Desde hace ya unos años nos encontramos en un contexto de crisis que afecta al llamado Primer Mundo o mundo occidental. Más allá de entrar a debatir acerca del origen de la actual situación económica (el sistema financiero, la explosión de la burbuja inmobiliaria…), queremos centrarnos en sus consecuencias para la inmensa mayoría de las personas que forman parte de nuestra sociedad.

 Así, cuando hablamos de crisis estamos hablando fundamentalmente de la destrucción de empleo e incremento del paro hasta límites no conocidos anteriormente, del fuerte incremento de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión, del rápido crecimiento de las desigualdades sociales que se está produciendo, de la multiplicación en los últimos años del número de desahucios por no poder hacer frente al pago de las hipotecas contratadas, de la pérdida de derechos y conquistas laborales, así como de los innumerables recortes públicos en partidas de carácter social (educación, sanidad, servicios sociales, cultura…), lo que supone, en el mejor de los casos, un descenso de la calidad en la prestación de estos servicios, y en el peor, su desaparición.

 Paralelamente, y utilizando esta crisis como coartada, desde el poder se viene también imponiendo un aumento del control social y de la represión, que se traduce en un creciente recorte en materia de libertades civiles y políticas.

 A la vez que se produce todo este empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de las población de nuestra sociedad, los diferentes gobiernos han optado por mantener, cuando no por incrementar de manera encubierta, el aparato militar y todo el gasto que conlleva, en el que destacan, además del propio coste del mantenimiento del ejército, los grandes programas de armamento y los programas de I+D+i militar.

 De igual manera, en los últimos años se viene produciendo una apuesta por destinar ingentes recursos públicos al crecimiento de otros instrumentos de este entramado militarista que habitualmente pasan más desapercibidos y que están creciendo de manera importante, como el número de efectivos de las “fuerzas de seguridad” o el número de centros penitenciarios.

 Esta apuesta del sistema por la militarización, si ya es denunciable en momentos de “bonanza económica” por sus consecuencias económicas, sociales, medioambientales, éticas y humanas, tanto a nivel interno como externo, lo es aún más en un contexto en que esta apuesta se produce a costa de recortes en ámbitos que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población.

Durante los últimos tiempos estamos asistiendo a diferentes hechos que apuntan a que las consecuencias de la crisis, así como las medidas que está tomando el gobierno para afrontarla, todas ellas en beneficio de los mercados, las grandes corporaciones o la banca, y no de la inmensa mayoría de la población que se ha visto afectada directamente por ella, están generando un amplio descontento entre un importante sector de la sociedad.

 Este sistema, que persigue el beneficio de una minoría a costa de las condiciones de vida de la mayor parte de la población mundial, e incluso en muchas ocasiones, a costa de la propia vida de las personas, utiliza al ejército y a otros agentes como las fuerzas policiales, el sistema penitenciario o la creciente industria de la seguridad privada, como instrumentos para mantener el orden vigente, bien mediante el ejercicio de la violencia física y directa, bien mediante la amenaza del uso de la misma.

 Además de éstos, hay otros agentes que intervienen en el mantenimiento de este injusto sistema de dominación a través del ejercicio de la violencia cultural, cuyas funciones son legitimar las violencias directa y estructural e inhibir o reprimir la respuesta de quienes la sufren. Esta violencia cultural está basada en un amplísimo entramado de valores que comenzamos a asumir desde nuestra infancia, y que posteriormente es activamente reforzada a través del sistema educativo, el sistema laboral y productivo y las normas legales de la sociedad, para inculcarnos una cultura opresiva, acrítica y delegadora y que nos prepara para la colaboración pasiva y/o activa con estructuras injustas e insolidarias.

 No hay que ir muy atrás en el tiempo para ver que, a pesar de los discursos que envuelven las “intervenciones humanitarias” o las “intervenciones quirúrgicas” tras los que tratan de esconder las nuevas guerras, abundan los casos (Irak, Afganistán, Libia…) en los que los ejércitos de las potencias occidentales son utilizados para defender mediante el uso de la fuerza los “intereses y valores” de los estados, y de las corporaciones transnacionales y grandes empresas que los sostienen y manejan, allí donde éstos se encuentren.

 Así, a pesar de que cada vez se pone más cuidado en la manera de presentar a la población de los países occidentales estas intervenciones armadas con la intención de hacerlas más aceptables (por lo que se ha pasado de las operaciones “unilaterales” a las “multilaterales”, se busca la legitimidad que puedan dar organismos como la ONU o se plantea que su finalidad es salvar la vida de los civiles), resulta evidente que los ejércitos siguen siendo el brazo armado de un sistema basado en la dominación de unos países sobre otros, en el que los estados muchas veces son rehenes de los intereses de los poderes económicos, que vulnera los derechos humanos que dice proteger, y que recurre a la violencia para resolver los conflictos e imponer los intereses de los más fuertes.

 Dentro de sus fronteras, el sistema reproduce esta lógica y mediante el adoctrinamiento, la violencia física y la amenaza más o menos explícita de su uso, perpetúa la preeminencia de los intereses de una minoría frente a los colectivos, niega el acceso a derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales a amplios sectores de la población, recorta sus derechos, les niega la dignidad y utiliza la violencia para anular la disidencia.

 Así pues, un sistema que se basa en el bienestar de una minoría a costa del de la mayoría, necesariamente ha de estar apoyado en un modelo de defensa que recurra a la fuerza y a la amenaza contra todo aquél, al que califica como “enemigo”, que ponga en riesgo este estatus privilegiado, y por lo tanto, necesita destinar abundantes recursos económicos, humanos y de todo tipo para tratar de hacer frente a esta amenaza: ejércitos, armamento cada vez más sofisticado, creciente número de policías, prisiones…

 Gasto Militar

 La crisis financiera no afecta en recortes a los ejércitos. Aunque el gasto presupuestado por el Ministerio de Defensa ha bajado en lo últimos años, si se consideran las partidas relacionadas con el gasto militar que se cargan a otros ministerios, el recorte del gasto militar es rotundamente falso, como desarrollaremos más adelante..

 El Ministerio de Defensa ha estado privilegiado respecto a las partidas que tienen un carácter de servicio social. Defensa ha sido el ministerio que ha sufrido uno de los recortes menos abultados en el presupuesto del año 2012, un 8,8% respecto del año anterior situándose en 6.316,4 millones de euros. En cambio, otros ministerios sufrieron un mayor recorte, Sanidad y Servicios Sociales disminuyó un 13,7%, Educación y Cultura un 21,2%, Fomento disminuyó un 18,4%, Industria y Energía un 31,9%, Economía y Competitividad un 32%, y las ayudas a la investigación (I+D) un 25,6%. Situándose la media de los recortes para todos los ministerios en 2012 en un 16,9%.

 La partida que siempre rompe el techo en el gasto militar es la de las adquisiciones de los Programas Especiales de Armamentos (PEAs). Estos programas se iniciaron a mediados de los años 1990 con una duración, según los casos, de 15 y 30 años y que en su día tenían unos costes iniciales de 20.000 millones de euros. Para no incrementar en demasía el presupuesto de Defensa, se diseñó un jeroglífico contable, el ministerio de Industria avanzaba créditos a las empresas militares para realizar esos PEAS, los cazas EF-2000, los helicópteros Tigre y NH-90, los misiles de esos aparatos, los blindados Leopardo y Pizarro, fragatas F-100 y diferentes buques de guerra, etc. que el ministerio de Defensa retornaría a Industria cuando realizara el pago de las armas a las industrias. Créditos que se concedieron a 20 años y a cero intereses. Una ingeniería financiera que ha acarreado un grave problema de endeudamiento en las cuentas públicas, pues en el transcurso de los años esos créditos más los compromisos con las industrias han acumulado una deuda de 32.000 millones que hoy Defensa no sabe cómo afrontar sin aumentar considerablemente el presupuesto (en el 2015 serán 35.000). Este mismo año, desde el ministerio de Industria, ya se han concedido más créditos, 507 millones,  a las empresas militares, con lo cual el endeudamiento de Defensa continúa en aumento.

Para hacer frente a esa deuda, los presupuestos de Defensa de 2012 contemplaban el pago de 4,9 millones para los PEAS mientras los compromisos de pago eran de 2.370 millones. Con motivo de la crisis, se ha optado por la fórmula de dotar con menos asignación y aplazar en el tiempo los programas contratados, lo cual significa refinanciar los proyectos con las industrias militares y pagar más intereses; es decir, generar una deuda aún mayor de forma que los proyectos, a la larga, se encarecerán más. De ahí surge ese crédito extraordinario de 1.782 millones, que por falta de tesorería se tendrá que financiar mediante la emisión de deuda pública.

 Por otra parte, el Gobierno español ha adquirido el compromiso de permitir que EEUU instale en la base de Rota (Cádiz) de forma permanente 4 buques de guerra con sistemas de combate Aegis que puedan detectar misiles balísticos lanzados por potencias enemigas y su posible destrucción antes de que impacten en su objetivo. Estos sistemas de detección irán acompañados por el despliegue de 1.200 militares para la gestión del sistema antimisiles.

 El escudo antimisiles hará que aumente el gasto militar en España y en el mundo. Y es que una instalación de estas características es un paso hacia un mayor aumento del gasto militar tanto de España como del resto de países, que aliados o no de EEUU, se verán impulsados a proseguir invirtiendo en seguridad militar dedicando más recursos a la carrera de armamentos promovida por el escudo antimisiles. No se dice qué inversiones tendrá que aportar España para remodelar las instalaciones de Rota, pero, sin duda, este compromiso militar supondrá también un gasto brutal, además de otras consideraciones con respecto al concepto del escudo en sí mismo.

 El gasto enmascarado

 Siguiendo con los presupuestos de los que sí hay datos, si el gasto militar previsto es ya de por sí ingente, la desviación presupuestaria hace que el gasto militar real aumente entre un 10 % y un 15 % sobre lo previsto cada año. Así, año a año, aunque el Gobierno anuncie una reducción del presupuesto del Ministerio de Defensa la liquidación final llega a alcanzar  incrementos de cerca del 10 %, lo que representa una desviación de cerca de 20 puntos frente a lo previsto. Con lo que el anuncio de la disminución del gasto militar es falso.

 Dando un paso más en el desenmascaramiento de este negocio de la guerra, tenemos que tener también presente que el Ministerio de Industria ayuda a maquillar los presupuestos de Defensa, a través de lo cual se está generando una deuda a la que ni el mismo Ministerio de Defensa sabe cómo hará frente. Así, la factura global de los llamados programas especiales de armamento -19 sistemas de armas que, en su mayoría, incorporan nuevas tecnologías- suma 30.000 millones de euros, en torno al 3% del PIB español, de los que defensa ha pagado hasta ahora algo menos de 5.000. Los restantes 26.000 millones deberían abonarse a las empresas en sucesivas anualidades hasta el año 2025.

 La industria militar se benefició de créditos encubiertos de los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Industria a interés cero para desarrollar armamento que ni siquiera se ajustará a las demandas de Defensa[1]. Los bancos y capitalistas se han articulado con el complejo militar industrial y altos cargos de Defensa: el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, uno de los ejemplos de puertas giratorias en el sector armamentístico, fue el gestor de esta ingeniería financiera para poder externalizar esta burbuja financiera militar.

 Represión y control social

 En cuanto al recorte de libertades, no podemos dejar de mencionar algunas de las leyes que últimamente están entrando en vigor tanto a nivel estatal (ley Sinde-Wert, ley del menor, Reforma Laboral, etc.), como a nivel autonómico o municipal, sobre todo aquellas que dicen regular la convivencia ciudadana y las relacionadas con la utilización de espacios públicos, normas encaminadas todas ellas a ejercer un control social que impida las movilizaciones.

 Especial mención merece la ley de Extranjería, que impide la libertad de movimientos a las personas emigrantes por medio de controles racistas, retenciones en comisaría de hasta tres días, encierro obligatorio en Centros de Internamiento de Extranjeros en los que se vulneran los derechos humanos más básicos, o las deportaciones forzosas.

 No podemos olvidar los gastos relacionados con este control social y la evolución del concepto de represión y control social, tanto en lo que se refiere al número de policías como a la previsión de creación de nuevas cárceles o al número de personas presas en el estado español.

 En diciembre de 2010 se alcanzó el mayor número de policías de la historia en el Estado: 70.600 policías nacionales y 84.316 guardias civiles. En relación con las policías autonómicas la Ertzaintza tiene más de 8.000 agentes, los Mossos disponen de más de 14.000 agentes y la policía foral de Navarra más de 1.000. Además de éstos, hay que contar con las policías locales. En diciembre de 2010, Madrid tenía ya 7.000; Barcelona, acercaba a los 3.000; Bilbao tenía más de 850; Valencia alcanzaba los 1.900 efectivos y el conjunto de la Comunidad Valenciana superaba los 10.500 policías locales.

 Solo con los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado, el ratio policial (número de policías por cada 1.000 habitantes) medio del Estado español se sitúa en 3,09. Otros cálculos que suman los agentes autonómicos suben dicho ratio hasta el 3,71, aunque sin contabilizar a los agentes municipales. En Navarra, el ratio en enero de 2010 era de 5,42 agentes por cada 1.000 habitantes.

En cuanto a la creación de centros penitenciarios, para el periodo comprendido entre 2005 y 2012 hay un plan de creación de 46 nuevos centros penitenciarios, entre ellos 11 cárceles, con un presupuesto de más de 3.000 millones de euros.

Según datos proporcionados por Salhaketa, en diciembre de 2011 había 75.000 personas presas, y la población carcelaria ha aumentado a un ritmo de 4.000-5.000 personas presas al año.

Insostenibilidad del militarismo.

Los gobiernos del Estado Español han hipotecado a las generaciones de los próximos 40 años, adquiriendo unos compromisos de gasto mediante la compra de armamento «para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora» como reconoce incluso el propio ex-Secretario de Defensa.

El militarismo no sólo es socialmente inútil, sino que es insostenible.

El militarismo, durante los períodos de paz y de guerra, tiene un impacto inmensamente negativo sobre el medio ambiente. Según el Instituto de Investigación para una Política de Paz en Starnberg (Alemania), hasta el 30% del total de la degradación ecológica mundial podría corresponder a acciones militares. El 10% de las emisiones relacionadas con el llamado «efecto invernadero» guardan relación con la industria armamentística, también primera en el uso y abuso de recursos minerales.

Así y todo, su consecuencia más grave son las innumerables vidas humanas que el militarismo se cobra cada año. En los conflictos posteriores a la II Guerra Mundial el número de víctimas civiles supone un 90% del total siendo en su mayoría menores de 14 años; y cuando el conflicto armado termina oficialmente, la falta de recursos e infraestructuras de todo tipo, condenan a la población a situaciones de precariedad e imposibilidad de acceso durante un largo periodo de tiempo a recursos básicos.

La presencia constante en nuestra sociedad de los valores militaristas (“ley del más fuerte”, resolución violenta de los conflictos, amenaza continua de castigos…), así como el incremento continuo de las herramientas responsables del control social y la represión (crecimiento constante del número de policías, ubicuidad de vigilantes armados, videovigilancia generalizada,…) suponen un ambiente de violencia estructural tan cotidiano que predispone a las personas a relacionarse y organizarse en base a valores como la confrontación , la dominación y la fuerza

Los ejércitos son, asimismo, herramientas de represión que utiliza el poder para neutralizar protestas populares y como defensa de un modelo injusto de reparto de los recursos y la riqueza, ejemplo reciente de ello es lo que está ocurriendo en las revueltas árabes. Se puede afirmar que ha sido una constante el empleo de las fuerzas armadas para establecer condiciones de gobernabilidad en función de la inyección de capitales en los espacios rentables.

Ni siquiera el argumento habitualmente empleado de la posterior utilidad civil de los resultados de la I+D militar serviría para defender ésta, ya que sólo el 10% de las patentes derivadas de la investigación militar tiene alguna aplicación civil, y la I+D militar consume recursos económicos, naturales y humanos para crear unos productos que, en el mejor de los casos, no se utilizarán.

 Propuestas

 En las últimas décadas se ha producido una evolución de un modelo de defensa centrado en el territorio y las fronteras a una defensa que se enfrenta a “enemigos” mucho menos tangibles (terrorismo internacional, migraciones, narcotráfico, crimen organizado…). Este nuevo modelo se basa principalmente en el desarrollo de operaciones militares en el extranjero, a veces en zonas muy alejadas del territorio estatal, en defensa del “orden internacional, la libertad y la democracia”, palabras tras las que se suelen ocultar los intereses geoestratégicos y económicos de los estados occidentales.

 Si cualquier modelo militar de defensa requiere una carrera armamentística económicamente muy costosa, la evolución hacia este nuevo tipo de ejército, con capacidad para llegar e intervenir rápidamente en cualquier parte del mundo, exige una tecnificación creciente y una inversión presupuestaria aún mayor que el anterior. Así mismo, además de los inmensos costes económicos de este modelo de defensa, es necesario también recordar su altísimo precio a nivel humano, social, ecológico y ético.

 Frente a este modelo basado en el uso de la fuerza y que necesita crear un enemigo del que tener miedo y al que busca eliminar o destruir, desde AA-MOC, al igual que otros movimientos sociales, apostamos por una defensa de los intereses sociales y populares, es decir, por la defensa frente a los recortes de libertades políticas, el empobrecimiento, la imposibilidad de acceso a la vivienda, la falta de calidad en servicios básicos como la sanidad o la educación, los ataques al medioambiente, la acción depredadora de las transnacionales, las operaciones especulativas y financieras, etc.

 Este modelo de defensa por el que apostamos, la Defensa Popular Noviolenta, hace ya tiempo que se ha puesto en marcha en nuestra sociedad de manos de muchos grupos y movimientos sociales (movimiento ecologista, movimiento feminista, el de defensa de los derechos humanos, el de lucha en defensa de los derechos sociales y contra la exclusión, la lucha contra el racismo y la xenofobia…) que han cambiado los habituales esquemas de pensamiento militarista sobre qué defender, quién debe hacerlo y cómo, al identificar cuáles son los verdaderos peligros y amenazas a los que nos enfrentamos, cuál es su origen y orientar su lucha contra ellos.

 Este modelo alternativo no sólo intenta defender las conquistas sociales logradas hasta el momento, sino que pretende ser además, el instrumento que ayude a perfeccionarlas y conseguir otras nuevas. Es decir, lejos de tener una concepción conservadora de la defensa (como conservación de derechos), apuesta por una concepción dinámica y transformadora al entender la defensa como la consecución de mayores cotas de justicia, libertades y bienestar.

 Para ello, y partiendo de la percepción del adversario como persona que merece respeto hacia su integridad física, psíquica y moral, así como de una concepción positiva del conflicto como elemento eficaz para lograr las transformaciones estructurales pretendidas por parte de la sociedad, optamos por la utilización exclusiva de métodos noviolentos.

 La Defensa Popular Noviolenta supone así mismo, romper con la dinámica jerárquica y elitista de la defensa militar, dotando de poder a la sociedad, al permitir y potenciar estructuras de base y participativas en las que las propias personas que forman nuestra sociedad son quienes deciden qué quieren defender y cómo lo quieren hacer, pasando a convertirse en sujetos activos en la defensa de sus intereses, en sus promotores y sus garantes.

La situación actual del pueblo palestino sigue siendo muy dura. Gaza, bajo el control de tres gobiernos y medio (Israel, la Autoridad Palestina de Mahmud Abbas, Hamás y la Comunidad Internacional), es un ejemplo de que el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino no avanza, consolidándose la situación de dominio de Israel. Nuevas estrategias de lucha están abriéndose paso, regresando a modelos de resistencia popular, con estrategias de lucha no violenta y orientadas a la aplicación de la legalidad internacional, y el reconocimiento de los derechos, vulnerados en una situación que pude ser considerada como crimen de apartheid.

Si te teletransportasen a una calle de la ciudad de Gaza durante tan solo unas horas, podrías llegar a pensar que todo es normal. Podría parecerte que estás en cualquier ciudad del norte de África. Hay movimiento en la calle, coches pitando, ajetreo de gente yendo, viniendo y comprando en las tiendas todo lo que en primera instancia nos parece necesario. Si tienes tiempo para quedarte un rato más, el ruido del tráfico dará paso al de los generadores; tarde o temprano llegará un corte de electricidad. Los comerciantes sacan a la calle los motores de gasolina, y caminar por la acera significa sortear los obstáculos y ensordecer con el zumbido. Si ya es de noche, verás iluminada solo la parte de la ciudad de los que tienen generador y acceso a gasolina. Si prolongas unos días más tu estancia, escucharás en algún momento una explosión aislada, con suerte de lejos. Te hará levantar la mirada para comprobar que eres el único curioso. Puedes asumir que el estruendo viene de alguna obra cercana, y es que la ciudad parece en construcción.

Si te acercas al mar, a contemplar la salida de los barcos pesqueros a faenar, te extrañarán las dimensiones del puerto: muy humilde para ser el que abastece de pescado a una capital con casi 500.000 habitantes, como Murcia. Les sigues con la mirada para ver cómo se adentran en el mar y notas algo raro cuando ves que no se alejan, sino que se disponen a navegar en paralelo a la costa, sin alejarse más de 5 kilómetros; turnos de 24 horas yendo y viniendo en un recorrido de 40 kilómetros de norte a sur.   

Si a la curiosidad propia del recién llegado sumas cierta inquietud por lo que te parecía extraño y entablas conversación con la gente local, acabarás de comprender lo que ya intuías: lo anormal de esta normalidad. Cortes de suministros, regulares ataques de misiles israelíes, un mar convertido en piscina, deseos de salir, ansias por conocer; todo por un bloqueo que convierte a la Franja de Gaza en una tremenda cárcel, con una condena desproporcionada e inapelable.

Si en lugar de ser teletranspotado, accedes a Gaza por el único control establecido por Israel para el tráfico de personas, el paso de Erez, la sensación de entrar en una cárcel es clara; los controles de seguridad, el muro, recorridos a través de puertas automáticas, vigilancia por cámaras, comunicación por interfono y una voz que te guía sin que veas quién te habla. Las ametralladoras de las torretas del muro están controladas a distancia por un joven de entre 18 y 21 años con un joystick en la mano. Los escasos visitantes (personal humanitario) caminamos un kilómetro por un corredor enrejado que atraviesa la zona de seguridad impuesta por Israel en la cara interior del muro a lo largo de todo su recorrido rodeando la franja. Esta zona impide el acceso de los agricultores, bajo riesgo de recibir un disparo, al 35 % de la tierra cultivable en Gaza (OCHA Special Focus, 2010).

En esta cárcel no hay solo un carcelero. Abriéndonos los ojos a la anormal normalidad, un palestino activista defensor Derechos Humanos desde el PCHR[1], nos regala sin darse cuenta una frase esclarecedora: «Gaza es probablemente el único lugar con tres gobiernos y medio con competencias reconocidas: Israel, la Autoridad Nacional Palestina liderada por Mahmud Abbas, el gobierno de Hamás con el Primer Ministro Ismael Hanniye y la comunidad internacional con sus órganos gestores de la ayuda a la cooperación».

Israel

En el 2005 Ariel Sharon decide unilateralmente retirar a la población colona de la Franja de Gaza. Presenta el hecho como una prueba de la buena disposición Israelí para la paz. Desde entonces el discurso oficial de Israel mantiene que la Franja de Gaza no es territorio ocupado sino restituido y, por lo tanto, bajo gobierno completo de la Autoridad Nacional Palestina. Un tribunal israelí llegó a determinar no solo que no es territorio ocupado, sino que Israel seguiría aun así suministrando gas y electricidad a la Franja de Gaza gracias a su generosidad y a los lazos históricos que les unían. El proceso de «descolonización» de la Franja de Gaza no es en sí mismo negativo, pero su carácter unilateral, sin establecer ningún tipo de acuerdo con la OLP, permitió que el control se empezase a ejercer desde fuera y no desde dentro. En el momento de la retirada, la Franja de Gaza ya estaba rodeada por el muro, con una limitación por mar de 12 millas náuticas (en la actualidad se ha reducido a 3). La infraestructura para el cerco estaba ya establecida y nada ni nadie podía entrar o salir de Gaza sin consentimiento de los israelíes, poniendo estos las condiciones, puesto que no había existido negociación al respecto. Si consideramos el coste que suponía para Israel el mantenimiento de los colonos de Gaza, muchos de los cuales para salir a trabajar a Israel necesitaban de helicópteros militares con pilotos de élite, y tenemos en cuenta que ya se percibían cambios en la situación interna (Arafat ya había fallecido) con el posterior vuelco electoral al año siguiente en favor de Hamás como algo previsible, no es difícil intuir que la mejor manera de proteger a su población y dejar el camino libre para cualquier tipo de intervención que se pudiera considerar necesaria en el futuro fuese sacarla de allí. Pese al discurso oficial (reflejo o causa del discurso de la calle) negando la ocupación de la Franja de Gaza, son varios ya los informes de Naciones Unidas estableciendo claramente que el control ejercido por Israel sobre la misma no puede entenderse de otra manera que no sea el que ejerce una potencia ocupante sobre territorio ocupado.

Esta decisión no es sino parte de la política de «Muro de Hierro» (Shlaim, 2003), seguida por Israel desde su origen, con Ben Gurion como arquitecto, Begin, Golda Meir, y Sharon como abiertos defensores, y con Netanyahu como actual adalid. Una política basada en la separación y aislamiento del pueblo palestino, una posición de fuerza militar como base para cualquier negociación y si es necesario, unilateralidad en las acciones. Después de la operación Plomo Fundido entre diciembre del 2008 y enero del 2009, el giro a la extrema derecha y por lo tanto a posicionamientos más radicales en esta política ha sido claro. La victoria de Kadima (el partido que fundó Sharon cuando abandonó el Likud), su incapacidad para formar gobierno y el estrecho margen que tenía con el Likud (segunda fuerza más votada), permitió a estos aliarse con los partidos que se sitúan más a su derecha, también reforzados tras las elecciones, para formar un gobierno de extrema derecha. Discursos fascistas, racistas, que en Europa escuchamos y nos escandalizaban cuando eran pronunciados por Haider en Austria y Le Pen en Francia (hoy desafortunadamente nos impresionan menos), se alternan con la proclama constante de ser la única democracia de Oriente Próximo, argumento utilizado por las democracias occidentales para justificar su apoyo a Israel. Si eliminamos de la ecuación a los árabes-palestinos que viven dentro de las fronteras del actual Israel, podríamos hablar de una democracia al estilo occidental, con similares virtudes y defectos —recientemente se discutía en el parlamento la construcción de otro muro, esta vez para controlar la inmigración procedente de África por la frontera con Egipto y se aprobaba compensar económicamente a países que acogiesen a los inmigrantes que Israel no quiere.

La simple operación de eliminar a árabes de la ecuación de la ciudadanía tiene sus fundamentos en varias de sus leyes básicas (Coconi, 2010) (no tienen Constitución, sino un conjunto de leyes básicas sobre las que se basa su sistema legislativo), donde la condición de judío determina en gran medida tu acceso o no a la categoría de ciudadano (un hecho en sí mismo contrario a la definición de lo que se entiende por democracia en occidente, que no establece diferencias políticas, religiosas, étnicas ni de género en la categorización de ciudadanos). Este hecho, establecido ya en los primeros años de la existencia de Israel, está alcanzando niveles peligrosos durante esta última legislatura. Varios paquetes de leyes presentados en el parlamento inciden aún más en esta política; ejemplos como el de exigir a los no judíos jurar fidelidad al estado judío de Israel antes de alcanzar la ciudadanía, o el derecho de los ayuntamientos a decidir quién puede y quién no vivir en sus términos municipales para preservar el carácter de la comunidad, hacen que ya incluso entre algunos israelíes (aún muy pocos) se oigan voces que alertan de reproducir el camino que llevó a una Alemania democrática a ser gobernada por el nacionalsocialismo, sin necesidad de estar sufriendo ninguna crisis económica de por medio (Uri Avnery, 2010).

Autoridad Nacional Palestina

La comparación con la Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial no es la única de la que es objeto Israel. Cuando Sharon explicitó su política de cantonización de Cisjordania y Gaza, siguiendo la política de muro de hierro mencionada anteriormente, simplemente giró un poco más la tuerca que se había colocado en Oslo. Los Acuerdos de Oslo son analizados hoy en día por muchas de las organizaciones de derechos humanos palestinas como una derrota para el movimiento de autodeterminación palestino. En los Acuerdos de Oslo se legitimó el actual sistema de islas en el que se ha convertido Cisjordania y se creó la Autoridad Nacional Palestina, el embrión de lo que sería el futuro gobierno palestino, nacida para gestionar en coordinación con Israel las islas que le eran devueltas, supuestamente como primer paso de una devolución total posterior (en la actualidad este territorio corresponde al 12% de lo que sería la Palestina definida por Naciones Unidas en la resolución 181, que en noviembre de 1947 establecía la partición de la zona entre Israel y Palestina). La ANP no tiene capacidad de negociación política, es un órgano de gobierno interno. Es la OLP quien tiene reconocida esta función, pero desde su creación, la máxima figura de uno y otro organismo han coincidido, con Fatah como el partido de mayor representación en ambos organismos. Es curioso señalar cómo en el caso palestino se exige a la ANP demostrar su capacidad para poder convertirse en un gobierno democrático autónomo como uno de los requisitos para poder llegar a serlo, para terminar con la ocupación israelí. Esta circunstancia no se exigió en ningún caso en los procesos descolonizadores que tuvieron lugar en África en la década de los 60, y en general en ninguno de los procesos descolonizadores del siglo pasado.

De facto, la creación de la ANP ha permitido a Israel desligarse de su obligación como potencia ocupante de gestionar el territorio ocupado con mayor densidad de población (zona A)  sin perder su capacidad de control sobre las mismas y quedando las zonas menos pobladas (zona C, cerca del 68% de Cisjordania) bajo jurisdicción militar israelí. En estos 17 años desde que se firmó Oslo, el número de asentamientos israelíes en Cisjordanía ha crecido exponencialmente aprovechando el control sobre esta zona C, pasando de menos de 49.000 colonos a más de 500.000 en la actualidad (10% de la población judía de Israel). La expansión natural palestina de acuerdo a su crecimiento demográfico ha sido por el contrario frenada. Los sistemas de seguridad y control establecidos a lo largo de Cisjordania por parte del ejercito israelí para proteger a su población colona (que ya de por sí son civiles fuertemente armados), dividen de facto el territorio en cantones o bantustanes donde se concentran los palestinos (OCHA, julio 2010). Un simple vistazo a los mapas que nos muestran la evolución  del control de territorio desde antes de 1948 hasta ahora, nos permite simplificar la complejidad con la que se muestra este conflicto, constatando que es un proceso dinámico por el control del territorio desde el río Jordán hasta el Mediterráneo.

En estas condiciones es más difícil imaginar un estado palestino independiente viable con continuidad territorial, que un modelo similar al de la Sudáfrica del Apartheid y su división atendiendo a criterios de razas del territorio. Aunque la comparación con Sudáfrica sea casi inevitable, creo más interesante el ejercicio de partir de la definición del crimen de apartheid (Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid, 1973) y analizar su aplicabilidad al caso palestino de forma independiente (Coconi, 2010).

Hamás:

La gestión interna del bantustán de la Franja de Gaza está en manos de Hamás, pero al no existir ningún tipo de comunicación directa entre esa organización e Israel, son los cargos de Fatah de la ANP quienes se encargan de gestiones «coordinadas» como el paso de personal humanitario o productos a través de los puestos establecidos por Israel. El aislamiento internacional a Hamás hace también que la ANP representada por Mahmud Abbas sea quien ejerza de interlocutor de su población a este nivel (entendiendo por internacional, mayoritariamente el mundo occidental). El creciente descontento por la corrupción en el seno de la ANP dirigida por Fatah y el desgaste tras 13 años de diálogos y negociaciones sin ningún resultado más allá de la expansión israelí en territorio palestino, sumado a la visión de Mahmud Abbas como el delfín de EEUU en la OLP, castigaron a Fatah llevando a Hamás al poder en las elecciones democráticas celebradas en el 2006. Esto suponía un cambio importante puesto que un partido sin presencia en la OLP (Hamás se fundó posteriormente a la OLP y esta, desde su creación en 1964, no ha sido objeto de ninguna remodelación), pasaba al primer plano del panorama político de la zona. El aislamiento inmediato decretado por Israel, y las presiones constantes sobre el nuevo gobierno, con Abbas como presidente e Ismael Hanniye como primer ministro, la detención de una cuarta parte del parlamento palestino por parte de Israel, no hicieron sino incrementar la tensión y división interna desembocando en el enfrentamiento armado entre Fatah y Hamás en 2007, con la separación de facto de la Franja de Gaza de Cisjordania, quedando la primera bajo gobierno del primer ministro electo de la ANP (pero no reconocido internacionalmente) y Cisjordania bajo un gobierno en funciones elegido por el presidente Abbas, con Salam Fayyad como el nuevo primer ministro en funciones. La famosa máxima «divide y vencerás» tiene en este caso un claro ejemplo.

En los tres últimos años y sobre todo en los dos posteriores a la operación Plomo Fundido, lo que no queda tan claro es quién es el vencedor, pero sí los beneficios del actual status quo para los actores implicados. Israel tiene en la Franja de Gaza uno de sus principales argumentos a la política de lucha contra el terror  —aunque después de la operación Plomo Fundido y el claro debilitamiento y cambio estratégico de Hamás, esté otorgando a Irán este papel—, además de mantener a la población palestina dividida.  Hamás, con estadísticas que no le dan como vencedor de unas hipotéticas futuras elecciones, mantiene el control sobre una franja, haciendo del aislamiento una de sus formas de supervivencia —es más que probable que políticas aperturistas llevasen a un debilitamiento de su régimen— y prueba de ello es el control que ejerce habiendo reducido el lanzamiento de misiles Qassam hacia Israel, o reprimiendo la aparición de grupos más fundamentalistas que le acusan de traicionarse a sí mismo. La Autoridad Nacional Palestina representada por Abbas, ha mejorado su imagen corrupta con la gestión de Salam Fayyad en Cisjordania (Antiguo representante del FMI para Palestina y fundador del partido político «Tercera via») y ganado reconocimiento internacional como socio para la paz dejando el papel de resistencia violenta y radical para Hamás. La comunidad internacional tiene en Salam Fayyad su nuevo delfín, y en Abbas a un interlocutor comprensivo, y mira con buenos ojos la mejora del desarrollo económico de ciudades como Ramalla que sitúan como modelo a seguir. Lo que no es tan evidente es que tales beneficios compensen a medio o largo plazo.

Mientras, sí está claro quiénes son los perjudicados. La edad media en la Franja de Gaza es de 17 años, es decir, la mayoría de la población castigada por el bloqueo ni siquiera votó a Hamás y sí es frecuente escucharles que viven bajo dos ocupaciones, un gobierno títere y una comunidad internacional cómplice con su permisividad.

Comunidad Internacional

Impunidad, permisividad, pasividad y apoyo podrían definir la relación de la comunidad internacional con Israel. En el marco de Naciones Unidas, Israel es el país que más declaraciones en contra acumula, sin que a la postre esto se haya traducido en gran cosa. La acumulación de declaraciones, si bien es útil en el lento proceso de deslegitimización y deterioro de la imagen de Israel —haciendo uso de nuevo de la comparación con Sudáfrica, no olvidemos que llevo más de 40 años terminar con el régimen afrikáner—, también genera una sensación de completa impunidad cuando los propios estados que forman parte de las asambleas y de los convenios de derechos humanos que rigen estas declaraciones no cumplen con sus obligaciones legales en el marco de la legislación internacional. Sin ir más lejos, en el último año la colaboración militar de España con Israel no se ha incluido el desarrollo de maniobras militares conjuntas, violando, entre otras disposiciones, lo establecido por la Comisión de Derecho Internacional al determinar las responsabilidad de los Estados que colaboran con otros estados infractores de violaciones de Derechos Humanos (Sassoli, 2002). Por supuesto, el caso de España no es el único, aparte de la alianza con EEUU —la estrategia de granjearse el apoyo de la potencia hegemónica del momento ha sido, junto con la del muro de hierro, guía de la política exterior israelí, desde tiempos otomanos, con poco éxito, pasando por el mandato británico y terminando en EEUU— y el apoyo económico de la UE, conviene recordar que el bloqueo de la Franja de Gaza también se producía y produce en su frontera con Egipto, especialmente duro en el movimiento de personas (el comercio de mercancías se mantiene a través de los túneles).

El papel de la comunidad internacional como cuarto medio gobierno de la Franja de Gaza, y por extensión, como actor influyente en el resto de Palestina, no es ejercido solo a partir de la política internacional, sino también a través de la cooperación al desarrollo, desplegada en sistemas de colaboración gubernamental directa (ANP con diferentes agentes estatales) y a través de organizaciones no gubernamentales. Donde antes era Israel quien gestionaba, en los últimos 17 años, y de nuevo desde los Acuerdos de Oslo, es la cooperación al desarrollo quien financia gran parte de la gestión de los Territorios Ocupados Palestinos. En el caso de la Franja de Gaza, el 80% de la población depende de estos ingresos. Sin lugar a dudas muchos de los proyectos que se están desarrollando en la zona permiten la subsistencia de los palestinos y en zonas como el valle del Jordán, el mero hecho de existir es su principal forma de resistencia —abandonar la tierra que cultivan, al cabo de tres años permitiría al gobierno de Israel confiscarla por considerarla tierra en desuso—, pero el enfoque mayoritario que se hace de esta ayuda, como respuesta a una crisis humanitaria, olvida que no es humanitaria la crisis, sino sus consecuencias. Es una crisis política. En cualquier guía de intervención en cooperación al desarrollo la necesidad de actuar sobre las causas y no quedarse solo en paliar las consecuencias es mandatorio en la planificación de los proyectos y un criterio para la concesión de las subvenciones. El caso palestino es posiblemente el más evidente de las contradicciones de este sistema de ayuda al desarrollo, puesto que es el lugar del mundo en el que más recursos se concentran, pero es este un problema global que no tiene en la desaparición de la cooperación su solución —no es el recorte de beneficios sociales el que soluciona una crisis—, pero sí en el cambio de las políticas de anticooperación que se han ejercido en paralelo a la aparición del concepto mismo de la cooperación al desarrollo (Llistar, 2005)

La acción combinada de estos tres poderes y medio (evidentemente con distintos niveles de responsabilidad) presentan un panorama poco alentador en esta región del mundo. El por ahora evidente y por otra parte esperado fracaso del último intento de negociación, forzado por EE.UU., no mejora la situación sino que hace que el proceso de dialogo se parezca más a lo que Abba Eban  Ministro de Asuntos Exteriores de Israel tras la Guerra de los Seis Días decía sobre la actividad diplomática; una forma de ganar tiempo y dar excusas a los árabes moderados para controlar a los menos moderados (Shlaim, 2003).

De nuevo, el elemento más esperanzador se encuentra en lo que debería ser la base del único gobierno, las personas. El movimiento de resistencia en el lado israelí está muy debilitado y es minoritario (el calificativo de traidor a la patria es frecuente a personas pertenecientes a estos círculos). El movimiento de resistencia en el lado palestino, fragmentado y también débil, cuenta con más de 60 años demostrando su firmeza y, en los últimos 5, ha marcado un cambio interesante en su estrategia que le está permitiendo crecer de nuevo, lentamente. La actual línea se aprecia en la orientación de la resistencia a una resistencia popular con estrategias no violentas como principal mecanismo de acción, la adopción de campañas como el BDS en clara referencia a estrategias que tuvieron su efecto en el caso de Sudáfrica y con mayor potencial en el caso israelí debido a su mayor dependencia del comercio exterior y la colaboración de resistencias israelíes y palestinas, como en el caso de los Comités de Resistencia Populares Palestinos, a los que grupos como «Anarquistas contra el muro» (formado mayoritariamente por Israelíes) prestan su apoyo. El acercamiento de estos movimientos de resistencia, como frente común ante el fascismo creciente en el gobierno de Israel y la exigencia de justicia social e igualdad de derechos para todos, es una fórmula acertada y cuya eficacia quedó demostrada en el caso de Sudáfrica frente al régimen capitalista sudafricano  

Referencias bibliográficas:

Avnery, Uri: http://www.mediterraneosur.es/prensa/avn_weimar.html, 2010. Uri Avnery, escritor Isreali reflexiona sobre los peligros del régimen Israelí comparándolos con la llegada al poder del Nacionalsocialismo previo a la Segunda Guerra Mundial.

Coconi, Luciana: «Apartheid contra el pueblo palestino» Ediciones del Oriente y del Mediterráneo – Paz con Dignidad – Colección: «encuentros», 11, 2010. Un estudio desde el marco de la legalidad internacional, de la categorización de la ocupación Israelí de Palestina como crimen de apartheid.

Llistar Bosch, David: Anticooperacion, Icaria 2005. Una comparación de los flujos de la cooperación al desarrollo con los principales mecanismos de anti-cooperación.

OCHA, Office for the coordination of Humanitarian Affaires, UN, Special Focus, Between the Fence and the Had Place, Occupied Palestinian Territories, August 2010. Un informe actualizado de las consecuencias del bloqueo centrado especialmente en el perímetro de seguridad a lo largo del muro de la Franja de Gaza establecido por Israel. http://www.ochaopt.org/

OCHA, Office for the coordination of Humanitarian Affaires, UN, West Bank and Gaza Strip Closure Maps, Julio 2010. Mapas actualizados del sistema de control y barreras ejercido por Israel en los Territorios Ocupados Palestinos. http://www.ochaopt.org/

Pappe, Ian: La limpieza Étnica de palestina, Barcelona: Crítica, 2008. Ian Pappe, historiador Israelí de la Universidad de Haifa retrata los sucesos ocurridos durante los años previos y posteriores a la resolución 181 de Naciones Unidas.

Sassoli, Marco: «La responsabilidad del Estado por las violaciones del derecho internacional humanitario», Revista internacional de la Cruz Roja, número 846. 2002. Maro Sassoli analiza los artículos y comentarios que la Comisión de Derecho Internacional  aprobó en el 2001 sobre responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos.

Shlaim, Avi: El muro de Hierro y el mundo árabe. Granada: Ed Almed, 2003. Historiador

Libre Pensamiento 54(2.1 MB) 10 Ago 2007

Urbanismo capitalista, vivienda precaria. - Primavera 2007

Libre Pensamiento 52 (2.5 MB)

Libre Pensamiento 49 (4.2 MB)