LP 77 – LibrePensamiento https://archivo.librepensamiento.org Pensar para ser libre Sat, 13 Mar 2021 10:26:31 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.1 Libre Pensamiento nº 77 https://archivo.librepensamiento.org/2014/03/20/lp-77-invierno-2013-2/ https://archivo.librepensamiento.org/2014/03/20/lp-77-invierno-2013-2/#respond Thu, 20 Mar 2014 13:34:45 +0000 https://librepensamiento.org/?p=4274 Libre Pensamiento 77 Invierno 2013 Dossier: Migración y marginalidad]]> Libre Pensamiento 77 Invierno 2013 Dossier: Migración y marginalidad]]> https://archivo.librepensamiento.org/2014/03/20/lp-77-invierno-2013-2/feed/ 0 Editorial nº 77 https://archivo.librepensamiento.org/2013/12/21/editorial-no-77/ https://archivo.librepensamiento.org/2013/12/21/editorial-no-77/#respond Sat, 21 Dec 2013 22:54:07 +0000 https://librepensamiento.org/?p=4264 LA SOLUCIÓN SOCIAL A LA CRISIS NO SON LAS URNAS

El gobierno, lo que ello representa, es decir, el poder, el estado, lo institucional, el sistema oficial, la Troika, dictaminó cuándo, cómo, por qué entrábamos en crisis, por qué el sistema capitalista se “tambaleaba” y que serían, en esta ocasión, los países de la periferia de Europa, más concretamente su clase trabajadora y los colectivos sociales más desfavorecidos, quienes íbamos a sufrir los principales efectos de esa crisis económica a partir de 2008.

Del mismo modo, ya han decretado que la crisis ha tocado fondo, que comienza a verse la luz al final del túnel, que hay claros síntomas de cambio del ciclo económico y lo que es más importante, ese mensaje de optimismo, de confianza, debe comenzar a ser valorado por la población, debe comenzar a formar parte del pensamiento y del imaginario colectivo.

Ajenos a cualquier pensamiento paranoico que tenga que ver con una posible teoría de la “conspiración”, si consideramos que los acontecimientos no suceden al azar y lo mismo que asistimos al comienzo de la crisis, cuando al gobierno de turno le interesó y eso sucedió pasado el momento de las elecciones generales en marzo de 2008 para que el partido socialista pudiera volver a ganar las elecciones,  actualmente estamos asistiendo a la puesta en escena de una campaña que anuncia la salida de la crisis, el fin de la crisis, para que todo vuelve a la normalidad y este momento está coincidiendo con el “pistoletazo” del nuevo periodo electoral que se avecina.

Los datos que configuran la campaña nos los están presentando sin prisa pero sin pausa, de forma dosificada, con una meditada planificación mediática. La bolsa marca índices históricos, el Ibex 35 obtiene ganancias muy significativas, la prima de riesgo está en cifras anteriores al comienzo de la crisis económica lo que significa que los “mercados” vuelven a tener confianza en nuestro país, el déficit público está controlado, el crecimiento de la economía es una realidad, la recesión ha dado paso al crecimiento, se incrementa el registro de nuevas sociedades mercantiles, la banca, como siempre, vuelve a ser un negocio rentable, hay un repunte del consumo, se firman nuevas hipotecas inmobiliarias, el dinero y los préstamos vuelven a fluir, las ocupaciones hoteleras aumentan, los periodos vacacionales vuelven a nutrir de coches las carreteras y destinos turísticos…  Este es el mensaje de la oficialidad, esta es la descripción de la realidad, una realidad innegable que el pueblo debe asumir, creer e integrar en su estado de ánimo. Y este es el reto que ahora tiene por delante el poder, eso que representa el gobierno. Por tanto, viva el optimismo, vuelva la alegría, basta de preocupaciones, recuperemos la confianza, creamos en nuestras posibilidades como pueblo, creamos en el esfuerzo personal, esta es una nueva etapa de oportunidades para las personas emprendedoras, perdón, empresarias.

El gobierno, no olvidemos, el poder, haciendo uso de toda su influencia mediática, con el servilismo de los grandes medios de comunicación de masas, ha puesto toda la maquinaria en funcionamiento para que ese mensaje de optimismo arraigue entre la población, se produzca un cambio de ánimo colectivo a favor de que lo hemos logrado entre todas y todos, que el esfuerzo ha merecido la pena, que las reformas económicas y antisociales eran necesarias pero que han dado sus frutos porque, en verdad, vivíamos por encima de nuestras posibilidades y eso había que pararlo. Pero aquí estamos de nuevo con un país regenerado, saneado económica y éticamente porque menudos años de despilfarro colectivo hemos tenido. Ese es el estado de ánimo colectivo que se construye desde el poder toda vez que el capital, ha conseguido lo que quería, reformas, recortes, rescate y subvenciones de las grandes empresas, de la banca, pago de una deuda ilegítima y todo ello con dinero público y desde la más absoluta impunidad.

Incluso en el terrero de las especulaciones, podríamos darle al sistema una oportunidad en beneficio de la duda, un margen de confianza, en el sentido de que la crisis de 2007, con los préstamos basura, pudo haber sido realmente una crisis real, no planificada, una verdadera crisis del capitalismo financiero, que explotó de forma incontrolada. Estando convencidos de que no fue casual, que todo estaba planificado de forma interesada, de la misma manera que las anteriores y sucesivas crisis económicas que capitalismo viene haciendo explosionar por zonas geoestratégicas, geopolíticas del mundo, con el único objetivo de la explotación y la obtención de beneficios; independientemente de que pudiera haber sido una verdadera crisis, lo que es innegable es que la crisis se ha desarrollado y resuelto conforme a unos parámetros semejantes a los de crisis anteriores que han provocado en otros lugares del mundo y sus efectos y consecuencias se han hecho pagar a a la mayoría de la población, especialmente a la clase trabajadora y las clases más populares.

No descubrimos nada cuando decimos que la crisis ha servido para desmantelar todo lo que venía entendiéndose como “estado de bienestar” que se había alcanzado en los países de la periferia de Europa. Ha servido, en otras muchas cosas, para privatizar los servicios públicos que no lo estaban ya -transporte, servicios sociales, servicios básicos a la comunidad, limpieza, agua-, ha servido para reformar el sistema público de pensiones, para incrementar los recortes en gasto social y con ello reducir el déficit público y pagar colectivamente la deuda ilegítima. Así mismo, se han incrementado los recortes presupuestarios en la educación y la sanidad pública, se han externalizado servicios en las universidades públicas mientras se mantiene e incluso aumenta la financiación pública de la educación concertada, obedeciendo todo a una política de introducción de criterios de mercado, estrictamente economicistas, en la gestión y funcionamiento del sistema educativo o sanitario o de seguridad social. Por otra parte, ha servido para provocar que millones de personas hayan perdido el puesto de trabajo, ha servido para derogar todo el marco legal de regularización del mercado laboral, ha otorgado, mediante la reforma laboral, todo el poder a la parte empresarial a costa de anular los derechos laborales, precarizar, esclavizar a las personas asalariadas, reducir a la nada la negociación colectiva,… y todo ello ha desaparecido en muy corto espacio de tiempo.

A estas alturas, parece increíble disponer hoy de un trabajo mileurista, de tener un contrato indefinido, a tiempo completo, de poder disponer de un trabajo digno. Millones de personas han perdido el empleo, han sido expulsadas de su vivienda, tienen hipotecada la vida para siempre, viven en la exclusión, en las calles sin esperanza ni futuro. Ciertamente han sido los colectivos de migrantes, mujeres, juventud, infancia, pensionistas, personas dependientes, desempleadas, trabajadores y trabajadoras, los que han sufrido los efectos de la crisis de forma más directa hasta llegar a alcanzar a la práctica totalidad de la sociedad (99%).

No bastando con esto, asistimos a una generalización de la represión hacia las personas, colectivos y organizaciones que ejercen sus derechos a la libertad de expresión y manifestación, se avecina un recorte del derecho a la libertad de huelga, se restringen los derechos y libertades de las mujeres para decidir sobre su maternidad, se fomentan políticas de discriminación y xenofobia…

La realidad es implacable y nos indica que después de las tres Huelgas Generales desde que “oficialmente” se hizo pública la crisis, allá por 2008 -en concreto, la HG el 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral y las medidas de ajuste decretadas por el gobierno socialista de Zapatero, la HG el 29 de marzo de 2012 contra la reforma laboral del gobierno popular de Rajoy y la HG el 14 de noviembre de 2012 contra la reforma laboral, la política económica y de recortes del gobierno popular de Rajoy-,  después del surgimiento del movimiento 15M en 2011, tras las mareas ciudadanas multicolores en defensa de los servicios públicos y sectores laborales visualizadas a lo largo del 2013, tras las acciones y escraches protagonizados, fundamentalmente, por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, afectados por las Preferentes… tras miles de manifestaciones y huelgas sectoriales y de empresa, no podemos tirar la toalla, no podemos entrar al juego que ahora se nos propone como sociedad, no podemos compartir la misma lógica de su discurso triunfalista de que la crisis está superada. Lo único que nos puede aportar esperanza es la continuidad de la lucha con una perspectiva global, inclusiva, el seguir con las movilizaciones, sin frustraciones por el aparente poco éxito obtenido hasta la fecha, dando un paso más para afrontar estos momentos desde una nueva edición de la lucha de clases, por cierto una lucha de clases que el propio capital reconoce que ha reabierto y dice que está ganando.

77 1Desde la oposición, desde sectores muy muy amplios de la izquierda política y social, se plantea que, ahora, de lo que se trata es de cambiar el gobierno, que la solución a este estado de cosas, que la solución para una salida social a la crisis es el cambio de gobierno. Efectivamente, como hemos indicado, el gobierno ha aprovechado la crisis para desarrollar todo un paquete de reformas laborales, económicas, sociales, jurídicas, policiales… en muchas ocasiones ajenas o innecesarias a las “necesidades” de la crisis y que han contribuido a reforzar el estado político neoliberal que este gobierno defiende para garantizar además su impunidad. Obviamente, desde la lógica de esa oposición,  lo importante es el cambio de gobierno y ello se logra a través de las urnas, votando a la izquierda y comenzar a hacerlo desde ya en las próximas elecciones al Parlamento Europeo.

El problema no es el gobierno, el problema es el sistema, de lo que se trata es de cambiar el sistema. Como decía Errico Malatesta, cuando nos olvidemos de las elecciones empezaremos a pensar en la revolución.

Realmente, lo fácil, lo continuista, lo conservador, lo previsto, lo normal, es presentarse a las elecciones, confiar en que desde el Parlamento, desde la lucha electoralista institucional, se puede lograr el cambio de sistema. Lo posible, lo pragmático, lo que resuelve muchas dudas existenciales, lo que da sentido a muchas de las frustraciones que sentimos tras tantas luchas sindicales y sociales sin excesivo éxito, es culpabilizar al Parlamento, al legislador y delegar en él nuestra capacidad o incapacidad para iniciar la transformación social aquí y ahora y, consecuentemente, lo que se percibe como tangible es optar por la participación en las elecciones políticas. Delegar el poder a través del voto y confiar en que esos diputados y diputadas van a hacer el cambio en nuestro nombre.

77 2No, irremediablemente no y así lo viene demostrando el transcurrir de la historia. No, los cambios reales de transformación social los protagoniza siempre la mayoría social, una sociedad civil estructurada, autoorganizada, no colaboracionista con el sistema, ajena al poder político, empoderada en unos valores nuevos contrapuestos a los valores del capitalismo. El cambio no es el cambio de lideres, de personas o de propuestas electorales al que nos aboca la participación en las elecciones, lo importante es un cambio de sistema, de modelo de participación, de representación, de gestión.

Se avecinan tiempos electorales, primero las europeas, después la municipales, finalmente las generales. Todo el mundo comienza a movilizarse en pro de las elecciones, en pro de las estrategias electoralistas, incluso planteando modelos sociales alternativos, de reparto, de justicia, pero utilizando como herramienta de trabajo la participación electoral, confiando en la lógica del sistema. Estas posiciones sólo conducen a la domesticación de la movilización en la calle y a olvidar los procesos de autogestión y autoorganización. Como ha sucedido en tantas ocasiones, como ha vuelto a demostrar el vecindario del barrio de Gamonal en Burgos, es la sociedad civil  quien tiene la capacidad de conseguir cambios. Gamonal ha abierto una senda que nos debe conducir a un camino amplio de autoparticipación.

La carrera electoral ya ha comenzado, el pistoletazo de salida lo han dado y desde este momento, todo lo que se dice, hace, propone, dispone, decreta… desde el partido en el gobierno y desde la oposición se hace en clave electoral y así hay que interpretarlo. Bueno, es el juego de la democracia parlamentaria y representativa que configura este régimen político. La vida pública se conduce, se maneja a ese circo electoralista en el que no importan los problemas de la población sino que se convierte en un juego de ping pong donde la noticia, lo que importa es lo que ha dicho tal político y lo que le contesta la oposición, al margen, de la vida de la gente.

Así ha sido, así es y así seguirá siendo en este sistema político. Lo preocupante no es esto, lo realmente preocupante es que desde gran parte de la oposición, incluso con un discurso antisistema, aprovechando todo el descontento e indignación social, finalmente se elija el camino de las urnas como la mejor herramienta para luchar contra el cambio de sistema, para luchar por la transformación social y que ello implique, lleve arropado el olvidar o posponer o condicionar la lucha sindical y social del día a día. El caminar en la senda de la transformación social no es fácil, hay que seguir construyéndola de forma permanente, precisa del compromiso consciente y la participación de todas y todos, requiere formación, cambio de valores, de actitudes y comportamientos, necesita dotarnos de autoorganizaciones que reflejen en sí la sociedad a la que aspiramos y desde luego, la vía electoralista institucional no facilita este transitar desde el momento en que las personas sólo somos protagonistas, sólo somos necesarias un día cada cuatro años.

Desde aquí, desde nuestra revista, por esa senda de la transformación social, vamos a seguir implicándonos y contribuyendo a su construcción colectiva.

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EL RACISMO INSTITUCIONAL (autor: Pep Juárez. CGT Illes Balears) https://archivo.librepensamiento.org/2013/09/21/el-racismo-institucional-autor-pep-juarez-cgt-illes-balears/ https://archivo.librepensamiento.org/2013/09/21/el-racismo-institucional-autor-pep-juarez-cgt-illes-balears/#respond Sat, 21 Sep 2013 21:30:02 +0000 https://librepensamiento.org/?p=4306 Las “concertinas” de las vallas de Ceuta y Melilla son cuchillas racistas, como también lo son otras cuchillas en forma de leyes y políticas xenófobas, amputadoras de los más elementales derechos humanos de las y los inmigrantes. El riesgo de muerte en las vallas fronterizas y en las pateras es la antesala de las redadas, agresiones, retenciones, deportaciones, precariedad y desatención sanitaria de buena parte de esas personas. Un racismo institucional reforzado, a principios del siglo XXI.77 3
 
77 3El 5 de diciembre del pasado 2013 moría Nelson Mandela, y su funeral tuvo dos caras: por una parte, el merecido y sentido homenaje de los suyos, tanto en la propia Sudáfrica como en el resto del mundo; por otra, el monumental aquelarre de cinismo e hipocresía protagonizado por la mayoría de líderes de las potencias occidentales que, aprovechando el tirón mediático del evento, acudieron como buitres carroñeros a hacerse la foto. No tuvieron empacho en loar unos valores, los del líder anti-segregacionista muerto, que no solo no comparten, sino que muchos de ellos pisotean, al mantener y promover en sus respectivos países leyes y políticas de profundo calado racista. Además, buena parte de los asistentes al funeral de Mandela sostienen regímenes odiosos de apartheid, muros de la vergüenza incluidos, como son los casos de Israel en Palestina y Marruecos en el Sahara Occidental.
Rajoy, y el Borbón aspirante, tampoco se resistieron a subirse al avión, para hacerse cada cual su particular lavado de imagen en Johannesburgo. No deja de ser curioso que, tanto a la ida como a la vuelta, tuvieran que sobrevolar la zona del estrecho de Gibraltar, escenario de decenas de miles de trágicas muertes en pateras, a lo largo de los últimos años. También tuvieron que pasar por la vertical de las vallas de Ceuta y Melilla, otro escenario de muerte coronado con las “concertinas”. Han vuelto a colocar esas cuchillas para mutilar los cuerpos de la población africana, que huye del hambre y de la miseria en que los occidentales les hemos sumido. Cuchillas racistas, pero no más asesinas que otras cuchillas en forma de leyes y políticas aplicadas en el Estado español, amputadoras de derechos humanos, que el gobierno y las instituciones españolas, que Rajoy y el Borbón representan, promueven y fomentan. Ver para creer: racistas homenajeando a antirracistas.
1. El salto cualitativo de principios del siglo.
Recién estrenado el siglo XXI, la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, sobre reforma de la Ley de Extranjería, marcó un antes y un después, en el Estado español, de las políticas contra los derechos y libertades de la población inmigrante. Conviene recordar que las leyes anteriores también eran discriminatorias (cualquier ley de extranjería lo es), pero el gobierno del PP, entonces presidido por José María Aznar con reciente mayoría absoluta, sacó definitivamente su faceta xenófoba y, con la colaboración del PSOE y CC (que también votaron a favor de la Ley 8/2000) inició su particular cruzada contra la “invasión” de los migrantes, en especial contra los que no contaban ni iban a contar con regularización administrativa, como consecuencia del endurecimiento de los requisitos para acceder a ella, en aplicación de la nueva ley.
Lejos de considerar la inmigración como un fenómeno positivo, como una oportunidad de regeneración y rejuvenecimiento de la población (tiempo tendremos para lamentarlo), y de enriquecimiento económico y social en convivencia y mestizaje, se fomentó el rechazo hacia los recién llegados, con un discurso oficial donde se identificaba inmigración con delincuencia. Todo para justificar un sinfín de atropellos y potenciar, de esa manera, el miedo entre la población y los mecanismos represivos del Estado.
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Para el PP la jugada era perfecta. Las políticas segregacionistas, eran una manera más de dividir a la clase trabajadora, pero también uno de sus dos instrumentos preferidos de distracción respecto a otros problemas, y de agitación para sacar réditos electorales (el otro ha sido ETA). Como era de prever, tampoco varió la situación con los gobiernos de Zapatero que, salvo alguna esporádica y limitada campaña de regularización, dieron continuidad a la violación de los derechos humanos de la población inmigrante no regularizada, al mantener en vigor las leyes anteriores. El reglamento de la nueva Ley de Extranjería y los cupos de admisión fueron consensuados incluso con los sindicatos del régimen, lo que confería a estas políticas una especial y repugnante pátina de “legitimidad social”.
Así, tanto con Aznar, como con Zapatero y Rajoy, con el consenso de “los agentes sociales”, desde principios de siglo se vienen realizando redadas racistas, detenciones arbitrarias, abusos policiales de todo tipo y deportaciones clandestinas en unas condiciones infrahumanas. Las cloacas del Estado a veces pasan también por aviones de Air Europa.
Al principio, las redadas racistas (“Operación Focus”, etc.) eran más o menos conocidas. Pero el escándalo que provocaba el trato infringido a las personas detenidas obligó a los sucesivos gobiernos a esconder sus fechorías, siendo escasa o nula la información sobre las detenciones, los criterios de las mismas, las expulsiones, los cupos de detenidos asignados a cada comisaría de policía (en tiempos de Rubalcaba, como ministro del Interior), o la selección de objetivos en razón del origen de las víctimas. Más allá de las cifras y datos oficiales (evidentemente manipulados a conveniencia), se esconde desde entonces una realidad velada a la opinión pública, y que únicamente la dedicación de las asociaciones solidarias están empezando a arrojar la escasa luz que tenemos sobre estos hechos.
La política de expulsiones y deportaciones sigue, a pesar de que, a consecuencia de la crisis, la inmigración se haya reducido de manera substancial. En realidad, por contra lo que ha crecido es la emigración. 2012 ha sido el primer año en que se ha producido un saldo migratorio negativo, con 162.400 personas, el mayor de toda la UE, según Eurostat. Con datos del INE referidos al primer semestre de 2013 (los últimos publicados), en ese período entraron en territorio español 134.312 personas (un 11% menos), mientras que emigraron 259.227 (un 10,7% más, de los cuales 39.690 con nacionalidad española y 219.537, la gran mayoría, foráneos), arrojando otro saldo migratorio negativo de 124.915 personas en esos seis meses.
Si, por otra parte y según datos proporcionados el 13-12-13 por Ignacio Cosidó, director general de la policía, el número de personas inmigradas sin regularización administrativa descendió un 12% en 2013 respecto al año anterior, ¿qué sentido tiene mantener y aumentar las restricciones para la regularización, y perseguir, reprimir inhumanamente o deportar a las personas sin regularización? La realidad ha dejado a estas políticas, desnudas de cualquier argumento económico o social, y contraproducentes respecto a esos fines. Solo queda la evidencia de que se mantienen a causa del odio y del racismo con que fueron concebidas, buscando supuestos réditos políticos y electorales, al calor de la demagogia populista que se extiende por Europa.77 6
Graf. Nº 2
La proliferación de estos campos de concentración del siglo XXI, extendidos por todo el territorio de la Europa fortaleza y países aledaños, dan una idea del desastre humanitario en que estamos inmersos, coherente con normativas racistas como la Directiva de la Vergüenza. También, un negocio de lucro obsceno para las constructoras y otras empresas que se mueven alrededor del funcionamiento de los CIEs. Una industria opaca de vulneración de los derechos humanos que, aunque sea escondida deliberadamente, se ha de descubrir y denunciar, hasta hacerla desaparecer.
2. Nuestros particulares guantánamos
Sin embargo, poco a poco se va abriendo a la luz de la opinión pública, la realidad de la existencia y funcionamiento de los llamados CIES (Centros de Internamiento para Inmigrantes), gestionados por el Ministerio del Interior y la propia policía. Estos centros se fueron creando desde hace 28 años, al calor de la primera Ley de Extranjería de 1985, sin regulación legal (un verdadero agujero negro jurídico) para retener a los “sin papeles”. Estas personas , que no han cometido ningún delito (como mucho, en todo caso, podría hablarse de una mera falta administrativa) se ven privadas de la libertad, en unas condiciones, según vamos conociendo, de especial vulnerabilidad. A la falta de higiene y habitabilidad, se une el riesgo a todo tipo de abusos por parte de la policía, en la más absoluta impunidad.
Pero quizá lo peor para las personas ingresadas en los CIES sea la desesperación, la angustia y el miedo a ser devueltas a la miseria de sus lugares de origen; la inutilidad de los enormes sacrificios y los riesgos para llegar hasta aquí, y el derrumbe de sus sueños en una vida mejor. Estas tragedias no solo ocurren en y desde territorio español, donde actualmente funcionan 9 CIES (Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia, Málaga, Algeciras, Tenerife, Fuerteventura y Las Palmas) con alrededor de mil internos/as, según diversas fuentes. En Europa y en los países mediterráneos se tenían contabilizados, en 2012, 473 establecimientos de iguales o similares características. El número de internos total oscila entre los 30.000 reconocidos oficialmente y las más de 600.000 personas que, según las organizaciones humanitarias, pasan cada año por los CIES europeos y de los países “colaboradores”.
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Graf. Nº 4 El laberinto de la salud para los inmigrantes (Antonio Rull / Raúl Rejón). Extraído de eldiario.es

El pasado día 11 de enero de 2014, 1500 personas se concentraron ante el CIE de la Zona Franca, de Barcelona (1), para exigir su cierre, respondiendo a la convocatoria de la plataforma Tanquem els CIEs (Cerremos los CIEs http://tanquemelscies.blogspot.com.es/). El comunicado leído al final del acto denuncia la muerte del ciudadano armenio Aramys Manukyan, la noche del 3 de diciembre de 2013, como también la de Idrissa Diallo, joven de 21 años de Guinea Conakry, el 6 de enero de 2012, en el mismo CIE, o como la del ciudadano marroquí Mohamed Abagui, que tenía 22 años cuando murió en 2010.
Todos ellos fallecidos en el CIE de Barcelona, y en circunstancias por esclarecer. Pero hay otras muertes relacionadas con los CIEs, como son la de la ciudadana congoleña Samba Martine, de 34 años, por una dolencia cardíaca que padecía, y que en el CIE de Aluche (Madrid) no le trataron durante el mes que llevaba encerrada, esperando su expulsión. Según diversos testigos demandó repetidamente asistencia médica, que no recibió. La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado, mediante resolución del 14-01-14, reabrir el caso, para depurar las responsabilidades de los servicios médicos del CIE (a cargo de una empresa privada) en la muerte de Samba que, según todos los indicios, se podía haber evitado.
Todas ellas son muertes conocidas, pero ¿cuantas más que ignoramos se habrán producido en los CIEs? ¿Cuantas habrán sucedido en otros espacios, como comisarías? Seguro que, por desgracia, la de Yassir El Younoussi, acaecida el 31 de julio de 2013 en la comisaría de los Mossos d’Esquadra del Vendrell, según informa nuestro compañero de CGT Catalunya Ermengol Gassiot, no ha sido la única.
Al Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) se le ha negado reiteradamente la entrada en el CIE de Barcelona, así como a abogados de los internos en diversas ocasiones. El pasado 3 de enero el gobierno también denegó la entrada al mismo centro a una comisión de Derechos Humanos, compuesta por médicos y abogados, ante las constantes denuncias de palizas, vejaciones y malos tratos que sufren los internos. El siguiente día 10, una comisión de parlamentarios, ante una negativa similar, decidieron acceder haciéndose pasar por familiares de internos, y comprobar in situ las condiciones denunciadas.
La movilización social han conseguido que, al menos, en el CIE de la Zona Franca barcelonesa se están empezando a dar los primeros pasos para acabar con la impunidad, la opacidad y el silencio. Los Juzgados de Instrucción 1 y 17 de Barcelona han tomado, al fin, cartas en el asunto, mediante una resolución donde, entre otras constataciones que han llevado a los magistrados a imponer medidas de control, se acreditan hechos denunciados por las entidades solidarias, como son la existencia de celdas de aislamiento, sin video-vigilancia (solo una dispone de ella) donde todo es posible; la existencia de mamparas o rejas que impiden el contacto físico de los internos y sus visitantes; el trato indigno que reciben, o que no se envíen al Juzgado de Guardia todos los preceptivos “informes de asistencia médica a favor de los internos por lesiones de origen traumático”.
Pero no basta con acabar con la impunidad. Hay que ir mucho más allá. Como reza el lema de la Plataforma anti-CIEs, “No cerremos los ojos, cerremos los CIES”
3. El Apartheid sanitario. El caso de Alpha Pam
La derecha neofranquista representada por el gobierno de Rajoy, surgido con mayoría absoluta en las elecciones de noviembre de 2011, está llevando a cabo una ofensiva sin precedentes, contra las clases trabajadoras y la mayoría social, y los colectivos más desfavorecidos, como los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, se llevan la peor parte. Con la precariedad y el paro fuera de control, con la pérdida del empleo muchas de estas personas también pierden la regularización, lo que las aboca a una situación cada vez más precaria y vulnerable.
77 8Uno de los derechos básicos al que tenía acceso la población inmigrante, el de la asistencia sanitaria pública, se vino a truncar con la entrada en vigor del RDL 16/2012, el 1 de septiembre del mismo año. (ver Boletín Informativo nº 142, enero 2014, del SPCC de la CGT). Esa Ley, y el reglamento que la desarrolla (RD 1192/2012 de 3 de agosto), entre otras medidas dejó sin tarjeta sanitaria a las personas que carecen de regularización administrativa, excepto a los menores de edad, a las mujeres embarazadas y a los casos de urgencia hospitalaria (en total más de 150.000 personas excluidas en el conjunto del Estado). Además, introdujo el cambio cualitativo respecto a las personas usuarias de la sanidad pública, pasando del acceso universal a la condición de personas “aseguradas”, con lo que quedaban excluidos los citados colectivos. Este cambio es estratégico, en la medida que dejó abierta la puerta a nuevas exclusiones, como más adelante veremos.
Las respectivas administraciones (en especial las CCAA gobernadas por el PP) les impusieron unas tasas impagables para la atención sanitaria en la red pública, y obligaron a los enfermos excluidos a rellenar un formulario, con compromiso de pago de las mismas, al no considerar a estas personas ni aseguradas ni beneficiarias del sistema público de salud.
 

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