Etienne Deschamps: En los transportes (SNCF, RATP) la proporción es muy similar pero en el caso de las contratas de limpieza en el sector de la hostelería, el perfil de género de l@s trabajadores es de un 98% de mujeres.

AF: ¿Puedes precisar con detalle el tema  de la precariedad en el sector de la limpieza, los modelos de contratos, la jornada y la manera en que estas condiciones laborales afectan a las mujeres?

ED: La mayoría de los contratos son a tiempo parcial, con horarios de trabajo muy particulares. En general, se comienza el trabajo a primera hora de la mañana, entre las 6 y las 9 y por la tarde entre las 5 y las 9. Son habituales los contratos de 65 horas por mes, pese a lo cual muchas trabajadoras tienen horario de mañana y tarde.  Esto tiene una repercusión importante en los derechos sociales de las mujeres en relación con las prestaciones por maternidad, dado que es necesario justificar al menos 200 horas por trimestre. Un día una mujer me dijo “Estoy cuidando de  mi tercer hijo y no entiendo por qué razón no percibo ninguna indemnización de la Seguridad Social”. Eso pese a estar empleada en su empresa con un contrato regularizado desde hacía 5-6 años. Pueden trabajar desde hace diez años o tener diez hijos y no cobrar ninguna indemnización. Esto ocurre, al menos, a varios centenares de miles de trabajadoras, que representan un 30 o 40% de las mujeres del sector de limpieza. El sindicato CNT –SO reivindica contratos de al menos 200 horas al trimestre o eliminar este condicionamiento. La solución de este problema se puede abordar bien a través de la supresión de esta limitación  en  los convenios colectivos o por parte de la Seguridad Social. Pero como sindicato estamos aislados de cara a introducir estos cambios y nuestras esperanzas son  muy escasas. Queremos retomar el tema con un dossier remitido a la Ministra de Asuntos Sociales  y Sanidad tras cuatro años de ausencia de respuesta por parte del Ministerio de Trabajo. Se alega que existe discriminación y que los servicios debían examinar la situación y darle una solución.  Pero volveremos a la carga. Estas mujeres reciben un salario entre 400 y 500 euros y da la impresión que muchos empresarios consideran que estas prestaciones son solo un complemento al salario del marido.

La empresa tiende a modificar las condiciones de trabajo y hace imposible compatibilizar la vida profesional y la familiar. Una joven madre de familia, con un bebé de meses, que debe irse de casa a las 6 de la mañana y volver a las 10 de la mañana y reanudar su trabajo por la tarde, se encuentra imposibilitada para atender a su hijo. Esto le puede costar más caro pues ella  vuelve a casa en horas en las que se atiende a los niños en las guarderías y es complicado encontrar una cuidadora compatible con ritmos de trabajo que cambian frecuentemnte. Hoy me he reunido con una trabajadora que ha conseguido un permiso de maternidad, sin compatibilizarlo con un permiso parental, que puede ser de dos años y nueve meses. Trabajaba en el sector hospitalario, una semana de lunes a viernes, otra de martes a domingo… asunto inmanejable.

La otra incidencia de estas condiciones de trabajo radica en que  los hijos no  están en horario escolar y sin embargo los padres están trabajando. Además el discurso institucional es culpabilizador, achacando a las familias  una mala atención a los hijos. Pero cuando los dos padres trabajan en el sector de la limpieza, lo que es un caso habitual en la región parisina, se encuentran familias estigmatizadas pues no se ocupan de sus hijos fuera del horario escolar y reciben reproches por no involucrarse en actividades como reuniones de padres convocadas por las direcciones de los centros escolares. ¿Os podéis imaginar el sinsentido de convocatorias a los padres de alumnos a las 5 de la tarde por parte de los profesores y las repercusiones que tiene en el tiempo de trabajo? La institución escolar no ha adaptado su funcionamiento a estas nuevas formas de trabajo y a la precarización del mismo.

La otra forma de precariedad, que afecta a muchas mujeres,  son los CDD (contratos de duración determinada). Veo a mujeres con  CDD desde hace unos cinco años. En estos casos, es muy duro poner en marcha procesos de recualificación pues la trabajadora  tiene miedo a perder el trabajo. Desde el momento que se solicita una recualificación la consecuencia inmediata puede ser un despido a la carta o una no-renovación de los CDD. Muchas mujeres están solas con su hijo y dudan en implicarse en una acción de este tipo.

La acción colectiva es complicada. La dificultad del sector de la limpieza radica en que las asalariadas trabajan para un mismo empresario en diferentes lugares. No es lo mismo que en Renault donde 1500 trabajadores tienen su puesto de trabajo en un lugar prefijado sin movilidad geográfica durante sus horas laborales. En el sector de la limpieza tienes empresas con entre 3 y 6 trabajadoras, salvo en grandes centros hospitalarios, de transporte u hostelería donde el número varía ostensiblemente. En el hospital Pitié-Salpetrière hay  5 ó 6 empresas implicadas, con un número de trabajadoras entre 600 y 700. En el hospital Lariboisière hay un centenar de trabajadoras mientras que en Bichat son unas 79. Pero,  independientemente de las dimensiones del centro, los contratos son a tiempo parcial en todos ellos y se evita el contrato a tiempo completo que facilitaría sustancialmente la vida de los trabajadores.

Se tienen casos de trabajar por la mañana con un empresario y por la tarde con otro. El de la mañana dice “trabajaréis conmigo hasta la hora que empecéis vuestro horario de tarde con la otra empresa” con lo que la posibilidad  de compatibilizarlos es casi nula. En una segunda muestra, con motivo del anexo 7 del convenio colectivo, una disposición específica  prevé que cuando uno está en un lugar de trabajo y cambia la empresa concesionaria,  se debe preservar el puesto de trabajo. Dado que el nuevo concesionario ha pactado un precio menor, tratará por todos los medios de reducir o mover a otro puesto a la plantilla, independientemente de que el trabajador tenga otro trabajo en otra empresa. Tratará de imponer un horario que provoque el rechazo del trabajador y dé motivo para un despido por incumplimiento del contrato de trabajo. La situación va empeorando paulatinamente.  He atendido a una trabajadora que trabaja de 9 a 13 en el museo del Quai Branly. Una parte de la contrata ha sido transferida a otra empresa independientemente de que ambas trabajen en el mismo lugar. Se le ha dicho que de ahora en adelante tiene que trabajar una hora para nuestra empresa y el resto del contrato se transfiere a la otra empresa. Pero no tiene tiempo para cambiar de vestimenta (con el nombre de la otra empresa) y de golpe se le dice que vaya a trabajar en  Petaouchnok, lo que se traduce en que tenía su prestación en un turno y se encuentra con una prestación en tres turnos: a primera hora de la mañana, a mediodía y a última hora de la tarde. Un auténtico “regalo” para el desarrollo de una vida familiar digna.

Por otra parte, el convenio colectivo prevé que cuando tienes varios lugares de trabajo, sobre todo en el caso de los inmuebles (una hora como mucho en cada uno de ellos) y tienes ocho horas de trabajo en siete inmuebles con media hora de desplazamiento entre cada uno de ellos,  es fácil imaginar cómo se amplía la jornada de trabajo. En principio, se contempla que el desplazamiento es contabilizado como tiempo de trabajo pero esto no se aplica nunca de modo espontáneo. Cuando se denuncia este hecho, que representa de 4.000 a 5.000 euros (2 horas diarias durante 5 años), la respuesta del empresario es el despido, dado que el principio de beneficio está por encima de otras consideraciones.

Muchas de las trabajadoras de la limpieza viven en el extrarradio de Paris (la banlieu). Para ir al trabajo, que comienza a las 6 de la mañana, salen de casa a las 4 y regresan a las 10-11 de la noche. Algunas hacen 2 horas de viaje de ida y otras 2 de vuelta para trabajar 3 horas… Las empresas ignoran conscientemente esta realidad. Además, la situación está empeorando continuamente: salarios de 4,50 euros la hora (la mitad del salario mínimo en Francia), contratos a tiempo parcial, despidos de mujeres embarazadas. Son casos que aumentan día a día.

AF: ¿Hay problemas derivados del permiso por paternidad?

ED: El permiso por paternidad ofrece la posibilidad de reducción o cese de actividad profesional  para un asalariado (padre o madre) con la finalidad de ocuparse de un hijo de menos de tres años de edad , con validez desde el primer hijo. Es un permiso no remunerado durante tres años  y que puede  solicitarse desde el nacimiento hasta que el hijo cumpla tres años. Los dos padres pueden acogerse simultáneamente a este permiso, bien total o bien parcialmente (16 horas por semana como mínimo). El asalariado puede escoger la tasa de reducción de actividad pero es el empresario quien tiene la última palabra sobre el reparto del tiempo de trabajo (un día al menos por semana o una hora al menos cada día). El permiso por paternidad  se contempla como un derecho, pero para hacerlo efectivo plantea problemas ligados a la precariedad. Una mujer con permiso  parental  es reemplazada por otra en la empresa. Es un CDD. El permiso puede durar, como máximo,  2 años y 9 meses  lo que genera otra precariedad para el trabajador sustituto. Los hombres no suelen tomar el permiso parental  sino el de nacimiento (3 días) y el de paternidad (11 días), lo que lleva a preguntarse si cuando los hijos nacen en el país de origen, ¿tienen derecho a un permiso de nacimiento y paternidad? Algunos lo reclaman. En mi opinión sí que lo tienen. Puede ir al país de origen 13 días si quiere, pero esto no es evidente ni para los empresarios, ni para la jurisprudencia ni para la legislación.

AF: ¿Puedes detallar la situación de las madres abandonadas por el marido?

ED: Es un fenómeno que se da en nuestra sociedad, pero hay que señalar una especificidad que a veces es consecuencia de una cultura en la que la poligamia es habitual. La primera, la segunda esposa… en tanto en cuanto la mujer es menos interesante para el marido se encuentra marginalizada, incluso si hay reflejos comunitarios que funcionan. La comunidad se ocupa de los niños pero este hecho se da con menos frecuencia  en nuestros actuales ritmos y condiciones de vida. En primer lugar, porque las condiciones de alojamiento no permiten que convivan tres mujeres con 7 u 8 niños. De hecho, muchas mujeres se encuentran solas para ocuparse de los hijos. Por otra parte, se dan casos en los que el marido se va a su país de origen durante 3 o 4 meses para volverse a casar y deja a la mujer sola con los hijos… No obstante, la composición del sector de trabajadoras de la limpieza está evolucionando, con una mayor presencia de hombres y mujeres de Sri Lanka, Bangladesh etc. cuya cultura difiere de la de los países africanos.

AF: ¿Ves regularmente casos de sexismo o acoso en el trabajo?

ED: Son numerosos los casos de acoso sexual que son difíciles de sacar a la luz. En primer lugar, porque no es fácil acudir al sindicato y contar: “tengo un jefe de equipo que me mete mano todas las semanas o todos los días”. Una mujer  ha venido recientemente a consultarnos sobre este tema  y la he remitido al abogado dado que las evidencias eran de acoso sexual. Desde hace dos años, todos los días de trabajo el jefe de equipo le muestra su pene y le propone que le haga una felación. Ella ha acabado por decir “no puedo más” y ha venido a solicitar asesoramiento sobre cómo proceder. Un día el sujeto la ha metido en una cama en el hospital en el que trabaja y le dice “te voy a dejar embarazada”. Es un caso extremo sobre el que el abogado ha iniciado el expediente, pero los “tendrás un buen puesto si te acuestas conmigo”, “te meto mano” y “oh, es una broma” juegan un papel disuasor. Constato que cada vez más,  y más cuanto más jóvenes y atractivas son, sufren el acoso. Hablan poco del tema porque se avergüenzan. He visto a una mujer decir “No puedo más. Mi jefe de equipo me acosa diariamente, se mete en mi vestuario, me hace tocamientos”. He tratado de convencerle para que presente una denuncia y su respuesta es negativa porque “mi marido me va a considerar una puta y agredirme físicamente”. Ha sido imposible convencerla. “Ven con tu marido, vamos a hablar del tema…”.  Pero no. ¿Qué se puede hacer?

Los empresarios aprovechan esta situación para provocar  enfrentamientos entre las trabajadoras, culpabilizándolas de no ceder a las proposiciones de la jerarquía. “Seguro que tienes problemas con él”. Y esto es parte de tu responsabilidad.

No es tarea fácil. El poder de seducción y de adición de las quimeras supera a los más potentes hongos alucinógenos y sus efectos secundarios son devastadores. Los medios de comunicación y la publicidad han actuado de vaselina para que el placebo del consumo como modelo de felicidad, suministrado en forma de supositorio, se nos haya instalado en el fondo del cerebro.

El capitalismo, desde la II Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, se vio obligado a diseñar un modelo, el estado del bienestar, que fuera más atractivo para los obreros que el capitalismo de estado que se desarrolló en el bloque soviético. No fue tarea demasiado difícil porque la realidad del socialismo real era demasiado gris, demasiado totalitaria, demasiado desalmada para resultar atractiva. Además es cierto que el estado del bienestar dio notables cotas de progreso social y generó modelos políticos abiertos, tolerantes, en los que la educación, la sanidad, los derechos humanos eran asegurados por el Estado para todos los ciudadanos.

Sin embargo, el fin de la Guerra Fría hizo desaparecer la necesidad de mantener el modelo del bienestar y los poderosos (hoy llamados mercados) decidieron que ya era hora de maximizar sus beneficios. Para lograrlo se plantearon su propia utopía (un mundo sin fronteras para sus intereses en el que poder multiplicar exponencialmente sus beneficios) e idearon unas cuantas quimeras para alimentar la fantasía del 99% de la población, de los que iban a salir perdiendo de la utopía del beneficio económico ilimitado. En realidad, hasta la propia utopía del capitalismo no deja de ser una quimera que más pronto que tarde terminará evaporándose como una fantasía imposible en un mundo de recursos limitados.

La globalización

Desde 1989 todos los sectores -la agricultura, el transporte y la industria, en un primer momento, y la enseñanza y la sanidad después- se han visto sometidos a cambios estructurales de fondo que han trascendido el marco de los países occidentales en los que se desarrolló el estado del bienestar socialdemócrata y ha afectado al modelo económico en todo el planeta.

Para alcanzar la utopía/quimera capitalista de la época de la globalización se han aplicado buena parte de las políticas del primer capitalismo, cuando no tenían ningún tipo de freno, combinado con  las peores prácticas del colonialismo. Esta base se mezcla con algunos elementos nuevos como la explosión comercial auspiciada por el desarrollo de los transportes y las comunicaciones y se adereza con productos de ingeniería financiera, más próximos a los modelos piramidales que a las necesidades de la sociedad y del tejido empresarial real… y tenemos listo un plato de pesadilla.

En pocos años se ha logrado lo que ningún empresario explotador del primer capitalismo pudo siquiera soñar en sus sueños más lúbricos… lograr alcanzar un siglo entero de plusvalías. Producir con costes del s.XIX y vender a precios del siglo XXI.

Esta situación ha sido posible por la acumulación de diversos factores: en primer lugar el desarrollo del transporte basado en unos precios bajos de los combustibles fósiles ha facilitado todos los procesos de deslocalización, tanto en la producción agrícola como  industrial. Así se ha favorecido el desarrollo de monocultivos y agrupaciones industriales en los lugares con mano de obra más barata y más desprotegida.

De forma paralela se han multiplicado las acciones neocoloniales para la obtención de materias primas en los países empobrecidos. La promoción de conflictos bélicos domésticos en las zonas productoras de diamantes o coltán (en África Central), las intervenciones armadas directas o indirectas en las zonas productoras o estratégicas para la distribución de combustibles fósiles (Irak, Libia, Afganistán) o el nuevo genocidio de pueblos indígenas en América o el sudeste asiático no son para nada espontáneos. Antes al contrario, son puestas en escena con fuego real de la teoría más descarnada del pillaje.

Todo ello ha sido posible gracias a un elemento novedoso y letal para el 99 % de la población y sumamente beneficioso para el 1 % restante: los productos de ingeniería financiera que supuestamente tenían que aportar la liquidez necesaria para todas estas transformaciones (la deslocalización agraria e industrial, el desarrollo del transporte y la explotación de energías y la promoción y multiplicación del saqueo del tercer mundo). Una financiación que se basaba en los sistemas piramidales que siempre habían sido considerados una forma de estafa hasta que a alguien se le ocurrió ampararlo bajo el título de Ingeniería y darle carta de legalidad incluyendo las finanzas en los planes de estudio de Económicas y en las prácticas habituales de bancos y cajas de ahorro.

Todas estas políticas han generado una serie de efectos colaterales y secundarios. La aplicación de estos términos médico-farmacológicos es a efecto de describir los daños que producen en una parte importante de la humanidad (entre el 90 o el 99%) las medidas que sólo benefician al resto de la población (entre el 1 y el 10 %). Pero mientras en Medicina los daños secundarios o colaterales suelen afectar a una pequeña parte del cuerpo para beneficiar al resto y siempre se tratan de evitar, en el sistema capitalista afectan a la mayoría en beneficio de la minoría y no parece que se traten de evitar. Antes al contrario tienen toda la pinta de ser efectos perfectamente programados para generar nuevas rentabilidades, nuevas formas de hacer negocio.

No es una crisis, es una estafa

Es imposible que ningún experto sospechara que los productos financieros que se manejaban en pleno boom de las burbujas eran las antiguas cadenas piramidales, presentadas en papel couché, con la firma de un banco, el apoyo de prácticamente todos los partidos políticos y el aval de máxima fiabilidad otorgado por las agencias de rating. De hecho hubo muchos economistas que alertaron sobre el carácter tóxico de los productos. Y fueron ignorados, silenciados…, condenados al ostracismo. Y hubo muchas señales de alarma previas (burbuja tecnológica, financiera en Japón y el sudeste asiático). Pero, lo que resulta increíble y escandaloso es que los que pusieron en marcha todo este proceso hacia el abismo -los mismos ingenieros de finanzas, bancos, políticos y agencias de calificación que nos llevaron a la primera ruina- sean los encargados de seguir diseñando nuestra ruina y esquilmando todos los avances sociales y humanos logrados tras más de dos siglos de lucha y sufrimiento.

El primer gran efecto ha sido el retroceso en el ámbito laboral con destino directo en la esclavitud. La deslocalización de la industria y la agricultura no ha servido para mejorar  de forma notable las condiciones de vida de los trabajadores de los países de destino. Las empresas que mueven sus lugares de producción lo hacen para acogerse a beneficios fiscales y, sobre todo, para poder contar con una mano de obra sin derechos y con sueldos de auténtica miseria. Ello les permite producir a precios de dumping social y obliga a los trabajadores de occidente a rebajar sus condiciones salariales y de servicios sociales para poder ser competitivos. Para poder competir con la esclavitud sólo hay dos caminos: A. Convertirnos nosotros también en esclavos y B. Ayudar a los esclavos en su liberación. El sistema ha optado claramente por la primera opción. ¿Y nosotros?

Un efecto derivado, de los modelos de producción y consumo, de explotación agrícola e industrial y de la promoción desaforada del transporte, ha sido la doble crisis energética y medioambiental, con efectos aún hoy difíciles de evaluar si tenemos en cuenta lo que puede suponer la incorporación al modelo piramidal de crecimiento y consumo de la población de China, India, Brasil…

Y todo esto sucede cuando la sociedad occidental, en general y la española en particular, se encuentra inerme, como despertando del sueño del crédito fácil y el consumo desaforado (para mi era una quimera, una pesadilla; pero muchos lo siguen teniendo por el ideal de la felicidad). Para colmo, buena parte de los instrumentos tradicionales de defensa de la población, como los sindicatos, están desacreditados y con dificultades para adaptarse a la nueva realidad. Una población que observa, como si no fuera con ellos, el golpe de estado contra la democracia que supone la supeditación de la política a los designios de los mercados. Los casos de Italia y Grecia son los más evidentes, pero ocurre en todos los países, independientemente del color del partido que gobierna…, Islandia parecía un islote en este caos, pero parece que tampoco se libra del caos capitalista.

Analizar el papel de los políticos y los medios en toda esta situación daría para todo un artículo. A modo de apunte a vuelapluma, dos ejemplos que se pueden aplicar a todo el arco parlamentario a nivel europeo, con escasísimas excepciones: la clase política ha favorecido, mantenido o amparado las prácticas de deslocalización agraria e industrial para favorecer los intereses de las empresas multinacionales europeas y en contra de los intereses de sus propios ciudadanos, agricultores o trabajadores.

En defensa de los mismos intereses ha amparado, mantenido o favorecido la existencia de paraísos fiscales en contra de los intereses del 99 % de la población y, de forma especial, contra los intereses de la pequeña y mediana empresa y del pequeño comercio que trata de salir a flote ateniéndose a las normas laborales y fiscales del país.

Y lo que es, si cabe, más grave: su colaboración en el proceso de secuestro de la soberanía nacional, incumpliendo descaradamente sus programas electorales para aplicar unas medidas que vienen impuestas por un ente externo y difuso… los mercados.

En cuanto a los medios de comunicación, más de lo mismo. Su papel en la transmisión de un modelo social, vía publicidad o vía programación parece evidente.  No menos evidente es la manipulación del lenguaje. Voy a poner un ejemplo claro de lo que podríamos denominar “manipulación por contaminación peyorativa”: Se toman tres adjetivos positivos como son “joven”, “radical” y “antisistema” y se adhieren a otro, totalmente negativo, como es “violento” y los tres adjetivos positivos adquieren carácter negativo, perverso. Además una vez contaminados estos términos por el concepto de la violencia ya se puede obviar su uso explícito, esto ya es evidente con los dos últimos términos y con el termino joven podría llegar a plantearse.

El carácter positivo de partida de los términos joven y radical se puede constatar en el diccionario de la RAE. En cuanto al término antisistema ya he dicho que, por más que les pese a algunos, es una de las pocas cosas decentes que se puede ser hoy en día.

La hora de las utopías

Me he alargado mucho en el análisis previo por lo que no me queda más remedio que dedicarle poco espacio a definir mi propia utopía. Creo que es lo correcto por varios motivos: porque no deja de ser una aportación personal a la construcción de un mundo distinto y porque como tal utopía debe ser desarrollada en el camino de transformación social.

Porque la utopía no es un destino concreto, ni siquiera un destino en el sentido tradicional de palabra. Es como una red de caminos por recorrer que nos permitan avanzar en la dirección de la justicia social, de una sociedad más lenta, más epicúrea, más racional, más liberadora, más cooperativa, más humana.

En realidad voy a hacer míos textualmente los caminos que marca un cartel que vi en la manifestación del 12 de Mayo en Málaga. El cartel animaba a la ciudadanía a imaginar otro mundo posible y proponía estas direcciones por las que caminar: “bien común”, “cultura compartida”, “economía social”, “decrecimiento”, “reparto de la riqueza”, “vivir mejor con menos”, “ética del cuidado”, “energía sostenible”, “lentitud”, “servicios públicos”, “consumo local”, “autogestión comunitaria”, “apoyo mutuo”, “valores cooperativos”, “internet libre”, “renta básica universal”, “pensar global y actuar local”.

Lo bueno que tiene esta utopía es que sólo depende de nosotros para su puesta en movimiento, y lo malo es que solo depende de nosotros para que nunca eche a andar. Podemos y debemos exigir a nuestros gobernantes que se olviden de los intereses de los mercados y se interesen un poco más por la vida de sus Ciudadanos, a quienes les deben un poco más de respeto, además de los sueldos. Pero, si creemos que podemos aspirar a otro mundo, debemos y podemos (eso espero) poner en marcha la rueda de nuestra propia utopía.

Las posibilidades de coordinación y acción que proporcionan las redes de comunicación alternativa nos da instrumentos muy valiosos para la organización, la formación, el debate y el análisis. También para avanzar en la práctica por los caminos de la autogestión, el apoyo mutuo, la economía social, el consumo local y ese imprescindible  “pensar global y actuar local”.

Las redes locales y barriales del 15-M son un magnífico referente para quienes andan un poco descolocados. Son como el germen de un nuevo modelo de sujeto social adaptado a la sociedad actual. A nada que indagues en tu pueblo, en tu barrio o en la red, seguro que localizas puntos de encuentro para seguir el camino de manera comunitaria. También tienes la opción sindical, preferentemente en los sindicatos alternativos. Yo seguiré en el sindicato de Enseñanza, tratando de defender la escuela pública y los derechos de los trabajadores y alimentando, en la medida de las posibilidades, al 15-M o a cualquier organización horizontal que trate de oponerse a los desmanes del sistema.

Mi única cita va para Eduardo Galeano y esa magnífica definición de la utopía: “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.”

La utopía funciona mientras caminamos, despacio, descansando, pero en el camino. Si uno se duerme mucho tiempo corre el riesgo de oír el canto de las quimeras….

–       ¡Oiga! Que las que cantaban eran sirenas…

–       ¿Otra vez con los galgos y los podencos? ¿qué más dará? Tanto las sirenas como las quimeras te llevan a la destrucción siempre que te dejes embaucar por su canto o por su graznido.

LECTURAS RECOMENDADAS:

No he tomado referencias textuales de ningún autor, pero todo esto no me lo he inventado yo. Os comento algunos de los textos y enlaces que he utilizado para formar mi opinión sobre el mundo en que vivimos y para elaborar este artículo:

Fernandez Durán, Ramón: “La quiebra del capitalismo global. Preparandonos para el comienzo del colapso de la Civilización Industrial”, editado bajo licencia Creative Commons por Libros en acción, virus editorial, Baladre y CGT. M 2011 (segunda edición)

               “El crepúsculo de la era trágica del petróleo: Pico del oro negro y colapso financiero (y ecológico) mundial”- Editorial Virus­ / Ecologistas en Acción, 2008.

García Moriyon, Félix: “Senderos de libertad”. Editorial Libre Pensamiento. Valencia 2001

Gimeno Sacristan, Jose… y otros. “Escuela pública y sociedad neoliberal”- Editorial Aula Libre, Málaga 1997

Lafargue, Paul: “El derecho a la pereza” en edición de Manuel Pérez Ledesma. Editorial Fundamentos. Madrid 1980 (tercera edición, corregida y aumentada), Es especialmente interesante el prólogo de Miguel Pérez Ledesma

Stiglitz, Joseph E.: “El malestar en la globalización”. Editorial Taurus. Madrid 2002 (tercera edición)

Taibo, Carlos: Los trabajos de Carlos Taibo me parecen especialmente motivadores. Os dejo un enlace con su página en la que se pueden leer sus artículos y sus entrevistas y una relación de sus libros con un comentario del autor.http://www.carlostaibo.com/index.php

Centro Nuevo Modelo de Desarrollo: Norte/Sur la fábrica de la pobreza. Editorial Popular. Madrid 1997 ( 3ª  edición )

EZLN: “Crónicas intergalácticas del Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo”. Barcelona 1997 (2 º edición) Realizada por el col-ectiu de Solidaritat amb la rebel-lio zapatista de Barcelona

Y también son de muy recomendable visita  y consulta las páginas de Juan Torres López, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla (http://juantorreslopez.com/) y de Vicenç Navarro, catedrático de  ciencias sociales de la Universidad Pompeu i Fabra: http://www.vnavarro.org/ y del movimiento por el decrecimiento  http://www.decrecimiento.info/  o la memorable entrevista que le hacen a Francisco Fernández Buey en Radio 5 sobre los antisistema http://revoltaglobal.cat/article3146.html o las  intervenciones de Fernández Buey en Público y Rebelión- Para finalizar no puedo dejar de recomendar vivamente el video de la alocución de Myke Prysner, veterano de la Guerra de Irak, exponiendo dónde se encuentra el enemigo: http://www.youtube.com/watch?v=9kWU-JHetMM

SeaSol nace a finales de 2007 en ámbitos militantes anarquistas y se concibe como una red de apoyo mutuo organizada de manera horizontal que, mediante la acción directa colectiva, hace frente a las injusticias que sufren las personas trabajadoras por parte de jefes y caseros. Compuesta por voluntarias y sin más financiación que pequeñas aportaciones individuales, han sostenido batallas contra un amplio abanico de abusos de empresarios y propietarios, tales como impagos de sueldos, desatención por parte de los caseros, robo de fianzas, cuotas escandalosas y pleitos abusivos.  Y lo han hecho con éxito: de 25 conflictos hasta el momento, han salido victoriosas en 22 de ellos. Conflictos como los del  Chase Bank (que quería escamotear 1000 dólares a un ciudadano en una transacción), o el de Kasota Apartments (que pretendía una subida escandalosa de los alquileres) son buenos ejemplos que dichas victorias. En su página web, indicada más abajo, se puede obtener  información más completa y actualizada sobre sus actividades.  Pero, como la lectura del libro sugiere, nos parece que este éxito no reside únicamente en las cifras, sino que se extiende a la serie de decisiones y apuestas acertadas que las han hecho posibles. En esta reseña, nos gustaría señalar, escuetamente, las claves que han convertido la trayectoria de la SeaSol en algo envidiable y exitoso.

A nuestro juicio, el primer éxito consiste en la decisión que toman unos militantes frustrados de reinventarse mediante la creación de un nuevo tipo de lucha.  La mayoría de los fundadores de SeaSol provienen de experiencias como Industrial Workers of the World, los movimientos antiglobalización o contra la guerra, o de pequeños grupos anarquistas. El balance que hacen de dichas experiencias desvela su frustración, causada por la falta de actividad, la ineficacia y el poco relieve, incluso personal, de unas luchas, en la mayoría de las ocasiones, meramente simbólicas o propagandísticas. Sin embargo, no se dan por vencidos ni abandonan la batalla refugiándose en la autocomplacencia solipsista del cargado-de-razón-frente-a-los-demás-ignorantes, o en la mística miserable del malditismo fracasado. Toman buena nota de sus propios errores al no haber logrado conectar con otras personas o iniciar procesos de lucha significativos, y apuestan por un cambio de rumbo, por reinventarse sin complacencias con el pasado. Nos parece admirable la valentía  demostrada por estos militantes al deshacerse de las viejas rutinas fracasadas y de sus ineficaces organizaciones, para sustituirlas por un proyecto nuevo y diferente. Un proyecto marcado por un proceso continuo de innovación y aprendizaje, y una actitud abierta y flexible. Esto parece recordarnos que la política transformadora debería ser una aventura apasionante en la que tuvieran lugar reinvenciones, ajustes, autocrítica, innovación…

Para SeaSol, además, esta nueva aventura debe coronarse con el éxito, debe lograr sus objetivos, tiene que encontrar el tesoro.  Y para ello  es tan importante dotarse de una buena brújula como saber qué tipo de tesoro se quiere alcanzar. Los objetivos de SeaSol son concretos, sencillos, bien delimitados: luchar contra abusos de jefes y caseros. Estos abusos abarcan desde conseguir el pago de salarios robados por los jefes, hasta demandar que se limpien las humedades y el moho de las viviendas. Pudiera parecer que el tesoro es modesto y sencillo, sobre todo si lo comparamos con la habitual “fraseología revolucionaria”, pero, aun así, entraña dificultades, ya que embarcarse en cualquier lucha colectiva se presenta como algo complejo y más si la experiencia es novedosa para sus participantes. Pero SeaSol también sueña, ya que la modestia no es incompatible con la ambición: de lo que se trata, en el fondo, es de crear “poder popular”, “una comunidad de lucha” y para ello apuestan por emprenden acciones “pequeñas: “Yo veo estas pequeñas luchas como un entrenamiento para la organización de la lucha de clases, desde el cual podemos avanzar hacia proyectos mayores, más colectivos y de mayor duración. (…) muchas de las luchas que llevamos a cabo sólo tratan de corregir un incumplimiento de la ley por parte del casero o jefe. Esto es porque se trata de un punto de partida fácil” (86-87). Lo importante es empezar por el principio, aprender colectivamente, construir la base. La potencia de esta pedagogía práctica y su poder de contagio están implícitas en estas “pequeñas” acciones: “Las campañas que llevamos a cabo nos muestran concretamente la división real de clases en nuestra sociedad, con trabajadores a un lado y jefes, propietarios, policías y jueces al otro. Podría decirse que las luchas que emprendemos pueden llegar a mucha gente de un modo que nuestras extensas bibliotecas no pueden.” (72) En definitiva, SeaSol nos propone que para llegar a ser sólidos y poderosos gigantes, es necesario primero ser y trabajar como hormigas.

El segundo éxito reside en dotarse de una organización y unas tácticas adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos. Aquí es donde el poderoso realismo de SeaSol se muestra más acertado. En primer lugar, la organización de la red de solidaridad se configura en torno a diferentes niveles de implicación. Son conscientes de que en una organización basada en la voluntariedad no todo el mundo va a estar igualmente implicado. Muchas son las causas de esto, pero lo más importante es funcionar asumiendo los diferentes niveles de participación. En este sentido, la red consta de las siguientes figuras participantes: simpatizantes, son aquellas personas que están dentro de la red de contactos y a las que se solicita que participen en alguna de las acciones que se lleven a cabo; miembros, implica considerarse parte de SeaSol y requiere comprometerse a acudir a las acciones siempre que sea posible y recibir más frecuentemente llamadas para participar en las mismas; organizadores, son aquellas personas que forman el equipo de organización y que se comprometen a asumir el trabajo de puesta en marcha y mantenimiento de las acciones. La participación en los diferentes niveles es voluntaria y abierta y se desea que no siempre sea asumida por las mismas personas, por lo que se implementan diferentes herramientas para que sea lo más rotativa posible, como por ejemplo, transmitir, por parte de las más experimentadas a los profanos, los diversos saberes acumulados necesarios para cumplir las diferentes tareas. Aquí SeaSol nos muestra lo poderoso que puede ser un realismo alejado tanto del pesimismo como de la derrota, ya que es precisamente su realismo, no pedir heroicidades ni sacrificios, lo que les permite organizarse con éxito. Otra virtud asociada a este tipo de organización consiste en ir más allá del asistencialismo, y esto en dos sentidos. En primer lugar, no hay nadie de la organización que quede fuera de la red de apoyo mutuo, es decir, que no hay “profesionales de la ayuda” que prestan servicios pero que no los necesitan. Allí todos se prestan a apoyar y demandan ser ayudados cuando lo requieran. En segundo lugar, todas aquellas personas que necesiten de la red han de incorporarse, como mínimo, en calidad de miembros, y han de tener un papel protagonista en su propia lucha. Si esto no se acepta, la red no se comprometerá a ofrecer su apoyo. Vemos aquí como esta “exigencia” consigue romper con el papel de víctima indefensa y hace posible proponer el papel de luchador protagonista que requiere y al que se le ofrece ayuda.

El realismo potenciador de la SeaSol es también la clave de las tácticas o estrategias que se ponen en marcha para conseguir los objetivos. En la “Guía para tejer una red de solidaridad” que se incluye en el libro, además de ofrecer un una serie de consejos muy minuciosos sobre cómo construir una red, se realiza un amplio inventario sobre qué tipo de acciones pueden realizarse. Algunas de ellas son el reparto de panfletos, entrega colectiva de una carta de demanda, boikots o incluso “eventos caritativos satíricos”. Estas acciones muestran la gran capacidad imaginativa de SeaSol y su compromiso con la innovación permanente, pero lo más importante es el éxito y para ello arbitran una serie de criterios y requisitos que deben cumplir todas las acciones a realizar. Estos son:

–        Sostenibilidad: se trata de acotar el repertorio de acciones a la fuerza real con la que se cuenta, es decir, a la cantidad de personas que pueden implicarse y al grado de motivación que logran despertar en la red. Si no hay gente dispuesta a llevarlas a cabo, las acciones no se van a realizar con éxito y se rechazan.

–        Intensificación: la lógica de la secuencia de acciones de presión al jefe/casero debe regirse por la intensificación, esto es, las acciones serán cada vez más duras. Este criterio tiene dos ventajas claras como la de emplear solo la fuerza necesaria para obtener la victoria y mantener siempre la iniciativa en el conflicto, ya que son los participantes los que deciden el ritmo y la intensidad de la misma. La eficacia de este criterio reside en “la idea fundamental de que el jefe/casero no cede como resultado de lo que le acabamos de hacer, sino más bien como resultado de su miedo ante lo que pueda pasar después.” (38)

–        Ganabilidad: es la relación entre dos factores: lo difícil que es que un jefe/casero ceda a las reivindicaciones, frente a cuánto daño pueda hacérsele. Este criterio no sólo proporciona el ritmo y la lógica de la campaña, sino también su oportunidad. Sólo si la ganabilidad proporciona indicadores de éxito, la campaña se llevará a cabo, de lo contrario, se desechará. Recordemos que lo importante para SeaSol es el éxito que se consiga y el empoderamiento o fortalecimiento que éste insufla a la red, en aras de conseguir un empoderamiento colectivo o popular: “Cuando pensamos que no podemos ganar una lucha (o no tenemos capacidad o hay demasiadas luchas en activo) no la asumimos. Pasar de victoria en victoria mantiene viva la energía del grupo. Quedarse atascado en luchas que no se pueden ganar haría lo contrario. A medida que nos hagamos más fuertes, podremos ganar en el futuro las luchas que ahora no podemos” (30)

 En definitiva, el libro muestra la experiencia de una lucha que quiere convertirse en gigante y que, para conseguirlo, apuesta por comenzar como hormiga. Su trayectoria está jalonada de éxitos muy importantes, que hemos tratado de señalar, y que pueden servirnos como ejemplo del que rescatar valiosas enseñanzas para construir una lucha sólida y potente, sobre todo en estos momentos en los que existen masivos movimientos de contestación, cuyos éxitos, aunque sean notables, no están resultando suficientes para interrumpir la ofensiva neoliberal de empobrecimiento de las mayorías.

Nota:  Para ampliar la información sobre la Red de Solidaridad de Seattle, se pueden consultar las siguientes webs:

–        http://www.editorialklinamen.net/?p=2534

–        http://seasol.net

“Muy probablemente, el auge del Estado de la seguridad personal

anuncia el ocaso de la democracia moderna”

Zygmunt Bauman

Burorrepresión es un término reciente que viene a identificar la utilización política de la sanción administrativa para criminalizar, reprimir, penalizar y desactivar la protesta ciudadana. En su aplicación tendría dos dimensiones: una directamente política, como mecanismo del poder para combatir a sus opositores o cuestionadores; y otra social, cuando se ceba en colectivos vulnerables (inmigrantes, marginados y excluidos) y los castiga en sus posibilidades de supervivencia mediante trabas, retrasos o indolencia administrativa.

Los autores, historiadores, juristas, antropólogos e investigadores militantes, destripan el repertorio de recursos de represión administrativa de que dispone el poder y analizan las formas, tiempos y espacios en que se vienen desplegando en los últimos años. La conclusión es que esas medidas conforman un entramado lógico y orquestado para impedir tanto la resistencia como la solidaridad de sectores ciudadanos disidentes o desfavorecidos por el estado de cosas.

En suma, se trata de advertir la presencia de una represión blanda que se incorpora como parte de un alarmante incremento del control social punitivo manifestado desde comienzos de este siglo (11-S) y multiplicado a partir de la crisis global que padecemos desde 2007-2008 (normas de excepción, rutinización de las tecnologías de vigilancia y sanción…). Todo ello enmarcado en las posibilidades que proporciona al poder el “populismo punitivo” y la insistencia de sus discursos de “tolerancia cero” contra determinados fenómenos como el de la inseguridad. Eso, y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para establecer un constante y omnipresente control de las personas, así como una interrelación de sus datos entre las esferas policial, militar, administrativa e incluso privada.

El resultado, como señalan los autores, es una atmósfera sancionadora “hipertrofiada y descolorida, a la vez gigantesca y neblinosa”. En ese contexto, la burorrepresión se oculta y confunde entre las múltiples modalidades de la sanción administrativa. Pero se consigue descubrirla identificando a los destinatarios concretos y en un momento dado del aluvión represivo administrativo. Así, por ejemplo, la acumulación de sanciones dirigidas contra los integrantes del 15-M o de los sindicatos por alteración de orden público, desobediencia y resistencia a la autoridad o convocatoria de concentración no comunicada se traduce en expedientes, sanciones y multas que buscan actuar en contra, debilitar la oposición, conformar un tratamiento policial y de orden público y no social ni político, y evitar o mitigar la repetición de protestas que no desea el poder.

Otra dimensión buscada es la división de los movimientos sociales y de protesta en “buenos y malos”, en pacíficos y románticos frente a violentos y “antisistema”. En ese juego, la burorrepresión –o la confrontación policial abierta- traslada la protesta al territorio de la violencia y de lo delictivo, donde el poder se encuentra más a gusto porque enlaza con una ciudadanía que, si puede simpatizar con los protestantes y con sus motivos más genéricos, está educada para rechazar el conflicto duro.

La burorrepresión ha generado una paralela burorresistencia expresada en experiencias de no colaboración –campaña “Di no a las identificaciones”-, pago solidario y colectivo de multas o mantenimiento alternativo de la protección  a sectores excluidos.

El neologismo necesario, entonces, resulta útil para no pasar de puntillas ni mucho menos confundir realidades abusivas de gran insistencia en la actualidad que se cargan –políticamente- los derechos fundamentales (vg. el de reunión o manifestación) por la vía de sancionar –administrativamente- vulneraciones de ordenanzas municipales, por ejemplo (normativas de ocupación de espacios públicos o de ruidos). Se aísla la acción de su contexto de manera arbitraria desde el poder y se confronta políticamente la protesta con la apariencia falsa de una “simple” demanda o sanción administrativa.

“Se trata de una conocida técnica de privatización que consiste en desfinanciar lo que alguien pretende privatizar. Al igual que cuando Margaret Thatcher quiso privatizar los ferrocarriles, lo primero que procuró fue quitarle los fondos, de forma que dejaron de funcionar apropiadamente y el pueblo reaccionó reclamando un cambio. Acto seguido se dice: está bien, privaticen esos servicios. Si luego funcionan peor, no hay problema: el gobierno saldrá a rescatarlos. Esta es la técnica estándar de la privatización”.

                                            Noam Chomsky, Ilusionistas. Ediciones Irreverentes.2012.

Negras tormentas agitan el sistema de educación pública de nuestro país en todos sus niveles, desde el infantil hasta la Universidad. Una contrarreforma (¿alguna vez a lo largo de los 34 años de Constitución se intentó reformarlo atacando de raíz los problemas y no quedándose en consideraciones estéticas?) que el Gobierno del PP con su inefable ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, a la cabeza del desaguisado, pretende reforzar el papel de la iglesia católica en lo ideológico, disminuye sustancialmente la financiación del sistema público a favor del concertado y privado, “militariza” al profesorado para dotarle de “autoridad” y toma como referencia la cultura de la evaluación permanente como criterio de test de “progreso adecuado del aprendizaje” y, por tanto, como condicionante del mismo. La desigualdad como lema frente a la equidad, la eficiencia frente a la calidad democrática, la reproducción del conocimiento frente a la visión crítica en el aprendizaje, la pérdida del valor “público” para satisfacer los intereses dominantes de las clases dominantes que lanzan el mensaje del valor de lo privado y el esfuerzo individual como complementos frente a los valores colectivos y de responsabilidad social de unos gestores públicos últimamente bajo mínimos.

Las mareas verdes no se han traducido en un tsunami que responda con energía a una agresión premeditada y de largo alcance debido fundamentalmente a la parcialización de las luchas en las diferentes etapas educativas (primaria, secundaria y universidad) y a la ausencia de una visión del sistema educativo como un conjunto. El desánimo cunde y solo una confluencia de acción por parte de profesores, estudiantes y agentes sociales en torno a un programa de mínimos podrá parar el desguace del sistema educativo público en nuestro país.

Primeras preguntas: ¿Tenemos claro lo que significa un servicio público en educación?. ¿Se reduce meramente a un sistema de financiación que debe proceder de las arcas públicas en su 100%?. ¿A quién rinden cuentas los agentes del sistema educativo (profesores, gestores)? ¿Cuáles son los grados de participación en el interior del sistema educativo no solo de los agentes sino también de los estudiantes y sus familias?.¿Qué se entiende por “rendimiento” educativo?. ¿Debe primar la formación de ciudadanos “conscientes y responsables”, sujetos a derechos y deberes frente a expertos desde los 14 años en ramas disjuntas del conocimiento?.

IDIOTAS, ES LA ECONOMÍA…

En el caso de la educación superior, la situación está alcanzando niveles dramáticos. Reducción drástica de la participación pública (a través de las Comunidades Autónomas) en los presupuestos de las universidades, no sólo en los capítulos de financiación del coste del profesorado (no cubierto más que en un 75% en algunos casos) sino en infraestructuras y mantenimiento de las mismas (reducción en más del 80% en el caso de la Comunidad de Madrid) y, como contrapartida, incremento brutal de tasas no sólo en Grado sino, fundamentalmente, en Máster, con un mensaje claro, la “Universidad para el que pueda pagarla” y  complementado con recorte dramático en la política de becas. Las pretendidas “bondades” del modelo Bolonia se han dado de bruces con esta crisis. La precarización del profesorado no permanente (contratos “basura” de un año de duración, renovables (¿?) según las disponibilidades presupuestarias), la paralización por Decreto Ley de los mecanismos de permanentización (oposiciones a cuerpos de funcionarios TU, CEU y CU), las amenazas directas de intervención por parte de las CCAA ante la situación económica de algunas universidades así como la reorganización de estructuras académicas (desde departamentos a  centros y. llegado el momento, de las propias universidades) nos sitúan en un escenario inimaginable cuando se lanzaron propuestas desde “arriba”, como la Estrategia Universidad 2015,  de las que nadie se acuerda porque llegó la crisis y mandó parar… Ahora, el mensaje desde las CCAA a las Universidades es claro: Busquen fondos debajo de las piedras, externalicen aún más sus servicios, dediquen a sus profesores a tareas de consultoría que generen recursos, ayúdennos a subir las tasas porque beneficiará sus cuentas anuales, precaricen a sus profesores y PAS acabando por consunción o jubilación con sus funcionarios, apliquen ERES al personal laboral caso de que cierren el año con un 5% de déficit frente al ejercicio anterior, olvídense de Campus de Excelencia Internacional y mejoren en los rankings, aprendiendo de las inefables Escuelas de negocios (IESE, ESADE, IE) que les están marcando el camino a seguir.

PERO TAMBIÉN, ES LA FORMACIÓN…

La propia implantación del modelo Bolonia, que pretendía medir el aprendizaje a través de la dedicación de un alumno “estimulado” por clases “magistrales” de 90 minutos a lo largo de la semana y “grupos reducidos” que representaban otros 90 minutos por semana, todo ello con el perfil de  6 créditos ECTS se ha visto reflejado en un  proceso de aprendizaje psicodélico, en el que prima la reproducción intensiva de conocimiento frente a la sedimentación y reflexión críticas, la carrera de la evaluación permanente como contrapunto mercantil para garantizar mejores “tasas de éxito” que están conduciendo a un nivel de pauperación del conocimiento que, en las titulaciones de Grado, refleja el escaso valor que se les concede frente a la simbología del Máster como auténtico ”valor de uso y cambio” para un futuro profesional, que, por otra parte, no solo es incierto en concordancia con lo aprendido sino que tiene la perspectiva del paro o la emigración.

El cambio de modelo docente descansa, aparentemente, en una mayor centralidad de la actividad del estudiante en el proceso de aprendizaje-enseñanza, pero la realidad está imponiendo otras prácticas, pasivas por excelencia en el caso de los estudiantes y de intensificación del papel del profesor como evaluador permanente más que dinamizador del aprendizaje.

¿PARA QUÉ INVESTIGAR?

Pero no solo esa misión formativa de las universidades se encuentra en cuestión. La propia generación de conocimiento y su transmisión (lo que vulgarmente se denomina investigación y transferencia) se han visto afectadas por la crisis económica. La drástica reducción de los presupuestos en I+D+I (aproximadamente un 25% anual desde 2010 en el caso de los ministerios competentes en dichas políticas), la disminución de los gastos en términos de PIB (1.39% en 2010 y 1.33% en 2011),  junto con la paralización de la inversión del sector privado, están conduciendo a un retroceso a parámetros de hace casi dos décadas, con el coste de oportunidad que significa. No solo es un problema cuantitativo, sino metodológico y cualitativo. La imaginación presupuestaria está alcanzando niveles de vértigo. Convocatorias cuya apertura se retrasa para “ahorrar” un año (caso de los contratos Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, teóricamente concebidos como “joyas de la Corona” para atraer talento postdoctoral), retrasos injustificados en la resolución de las predoctorales (FPI) o disminución sobre la marcha de la oferta (de 950 a 800) en becas FPU, no constituyen un ejemplo para retener a esa generación “excelentemente formada”, que ve en otros países que se toman en serio la investigación, una vía de salida natural.

La Ley de la Ciencia, aprobada en las Cortes en Mayo de 2011, con dos elementos operativos clave como son la Estrategia Estatal y el Plan Estatal, y la gestión a través de una Agencia Estatal de Ciencia y Tecnología, se encuentra en un impasse que la puede convertir en papel mojado. La dependencia orgánica del Ministerio de Economía y Competitividad de una Secretaria de Estado de Investigación e Innovación ha añadido más complejidad al problema, puesto que las trabas burocráticas en la gestión de proyectos se han incrementado de manera notable junto a los recortes presupuestarios antes señalados. Esta era la vía natural de financiación en las Universidades, junto a la participación en los programas europeos, por lo que el camino de consecución de recursos no finalistas se encuentra con grandes dificultades. De ahí, que el utilitarismo y la visión de una investigación a corto plazo se vayan abriendo paso, laminando la generación de conocimiento “inútil” desde esa perspectiva y que pone en el punto de mira no solo las humanidades y las ciencias sociales sino también la ciencia mal llamada básica.

Y al final, todo se reduce a la maldita gobernanza.

Sin duda, el mantra existencial que reiteran las políticas neoliberales es que el sistema de educación superior, las universidades y sus centros, funciona mal porque una “degeneración democrática” en su gestión y la selección de los responsables de la misma en sus más altos niveles (Rectores, Decanos etc) les impide actuar con eficiencia y rendir cuentas a una sociedad que les provee de los recursos económicos para una triple misión que debería configurar su actividad cotidiana (formar profesionales-ciudadanos, generar conocimiento y dinamizar y ser referente para la sociedad). La calidad democrática, la transparencia y la participación, se consideran obstáculos para esa eficiencia basada en el “ordeno y mando” procedente de una legitimidad “externa” (la estructura de un “Consejo de Administración” como órgano de Gobierno universitario, con una composición “ajena” a la propia Universidad, que nombra al Rector y a los “altos cargos” universitarios se va imponiendo en las diferentes propuestas que nos inundan e inundarán en los próximos meses). Un ” copiar y pegar” del sistema anglosajón versión norteamericana  para una sociedad como la española a la que nuestros neoliberales quieren mimetizar en base a la “ libertad de mercado y elección” que tiene la educación pero también la sanidad, los cuidados, el transporte, entre otros, como laboratorio de implantación de ese Orden Nuevo. Los estudiantes como “usuarios” que pagan por un servicio, los profesores como “operarios” docentes y, en algunos casos, investigadores, y el PAS como “instrumento de apoyo” configuran esa nueva visión que busca una universidad “rentable”, desde un punto de vista económico, para los poderes públicos (¿?) pero carente de “valor y conciencia” públicas.

Me gustaría finalizar con una reflexión de Thomas Jefferson: La ley más importante de todo nuestro código es la que promueve la difusión del conocimiento entre el pueblo. No se puede idear otro fundamento seguro para conservar la libertad y la felicidad. […] El impuesto que se pague para la Educación no es más que la milésima parte de lo que se tendrá que pagar a los reyes, a los sacerdotes y a los nobles que ascenderán al poder si dejamos al pueblo en ignorancia.

Para poder afrontar, a través de un juicio crítico y racional, la postulación que hago en este artículo sobre el hecho, creo que incontestable, de la situación actual de represión en el que vive la sociedad de forma general  y por tanto, con una afectación clara y manifiesta de los individuos que en la misma se integran, los cuales no llegan a percibir en su magnitud el cambio del modelo social que se está implementado, quizás el día que la sociedad despierte no pueda desandar el camino que no ha elegido sino el que le han impuesto unos pocos, acudiré  de forma constante a los datos que sobre la materia de análisis han publicado los diferentes organismos públicos y privados que  he podido consultar.

Comenzamos ya nuestro artículo desgranando qué debemos de entender por represión, para ello acudiremos, como no podría ser de otro modo, a la definición que el Diccionario de la Lengua Española nos facilita: Represión es .1. Acción y efecto de represar. 2. Que reprime el ejercicio de las libertades 3.Que reprime con energía o violencia las alteraciones del orden público, manifestaciones, protestas, etc. Es curioso como en la definición lingüística de represión, se interrelacionan principios básicos consagrados por nuestra constitución – Capitulo II Sección Primera de los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas, artículo 15 a 29 – como el ejercicio  de las libertades ideológicas, y el derecho a reunirse,  con las palabras energía y violencia,  como si no existiera ni tan si quiera desde el lenguaje una forma de afrontar o solventar, en un justo equilibro de posiciones, el derecho de ejercer nuestras libertades, a  manifestarnos o,  a  protestar contra lo  que consideremos injusto y la reacción de aquellos otros que se consideran atacados por la verbalización del malestar social.

La represión, respuesta al malestar social

Buena cuenta de ello podemos inferirla de la aprobación, por  el actual Gobierno del Partido Popular,  de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en donde figura una  asignación  para el Ministerio del Interior cifrada en la cantidad de 3,26 millones de euros(1), para la compra y adquisición de Material Antidisturbios y Equipamientos Específicos de Protección y Defensa para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, elevación que podemos tildar de colosal si la comparamos con la partida aprobada para el año 2.012, por el anterior gobierno de la nación y de signo distinto, en la cantidad de 173.670 euros anuales.

Es más, la partida presupuestaria inicialmente aprobada prevé un gasto para los ejercicios comprendidos entre el 2.014 al 2.015 de 3,24 millones de €uros(1), sólo se contempla volver a niveles de gasto en material antidisturbios y equipamientos específicos de protección y defensa parecidos a los de los años 2.011 o 2.012  en el  año 2.016, coincidiendo  con el fin de la legislatura del partido político que en la actualidad ostenta  el poder, casualidad o no, da a entender cual es la postura oficial ante el ejercicio reivindicativo de los derechos de la ciudadanía, y sobre todo, cual va a ser su respuesta a esa situación, imaginando un escenario de protestas y de  rebelión social que entienden son contrarios a los  intereses “económicos” que protegen. Desde mi ignorancia,  considero   que es más fácil acudir al mecanismo de la  fuerza y por tanto de la  represión, que pararse a reflexionar un momento por quien nos gobierna,  si las medidas que se están adoptando, a través de la promulgación de nuevas leyes o la aplicación de otras que son potencialmente injustas para el colectivo al que van encaminadas, y que normalmente son a la vez  el eslabón más débil  de la sociedad, no hace más que acrecentar el desequilibro social dentro la comunidad, creando mayor malestar y por consiguiente  más protestas, generando a su vez una respuesta automática y única con el fin  de controlar esa desazón  social  a través de un uso desmedido y desproporcionado  de la fuerza.

En este sentido, encontramos  el último informe publicado por Amnistía Internacional en octubre del 2.012(2), sobre la “Actuación Policial en las Manifestaciones en la Unión Europea”, se incide en el mismo  en la idea, que sobrevuela las líneas anteriores de este artículo,  de un uso desmedido de la fuerza por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de los diferentes Estados miembros, como réplica a los actos de indignación social por las políticas de austeridad y de recortes en los servicios públicos que se estaban llevando a cabo por los diferentes países de la Unión Europea, siendo España un alumno aventajado en todo aquello que ha supuesto limitar o acotar las fronteras del llamado estado social y democrático de  derecho,  siendo una  verdadera pena que solo copiemos lo malo y no nos adelantemos nunca en lo bueno. Es decir, existe un verdadero interés por parte de todos los gobiernos, del denominado primer mundo,  de frenar la avalancha de protestas que a nivel europeo se han desencadenado y las que aún quedarán por llegar…, pero a través de un denominador común que es el uso de la fuerza indiscriminada, permitiendo a mi modo de ver, que la Policía tenga una verdadera patente de corso para reducir, identificar, agredir o detener a quien únicamente expresaba su descontento ante la situación actual, es decir, lo que no se puede ganar con la razón o con la explicación de porqué se adopta una determinada política que daña a muchos y beneficia a unos pocos, quizás porque lo injusto no tiene explicación, se hace con el empleo de la fuerza institucional, utilizando además efectivos y medios materiales que deberían de estar al servicio de toda la ciudadanía,  para imponer o más bien acallar aquellos focos o hervidores sociales que se revelan y protestan contra las medidas que consideran injustas, creando con ello un distanciamiento cada vez mayor entre gran parte de la sociedad, la más débil, expuesta y sin duda más numerosa, a sufrir en primera persona la irradiación de esas medidas y recortes sociales.

Recordemos que las normas internacionales limitan el uso de la fuerza, en este sentido  el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, aprobado por la  Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, establece en su artículo 2 que “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas” y en su artículo 3 “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”, la conjunción de ambos preceptos fija la idea de que el uso de la fuerza siempre debe de ser un remedio excepcional y proporcional al hecho que se pretende limitar, garantizando el  respeto a la dignidad humana como valor máximo y primordial, siendo precisamente la labor principal de los funcionarios policiales velar y proteger ese principio básico a la dignidad humana, entendiendo  que el actual contorno en el que se mueven los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluidos los españoles se encuentran  fuera de los limites expresados por el Código de Conducta de la ONU.

Malas prácticas policiales

No es objeto de este artículo demonizar a todo el colectivo de personas que conforman los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Español, ya que entiendo que existirán excepciones y en algunas ocasiones aciertos en sus investigaciones, pero sí denuncio, que con relativa frecuencia, se acude a un uso desmedido de la fuerza para controlar o disolver  manifestaciones o concentraciones  de ciudadanos que solo quieren expresar su malestar o defender sus ideas sean estas acordes o no  con el ideario del partido político en el poder, la única forma de que esos abusos policiales  no se repitan es que se dotara al poder judicial, como garante último de la legalidad de los mecanismo necesarios para llevar a cabo una investigación objetiva y veraz, sin partidismos de ninguna clase, de las posibles infracciones administrativas o incluso penales que los agentes pudieran cometer en el desarrollo de sus funciones, para limitar y abolir en su día de forma definitiva la arbitrariedad e impunidad con la que actúan en determinadas ocasiones, citaremos textualmente la recomendación de Buenas Prácticas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con funciones de control del orden público de las manifestaciones, que se cita en el informe de Amnistía Internacional al que antes hacíamos alusión, dice así:

  “Rendir Cuentas a la ciudadanía y al poder judicial de todas las operaciones

• El uso de la fuerza en una reunión pública debe ser siempre objeto de examen y si, corresponde, de investigación y de sanción disciplinaria o penal
• Las denuncias contra la policía deben investigarse de manera efectiva e imparcial y si corresponde, resolverse con sanciones disciplinarias o penales.
• Ha de poder identificarse a los funcionarios encargados de hacer  cumplir la ley (por su nombre o su número de placa) durante las operaciones de orden público. Debe dictarse órdenes ejecutables para garantizar el cumplimiento de la obligación de llevar tales placas. El equipo protector de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, no como medio de ocultar su identidad”

  Por desgracia ninguna de las citadas recomendaciones son tomadas en cuenta por la Unidades de Intervención Policial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que acuden a las concentraciones y manifestaciones, lo que sin duda dificulta  la posibilidad de identificar aquellos agentes que dentro de una intervención policial en la mismas sobrepasen los límites de proporcionalidad e idoneidad en el uso de la fuerza y de la  violencia, que siempre debe de ser el  último recurso a utilizar.

   Y más cuando los únicos  datos fiables  que están publicados hasta la fecha de cierre de este artículo sobre el número de manifestaciones y concentraciones que  anualmente se desarrollan en el territorial español, no indican que en las mismas se produzcan un número elevado  de incidencias graves que hicieran necesario  la intervención de un operativo policial,  así el número de manifestaciones que se desarrollaron el año 2.011, (última fecha publicada por el Ministerio del Interior) alcanzó una cifra total de 21.297 (3),  siendo  las incidencias registradas 368, consistiendo las mismas en: corte de tráfico 276, corte de vía férrea 9, daños a instalaciones 29, coacciones/retenciones 29, actuación FF.SS 17, heridos 7, detenidos 1.

   Por tanto, a juicio de quien suscribe, parece absolutamente desmedido el gasto que el actual Gobierno de la nación ha realizado para dotar a sus agentes de seguridad de material antidisturbios y de protección, parecería si pecáramos de malicia que estuvieran armando un ejército, más en la situación económica negativa en la que por desgracia  nos vemos sumergidos, donde las políticas de intervención del Estado se dirigen a adelgazar el estado social tal y como estaba hasta ahora concebido, solamente hay que asomarse a diario a los medios de comunicación para constatar esta realidad, privatizaciones encubiertas de la Sanidad, recortes en Educación, cierre de Televisiones Autonómicas, etc. … , más rentas obtendría la sociedad si ese capital se empleara, precisamente, en apuntalar el bienestar de la comunidad.

Ciudadanos bajo sospecha

Dentro de este contexto de  vigilancia, ya no exclusivamente focalizado en la violencia o  empleo de la fuerza durante el desarrollo de las manifestaciones, de los grupos o colectivos que  protestan o que no asumen una posición pasiva e indiferente ante la  actual situación, quiero hacerme eco de un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid de fecha 4 de marzo del 2.013(4),  que define a la perfección como se están señalizando o marcando como  objetivos  por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a las   personas que  integran o en este caso defienden a  esos grupos que según su parecer merecen ser observados  y controlados, el Acuerdo es el siguiente:

   La Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, en reunión urgente celebrada el pasado 4 de marzo, ha concedido el amparo colegial solicitado por un letrado a quien en diligencias policiales y con ocasión del derecho de defensa de su cliente detenido, se le identificaba con las causas que defiende y se le calificaba por las acciones de sus patrocinados, proceder que vulnera el derecho de defensa y atenta gravemente al respeto y consideración debidos a la profesión.

En virtud del amparo colegial concedido, la Comisión Ejecutiva de la Junta de Gobierno acordó:
1º.- Trasladar de forma inmediata a la Delegada del Gobierno en Madrid su protesta por la actuación policial reseñada

.
2º.- Solicitar a la Delegada del Gobierno en Madrid el inicio de la pertinente investigación sobre los hechos denunciados y la depuración de las responsabilidades disciplinarias de los funcionarios policiales actuantes.

3º.- Requerir a la Delegada del Gobierno en Madrid información sobre la posible existencia de listados de letrados en los que pudieran ser clasificados en atención a los clientes cuya defensa asumen o hayan asumido, y la remisión a todas las Comisarías de Madrid de instrucciones para que en ninguna de las actuaciones en que intervenga un abogado viertan manifestaciones tendentes a identificarle con sus clientes y a calificarle por las causas en las que actúe, y menos aun dejando constancia escrita en diligencias policiales que forman parte del atestado.

La Comisión Ejecutiva decidió igualmente dar traslado de su acuerdo al Ministro del Interior, a la Defensora del Pueblo y al titular del Juzgado de Instrucción destinatario del atestado del que formaban parte las diligencias policiales reseñadas, y reclamar de los abogados del Colegio de Madrid el traslado a la Junta de Gobierno de cuantas actuaciones puedan vulnerar el derecho defensa, para su inmediata y eficaz protección.

   La gravedad de los hechos denunciado por el Colegio de Abogados de Madrid ante la Delegación de Gobierno de la capital,  radica  en la circunstancia de que en  el atestado policial instruido para el enjuiciamiento de unos hechos presuntamente delictivos, se realizaba una clasificación del  propio abogado defensor  como sujeto bajo sospecha y entiendo que como elemento de valoración de la imputabilidad de su cliente, es decir si la Policía dentro de su marco de actuación realiza una detención, que en principio debemos de entender que es legítima,  de una persona porque considera que la misma puede pertenecer a un determinado grupo o colectivo y que estos a su vez pueden ser los autores de presuntas infracciones penales, el hecho de que le defienda un abogado determinado para la policía es un indicio añadido a  su culpabilidad, lo que sin duda choca frontalmente con el mandato contenido en el artículo 24 de la Constitución, debiendo ser  dicha actuación policial cercenada de raíz por la propia Delegación de Gobierno a través de la Dirección General de la Policía y Guardia Civil, aunque la verdad tomando en consideración los antecedentes que a continuación describiré no tengo mucha fe en que estas conductas sean reprobadas.

   La reflexión más preocupante que me genera el conocimiento de estos hechos es precisamente lo que comentaba con anterioridad, es la idea de división, de crear dos bandos, de posicionar a las personas en función de su ideología, de su comportamiento ante los cambios que estamos viviendo, en definitiva de crear dos sociedades en la que una intentan controlar a la otra, de perseguirla, de  vigilarla, de  atemorizarla.

  Concluyo este artículo trascribiendo parte de la fundamentación jurídica incluida en la Resolución de la Delegación de Gobierno de Madrid de fecha 6 de noviembre del 2.012, firmada por el Jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana notificada precisamente a  la Confederación Regional de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura de la Confederación General del Trabajo, en la que se nos notificaba  la modificación del itinerario   previsto para la celebración de la manifestación convocada por la CGT, junto con el Sindicato de Artes Gráficas, Comunicaciones y Espectáculos de la CNT para el día 14 de noviembre del 2.012, los motivos que la Delegación de Gobierno esgrimía no hacen más que apostillar la opinión que he vertido en esta líneas y descalifican por si mismas a una institución que entiendo no está para realizar valoraciones tan subjetivas, rayando incluso el ilícito penal, pero que ejemplifican a la perfección su parecer imaginario de lo que representan organizaciones como CGT y CNT, dice así el fundamento jurídico séptimo:

   “Existen además razones de orden público que hacen que, en el momento actual y atendiendo a los antecedentes recientes, sea desaconsejable la terminación de una manifestación en la Plaza de Neptuno, en un día en que está reunido el Congreso de los Diputados.

   En convocatoria de manifestaciones reciente de 25-09-1012 (identificado el convocante), y 27-09-2012 y 29-09-2012 (ya sin comunicación previa), personas de militancia anarquista (idéntica a las de las organizaciones CNT y CGT según consta en los propios estatutos de éstas), se produjeron graves alteraciones del orden público constitutivas de hechos delictivos contra la institución legislativa del Estado (tentativa de asalto a la sede del Congreso), contra el orden público (atentados, resistencia y desobediencia), contra la integridad física (lesiones, amenazas y coacciones), y contra el patrimonio (daños), que además de producir perturbación en el normal funcionamiento de la cámara (al impedir-cuando menos-el acceso y salida de los parlamentarios da la sede), dieron lugar a Diligencias previas nº 3771/2012 del Juzgado de Instrucción Nº 8 de Madrid, con 35 detenidos imputados por delitos contra el orden público. En dicho caso, ni el pleno e integral despliegue de los 22 grupos del UIP del CNP (más de 1.100 hombres) encargados del mantenimiento del orden público pudo prevenir la comisión de ilícitos penales”

  Esto es por tanto la imagen que desde el Gobierno, en sus diferentes estamentos, Europeo, Nacional, o  Autonómicos  se tienen de grupos u organizaciones que  reivindican un cambio en las políticas de austeridad o recortes que están afectando a todos los niveles de las sociedad, creando con su aplicación práctica  mayor desigualdad e injusticia en los colectivos más desfavorecidos y ofreciendo una respuesta violenta y represiva en todos sus niveles  al alzamiento de las voces de quejas y protestas contra las mismas. Ante este  estado de cosas, lo único que nos queda es aumentar, si cabe,  nuestra lucha para hacernos oír y argumentar que las cosas se pueden hacer de otra forma y sin duda mejor.

1.- Fuentes.- Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.  BOE 27 de diciembre del 2012, y artículo publicado el 5 de noviembre del 2011, por el periodista Javier González en el Diario el Mundo.

2.- Fuente.- Amnistía Internacional http:// www.es.amnesty.org  Amnistía Internacional, Informe de  octubre del 2012,  “Actuación Policial en las Manifestaciones en la Unión Europea”.

3.- Fuente.- Ministerio del Interior, http:// www.interior.gob.es/anuarios-estadisticas-12/anuario-estadisticp-de-2011-1892.

4.- Fuente.- Colegio de Abogados de Madrid.  http://www.icam.es/web3/cache/noticia_portada_24.html

Me acuerdo del tiempo en que el sol brillaba en las plazas filtrándose a través de las lonas que cubrían las cabezas de la multitud en asamblea.

Me acuerdo de todas las plazas como si fueran una sola, todos los gritos indignados al unísono.

Me acuerdo del primer asalto ganado contra el individualismo hegemónico: encontrarnos.

Me acuerdo de nosotros cuando conquistamos la plaza, cuando nos hicimos nosotros.

Me acuerdo de la fuerza de soñarse colectivamente, como lava incandescente parte de una erupción volcánica.

Me acuerdo, nos acordamos…

Ha pasado ya cierto tiempo, pero aún recordamos con fervor aquella primavera caliente de 2011. Aquel dia 15, de otro mayo para la historia, a partir del cual la indignación se hizo generalizada, y en el que mucha gente pensó que, por fin, todo iba a cambiar.

 La vertiginosa actualidad en la que vivimos presos exige resultados inmediatos. Somos corto-plazistas por imperiosa necesidad del tiempo que corre -muchas veces en contra-, y eso, junto a la falta de plasmación inmediata de las aspiraciones transformadoras, produjo desazón y desánimo, que a su vez, llevó a la desmovilización. De repente, todo dejó de tener sentido: las asambleas devenían interminables y estériles; las acciones, puramente simbólicas, y las manifestaciones, paseos maratonianos. Miles volvieron al letargo de la cotidianidad capitalista. Parecía que la indignación se había truncado en una suerte de resignación generalizada. Pero hoy, lejos de ser así, vemos cómo se multiplican las movilizaciones; aunque sean sistemáticamente desplazadas del centro de la arena pública. Ese desplazamiento ha producido la desconexión paulatina de parte de la población y el cuestionamiento del capitalismo ha vuelto a un segundo plano en la agenda informativa.

 El momento actual, de cierta bajada de la intensidad, resulta una buena oportunidad para reflexionar. Este artículo trata sobre la reproducción de las luchas, de los ciclos de protesta y cómo sobrevivirlos o, lo que es lo mismo, librarnos de ellos. Porque en definitiva, no se trata de subir y bajar a ritmo de los acontecimientos, sino lograr que los acontecimientos bailen a nuestro son. En este camino, lo básico es la creación de códigos y ritmos propios que alimenten alternativas cotidianas -otras maneras de vivir- en todos los campos de la vida. Una rara normalidad paral·lela hecha de excepciones autónomas que vaya componiendo esferas públicas no estatales,[1] desinfectadas de capitalismo. Crear situaciones donde acumular fuerzas, defensivas y ofensivas, para asaltar coyunturas con garantías de supervivencia más allá del choque.

 [Lo importante, es saber mantener un relato coherente que una generaciones de lucha, que junte espacios y lugares de resistencia. Lo fundamental, proyectar una memoria colectiva, que se actualice constantemente, que permita mantener la llama del descontento más allá de los ciclos puntuales.]

 Todo lo que sube, baja o ¿cómo estabilizar la protesta social?

La noción de ciclo de protesta nos puede ser útil como un dispositivo para hacer una lectura crítica de la realidad que nos permita emanciparnos de ellos, pero que a su vez nos conceda el mantener la coherencia de un relato común.[2]

 Los ciclos de protesta son cortes sincrónicos, aquellos momentos en que la concentración de la acción colectiva contenciosa de grupos sociales subalternos impactan en la estructura política del grupo dominante. Se constituyen en forma de puntos álgidos de acción, dónde los actores involucrados, ponen en común un determinado repertorio de movilización, unas formas de lucha y articulación de la protesta, en función de una estructura de oportunidades políticas, para impugnar el orden establecido. Si es un ciclo es porque el alcance del mismo se repite, irregular, pero pendularmente. Su trayectoria se expande y se contrae, alternando momentos de alta presencia, o de flujo, con movimientos de debilidad e invisibilidad, o reflujo. Icónica y gráficamente, la forma clásica de leer estos procesos es equiparar la trayectoria de la participación social con la de una montaña rusa de cualquier parque de atracciones. Las subidas y bajadas, los pliegues y repliegues se suceden, generando ondas de inflación y deflación de la potencia, la eficacia y la visibilidad del movimiento concreto.

 A través de este esquema de interpretación, se puede entender, que para aquellos que deseamos garantizar la continuidad de los movimientos, casi resulte más importante saber descender, que la ascensión potencial posterior. No tan sólo hace falta ser buenos “surfistas” para atravesar con éxito los tsunamis espectaculares, sino devenir buenos “paracaidistas”, o mejor, preparar la infraestructura necesaria para amortiguar el impacto. De tal manera, que cada vez que, sucesivamente, se aterrice desde una dinámica alcista, haya mecanismos paliativos que nos permitan retornar a un punto más alto del que se tenía antes del inicio del ciclo anterior. Es sólo así como, poco a poco, centímetro a centímetro, los movimientos sociales de base pueden ir apropiándose de cada vez más espacios autónomos.

 La importancia de la creación de lugares para la reproducción de formas de hacer política no es nueva, ya Carl Schmitt certificaba que: “No existen ideas políticas sin un espacio en el que sean referibles, ni espacios o principios espaciales que no se correspondan ideas políticas“.[3] La producción del espacio, siguiendo a Lefevbre, es la producción del espacio diferencial. Conseguir producir espacios implica la producción de relaciones sociales diferenciadas en territorios diferentes.[4] Por ello, sólo si se consigue una “acampada permanente y generalizada”. O menos metafóricamente, la larga pervivencia de lugares propios, hay alguna posibilidad de éxito. Generalizar el “efecto acampada” significa generar espacios de autonomía efectiva en el territorio, desde donde poder impulsar estratégicamente formas de vida que subviertan el orden dominante. La superposición de geografías autogestionarias, progresivamente escindidas del capital, que enmarañen la geografía hegemónica.

Como hizo el movimiento obrero catalán entre 1870-1939, transmitiendo de generación en generación la necesidad de autoorganización y resistencia; así como la importancia de poseer instituciones (sindicatos, cooperativas, ateneos, mutuas) donde desarrollar formas económicas, de sociabilidad y imaginarios propios. Sólo de esta forma, creando y ampliando las nuevas instituciones autogestionadas y las relaciones derivadas de la cooperación social, el descenso irreparable de la curva no será inevitable y el ciclo de protesta insurreccional, estabilizado en el punto álgido, se convertirá en una situación revolucionaria permanente.

 La rabiosa efervescencia de los 90: la reconquista de la calle

Si interpretamos toda lucha política como un combate por la apropiación de lo común,[5] podemos decir que en Sants llevamos quince años luchando por reproducir y hacer crecer este espacio común. Quince años territorializando un antagonismo que a pesar de los flujos y reflujos, sigue actualizándose. Quince años tejiendo un espacio de contrapoder alternativo a la política representativa municipal. Un espacio colectivo autónomo y heterogéneo, de apoyo mutuo y de dinámica destituyente que intenta reapropiarse de la capacidad de hacer política de base, practicando la democracia directa. Por eso se creó la Assemblea de Barri de Sants (ABS), al principio, en 1996, muy vinculada al movimiento de okupación, pero que luego supo abrirse a otras sensibilidades.

 La explosión de aquellos movimientos sociales se produjo entre 1996 y 2001, y si bien nunca fue un espacio de masas, su intensidad sirvió como reapertura del espacio político disidente en Barcelona; con unas prácticas en la calle que vertebraron movilizaciones disruptivas, inéditas desde hacía años en la ciudad. Significaron, en cierta medida, la reconquista comunitaria de la política, demostrando que se podían abrir espacios sociales relativamente autónomos no capturables; y que la política era practicable fuera de las urnas y de las redes de delegación / representación.

 Una de las luchas vehiculizadoras fue la reconquista de lugares propios donde cuestionar la propiedad privada y ensayar pequeños mundos sin capitalismo. La okupación vivió un período intenso de agitación a partir de la creación de la Asamblea de Okupas de Barcelona en enero de 1996. La ocupación del Cine de Via Laietana en marzo, certificó la conquista simbólica del centro de la ciudad. La posterior manifestación insurreccional tras el desalojo, fue el gesto que inauguró el ciclo de lucha. En Sants, si bien hubo antecedentes como el ateneo Kross 10 en 1987 o la Garnacha en 1994, la okupación más significativa fue la del CSOA Hamsa en 1996 y luego la del CSOA Can Vies, en marzo de 1997. A la presencia de estos, también habría que añadir una serie de viviendas ocupadas, siempre con alguna actividad política, que durante aquellos años proyectaron una primera esfera social compartida y tupida malla comunitaria, en torno a la que surgió la incipiente asamblea de barrio.

Estos lugares sirvieron para alimentar unas prácticas subversivas que no se quedaron encerradas en los muros de los centros sociales, por el contrario, significaron la apertura de un período de intervención pública desenfrenada: transversalmente, a partir de la impugnación de la agenda política y estacionalmente, a través de un calendario de movilizaciones donde se trataba de generar espacios autónomos en fechas señaladas.[6]

 Después de aquel ciclo inicial, el espacio político se amplificó con la antiglobalización. Seattle, Praga, Génova, las cumbres y contracumbres, con sus episodios en Barcelona, la visita frustrada del Banco Mundial (junio 2001) y la Cumbre Europea (2002). Mientras tanto, la ABS se reorganizaba gracias a una recomposición intergeneracional.[7] Las protestas contra la Europa del capital sirvieron como pretexto para visibilizar la fuerza del espacio antagonista del barrio. Aquella fuerza cristalizó en junio de 2002, con la ocupación del distrito para celebrar una asamblea vecinal espontánea, y también durante la huelga general de aquel año, cuando se logró detener toda la actividad productiva de la zona. Ya en 2003, la ABS participó de la Plataforma Vecinal contra la Especulación, una serie de movilizaciones que denunciaban las chapuzas urbanísticas (Can Batlló, Las Arenas, el TAV y la ampliación de la Estación de Sants).

 Poco después, tomó el relevo el masivo movimiento del «No a la guerra!» en 2003 y el estallido contra las mentiras del PP en 2004, que, paradójicamente, significaron el fin del ciclo de protesta. La fuerza destituyente fue capturada por los engranajes de la política representativa, las movilizaciones se fueron apagando y la potencia del antagonismo fue silenciada y reprimida mediante actuaciones como la detención del comando Bcn de ETA. Era lo que entonces llamábamos la pinza marginalización-represión/integración-recuperación[8]. No quiere decir que se acabaran las luchas, hubieron muchas y muy significativas, pero debido a la nueva coyuntura política perdieron la capacidad de incidencia que habían tenido unos años antes.[9]

En Sants, durante aquella época, también vivimos nuestro particular fin de ciclo con el desalojo del CSOA Hamsa tras 128 días de resistencia. El desalojo se realizó una madrugada del agosto de 2004. La respuesta y la rabia no se hicieron esperar con una marcha que culminó con la ocupación de La Pedrera y por la tarde, con una manifestación que acabó con enfrentamientos con la policía. Pocos meses después, atacantes anónimos propiciaban un asalto contundente con fuego contra la comisaría de la policía nacional en el barrio, que tuvo su virulenta respuesta represiva con el encarcelamiento de tres jóvenes y el caso del 4O.[10]

 ¿Cómo vencer las discontinuidades? La autogestión como vertebración de contrapoder

 Fue entonces, en ese momento de repliegue, cuando alguna gente empezamos a buscar fórmulas para preservar la capacidad de autoorganización, también en tiempos de reflujo. ¿Cómo combinar la insurrección y la cotidianeidad para prolongar situaciones de transformación social? La clave radicaba, en primer lugar, en saber combatir la fragmentación de la vida, ya leída por los situacionistas, que imponía el capitalismo. Para poder continuar con la labor de crear polos de antagonismo, primero, había que destruir la segregación en ámbitos separados (trabajo, ocio, doméstico, político) para mantener juntas la militancia y la propia vida. O sea, transformar las formas de vida cotidianas para luego poder pasar al segundo estadio, edificar espacios colectivos con potencialidad económica y política. Para eso había que crear estructuras que permitieran una labor productiva, política y personal al mismo tiempo, y ahí es cuando empezaremos a crear proyectos de autoempleo, y luego, más tarde, las cooperativas.

Espoleados por la necesidad de autoorganizarnos también en el campo laboral e influenciados por experiencias como las del proyecto A alemán en la ciudad de Neustadt,[11] pensamos que la única forma de mantener la continuidad de la comunidad de lucha que habíamos creado era ideando proyectos y vínculos fuertes con el territorio. Construyendo estructuras laborales que permitieran combinar en una sola esfera, el trabajo para sobrevivir, el trabajo para hacer política y el trabajo personal, todo vinculado a su vez a un territorio concreto, nuestro barrio. Sólo de esta manera podíamos repercutir la hipermovilidad laboral y residencial que imponen las nuevas formas de producción post-fordistas y terciarizadas y seguir con nuestra tarea militante.

Este motor inicial nos propulsó a crear cooperativas autogestionarias, como proyectos laborales, pero con una clara orientación hacia la acción social. Para potenciar el cooperativismo, creamos el Proyecto Barrio Cooperativo, una estrategia comunicativa y de transformación para extender la economía solidaria, la intercooperación y crear mercado social.[12] El reto, desde entonces, es tender hacia la generalización de la autoorganización social en medio de la tormenta de un mundo competitivo. Como dirían los viejos cooperativistas, se trata de avanzar a la inversa, como los cangrejos, dentro de los malos vientos del capitalismo.

 Lugares comunes, espacios de esperanza

Un lugar es el sitio donde confluyen el espacio y el tiempo, un lugar común, más allá del tópico, es cuando esa coincidencia es compartida colectivamente. En estos tiempos de dura reestructuración social, en Sants, seguimos experimentando con alternativas de organización comunitaria, tanto en el ámbito cultural, el campo económico o en las formas de articulación política. Pese a la alta movilidad metropolitana, se ha mantenido cierta densidad en las redes políticas de sociabilidad. La continuidad de estas esferas ha permitido el aumento exponencial de espacios propios, así como, la obtención de éxitos parciales en algunas luchas.

 Por lo que se refiere a los lugares, hemos visto proliferar una numerosa red de locales sociales, que permiten, incipientemente, la constitución de ésa esfera pública no estatal de la que hablaba: el CSOA Can Vies, el Casal Independentista Jaume Compte, el Espai Obert, el Centre Social de Sants, el BlocOnze de Can Batlló, el Ateneu Llibertari de Sants, el huerto de La Farga… Estos espacios, a su vez, cobijan colectivos variopintos como: Negres Tempestes, La Col, ARRAN sants, Acció llibertària de Sants, Endavant Sants, la comissió de veïns de la Bordeta, la associación de vecinos i vecinas del Centre Social, la Xarxa de biblioteques socials… También existen col·lectivos con vocación de ir más allá del barrio: la Assemblea Indignada de Sants, la Assamblea Groga, el semanario La Directa o la Coordinadora per la llengua (CAL).

En el ámbito económico, se han multiplicado el enjambre de proyectos de la economía social: la Xarxa d’Intercanvi de Sants (XIS); las cooperativas de consumo: Germinal, Panxacontenta y Faves Comptades. Las de trabajo: Tetería Malea, el videoclub Pim Pam films, Fil a l’Agulla, La Ciutat Invisible, Tat espais y tantas otras. Las financieras como el Coop 57 o la presencia del edificio federativo de las cooperativas de Cataluña. También existen otros proyectos, comercios y espacios afines que confieren heterogeneidad al tejido asociativo: los bares Terra d’Escudella y La Bauxa, el growshop L’Hortet de Sants o la peluquería Libre. Así como un círculo numeroso de gente que vertebra su actividad en torno a la cultura popular: Castellers de Sants y su local, Diables de Sants y Bastoners. O la importancia de los medios de comunicación propios, como el periódico La Burxa, el portal web Barrisants.org o SantsTV. Una red comunitaria de compartición de internet sin hilos, Guifisants. O últimamente, la creación de una red social própia Somsants.net.

El espacio más importante que compartimos toda esta amalgama de entidades es el de las Fiestas Alternativas de Sants, con más de dieciocho años de existencia. Este año ha sido la tercera edición celebrada en el parque de la España Industrial, con una afluencia de gente cada vez mayor, sin subvenciones y por el contrario, constituyendo un medio imprescindible que permite la autofinanciación a lo largo del año. Pero también y quizás más importante, erigiéndose como una actualización del estar-juntas anual gestionando un espacio. De hecho, fue en torno a este evento anual que nació el espíritu de lugar común y la noción de un nosotros, elemental para cualquier proyecto de la autonomía.

Entre otros procesos colectivos en marcha, está el reto de la nueva amenaza que se cierne sobre el CSOA Can Vies, que después de diecisiete años de vida constituye un referente, una auténtica escuela de militancia, con la fuerza suficiente para haber paralizado tres amenazas de desalojo. O también la recuperación del abandonado edificio de La Lealtad santsense, de propiedad municipal, que una parte muy representativa del tejido asociativo reclama para si. Pero el proceso que genera más expectativas, sin duda, es la reconquista de Can Batlló.

El mes de junio de 2011, después de una larga lucha, se consiguió entrar en este antiguo polígono industrial. Hasta entonces, la tacañería de la propiedad, la inmobiliaria Gaudir y la inacción de la administración, habían provocado la paralización del plan durante más de treinta y cinco años. Después de este tiempo de espera, a mediados de 2009, desde la Plataforma Recuperem Can Batlló se planteó un ultimátum al Ayuntamiento: o bien activaban el proceso, o el 11 de junio de 2011 se entraría forzosamente en el recinto. Al principio, la concejala, se rió irónica y incrédula: – En junio de 2011? Pero, si, entonces ya estará todo hecho!- Pero a medida que se acercaba la fecha y vieron que, efectivamente, no habían hecho nada, se empezaron a poner nerviosos. Unos días antes de lo que debía ser la acción, coincidiendo con el cambio de gobierno municipal, llamaron apresuradamente, comunicando que cedían la nave indefinidamente.

A partir de ese gesto, en una inversión de tendencia, las vecinas ya no esperamos más, y son ellos los que han de estar pendientes de los movimientos vecinales. Así empezó la recuperación de un espacio privado para el barrio, rehabilitando y construyendo una biblioteca, un auditorio, un rocódromo, una ludoteca. Demostrando que la autogestión es posible y cuestionando el monopolio estatal de lo público.[13] Una primera victoria para el presente.

En cierta medida, el BlocOnze es la territorialización y condensación de una forma de articulación política, hecha de microprocesos de cooperación social, donde se han puesto en juego las competencias acumuladas por el vecindario militante de los últimos 15 -30 años en el territorio. Más allá del tópico, de la crisis como oportunidad, es bien cierto que la retirada y dimisión del campo social por parte de la administración neoliberal, está ofreciendo un cierto margen a la formación de procesos constituyentes autogestionados. De esta forma, la labor de construcción de la Plataforma prosigue, más allá del BlocOnze, con la impugnación de la totalidad del plan y el ensayo de una suerte de urbanismo cooperativo para implementar propuestas y usos comunitarios inmediatos para el resto del polígono afectado. Un reto emocionante para el futuro.

(In)Conclusión: El problema de la asociación

Estos apuntes tan solo han querido aportar un poco de reflexión en torno a la reproducción de las prácticas antagonistas a través del ejemplo del barrio de Sants de Barcelona. Un modelo que también tiene sus limitaciones y sus aprendizajes pendientes.

Hay que tener en cuenta, que si bien las alternativas económicas son necesarias para ir substituyendo progresivamente el modo de producción hegemónico y garantizar la continuidad de las luchas en el día a día, tal vez no sean suficientes para mantener un movimiento ascendente hacia una emancipación total del capitalismo; para eso, es fundamental trabajar también en las formas de articulación política.

Si hay alguna crisis en nuestra sociedad, en estos momentos, es la fallida general de todas las formas de agregación política. Ante la debacle de la representatividad del sistema de partidos, del sindicalismo clásico, del movimiento vecinal y de, en general, todas las viejas formas de articulación, el 15M supuso un soplo de aire fresco, que logró desvirtualizar y materializar las redes sociales en las plazas y innovar en las formas de participación. El problema no superado, bastante común en cualquier proceso de autoorganización, -también en Sants-, fue la estabilización de estas formas políticas comunitarias, la superación de su vida efímera. En este sentido, el movimiento de las plazas fue cómo un ensayo, un experimento de lo que podría ser la autogestión real de toda la sociedad, que sólo se quedó en prototipo. ¿Cómo dar los pasos necesarios para aplicar esos mecanismos a toda la sociedad y de forma continuada? ¿Cómo pasar de las plazas a los barrios y la ciudad entera?

Una cuestión fundamental para solucionar lo que llamaremos -en homenaje a los antiguos-, el problema de la asociación, es saber conectar las necesidades personales con las colectivas. Cualquier entidad o colectivo debe servir realmente para solucionar problemas materiales y no meras abstracciones. Un ejemplo a seguir en esta dirección es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que pese a unos objetivos aparentemente reformistas (reformar una ley), constituye una de las organizaciones más revolucionarias y innovadoras de los últimos tiempos. Un modelo que parte de la autoorganización y empoderamiento de los propios afectados, que soluciona un problema muy concreto, y que ha demostrado una capacidad enorme de incidencia.

Aunque suene un tanto apocalíptico, empieza a ser urgente preparar una buena defensa, crear alternativas materiales de supervivencia más allá del capitalismo con modelos económicos propios. Así como un buen ataque, acumular fuerzas y crear estructuras organizativas políticas potentes que no diluyan la autonomía de los movimientos.

 
Los fundamentos ideológicos de la crítica al Estado
No cabe la menor duda de que nos encontramos ante una crisis sistémica, no una simple crisis cíclica de las que son habituales en el modo de producción capitalista. En las últimas décadas —podemos decir que desde 1973— se ha estado produciendo un enfrentamiento muy duro para modificar las grandes líneas de la política económica diseñadas después de la II Guerra Mundial. No vamos a repetirnos ahora, pero está claro que los liberales, con Hayek y Von Mises como líderes intelectuales, han lanzado un furibundo ataque a los modelos que ponían en el Estado la responsabilidad de garantizar el bienestar social y económico de los ciudadanos. Desde el primer momento han criticado no solo la versión extrema del estatalismo, la Unión Soviética, sino también la versión socialdemócrata impuesta en Europa gracias al gran pacto social posterior a la II Guerra Mundial.
Sus argumentos son dignos de ser tenidos en consideración y hay dos grandes obras que ofrecen el núcleo de su argumentación: Caminos de servidumbre (Hayek) y La acción humana (Von Mises). Su planteamiento tiene antecedentes y seguidores, por lo que podemos decir que la corriente liberal ha gozado de buena salud casi desde los comienzos de la edad contemporánea. Cuando uno contempla estados fallidos, cuando uno observa lo ocurrido en España y Grecia, con estados clientelares, o analiza las relaciones entre mafia y política, por no hablar de los epígonos del socialismo realmente existente, no deja de ver el punto de razón que existe en esas críticas.
No fueron los liberales los únicos que arremetieron contra le peligroso papel del estatalismo. El pensamiento social de la Iglesia Católica, al que podemos sumar el de otras corrientes cristianas, ha sido siempre muy crítico con la estatalización o el control por el Estado de las resortes de la economía y la justicia social. La teoría se ha centrado en el concepto de subsidiaridad, único papel legítimo del Estado, cuya función es estar al  servicio de las personas (no de los individuos) y de las unidades básicas de convivencia social, en especial la familia. Todo ello acompañado de una fuerte moralización de la economía, disciplina teórica y práctica que debe estar regulada por normas morales. Es sugerente la actual variante de la economía del bien común desarrollada por pensadores evangélicos en Austria y con eco en numerosos ambientes. Es la llamada economía del bien común.
Podemos añadir a los anteriores críticos del estatalismo la larga tradición del pensamiento libertario que ha sido igualmente duro con el intento del Estado de controlar la vida de los individuos. Comparte gran parte de las críticas de los liberales decimonónicos y menos las críticas de los neoliberales actuales, tanto ha cambiado el mundo. Sin embargo, su distancia respecto a los mismos es enorme puesto que esta tradición defiende claramente el apoyo mutuo y las colectivizaciones autogestionadas, todas ellas orientadas por un profundo sentido del bien común, proponiendo fórmulas organizativas comunistas o colectivistas. En ese sentido están más cerca de la tradición cristiana y católica.
La historia de la crítica al Estado es larga y condiciona sin duda lo que ahora ocurre. El ataque neoliberal arrecia y lo hace con inusitada virulencia que va creciendo conforme, según creen sus líderes, se acercan a la victoria final, posición premonitoria de lo que va a ser la suerte de los vencidos. Cuando uno vive en Madrid, asiste en primera línea a lo que puede ser defender el neoliberalismo sin fisuras: un deterioro progresivo de los servicios públicos y un crecimiento igualmente progresivo de la presencia de la iniciativa privada en la prestación de dichos servicios que sólo aceptando la versión de Esperanza Aguirre pueden ser considerados servicios públicos. Y para rematar, la presentación de Eurovegas como el gran proyecto de creación de puestos de trabajo para la futura sociedad del conocimiento.
No se puede objetar mucho a la defensa de la libertad que abanderan los neoliberales. Fue uno de los grandes logros del mundo contemporáneo; ahora bien, conviene recordar que «no es liberal todo lo que parece». La «liberal» manera de privilegiar a un empresario que encontramos en las recientes componendas con el inversor americano que trata de situar Móstoles en el Estado de Nevada, o la torticera manera de entregar el capital «público» de la sanidad en manos de determinadas compañías privadas privilegiadas, nos acerca a modelos más propios de las compañías privilegiadas de comercio de la Edad Moderna que a los modelos de libre concurrencia, igualdad y mérito del teórico liberalismo. La defensa de la libertad termina encubriendo pobremente el ánimo depredador de las élites en el poder.
Por otra parte, esa defensa ha solido ir acompañada de la exaltación del espíritu emprendedor y la meritocracia, ocultando que el mérito tiene mucho más de hereditario que de meritorio, y esa defensa de la excelencia individual como criterio de selección social nos acerca de nuevo a paradigmas de reproducción de las escalas sociales y económicas, cercanos a las estructuras políticas, económicas y sociales del mundo señorial.  Con un especial agravante: en la sociedad estamental uno ocupaba una posición social desde su nacimiento y eso estaba justificado por ser el orden natural de las cosas; en la actual sociedad, uno ocupa casi con seguridad la posición social que le corresponde por lo que lo tocó con el nacimiento, y la legitimidad la concede el afirmar que su ascenso social es consecuencia de sus méritos personales. Por otra parte, impuesto ese orden neoliberal, la capacidad de negociación en la permanente lucha por el reconocimiento,  tal y como vemos en el día a día sindical por poner un ejemplo, no ofrecen más alternativa que el desarrollo de un modelo cercano a la revuelta campesina: el señor no pacta, concede y en caso extremos los siervos se rebelan, conscientes de que el fracaso de la rebelión les asegura su marginación de por vida, si no la muerte. Duras huelgas, con variadas fórmulas de enfrentamiento y reivindicación son absolutamente ignoradas por una élites políticas y económicas con capacidad sobrada para imponer coactivamente sus políticas.
Del mismo modo, se ha exaltado la libertad individual y la capacidad de elección como último criterio de evaluación de las decisiones privadas y públicas, acompañada por una defensa a ultranza de la vida privada, del hogar como espacio inviolable en el que los individuos pueden disfrutar de sosiego, lejos del omnímodo y arbitrario poder del Rey en su origen y del Estado en la actualidad. Lo malo es que esa defensa valiosa de la privacidad va acompañada de la privatización, de la fragmentación individualista del espacio social . Los usos privativos de los individuos o las corporaciones se imponen sobre los antiguos espacios públicos. La calle comercial, de naturaleza pública es sustituida por la virtualidad de las calles de los centros comerciales.  Los espacios públicos de ocio son sustituidos por los parques temáticos . La desamortización, puso cercas y puertas en los campos, acabó con las tierras comunales y planteó de un modo parecido al que hoy en día se defiende, el axioma de que sólo la propiedad privada aseguraba el óptimo aprovechamiento económico del suelo.  La idea de la mayor eficiencia económica de la gestión privada sobre la pública obvia las mínimas consideraciones críticas y como recientemente han demostrado las autoridades sanitarias madrileñas, parecen remisa a aceptar cualquier cuantificación que ponga en duda esta  consideración. La  privatización y la lógica del beneficio privado como mejor garantía de los intereses públicos avanza imparable en las sociedades occidentales,  desde la gestión del suelo a la administración de los servicios públicos, que son sometidos en aras de una teórica efectividad al sobrecoste de un beneficio privado.  Desde los ejércitos nacionales, surgidos precisamente en la primeras revoluciones de finales del XVIII como garantía de las libertades recién conquistadas, que hoy vuelven a modelos mercenarios más propios del siglo XVII, a la privatización progresiva, directa o por medio de concesiones parciales de cárceles, hospitales y escuelas.; una pulsión privatizadora que alcanza  incluso a la justicia y la policía, ya parcialmente privatizada en poderosas empresas de seguridad.
La lucha contra el Estado del bienestar
Neoliberales, cristianos, anarquistas…, son tradiciones ideológicas muy distintas que se han opuesto al crecimiento de un Estado controlador y quizá solo secundariamente benefactor. Eso sí, en estos momentos la batuta del ataque la lleva quienes apenas ocultan que el objetivo central es recuperar lo que Marx llamaba la tasa de extracción de plusvalía y también reforzar lo que los anarquistas denunciaron como estructura jerárquica y piramidal del poder. Es decir, recuperar la posición de privilegio ostentada por las élites dominantes durante toda la vida, pero debilitada debido a la dura lucha por el reconocimiento desplegada por los olvidados o condenados de la Tierra desde los años sesenta. Ya en aquellos décadas —quizá demasiado mitificadas por la izquierda “divina”— los centros de estudios asociados al poder plantearon que se estaba produciendo una crisis social causada por el exceso de democracia, lo que ponía en primer plano el problema de la gobernanza y la necesidad de reconducir la situación acallando las demandas de las clases desfavorecidas.
No es fácil hacer una crítica acertada del Estado desde posiciones de izquierda. Está profundamente arraigada en el imaginario colectivo la idea del Estado como árbitro, técnico y objetivo, que ciegamente se organiza a partir de sus burocracias elevadas sobre el mérito y la capacidad, por encima de los intereses de los grupos de poder o los partidos.  No en vano, el Estado es el sujeto fundamental de esta percepción de la «cosa pública» y sigue siendo en el imaginario de mucha gente el único garante de la objetividad. Lamentablemente el sueño weberiano del estado burocrático ha devenido en pesadilla; desde sus orígenes, el estado ha servido para certificar con el marchamo del derecho, situaciones de privilegio, repartos de prebendas y canonjías, investido, para más delito, de la idea de mérito, libre concurrencia y otros aparatajes ideológicos. No sólo las cajas de ahorros, también los contratos millonarios de obras públicas, las sospechosas, cuanto menos, relaciones entre la política y el mundo empresarial, desdicen mucho de lo que damos a menudo por supuesto.
Por eso mismo, la lucha en defensa de lo público esta distorsionada en varios sentidos, lo que hace difícil tomar posición en algunos momentos. La primera distorsión procede de la defensa de un modelo de gestión estatal de la propiedad que ha mostrado en la práctica el acierto de las críticas liberales. El caso de las cajas de ahorro es paradigmático, como también lo es el de las recalificaciones de terrenos. Por no hablar de casos abundantes de prevaricación, malversación y cohecho, que se cometen con elevado nivel de impunidad de los políticos y empresarios implicados a partes iguales en los mismos. El estado ha terminado siendo contagiado por prácticas  clientelares opuestas en sí mismas a la propia lógica de su letimidad (el mérito, la iguadad, la libre concurrencia….) lo que exige una dura operación de cirugía que permita sanear y cauterizar la gangrena. Cierto es que hay estados socialdemócratas que parecen gozar de salud envidiable y que puede seguir siendo referentes, como ya lo fueron en los años sesenta, de la mejor manera de articular el estado del bienestar o estado social de derecho sin poner en cuestión el modo de producción capitalista.
Algo de eso está presente en la aceptación que está teniendo entre el público en general la furibunda y torticera campaña contra los funcionarios orquestada por los medios conservadores, un ataque que  constituye una segunda distorsión. El estatuto del funcionario, cuyo origen se sitúa más bien en la defensa de la independencia y etabilidad de los trabajadores públicos respecto a los poderes políticos cambiantes en democracias representativas, ha derivado en parte hacia un estatuto corporativo en el que la defensa de específicas condiciones laborales se aproxima peligrosamente a la defensa de situaciones de privilegio. Con cierta desmesura en algunas ocasiones, los funcionarios tienden a identificar la defensa de sus condiciones de trabajo con la defensa de lo público, ocultando lo que hay de puramente corporativo en sus luchas y lo que hay de mantenimiento de situaciones de auténtico poder frente a los usuarios de esos servicios públicos que dicen defender. La pura crítica del funcionariado, orquestada por quienes tienen la obligación política de exigir su adecuado cumplimiento del trabajo asignado y de garantizar que están al servicio de los intereses de la ciudadanía no basta. Mucho menos cuando comprobamos que quienes jalean esas críticas luego incrementan el número de asesores nombrados a dedo y ascienden en el escalafón funcionarial a sus propios clientes o afines políticos.
La tercera distorsión procede del dominio cultural impuesto por el actual modelo de capitalismo financiero y consumista. La ideología del «lo veo, lo quiero, lo tengo» ha calado hasta los huesos y la gente busca por encima de todo recuperar la capacidad de consumo a la que se aproximó, sin llegar a disfrutarla del todo pues en gran parte no pasó de un espejismo basado en créditos que no se podían devolver, menos una vez despedidos de sus precarios puestos de trabajo. El individualismo abstracto, tan querido por los liberales, se queda en la exaltación del individuo como consumidor compulsivo que puede acudir a cualquiera de los múltiples centros comerciales a elegir entre decenas de productos idénticos, muchos de ellos con obsolescencia programada y con dudosa capacidad real de satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos.
Aceptado inconscientemente —gracias a potentes campañas de configuración de la opinión pública— ese modelo de logro de la felicidad sustentado en el fetichismo de la mercancía, que termina identificando valor con precio, los individuos se convierten en rehenes de quienes les conceden el crédito para pagar los gastos, abocados a un consumismo parcialmente compulsivo. Sin darse cuenta, aceptan una democratización del consumo que, sin negar los posibles componentes revolucionarios implícitos en ese «festín pantagruélico», en realidad consagra la degradación de los procesos de trabajo, que están condicionados a la elevada productividad de los trabajadores que proveen de mercancía a los comercios «chinos » y a los gestionados por las grandes multinacionales, entre otras y sobre todo las del textil y las de la alimentación. Como no podía ser menos, acabamos aceptando que un servicio público es aquel que le sale gratis al ciudadano (feliz definición de Esperanza Aguirre), y para eso se pone la gestión de lo público en manos de la empresa privada, sin darse cuenta de que esta muestra especial eficiencia y eficacia en generar ganancia para sus propietarios y gestores, normalmente a costa de trabajo degradado.
Una cuarta y última distorsión procede de la progresiva erosión de la política del bien común arrasada por la cultura del individualismo radical, de la sociedad articulada como suma de lobos esteparios que regulan las relaciones sociales mediante las leyes del mercado: todo tiene un precio y la acumulación de dinero es lo único que garantiza el estatus social y, por tanto, el ejercicio de las capacidades y la satisfacción de las necesidades. Muchos movimientos críticos han aceptado en sus planteamientos esa ideología mercantil, lo que termina teniendo sus consecuencias: la trivialización del matrimonio, con exigencias de permanencia menores que las de muchas compañías de telefonía móvil, y el servicio militar opcional (a sueldo), que se sitúa en las antípodas del ejército popular o de la defensa civil, serían dos ejemplos perfectos de los daños colaterales que lleva aceptar un modelo utilitarista mercantil de la vida social. Ha adquirido un protagonismo cultural desmesurado el ya antiguo dicho de que «tanto tienes, tanto vales».
La defensa de lo público.
Lo anterior ya indica claramente cuál es el discurso y la práctica que necesitamos articular para defender lo público sin mantener un modelo de Estado del bienestar que  provoca muchos más perjuicios de lo que algunos son capaces de reconocer. Pero al mismo tiempo tenemos que evitar un peligro que puede derivarse de nuestro planteamiento «crítico» sobre lo público: nuestras críticas fácilmente puede acabar siendo utilizadas como munición para este nuevo «estado señorial» que falsamente se viste de liberalismo. Conviene, por tanto, recuperar lo que tiene de «señorial» el modelo liberal y desmontar su «instalache» o «chiringuito», eso que apenas cubre las apariencias y solo busca el máximo beneficio en el menor tiempo. Es el liberalismo radical primigenio que tan cerca está de los postulados anarquistas, vinculando sin solución de continuidad la libertad a la igualdad y la fraternidad. La trampa del liberalismo contemporáneo es precisamente que obvia estos privilegios y se contenta con establecer el principio de un liberalismo económico lastrado por toda una serie de condiciones desiguales de la que la propia ganancia económica es el único beneficiario. Son moneda corriente la deslocalización, el abuso de las condiciones de explotación de los recursos naturales, mineros o energéticos, la imposición de condiciones comerciales desfavorables, las trampas fiscales que permiten evadir impuestos bajo el amparo de empresas pantalla, tratos de favor impositivos o localizaciones beneficiosas: ahí están los casos paradigmáticos de Apple, Facebook, Amazon y otras empresas tecnológicas o la presencia de paraísos fiscales en el corazón de Europa.
El hilo de la cuestión debe ser defender lo público criticando con firmeza a los neoliberales y los estatalistas, ambos con agendas ocultas que marcan el sentido y la limitación de sus luchas. Y para ello, el núcleo de la cuestión debe ser vincularlo plenamente a la reclamación democrática: buscar mucho más poder para el pueblo, para el común de los ciudadanos que necesitan aprender ejerciendo, el duro ejercicio de tomar las riendas de sus propias vidas, y potenciar al mismo tiempo todo aquello que genera comunidad de intereses y de objetivos, sin agostar la capacidad e expresión y creación individuales. No queremos una sociedad de individualistas depredadores apalancados en un pobre «vive y deja vivir» ni tampoco una sociedad de obedientes ciudadanos agradecidos a burocracias ineptas que les procuran magros beneficios sociales.  Queremos un fecundo, pero difícil, equilibro entre la triple exigencia de libertad personal, igualdad social y apoyo mutuo solidario.
Algo fundamental en esta tarea es profundizar en un sistema de equilibrios que asegure la defensa del individuo frente a los grupos de poder, tanto económicos como políticos y culturales.  A los agudos análisis de la capacidad destructiva del poder en el anarquismo clásico, podemos añadir las críticas de Foucault a lo que él llamaba microfísica del poder y biopolítica. Los principios que deben regir esa fragmentación y control del poder están formulados, pero el peso de los poderes sobre las vidas de las personas continúa sin estar corregido. Es más, el Estado benefactor, bajo la promesa de grandes beneficios de bienestar, alimenta la burocratización controladora: nunca antes ha estado la vida de las personas, incluida la vida privada, tan sujeta a mecanismos de control tan sofisticados y potentes como los actuales. Y en general con el libre consentimiento de los propios ciudadanos. Si bien las redes sociales parecen haber abierto algunas puertas a la fragmentación horizontal de determinados mecanismo de control, el riesgo de que acaben sometidas al ojo controlador del Gran Hermano es grande, y la experiencia de lo ocurrido con los medios de comunicación social debiera ponernos sobre aviso de esos riesgos. Entre tanto conviene no perder de vista los mecanismos ya clásicos de control del poder público, algunos muy sugerentes pero poco aplicado como es el caso de la rotación, la rendición de cuentas, la separación de poderes o la transparencia.
Del mismo modo, para defender unos servicios auténticamente públicos, es necesario afrontar el problema de la representatividad. Hoy hay una conciencia muy arraigada, aunque poco articulada, de que nuestros representantes no nos representan, pues han pasado a formar parte de las élites en el poder cuyo único objetivo real es mantener sus posiciones de auténtico privilegio. Las formas e instituciones políticas son a menudo tildadas de poco representativas, precisamente por su opacidad a las influencias que los poderes ejercen sobre ellas y a la poca vinculación entre las decisiones políticas y la voluntad de una ciudadanía muy poco y muy mal representada. El asunto no es en absoluto nuevo, pues también en las formas de organización política medievales e incluso de la sociedad estamental la representatividad era  un asunto primordial, al que se respondía con otros modelos organizativos. Quizá nuestra democracia parlamentaria, con discutible sistema de recuento del voto, agobiantes lisas cerradas y dinámicas de la tarea política ejercida en las Cortes poco sometida a escrutinio público, tenga un problema serio de representatividad que está necesitado de propuestas alternativas, empezando por puras protestas iniciales como las de rodear las sedes parlamentarias. A menudo consideramos que la sociedad no estaba representada en los órganos políticos del antiguo régimen(incluido el franquismo, por ejemplo) y, sin embargo, no reparamos en que lo que ocurría es que la «representatividad» estaba organizada de otro modo.
Lo anterior nos lleva a un último aspecto fundamental para construir unos servicios públicos. Hace falta romper con el enfoque calcado del mundo empresarial que distingue entre los prestatarios de un servicio (los funcionarios y los gestores, públicos o privados de los mismos) y los usuarios o clientes de los mismos. Sin negar la importancia de una adecuada valoración de los costes económicos de los servicios públicos para saber cuáles se pueden llevar a cabo y cuáles no, hay que aplicar más bien el criterio de que esos servicios tienen un valor, no sólo un precio, y que los usuarios no son clientes sino ciudadanos que tienen unos derechos que deben ser atendidos y que deben estar dispuestos a exigir y defender.
Para ese protagonismo activo de los ciudadanos son muy pertinentes las fórmulas autogestionarias de organización porque en ellas se reconoce a todas las partes implicadas el papel de sujetos activos para la definición de los objetivos que deben ser alcanzados y de los medios más adecuados para conseguirlos, así como para la gestión cotidiana de las orientaciones políticas (esto es, relativas a la polis o a la ciudadanía). Eso no consiste en una pura fórmula organizativa, pues al final todo, incluso proyectos políticos muy poco recomendables, puede ser autogestionado. O se puede aceptar la participación efectiva de las personas interesadas sin que eso se traduzca en la práctica en una auténtica participación en la gestión. Basta con ver, por ejemplo, el cansino y al final irrelevante modelo de participación de las familias y los estudiantes en los consejos escolares, fórmula participativa en acelerado proceso de descomposición. Parece evidente que lograr una ley universal pueda considerarse un avance en la búsqueda de equilibrios. Sin embargo mientras la ley no sea universal completamente y deje espacios de interpretación a los estados o los subestados (estados federados, municipios, comunidades), seguiremos avanzando en sentido contrario.
Son, sin duda, ideas reguladoras que pueden ayudar a orientar cuál debe ser nuestra defensa de lo público, pero dejan abiertas las formulaciones concretas sobre cómo se deben articular en la práctica. No tan generales como para no darse cuenta de que defendemos algunas medidas que podrían ser exigidas a corto y medio plazo, pero tampoco tan concretas como para convertirlas en organigramas o algoritmos formales y vacíos realmente de contenido. Retomando una mil veces citadas frase de Durruti, la defensa de unos servicios públicos, vinculada a la defensa de una sociedad genuinamente democrática, implica un profundo y renovado modo de vida, pues es en definitiva una manera distinta de ser, no sólo una manera de organizarse. Implica, por tanto, llevar un mundo nuevo en nuestros corazones, algo que la máquina burocrática del estado del bienestar ha deteriorado profundamente y algo que la mucho más poderosa máquina del bloque hegemónico neoliberal dominante no está en absoluto dispuesto a fomentar o recuperar.

En un momento en que todo se derrumba el “Yo, Sí” surge como resultado del encuentro de necesidades de profesionales y pacientes, de personas como usted, como yo, como nosotras. Gente de a pie, con papeles y sin ellos, de aquí y de allá, de todos lados, que entiende que en esta cruzada nos jugamos mucho más que la mera denuncia, nos jugamos la posibilidad de que nos roben el derecho elemental, primario, de acceso a una sanidad universal y, por ende, se vea vulnerado gravemente nuestro derecho a la vida.

 El Real Decreto Ley 16/2012 apareció, como siempre, detrás de una gran mentira. Desde el Gobierno cada mensaje que acompañaba el anuncio de cambio enfatizaba que sólo se trataba de dejar sin derecho a la asistencia a aquellas personas que no tenían papeles. La palabra “ilegal” otra vez sonó en la boca de la clase política. Esos que nada tenían, que nada aportaban y a los cuales, según esa premisa, se les estaba regalando la sanidad. “Hay que diferenciar, no puede ser equiparable una persona que está en España en situación legal que ilegal, que tienen la asistencia sanitaria cubierta, en todo caso, con la básica”, declaraba a los medios la ministra de Sanidad, Ana Mato, el pasado mes de Mayo.

 Una buena estrategia mediática en la que se volcó toda la cúpula del Partido Popular y que rápidamente encontró eco en una sociedad que desde hace años ha visto en las personas migrantes una excusa casi perfecta a sus carencias. Ya eran las culpables del supuesto aumento de la violencia, de la falta de plazas en las escuelas, de la pérdida de derechos laborales y de la listas de espera en la sanidad. Se lo tenían merecido. «Los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus países”, sentenció el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso y diputado del PP por Almería, Rafael Hernando, con una apreciación que no distaba demasiado de las muchas que en años anteriores habían vertido los máximos representantes del partido socialista, pese a que ahora se escandalizaban.

 Sin embargo con la misma rapidez con que el velo de la mentira se fue diluyendo, se empezaron a escuchar voces de rechazo y de denuncia contra lo que el Real Decreto representa en realidad: un cambio radical de modelo, el paso de un sistema universal de salud a uno de aseguramiento, donde cada persona, según sus posibilidades económicas puede disponer de mayor, menor o nula atención. En definitiva, el derecho a la sanidad convertido en un negocio.

 En este marco nació “Yo Si, Sanidad Universal”. De la voluntad de gente de toda índole que se juntó para intercambiar ideas, visiones, análisis, con la única preocupación de sentir que quitar el derecho a la salud a un sector importante de la población, nos afectaba a todas las personas que formamos parte de ella. Porque afortunadamente interactuamos, compartimos espacios en una sociedad que aunque aún presa del impulso individualista del consumo, cada vez necesitará más de relacionarse, de formar grupos de solidaridad. Gente que creemos en la Sanidad como un derecho universal. Personal sanitario, administrativo, y de las más diversas profesiones, mirándonos a la cara sin ser conscientes en ese momento de que este movimiento que hoy conocemos como Yo Si, estaba naciendo.

 Desde ese inicio se tuvo la lucidez de sentir que el camino iba a ser largo y por ende había que tener paciencia. También difícil –nunca son fáciles las iniciativas ciudadanas cuando se trata de enfrentarse al atropello institucional- pero asimismo apasionante. Se fue dando una complementariedad casi natural de posturas, de palabras y acciones. La visión de especialistas y profesionales de atención primaria se correspondía con la de aquellas personas que eran meras pacientes del sistema sanitario o cumplían en él funciones administrativas o técnicas. Vital aportación representó y representa la del grupo legal, en tanto ha permitido quitar velos, desentrañar las figuras que los discursos oficiales escondían, y asesorar sobre los riesgos que cada acción podía conllevar para esa masa desobediente.

Una complementariedad que permitió analizar el Real Decreto desde un lado y otro del mostrador, y generar alternativas de desobediencia, de objeción, de denuncia y acción. Que permitió descubrir, como dijo una de las médicas asistentas, que a cada momento se hacía más necesario que esto no fuera un movimiento del personal sanitario, sino social, que nos involucrara a todas las personas, porque estaba en juego nuestra salud como sociedad. Hacer desde la base, levantar la estrategia desde los cimientos, reforzar cada paso desde ese reconocernos en las confianzas, desde ese andar juntas el camino desobediente como una herramienta colectiva que busca desde la lucha ciudadana la desaparición del Real Decreto 16/2012 por inconstitucional, ilegítimo e inmoral.

«Cuando la historia de un pueblo fluye dentro de su normalidad cotidiana, parece lícito que cada cual viva atento sólo a su oficio y entregado a su vocación. Pero cuando llegan tiempos de crisis profunda, en que, rota o caduca toda normalidad, van a decidirse los nuevos destinos nacionales, es obligatorio para todos salir de su profesión y ponerse sin reservas al servicio de la necesidad pública…”, expresó el doctor Gregorio Marañón el 10 de febrero de 1931, en una carta que firmó en el diario El Sol, junto al periodista Ramón Pérez de Ayala y el escritor José Ortega y Gasset. Un siglo después, sus palabras cobran más sentido que nunca.

 BRUTAL DESARTICULACIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR

Y precisamente, no puede analizarse este cambio del modelo sanitario fuera del contexto de brutal desarticulación de nuestro Estado de bienestar. La división social que genera, el quebrantamiento de un sistema de atención primaria y preventivo se produce en un momento crucial para nuestra sociedad: no puede privarse a la población del derecho a la salud en una situación de extrema vulneración como la que vivimos.

 Las casi seis millones de personas en el paro y más del 50 por ciento de la juventud desocupada, el abandono de las personas mayores por la pérdida de las coberturas sociales y la desaparición de fondos de la Ley de Dependencia, la baja en las pensiones, los centenares de desahucios diarios y la cada vez mayor indefensión ante la irrupción de políticas neoliberales salvajes, son realidades que sólo pueden traer aparejadas mayor cantidad de enfermedades.

 “Tratamos de dar respuesta a las nuevas problemáticas con que llega la gente, desde el que viene caminando desde lejos porque no tiene para el boleto (billete), la gente que llega sin comer. Familias que los chicos comen en la escuela, la falta de comida produce abandono, depresión, la violencia que se produce en el medio familiar. El hombre que no tiene trabajo, la mujer que no tiene trabajo, es todo un círculo que genera una serie de situaciones que cada vez lleguen en peor estado… el maltrato en los chicos, el maltrato en la mujer, gente que se ha quedado sin trabajo, sin familia, sin casa, gente que a lo mejor tomó el camino del alcoholismo”, relata la trabajadora social de un hospital de la Argentina post corralito del 2001, Silvia León, en la película La Dignidad de los nadies, de Fernando Solanas. ¿Un anticipo de lo que se nos viene?

 Tal vez ni siquiera sea un anticipo, basta recorrer los barrios del sur de la capital para comprender que las situaciones de auténtico abandono ya se están produciendo. O mirar la fría estadística que nos dice que más de 11 millones de personas en el Estado español, corren riesgo de pobreza o exclusión social. Como expresara el personal sanitario de un hospital del citado país suramericano, “otros toman las decisiones, nosotros los vemos morir”.

 Como siempre, las leyes no son fáciles de entender para el común. La intención casi inalienable de hacerlas incomprensibles se convierte en una dificultad añadida a la hora de emprender estas luchas, pero desde la sinceridad de mostrar que estaban y están acabando con el sistema  público de sanidad universal, la población ha ido involucrándose hasta llegar a manifestaciones y  formas de lucha que se han ido intensificando en todo el Estado español.

 Reacciones que obligaron al propio Gobierno a cambiar una y otra vez el Real Decreto, a readaptarlo ante el cuestionamiento social, a mentir y desmentir, a marchas y contramarchas, recluido en su debilidad política, cada vez más solo ante las barricadas sociales que se fueron gestando. Una extensa lista de objeciones promovida desde diferentes organizaciones, la desobediencia manifestada por otras tantas personas del sistema y la salida a la luz de cada vez más casos de abandono de personas que no tendrían cobertura fue solidificando las dudas contra las reales intenciones nunca expresadas.

 SI NO ES UNIVERSAL NO ES UN DERECHO

Resultó clarificador para entender que este “apartheid sanitario” iba contra toda una sociedad cuando se conoció que las personas mayores de 26 años que no hubieran cotizado nunca, tampoco tendrían derecho al sistema de salud, independientemente de donde hubieran nacido. Y entonces rápidamente se orquestó un nuevo cambio desde el Gobierno, cuya debilidad parece no tener límites, y que fortalece aún más las luchas ciudadanas.

 La distinción entre personas aseguradas y no aseguradas, y la división de la atención en tres tipos de carteras vino a romper con los criterios públicos y universales de atención que –aún con importantes deficiencias- seguían primando en nuestra sociedad. El Real Decreto establece bases legales amplias, susceptibles de movilidad que, como en toda legislación, abre un abanico de arbitrariedad y subjetividad importante para el hacer de los organismos que tienen competencia en su aplicación.

 En ese marco genérico, se pierden dos eslabones fundamentales en la cadena de cuidados que implica un sistema de salud: la prevención y la atención primaria. La suspensión de planes de vacunación, las restricciones en la provisión de medicamentos, y el repago de diferentes servicios sanitarios, presentan el peor escenario para poder mantener niveles de cuidados mínimamente dignos.

 Dijo el Gobierno desde un primer momento que nadie se quedaría sin atención, aunque más no fuere de urgencias. Sin embargo no es necesario ser especialistas para comprender que la salud bien entendida, no se trata sólo de una revisión, sino de un seguimiento, de unas confianzas en la relación paciente-profesional, de una cobertura íntegra del acto sanitario.

 La mirada economicista es la que prima en toda esta nueva conceptualización. No es casualidad, ya que desde hace años venimos viendo un avance del negocio privado sobre los sectores públicos. En la Comunidad de Madrid, por caso, la última decena de hospitales construidos se hicieron bajo una figura de gestión mixta que no es más que una privatización encubierta. Nosotras, quienes somos pacientes, pagamos con nuestros impuestos; y las empresas, independientemente de nuestros cuidados, se quedan con los beneficios.

 Mucho ha tenido que ver en esto la instalación social de otra gran mentira, el habilidoso discurso oficial tendiente a vincular el apartheid con aquellas personas que no aportan a la Seguridad Social. Si tú cotizas tú aportas, y si tú aportas tú estás asegurada. Un nuevo engaño, porque desde el año 1999 ni un euro de las cotizaciones sociales es destinado al sistema sanitario, sino que se cubre en base a los presupuestos generales del Estado, es decir, que lo pagamos todas las personas a través de nuestros impuestos directos e indirectos recargados sobre el consumo diario que hacemos.

 TEJIENDO REDES CONTRA EL DISCURSO DEL MIEDO

Pero el discurso del miedo a estas alturas ha hecho su trabajo, no sólo y fundamentalmente entre una población migrante que al carecer de la correspondiente tarjeta sanitaria ha desistido siquiera de ir a pelear porque se le reconozca su derecho a la asistencia, demasiado acostumbrada a los portazos en la cara y la humillación gratuita. Sino también entre el resto de una población que ha claudicado rápidamente ante el primer “no” obtenido en un centro de salud, un hospital o el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), nuevo organismo competente para el reconocimiento de la condición de aseguramiento.

 Adeás han influido en aquel personal administrativo que tiene la responsabilidad de cara a la persona que llega a un centro de salud u hospital. Personal que dice “a usted no le corresponde”, “vaya aquí o allá”, “lo siento pero no.” Difícil tarea que, sin embargo, en el contexto de miedo a la pérdida del trabajo, ha encontrado no pocas adhesiones casi robóticas que se limitan a la fría letra del Real Decreto. Obediencia debida, que se llama, recibir órdenes y cumplirlas sin pensar en la injusticia que su aplicación encierra.

 Es en ese contexto de desaliento social, donde aparece con fuerza una de las estrategias más ricas del Yo Sí: la formación de los grupos de acompañamiento. Hubo que pensar en cómo hacerlos, en cómo generar las herramientas discursivas necesarias para enfrentarse a esas caras puestas por el sistema para enrostrarnos un “no” como única respuesta.

 Allí se hizo fundamental la implicación de una y cada una de las partes que hacemos al sistema sanitario porque solo entendiéndolo como un todo podíamos defenderle con el optimismo y la fuerza necesaria para seguir avanzando contra el Real Decreto. Y se pusieron en juego los conocimientos médicos y el temor de las partes excluidas, y las dudas de quienes se resisten a decir que no aunque se lo manden, y la convicción general de que esta pelea no sólo se puede ganar sino que se debe ganar.

 Se montaron teatrillos que permitieran visualizar situaciones diversas, se preparó como punta de lanza un discurso que echa por tierra la supuesta legalidad del atropello, se empezó a trabajar en la visualización, en el acercamiento, en el abrazo y la fuerza compartida. Vino el nombre, el logo, la web. Yo Si cobró vida, y su latir cada día fue contagiando los corazones de cientos de personas que encontraron un hombro donde apoyarse, pero por sobre todo, donde tejer la esperanza de que se podía luchar contra la inmoralidad manifiesta del Real Decreto.

 En apenas cinco meses, las charlas explicando la campaña se han disparado, en asociaciones barriales, en colegios, universidades, organizaciones sociales y todo tipo de espacios. Hay necesidad de hacer, de resistir, de creer que seremos capaces de derrocar el modelo que nos están imponiendo.

 Hebras, hilos que se fortalecen en cada cruzamiento, redes que se tejen. Hoy ya son 18 los grupos de acompañamiento, 14 en Madrid, y cuatro entre los de Murcia, Zaragoza, Valencia y Fuerteventura, y muchos más que están gestándose en otros puntos del Estado.  Una red que se extiende, que crece, la peor noticia para un Gobierno que intenta crear luchas aisladas y le teme a la fuerza de la sociedad.

 Lo nuestro sólo se explica, se entiende y se comparte desde el principio de funcionamiento de una red, tan simple y complejo como eso. Seguimos tejiendo, es hora de sumarte, nuestra salud está en juego, no dejemos que nos la roben.

Porque la salud es un derecho.  Yo Sí, Sanidad Universal.

Una de las máximas de la IWW (Industrial Workers of the World), el gran sindicato de inspiración anarquista (aunque no únicamente) que creció a principios del siglo XX en los Estados Unidos, era que sus luchas se construían en la cáscara del sistema. Con esta expresión se entendía que los wobblies, los así denominados militantes de la IWW, actuaban en las fronteras del sistema. Pero, sobre todo, a lo que hacía referencia esta expresión era a que su sindicato se organizaba con aquellos sectores laborales más marginales. «La IWW sería la desesperada respuesta del quinto deprimido: los obreros inmigrantes y desarraigados, los inexpertos, los desorganizados y los rechazados, los grupos más pobres y más débiles de los obreros».[1]

  También la CNT española siguió un modelo similar. Organizada en torno a los sectores obreros más deprimidos y los desclasados gozó de gran versatilidad y capacidad de movilización. Huelgas de inquilinos, organizaciones de parados y los grupos sociales más marginales dotaron a la CNT de una composición social diversa[2] que iba más allá del asociacionismo obrero de sectores como los de las artes gráficas o las industrias básicas.

 Con esto queremos destacar que aquellas estructuras sindicales fueron muy permeables a diversos problemas sociales que no pasaban estrictamente por el hecho laboral. Se abrieron a  nuevas perspectivas que les permitieron ir más allá de su propia organización. Y todo ello fue posible porque crecieron -el caso de la CNT es claro en ese sentido-, dentro de un medio ambiente libertario que investigaba y actuaba sobre el conjunto de los problemas sociales. Cuestiones como el urbanismo autogestionario (Martínez Rizo), de sexualidad y eugenesia (Luis Bulfi, Mujeres Libres), el problema de la educación (Ferrer y Guardia, Antonia Maymón) o la medicina naturista (Martí Ibañez, Isaac Puente) fueron algunas de las líneas de trabajo que hicieron que existiese un movimiento libertario que, más allá de la propia CNT, planteó un conjunto de alternativas que excedían con mucho el orden meramente laboral y económico. Así surgió un modelo sindical que en gran medida basó su éxito en la capacidad de organizarse en multitud de espacios y de estar inmerso en un movimiento social, cultural e intelectual propio que hizo posible que la CNT llegase a protagonizar la revolución de 1936.

 Como sabemos, este proyecto -iniciado por los movimientos libertarios hispanos a mediados del siglo XIX- quedó truncado en 1939 con la llegada de la dictadura franquista y la fortísima represión que impuso. Ya conocemos las consecuencias: muertes, exilio, encarcelamientos. Trágicos sucesos que llevaron a la desarticulación de todos los movimientos, instituciones y redes sociales tejidas durante décadas en forma de escuelas racionalistas, ateneos, grupos libertarios, sindicatos o colectivos naturistas.

 Tras los pasos de un sindicalismo roto. Anarcosindicalismo en la Transición.

  Después de varias décadas de descomposición, la llegada de los años sesenta y setenta, brindaron una nueva oportunidad para todo el ámbito libertario. La reorganización de núcleos  de inspiración anarcosindicalista y el renacer de una generación que, empapada por la contracultura, recogía algunas de las mejores esencias del movimiento libertario de los años veinte y treinta, permitieron soñar con la reconstrucción de una parte importante de lo que la guerra y la represión se habían llevado.

 Así se quiso entender con el Mitin de San Sebastián de los Reyes o el de Montjuic, en 1977, donde decenas de miles de personas se agruparon en torno a la reconstrucción de la CNT, o en las Jornadas Libertarias de Barcelona, momento en el que el anarcosindicalismo y los movimientos contraculturales se encontraron (y desencontraron) en unas jornadas multitudinarias. Sin poder entrar a valorar con más profundidad aquellos años, lo más interesante de aquellos meses centrales de 1976 y 1977 fue que de nuevo se rearmó un movimiento de conjunto, tanto en lo que se refiere al movimiento contracultural-libertario como al anarcosindicalismo.

 Aquel proceso tuvo una enorme complejidad, pero finalmente no cuajó en la reconstrucción deseada de todo el movimento, en especial del anarcosindicalista. Normalmente el final de este proceso se ha explicado en torno a distintos marcos de análisis: divisiones internas, represión o montajes policiales. Todas ellos son ciertos, pero ninguno tuvo tanto peso como la propia transformación del modelo productivo español y la transición sindical. La crisis económica global de los años setenta y su gestión política impusieron cambios inasumibles para un movimiento libertario-anarcosindicalista que apenas empezaba a caminar.

 Los Pactos de Moncloa, como punta del iceberg de un nuevo sistema de relaciones económicas y laborales, desbarató los mecanismos centrales de la protesta obrera, imponiendo topes salariales y una nueva disciplina al trabajo que segmentaba y precarizaba -por ejemplo- a los sectores juveniles, abriendo el paso a la mayor diversificación de los modelos de contratación. Ante estos pactos, firmados al unísono por todos los sectores políticos, incluido el PCE, el movimiento obrero contestó con miles de huelgas que movilizaron a cerca de cuatro millones de trabajadores en 1978 (en 1976 fueron dos millones y medio), en la mayoría de ocasiones contra los topes salariales. Pero la capacidad de presión del movimiento obrero perdía enteros en unos años (1976-1980) en los que se presentaron más de 40.000 expedientes de regulacion de empleo y el paro pasó del 5% de 1977 al 20% de 1984. Datos que no hacían sino anunciar algunas líneas de descomposición que a día de hoy resultan cruciales para entender los años posteriores.

 a. La cuestión sindical. En aquel momento, los grandes sindicatos (CCOO y UGT), de la mano de los intereses de la CEOE, tomaron la determinación de situarse dentro del nuevo marco económico como actores centrales del buen gobierno capitalista. Para ello generaron todo un sistema de pactos sociales (1977-1982) que dieron poder absoluto de representación laboral y social a las grandes centrales, acaparando así la representatividad, la legitimidad y los recursos. Esto llevó a que cualquier otra opción sindical o no sindical de organización de los y las trabajadoras quedase relegada e incluso ilegalizada. Asambleas de trabajadores y gran parte de las opciones sindicales más pequeñas, quedaron arrinconadas por una legislación laboral y de representación sindical destinada a formar «mayorías representativas» y a crear grandes interlocutores políticos en el ámbito sindical.

 El estrechamiento de los canales de representación y, por lo tanto, de reivindicación, tumbaron las dos máximas del movimiento obrero anterior a 1977, el unitarismo y el asamblearismo, que sin llegar a ser perfectos, eran el modelo habitual y más efectivo de organización. Estas características, reivindicativas y organizativas, ofrecían mayores oportunidades a las organizaciones asamblearias y a los modelos anarcosindicalistas, por contar con mayor democracia interna. En ese momento, sin embargo, quedaron impotentes. En este contexto, el V Congreso de la CNT (1979) no fue sino la expresión del callejón sin salida en el que habían situado los pactos sociales a las opciones anarcosindicalistas. La misma legalidad que permitía la existencia del anarcosindicalismo estrangulaba muchos de los cauces naturales que permitían su desarrollo, dejando casi como única alternativa para no acabar en la marginalidad absoluta, la participación en los tramposos canales que habilitaba la ley para las relaciones laborales y sindicales.

 b. Los nuevos movimientos sociales. Como segunda cuestión debemos señalar que, además, el ámbito anarcosindicalista sufrió una importante fractura que no sólo venía provocada por la reordenación del ambito sindical. Los debates en torno a la estrategia sindical, su densidad y su enconamiento, hicieron que el ámbito libertario y contracultural, aquel que históricamente garantizó la flexibilidad y permeabilidad del anarcosindicalismo hispano, fuese disgregándose en las distintas líneas de especialización que hoy conocemos como nuevos movimientos sociales.

 Podría parecer que esta aparición de los movimientos feministas, ecologistas, antimilitaristas, contraculturales, de ateneos, entre otros, venían simplemente a sumarse en una lucha común, pero lo cierto es que, a pesar de que cada uno de ellos por separado tuvieron gran dinamismo y riqueza, también sucumbieron a la especialización, a la separación y en algunos casos a la institucionalización. Entre ellos también el anarcosindicalismo, que tras múltiples divisiones internas pasó a ser uno más de los muchos movimientos de corte alternativo que lucharon en la década de los ochenta.

 No debemos entender estas valoraciones como un juicio, sino como la constatación de un proceso complejo. La aparición de todos estos movimientos sociales no fue más que la respuesta a una necesidad concreta de ampliación de las luchas y de crítica a la sociedad desde muchos más planos que los que manejaban los movimientos clásicos de la izquierda, como fue el movimiento obrero. Por otro lado, no se puede enjuiciar el trabajo de los movimientos anarcosindicalistas de los setenta sin entender que fueron reconstruidos en un contexto político, social y de luchas que en apenas dos años cambió radicalmente, con un escenario laboral y legislativo nuevo. Lo que sí debe ser motivo de reflexión es que mientras estas disputas internas se sucedían y los debates de reafirmación de una identidad anarcosindicalista en uno u otro sentido copaban las reflexiones, se produjo una seria desactualización con respecto a los cambios profundos que se sucederían en el ámbito económico, social, político y, por lo tanto, laboral, dejando al anarcosindicalismo en una mala posición de partida para afrontar los años centrales de la democracia.

 Transformaciones sociales y económicas de los noventa y dosmil

 Los ochenta supusieron crisis y desencanto político; un paro nunca visto metía en el cuerpo el miedo al desempleo, mientras la entrada en democracia desmovilizaba a otros tantos. Para los jóvenes, el paro era más acuciante[3] y al desencanto se sumó también la heroína, símbolos de una derrota. El ataque a los sectores clásicos del sector naval, metalúrgico o minero  fueron un buen ejemplo de lo que sucedía en aquellos años en los que la crisis, el paro y la reconversión  ahogaban la antigua potencia del movimiento obrero.

 Llegada la década de los noventa, con la disminución del tejido industrial y el ascenso de los servicios en un contexto de creciente precariedad y fragmentación de las condiciones laborales (firmadas por los sindicatos mayoritarios), muchas de las ideas sobre el mundo del trabajo y muchas de las posibilidades materiales de solidaridad fueron desapareciendo. Algunos hijos e hijas de obreros estudiaban y muchos se iban a vivir a otros barrios; ya no trabajaban en fábricas sino en tiendas, oficinas, transportes o servicios públicos, y era difícil mantenerse en el mismo puesto varios años. Mejorar dejó de parecer un sinónimo de enfrentarse con el capital, que a su vez se diluía en capas de superiores asalariados y en sucursales y matrices a lo largo del estado y el mundo. «La tarta debe crecer para repartir»: la izquierda en el poder ya no hablaba de arrebatar el control de la riqueza, sino de un espíritu corporativo nacional y empresarial que debía permitir el acceso de los hijos de los obreros al bienestar.

 Pero nunca hubo reparto de la riqueza. El modelo de crecimiento español se asentó en la privatización de las grandes empresas estatales, que pasaron a ser multinacionales de gran poder gracias a la reconquista de América Latina; y en la negación y mercantilización del derecho constitucional a la vivienda, en una gigantesca burbuja patrimonial que colonizó con sus dinámicas financieras y especulativas a todos los poderes privados y públicos.[4] El acceso a la vivienda, objetos de consumo e incluso a la educación superior se basó en el endeudamiento bancario e hipotecario. Los poderes públicos no hacían sino destruir su capacidad de acción, ya que dejaron tomar la iniciativa a los poderes financieros y a todos los mecanismos de endeudamiento masivo que conllevan, mientras dejaban caer los ingresos por vía fiscal en decenas de miles de millones anuales.[5]

 Visto de un modo supeficial esta situación parecía aceptable. El empleo aumentaba aunque fuera de mierda; la gente accedía a bienes y servivios. Pero era terriblemente dependiente del crecimiento continuo la burbuja especulativa y, por supuesto, el mercado laboral debía seguir cumpliendo unos altos estándares de flexibilidad, inseguridad y desprotección, pues todo este proceso se basaba en una constante pérdida de poder adquisitvo real de las clases trabajadoras que animara su endeudamiento. Este proceso de precarización laboral y social se asentó sobre tres pilares fundamentales.

 El primero fue -tal y como ya hemos analizado- la conformación de un bloque sindical mayoritario encargado de avalar como consenso (pacto social) el grueso de las reformas laborales de la democracia.

 El segundo pilar fue la institucionalización en el mercado laboral español de al menos ocho millones de puestos de trabajo caracterizados por la falta de continuidad en el empleo, la multiplicación de las figuras laborales y pseudo-laborales (becas, prácticas) o la subcontratación en cadena de empresas privadas. Modelos de contratación precaria o incluso de no contratación (inmigrantes sin papeles, servicio doméstico, etc.) que encarnaron el verdadero soporte del crecimiento español en los sectores productivos centrales, como son los cuidados, la construcción o los servicios.

 El tercer pilar fueron los estatutos atípicos de los sectores incorporados. Estos sectores, fundamentalmente jóvenes, mujeres y migrantes, no sólo estaban atravesados por modelos de contratación novedosos, como señalamos más arriba, sino que estaban atravesados por estatutos laborales y sociales muy diversos. La Ley de Extranjería marcaba quién podía tener contrato legal y quién no, qué modelo de renovación y cotización se debía tener para permanecer legal. Como también el estatuto singular del trabajo doméstico imponía un modelo laboral propio (si esa relación laboral estaba regularizada).

 En definitiva, durante más de dos décadas hemos asistido a una multiplicación de los modelos de contratación que han desvirtuado la esencia de lo que debe ser un contrato. Lejos de formalizarse una relación de derechos y deberes iguales para la mayoría, se han ido construyendo relaciones de derechos y deberes específicas para cada sector de la población, siendo directamente proporcional la disminución de derechos a la indefensión del sujeto «contratado».

 A nadie se le escapa que el sindicalismo heredado de la Transición fue diseñado para un sistema de relaciones laborales muy determinado, con las reglas más claras. Un estrecho marco que fue disuelto por las sucesivas reformas laborales y sociales que impidieron que las estructuras sindicales se pudieran reciclar a la misma velocidad. En cualquier caso, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué hueco tiene en este contexto el anarcosindicalismo?¿Se puede pensar en modelos de organización sindical que resuelvan algunas de las cuestiones que se han planteado en los últimos años?¿Cómo es posible además afrontar estas tareas en la fase de crisis?

 Lo social y lo sindical. Los retos de la actualidad.

 El primer reto que se debe afrontar es el de intervenir sobre la composición social señalada, deshaciendo la división sindical-social. No se puede intervenir sobre el trabajo doméstico si no se tratan cuestiones sociales como las relaciones de género, la familia o el reparto de los cuidados; ni se puede intervenir sobre el trabajo migrante si no se contemplan los condicionantes raciales (racismo, xenofobia, etc.) o el chantaje de la Ley de Extranjería, pues son estas cuestiones culturales y legales las que imprimen sobre la relación laboral la diversidad y estratificaciones sociales existentes. Como tampoco se puede enfrentar un despido con la losa de la hipoteca y la amenaza del desahucio encima. En definitiva, no se puede luchar en la precariedad con las mismas herramientas que en plantillas estables y homogeneas, como sucede (cada vez con menos frecuencia) en algunos sectores productivos clásicos.

 Al principio de nuestro texto hemos recordado a algunas organizaciones anarcosindicalistas históricas que luchaban desde el binomino social-sindical casi indistintamente. También hemos señalado como ese binomio se trató de reconfigurar en la década de los setenta al reflotarse el movimiento libertario. Y por último hemos repasado como la propia composición del movimiento obrero en los setenta y el proceso de transición sindical construyeron un poder sindical en democracia que, por sus prebendas, su poder y sus formas legales encerraron al ámbito sindical en los sectores tradicionales del movimiento obrero. A esto se sumó una cierta escisión por especialización, por separación o por falta de entendimiento que llevó a que el clásico movimiento libertario que siempre dotó al anarcosindicalismo de un sustrato cultural e intelectual propio se diluyera y tomara formas diversas.

 A día de hoy no podemos negar que dentro de la escasa afiliación sindical que existe en el Estado español, se reconocen mayoritariamente las figuras tradicionales del trabajo. Son esos sectores (Administración Pública, Banca, Industria, Metal, Transportes, etc.) los que han marcado la pauta del quehacer sindical. Luchas, huelgas y batallas en las empresas que han  construido un modelo de intervención donde lo social, aquel contexto que hizo posible al anarcosindicalismo histórico, ha quedado separado en labores específicas de las áreas de lo social del sindicato.

 El segundo gran reto es como construir estructuras sindicales que sirvan de referencia para amplias mayorías sociales, donde los sectores precarios (migrantes, jóvenes, informales, mujeres o ilegales) encuentren un punto de referencia. Se trata de inventar modelos de intervención sindical que, apoyados en nuevas alianzas sociales, sean capaces de identificar y engancharse con sus áreas naturales de proliferación, los sectores periféricos e incluso marginados del sistema laboral. Cuando el empleo formal se convierte en tránsito, el anarcosindicalismo no puede quedarse encerrado en el lugar de trabajo. Debe hacer alianzas con otros movimientos sociales, mezclarse en las movilizaciones de migrantes, por la vivienda o por el derecho a decidir de las mujeres. Debe transitar las figuras que componen los centros de trabajo, unir sectores diversos, buscar nuevas formas de conflictividad social junto a sectores de trabajadores atípicos.

 Algunas de estas cuestiones han salido en el último año con la llegada del movimiento 15M, donde la gran baza del anarcosindicalismo se ha jugado en torno a la huelga general. Sin duda, esta opción es una herramienta básica, pero de minorias. ¿Cómo hace huelga un migrante sin papeles, un becario o un  free-lance? ¿Y un precario al que no van a renovar su contrato o una trabajadora doméstica? ¿Cómo se hace huelga frente al sector financiero, donde la Bolsa, los mercados interbancarios, nunca se detienen y sabiendo que es allí donde obtienen sus beneficios las grandes corporaciones? Las huelgas generales son básicas, porque en su imaginario conservan lo mejor de las tradiciones revolucionarias, pero su funcionamiento depende siempre de los sectores tradicionales del mundo del trabajo.

 Este doble reto al que hacemos referencia nos remite a un modelo de organización anarcosindicalista que sale al encuentro de nuevas mayorias dentro del trabajo atípico y que reconoce lo anómalo del territorio donde se mueve. Pero también nos remite a un entorno de alianzas que no es el clásico del movimiento libertario, donde lo libertario se encuentra en lugares imprevistos. Quizás como fueron aquellos movimientos por la regeneración humana, el racionalismo pedagógico o el urbanismo orgánico crecidos desde finales del siglo XIX y que tanto aportaron al anarcosindicalismo.

 Probablemente estas alianzas se encuentren en las plazas tomadas, en la primera fila de lucha ante el Congreso, en la efervescencia política del presente en sociedades diversas donde no es sencillo reconocer a los aliados. Pero esa tarea es crucial, pues el anarcosindicalismo tiene mucho que aportar. Cuando se tambalea la legitimidad parlamentaria y se derrumban las condiciones de vida es un buen momento para trascender la lucha sindical como un medio para alcanzar fines mayores: otro reparto de la riqueza. Este desafío lo debemos afrontar entre todos y todas, enganchando luchas y diversos sectores sociales para construir un nuevo horizonte de luchas contra la democracia secuestrada por los mercados. Estamos seguros de que esto es posible.