulados, que por muy razonados y justos que sean jamás podrán ser impuestos al colectivo como si éste fuera un ente contaminado de capitalismo y la CGT algo ajeno a ese sentir. La negociación para la CGT se celebra en una mesa pero se libra entre la plantilla y entre la ciudadanía. Que calen nuestras reivindicaciones, que se enlacen con un bien común mayor, es fruto de un trabajo premeditado, elaborado y con tiempo, que se concretará en un momento de negociación puntual, pero que se ha generado antes.

En cualquier proceso reivindicativo, sea social o laboral, estamos quitando de un lado para ponerlo en otro. Esto será siempre conflictivo y más cuando la pretensión surge desde abajo, desde la ciudadanía en lo social y desde los asalariados en lo laboral. La profundidad del reparto vendrá marcada por el convencimiento social del colectivo que lo propicia. Que la CGT rechace el parlamentarismo también en el mundo laboral, supone en la práctica que nos movamos por criterios y no por atracción del voto. Nuestra actitud en las empresas representa romper con el principio del bien inmediato para plantear en lo concreto el bienestar colectivo. De este concepto nace nuestra posición en las grandes empresas, en las que hemos luchado en lo concreto contra la subcontratación de tareas, hemos defendido que a las subcontratas se las aplique el convenio de la empresa matriz, hemos buscado desde nuestras secciones sindicales en la matriz -normalmente con mayor capacidad reivindicativa- hacer nuestras las necesidades de las subcontratas y exigírselas a la matriz, no a la subcontrata, siempre con mayor precariedad. Esta tarea de la CGT muchas veces ha sido mal vista por la generalidad de la plantilla subcontratada que se abrazaba al nuevo empleo por peores condiciones que tenga y veía la reivindicación de la CGT como un encarecimiento que hacía peligrar el nacimiento de la propia subcontrata para la empresa matriz.

Este mismo esquema de funcionamiento sindical por criterios sociales es el que nos ha llevado a las distintas secciones sindicales CGT a mantener conflictos sindicales, jurídicos, conceptuales, etc. contra las horas extras o las prolongaciones de jornada, cuando no directamente contra el paro, de modo continuado o puntual, en momentos de bonanza como de crisis, e incluso con EREs sufridos con la negativa al mismo y posterior campaña de la CGT contra las horas extras. Tirar contra los Directivos de cualquier gran empresa está hoy muy en boga y CGT no sólo llevamos años de bonanza haciéndolo, sino que en muchas empresas hemos apostado abiertamente por manifestarnos, posicionarnos e incluso tomar iniciativas contra los sistemas de retribución extra e incentivación, que democratizan las migajas entre la plantilla para sostener el expolio de los Directivos. Esto era nadar contra corriente hace sólo unos años y desde la CGT se ha hecho. Hacerlo más eficazmente, con más datos, es una ardua tarea, pero es llevar a las empresas la redistribución de la riqueza que socialmente demandamos en tantas manifestaciones.

Por último, la vida de las secciones sindicales de la CGT en las empresas es el eslabón básico para hacer sociedad. La afiliación responde como es natural a un interés primario, si no existiera tal interés personal no habría sindicato, pero un interés personal no tiene porque ser individualista ni antisocial, sino que  lo personal ha de ser el camino para alcanzar el más sano concepto colectivo. La participación es un concepto positivo pero muy difícil de fomentar y practicar. Primero se ha de respetar el proceso del otro, pero sin negar la necesidad colectiva. Conjugar esto: distintos niveles de interés, atención y conciencia que hemos de respetar, con la necesidad de hacer organización mediante la participación, ¡es todo un reto! Pero lo es en las secciones sindicales, porque tienen hoy una necesidad diaria de funcionamiento, y lo es en cualquier ámbito social. Cuanto más abierto sea el ámbito, más distancia entre las personas en conciencia, interés y actitud. Es un reto de primera magnitud para la CGT en las secciones sindicales desarrollar estrategias que busquen la participación, no sólo la exijan o reclamen como un deber. Hay niveles de aportación y todos son válidos, aunque probablemente ninguno suficiente. Generar ánimo, en lugar de exigencia castrante, es un propósito sindical básico en la vida de las Secciones, generar confianza en las propias fuerzas con las que se cuenta para cada tarea, generar impulso para superar miedos, incapacidades o bajas autoestimas. Todo esto es parte de la vida de una sección sindical. Y buena parte de ella pasa por unas relaciones personales fuertes, sanas y con los mismos criterios que reclamamos para la sociedad que pretendemos. No es fácil lograr lo que digo. La salud de nuestras relaciones personales en las secciones se resiente por el conflicto, el sectarismo y el debate. Es, en buena medida, natural y, siempre pretendiendo su mejora, hemos de asumirlo. Por eso, el sindicalismo laboral, con un ámbito humano muy amplio, representa poner en práctica hoy nuestros valores para una sociedad mejor.

PROPUESTAS DE INTERRELACIÓN DE NUESTRO TRABAJO LABORAL Y SOCIAL

            Debemos partir de una realidad y es que el tiempo y las energías son limitados y muy inferiores a la tarea por acometer en ambos campos. Esto nos lleva a que la persona que se implica mucho en su Sección Sindical o Sector, apenas tenga tiempo y energías para participar en una medida significativa en las áreas sociales. Por el contrario, muchas personas de la CGT que participan activamente en tareas sociales concretas, no suelen tener tiempo y energías para participar en una medida significativa en las necesidades sindicales de su empresa o sector, y, por último, las personas que más participan continuadamente en la vida confederal, suelen ver muy disminuidas sus energías y tiempo a dedicar bien a participar en tareas sociales concretas o en la vida de sus secciones sindicales.

            Esto es una perogrullada pero, sin embargo, no lo tenemos en cuenta para nada en la vida confederal. Reivindicamos un trabajo de abajo hacia arriba, pero en nuestro ideario o mente colectiva sí que caemos en categorizar de arriba hacia abajo, nuestras labores y de rebote a las personas que las desarrollan. El modelo sindical de la CGT también precisa de personas dedicadas en su tiempo y energías a la gestión de su sección sindical, a apoyar a los principiantes, organizar sus tareas, dinamizar, o incluso gestionar las funciones sindico laborales ante la afiliación e incluso la plantilla en general. Como he pretendido razonar en la primera parte, esta labor insertada en el conjunto de la CGT es tan importante como la que más y se trata de encontrar a las personas con mejor actitud hacia ellas y seguramente con los condicionantes personales que les permitan, mejor que a otras personas, dedicarse a ellas.

            La conclusión es que desde arriba hacia abajo, debe facilitarse tremendamente la transmisión de todas las cuestiones laborales y sociales en que estemos implicados como CGT y segundo que participar no es sólo tomar parte en los actos y acciones que en torno a un conflicto desarrolla o convoca la CGT, sino que hay también otros modos de participación más compaginables con un exceso de tareas.

COORDINACIÓN SOCIAL CGT.

Se nos mezclan dos conceptos: por un lado, la implicación de CGT en movimientos sociales mediante su firma en las convocatorias y extensión de las mismas, por otro, la militancia de personas de la CGT como individuos en esos movimientos sociales más amplios. Ambas cuestiones son valiosas y de ambos modos hemos de reforzar en estos tiempos el compromiso de la CGT.

            Sin embargo, nos falta como CGT un órgano que determine la propia estrategia comunicativa y de prioridades en el conjunto de conflictos sociales.  Pongo un ejemplo, CGT puede estar apoyando en un ámbito determinado las movilizaciones de STOP DESAHUCIOS, como organización en sus convocatorias y con personas trabajando en el movimiento. Sin embargo, no contamos con ningún ente CGT que, dentro del conjunto de conflictos sociales hoy en activo, vea la mejor forma de comunicar nuestra posición a la sociedad a su respecto. analizando si debemos dar mayor énfasis a este conflicto de los desahucios o a otro en litigio, marcar ritmos y momentos, y, sobre todo. generar una estrategia de comunicación; ya que no es lo mismo que saquemos una simple nota contra los desahucios a que generemos una información más profunda y continuada analizando, proponiendo, etc.

            El SP Confederal es quien ha venido intentando cubrir este vacío, pero ni por el ámbito sirve, puesto que los movimientos sociales están mucho más geográficamente divididos y desarrollan campañas con distintos ritmos y, además, el SP  tapa huecos pero no puede ser nuestra primera línea en todos los conflictos sociales.

            Necesitamos contar como mínimo en el nivel confederal territorial con personas encargadas efectivamente, no sólo nominativamente, de ser la voz de la CGT en los conflictos sociales. Su objetivo sería estar en contacto con las personas militantes de la CGT en los distintos movimientos sociales para poder emitir comunicaciones con estrategia propia de la CGT, con mensaje propio, con trabajos y orientaciones acordes como Organización que trasladar a la ciudadanía. Haciéndolo pero no en el reducido ámbito de los propios movimientos sociales y con su mismo criterio de comunicación esquemático, concreto y puntual para responder activamente ante cada conflicto mediante su visualización en la calle. El objetivo de esa área de la CGT debiera ser trasladar determinados conflictos sociales hacia la ciudadanía, por un lado vía empresas y, por otro, cuando así se considere, en la calle.

            Los movimientos sociales se hacen visibles mediante actuaciones puntuales similares a manifestaciones, concentraciones, perfomances, etc. Y son muy válidos para esa visualización. Participar en ellos puede ser un papel para muchas personas militantes de la CGT y las convocatorias de laCGT a esos actos organizados por movimientos sociales es importante, pero es un error quedarse en eso. En la expansión del fondo del conflicto social, hemos de dar cabida a todas nuestras secciones sindicales, a toda nuestra afiliación -mucha  no encuadrada en una vida sindical concreta. Para ello, el ente en cuestión debe visualizar cómo trasladar el conflicto social concreto a las empresas y seguramente el lenguaje será otro y el sostén de la reivindicación más exhaustivo, más razonado y con más datos, simplemente porque muchos trabajadores no han reparado en ese conflicto social o no lo sienten suyo. Y esto hemos de hacerlo con nuestras siglas CGT.

            Si importante es participar en manifestaciones o concentraciones por un tema social. Tanto o más es extender el conflicto social utilizando nuestra capacidad de penetración CGT en base a la afiliación -que debe recibir nuestras comunicaciones de un modo ágil- y en base a nuestra capacidad de expansión de las S. Sindicales. Esto es construir una red social CGT que llegue no solo a quien tiene carné, sino a su entorno laboral, social y familiar.

REIVINDICACIÓN PEDAGÓGICA

            Para construir valores sociales resulta básica la formación. En una Sociedad tan compleja, es fundamental que la CGT, si quiere ser transformadora, asuma que debe ofertar no sólo reivindicaciones más radicales o más plenas, sino también conocimiento, análisis y alternativas razonadas. Esto debiera ser una característica CGT de la que hoy carecemos.

            Es más bien al contrario. En los movimientos alternativos ha venido primando la sencillez de consignas, los bálsamos de fierabrás y los conceptos tópicos, y la CGT viene haciendo lo mismo. Es más atractivo confluir en torno a postulados maximalistas y simples que construir un movimiento con raíces en saber, discernir, analizar y proponer.

            Para movilizar, para generar movimientos puntuales ante conflictos sociales o laborales, la simplificación puede resultar una estrategia adecuada, pero si se queda en ello, al movimiento en sí se lo llevará el viento. En paralelo debe haber una tarea marca CGT, que genere esa formación hacia el conjunto de la propia afiliación y los núcleos próximos, y en una menor medida, pero también, hacia el conjunto social o laboral.

            De hecho, desde el SP Confederal se viene publicando excelentes trabajos recopilando datos, análisis, etc. Pero esta información, fundamental desde luego, sucumbe entre el enorme papeleo que generamos y a lo sumo sirve para un vistazo, para una lectura muy minoritaria.

            Reconozco que para abordar cualquier tema social o laboral de un modo pedagógico resulta más fácil ser extenso y prolijo. La sabiduría viene cuando alguien es capaz de presentar el esqueleto de ese saber, eso es lo realmente difícil.

            Se trata de sumar capacidades, pero desde luego de tener muy claro que la reivindicación pedagógica debe ser marca de la CGT. Insisto que más profundamente en nuestro entorno de afiliación, de modo menos detallado en nuestro núcleo de simpatizantes y finalmente en un mensaje más escueto al conjunto social y laboral.

            Trabajos hay muchos hechos ya desde el SP Confederal. Se trataría de abordarlos también con esta visión y encargar a personas especialmente capacitadas para esquematizar, el traslado a cada nivel, de modo que vía nuevas tecnologías y vía papel cuando sea menester, con un diseño de marketing para buscar la mayor penetración posible, se pueda sostener un trabajo comunicador, formativo y de calado que dé un sentido global y asentado al discurso de la CGT ante la problemática social y laboral.

FEDERACIONES DE RAMO

            Han venido siendo en general entes coordinadores y deberíamos darles un impulso para ser algo más. En la individualización de todas las relaciones laborales, ha primado la empresa por encima del sector. El dinamismo sindical lo hemos tenido en las empresas y el discurso sectorial no ha pasado casi de eso, de discurso. Seguro que en parte hemos vivido el problema de nuestro tamaño y no es fácil tener un tamaño sectorial apreciable, por más que lo tengamos en algunas empresas del mismo.

            En estos momentos resulta fundamental recuperar lo colectivo y las federaciones pueden ser una buena herramienta. En las federaciones que engloban varios convenios, hemos de ser pragmáticos y generar coordinaciones en paralelo para esos convenios o subsectores con la gente que está dando la cara día a día en ellos. La federación no debe quedarse en trasladar lo que le llega al resto de secciones sindicales que la integran, debe ofrecer también una visión del conjunto de la federación si es un único convenio y de cada uno de ellos si son varios.

            Pondré un ejemplo evidenciador: la FESIBAC-CGT engloba al sector de Ahorro y Banca, además de algunos otros. Hoy el sector financiero está en el epicentro de la crisis, por responsabilidad, protagonismo y enfoque social. Las personas que integran el SP de nuestra FESIBAC tienen ya muchísima tarea con la coordinación de un sector tan amplio, con responder a un sinfín de conflictos laborales de primer orden y dar cobertura a decenas y decenas de secciones sindicales pequeñas y que dependen de ese ente. Pero, en los tiempos que corren, parece indispensable que FESIBAC-CGT fuera protagonista en la emisión de una visión del sector financiero tanto como responsable de la crisis, característica, entramado laboral, económico, trayectoria y situación actual, reconversión que se está viviendo y finalmente alternativas….más allá de una genérica banca pública, por bien que esté. Hemos de ser capaces de generar una información que arme a la ciudadanía y a las propias plantillas del sector, en torno a nuestra visión, a nuestro análisis y a nuestras propuestas que unas serán sociales sobre la banca y otras han de ser laborales, y ambas deben guiarse por los mismos criterios.

            FESIBAC-CGT debiera ser el ente que asumiera tan difícil tarea aunque para ello necesitara el apoyo de otras personas incluso ajenas a la FESIBAC. Lo importante sería contar con esa visión global y utilizar nuevamente la red social de la CGT para su transmisión en el mundo laboral y en la propia sociedad. Lo dicho con este sector hoy tan visualizado, vale para otros como el automóvil, la construcción, etc.

ALTERNATIVA CGT

            Lo social y lo laboral van intrínsicamente ligados, pues evidenciémoslo. Desde CGT rehuimos demasiadas veces reivindicar cuestiones concretas y cercanas como alternativas. Nos resulta más fácil orgánicamente ponernos de acuerdo en tiros por elevación.

            No es mi labor aquí, pero se trataría de revisar nuestro análisis de las características de su crisis en España, nuestras críticas y reivindicaciones y realizar un resumen para presentar en sociedad. Un conjunto de propuestas concretas, aplicables de inmediato en lo laboral y en lo social que permitan al ciudadano, al trabajador, visualizar que la CGT está entreabriendo la salida de su crisis. Seguro que alguien más radical  que yo encuentra la propuesta posibilista, porque pretende un cambio social inmediato, pero ese es quizás nuestro error. Como en cualquier empresa, hay siempre reivindicaciones que representan un cambio de mentalidad y que, de avanzarse en ellas, producen un vuelco en la correlación de fuerzas y no suponen un fin reivindicativo aunque se alcancen. Eso hemos de lograr. Sólo apuntar algunas para visualizar la interrelación de lo laboral y lo social:

• Supresión de los máximos en las Bases de Cotización. Es decir, toda persona asalariada cotizará por su retribución íntegra, tanto la cuota social como la patronal. Esto representaría en torno a 10.000 MM € más de recaudación al año para la seguridad social, que es un bien social.
• Poder de inspección laboral para las personas nombradas por los sindicatos como delegados de prevención y salud. No supondrían ningún coste para las arcas públicas, levantarían actas en temas como horas extras y sería la Inspección la vía sancionadora. Por el reparto del empleo.
• Popularizar el Acuerdo de la CGT de oponernos y no suscribir ningún ERE en empresas con beneficios. Dar a conocer que nuestra propuesta será siempre la supresión de las Retribuciones Extra de existir en la empresa afectada, y después la reducción del salario y jornada, con mantenimiento del  volumen de empleo. (La pelea de Limpiezas de Jerez es un ejemplo).
• Obligatoriedad en la subrogación de plantillas en las contratas por obra y servicio mientras permanezca la tarea subcontratada. Esto es lo que tiene algún sector como el de limpiezas de edificios y haría que no se encadenaran las subcontratas o, al menos, se limitarían por el hecho de tener que seguir contando con la misma plantilla inicialmente subcontratada.
• Reclamación de un pacto de rentas. No voy a desarrollarlo aquí, pero siguiendo la lógica socialmente aceptada de los ANC que CCOO-UGT firmaban con el eufemismo del control de la inflación, hemos de reclamar un pacto de rentas para regular las masas salariales de las empresas, no sólo el salario regulado, sino el conjunto de su masa salarial. En el mismo pacto hemos de reclamar el control de los dividendos, como retribución que al capital, ya que su volumen es muchísimo mayor que los costes salariales e igualmente tienen repercusión en el coste final del producto o servicio, y por tanto en la inflación.
• Reclamación de una escala salarial sectorial. Tampoco voy a extenderme ahora, pero se trataría de evidenciar que con el mismo coste salarial que contiene un PIB concreto, la escala de ese coste, sus tramos y por tanto la base y la cúpula salarial tienen una influencia directa social. España no sólo tiene una media salarial de las más bajas de la UE, sino que si dividimos por décilas los Salarios, España tiene los más altos y los más bajos a la vez. Se trataría de reivindicar una relación Salarial más corta entre los distintos Sectores o Convenios, un acercamiento hacia el centro de los Salarios Sectoriales. Es romper precisamente con la lógica neoliberal.

Otros puntos sociales no introduzco porque la casuística es más amplia y conocida a la vez y sería cuestión de priorizar y enmarcar en una estrategia comunicativa.

]]> https://archivo.librepensamiento.org/2012/09/21/apostando-por-el-sindicalismo-de-cgt/feed/ 0 https://archivo.librepensamiento.org/2012/09/21/politicas-fiscales-ingresos-gastos-deuda/ https://archivo.librepensamiento.org/2012/09/21/politicas-fiscales-ingresos-gastos-deuda/#respond Fri, 21 Sep 2012 11:00:59 +0000 https://librepensamiento.org/?p=3835 La tasa de ganancia del capital, desde la mitad de la década de los 70, se desplazó del capitalismo industrial, al capitalismo financiero. Esta financiarización de la riqueza social producida y, posteriormente devuelta a la ciudadanía en forma de deuda, es posible en primer lugar por el sometimiento del capitalismo industrial al financiero; en segundo lugar por la inmensa concentración de masas de capitales, en los fondos de inversión y, en tercer lugar por una endeudamiento permanente: es la sociedad de los propietarios. El trabajo vivo es despreciado en inmensas cantidades, ante el exceso de capacidad y la ausencia de consumo y, este, solamente es conservado y utilizado como mano de obra de reserva, para empobrecer y precarizar las condiciones de vida de la mayoría social.