INTRODUCCION

La discusión social sobre la educación, su necesidad y financiación y su posible privatización está siendo sustituida por la discusión sobre la reducción del gasto público en educación, un criterio económico. La economía juega un papel importante en la toma de decisiones sociales racionales sobre escenarios complejos y variables temporalmente, pero no es legítimo culparla del propio planteamiento del problema, que corresponde a los que, en nombre y beneficio de la sociedad, son responsables de la toma de decisiones. La economía.

Independientemente de que la economía sea más o menos determinante de nuestras vidas, no tiene más capacidad ni más importancia que proporcionar criterios de decisión para elegir entre las distintas alternativas que son deseadas o asumibles por la sociedad; no puede sustituir la reflexión social ni ocultar ideologías. Intentamos precisar cómo, cuándo y hasta donde puede responder a preguntas tales como si la educación es un coste o una inversión, si es rentable gastar en educación, cuánto cuesta o quién debe pagarla.

 PRECISIONES ECONOMICAS

La producción total del país (en valor el PIB) es comprada por los demandantes de los distintos bienes y servicios (Gasto Total) con las rentas obtenidas por participar en su producción (Rentas pagadas a los factores productivos) Se demanda en función del precio y como este viene dado, la cantidad depende finalmente del nivel de renta.

El precio de cualquiera de los bienes y servicios se relaciona con su coste, con lo que cuestan los recursos que es necesario emplear para producirlos. Si lo hace la empresa privada, se añaden al precio la remuneración del empresario y el beneficio. Si el Sector Publico, los recursos se remuneran proporcionalmente a su participación en el producto que generan, expresión que suele traducirse al lenguaje llano como “justamente” o con justicia. La decisión económica sobre quien, sector público o empresa privada, realiza una producción, va precedida de una decisión social sobre si se considera deseable o posible o controlable, la remuneración que el empresario obtiene.[1]

La actividad económica se lleva a cabo por tres agentes, consumidores, empresas y sector público, propietarios de los recursos disponibles y por ello, destinatarios de las rentas generadas, que se ponen de acuerdo para producir. Los consumidores desean satisfacer sus necesidades y expresan sus deseos demandando cantidades variables de bienes y servicios en función de su precio y de sus posibilidades de compra, de su renta. Las empresas producen utilizando los recursos disponibles de forma eficiente. El sector público reconduce la producción cuando el mecanismo de mercado que determina esas cantidades y precios, no lo hace de forma eficiente. Esta tarea de solucionar los fallos del mercado se añade a las de mediar en los conflictos y compensar la trayectoria cíclica de la economía que impone el mercado.   

LOS ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA PRODUCCIÓN DE EDUCACIÓN.

La educación es uno más del conjunto de bienes y servicios. Para producirla se utilizan recursos, que se detraen del total de los disponibles y se demanda por aquellos que lo desean y pueden pagar su precio. Lo que cuesta producirla, el gasto en educación es lo que se paga por utilizar esos recursos. El gasto nunca es mucho o poco por sí mismo, está en relación con el valor de su producción, con su volumen y con el peso relativo que tenga respecto a la producción total. [2]

Es posible producir educación en la cantidad y condiciones en que se demande por los consumidores y, por tanto, al precio de mercado correspondiente. Si la educación fuese un servicio como la hostelería, solo el que la consumiese satisfaría su necesidad pero el consumo de educación afecta, además de a los individuos que la consumen y la pagan, a los otros dos agentes, los productores y el sector público, que no la consumen y por tanto no la demandan.

Cuanto mayor sea el nivel de educación de los trabajadores, los empresarios disponen de un recurso de más calidad, con mayor versatilidad e intercambiabilidad, más creativo, más implicado en la actividad de la empresa y por tanto, más productivo, más capaz de aportar valor a la producción. Aunque no consume directamente educación, se beneficia de ella sin tener que pagar, pues mejora su capacidad de obtener beneficios con un recurso más valioso. El empresario sabe qué nivel de educación le beneficia, pues conoce la productividad adicional que puede conseguir de los trabajadores en función de su nivel educativo y también el coste, que incorpora al precio de su producto, en forma de salario, pero procura que, salvo una pequeña parte de formación específica de sus propios trabajadores, el coste de su formación recaiga sobre los propios individuos.

La sociedad también se beneficia del consumo de educación que realizan unos pocos. Los ciudadanos más preparados están mejor dotados para obtener rentas por sí mismos y para desempeñar su papel económico de consumidores racionales, moderados y preocupados por la sostenibilidad y los problemas que ocasiona el no considerar los efectos a largo plazo en la viabilidad de las generaciones futuras. Otro beneficio social es que la producción de cualquier bien o servicio se abarata, dentro de unos límites, a medida que crece y por ello, conseguir más consumidores permite situarse en mayores niveles de producción, lo que aumenta el PIB.

Si el consumo de educación beneficia al consumidor pero también a su familia, sociedad y a los empresarios para los que vaya a trabajar en un futuro, es decir, a toda la sociedad, el coste de su producción debería repartirse entre todos, cosa que el mercado no puede hacer por su propio mecanismo de fijación del precio. Si no todos soportan el coste que corresponde al beneficio que van a obtener del consumo, la cantidad demandada va a ser demasiado baja, porque se fijara a un precio más elevado, el correspondiente a la demanda, menor, de uno solo de los agentes económicos. Además, no se consigue un nivel eficiente de producción por el desplazamiento de los recursos a otras producciones menos deseables socialmente.

El sector público puede corregir este fallo del mercado, aumentando la cantidad de educación ofrecida, repartiendo su coste entre todos los que se benefician de su consumo y valorando las ventajas sociales que se añaden a las que obtienen los individuos que la consumen directamente. Lo hace gastando en producir ese diferencial sobre el nivel de mercado (consumidor directo-productor privado) y asegurando la eficiencia general. Para producir educación hacen falta profesores, edificios, libros y materiales educativos y similares. Cuantos más profesores por alumno, mejor pagados, mejores instalaciones, mas material docente, etc. más cara será.

Hasta aquí no se ha considerado si la producción es total o parcialmente publica y si se extiende o no a todos los niveles educativos y tampoco si el beneficio que obtienen los consumidores, directos e indirectos, se producen a corto o largo plazo, ni si es coherente o no con su función económica.

La producción es pública cuando el que pone los recursos necesarios para su producción es el Sector Publico y la distinción entre producción pública y privada resulta clara si consideramos quien paga o remunera a los recursos que intervienen y por tanto, también resulta sencillo saber el coste efectivo de ambas y las causas de que este sea mayor o menor.

La consideración del corto y el largo plazo es también determinante para conocer la demanda de cualquier bien o servicio, bajo la premisa de que la eficiencia económica se consigue más fácilmente cuanto menor es el plazo en que los agentes que intervienen en la decisión “de mercado” obtienen su respectivo beneficio.

Los consumidores deben tener poderosas razones para destinar una parte de la renta de que disponen, a consumir algo que no le reporta beneficios inmediatos y tiene inciertos beneficios futuros y si su renta es baja, ni siquiera puede planteárselo. El empresario prefiere los beneficios a corto plazo. Si es una gran empresa, porque debe remunerar a sus accionistas o financiadores a corto plazo y si es una pequeña empresa, porque su supervivencia está más comprometida por la mayor competencia de su mercado.

La conclusión de este superficial y rápido análisis es que el único agente que puede introducir en las decisiones de mercado el largo plazo, es el sector público, lo que en el caso de la educación se une a su capacidad de solucionar el referido fallo de mercado. Gastar en algo que no tiene una rentabilidad inmediata ni cierta, que beneficia a todos los agentes económicos y que queda fuera de la eficiencia que el mercado puede asegurar, solo puede ser decidida conjuntamente y negociadamente por los tres agentes económicos.

Esta somera introducción a los aspectos económicos de la producción y consumo de educación, nos va a permitir abordar la respuesta a las preguntas planteadas:

¿GASTAR O INVERTIR EN EDUCACIÓN?

Es una de las preguntas que muestran cómo se incorporan conceptos económicos al lenguaje corriente, sin precisar la diferencia de su significado. En economía una inversión es un gasto que aumenta la dotación de capital productivo, es decir, un gasto actual que va a producir beneficios futuros, o sea, diferidos o extendidos en periodos largos, pero que en cómputo total se espera que igualen o superen el gasto inicial. O un gasto a corto que se recupera a largo plazo. Es por esto que se puede decir que se invierte en educación, porque el gasto que se realiza ahora, para mejorar la capacidad productiva del recurso trabajo[3], va a ser recuperado y, seguramente, multiplicado en el futuro, cuando la incorporación de más y mejor trabajo mejore la productividad y la producción de la economía.

La consideración del “largo plazo” es el centro de la cuestión. Examinemos de nuevo el comportamiento de los agentes económicos al respecto. Los empresarios quieren rentabilidad inmediata, a corto plazo y gastan lo mínimo, incluida la formación de su personal, cuando revierte en su beneficio actual. Los consumidores pueden no gastar en educación, sea por ignorancia de los beneficios que les reportaría o por no disponer de renta suficiente, o porque el consumidor de educación no es, en la mayor parte de los casos, el trabajador adulto, sino sus hijos, que por su edad, no son conscientes de su beneficio y no desear pagar el precio de sacrificarse para estudiar. Los empresarios y consumidores no pueden resolver el problema de gastar en educación ahora para alcanzar los beneficios a largo plazo. Tampoco en las sociedades con un alto nivel de renta pues cuando la renta aumenta, también lo hace la deserción escolar, atraída por los altos salarios y disminuye la necesidad de los empresarios de formar a su personal, dada la facilidad con que obtienen altos beneficios. El mercado falla y el sector público debe actuar para garantizar la mejora de la productividad.

No es cuestionable que el gasto actual en educación es recuperado con creces para la sociedad, no para cada uno de sus miembros. La historia es una prueba irrefutable de la veracidad de esta afirmación. El gasto que la sociedad realiza en educación va a permitir progresar en los términos expresados anteriormente, pues beneficia a todos los agentes económicos y el sector publico debe intervenir en su provisión, aumentando la cantidad y calidad de la educación de todos los individuos, para que las decisiones individuales sobre la cantidad de educación demandada no sea demasiado baja y comprometa el mejorar, a largo plazo, la capacidad productiva. 

Aparte de la consideración de este gasto como productivo, se invierte en educación cuando se gasta en mejorar los recursos educativos. El gasto en formación de profesores es inversión pero sus salarios son solo gasto. El gasto de construir un colegio es inversión pero pintar o reponer los pupitres es gasto. Lo que cuesta diseñar leyes o disposiciones educativas es inversión pero pagar gestores o inspectores es gasto.

Si estas diferencias están claras y sólo podemos comparar gasto con gasto e inversión con inversión, es evidente que no procede comparar y menos confundir gasto con inversión.

¿ES RENTABLE GASTAR EN EDUCACIÓN?

El gasto en educación tiene una rentabilidad inmediata, pues evita realizar, a corto plazo, otros gastos sociales relacionados con la asistencia y la inadaptación social y genera actividad económica directa e indirecta. Su rentabilidad a largo plazo, consiste en mantener en el tiempo los beneficios a corto, revalorizar el factor mano de obra y aumentar el PIB y la productividad de la economía. La decisión de gastar hoy en educación tiene que ser mantenida en el tiempo, tanto porque para obtener mejoras en la productividad hay que esperar a que la persona finalice su periodo educativo y trabaje, como porque todos los años inician su educación nuevos niños y hay que asegurar que se va a mantener el esfuerzo educativo hasta que se conviertan en trabajadores. Si el proceso se interrumpe en algún momento del tiempo, el gasto realizado se dilapida.

La rentabilidad del gasto en educación depende de la decisión social de diseñar un sistema educativo que tenga entre sus objetivos el mejorar la calidad de la mano de obra. Si los objetivos no están claramente definidos, si se varían o no se mantienen en el tiempo, solo con las adaptaciones imprescindibles, no es posible determinar si el gasto ha sido rentable y por tanto, si se puede hablar de inversión o no.

Para saber si el gasto que realiza una familia en la educación de cada uno de sus hijos es rentable, tendríamos que conocer:

1. lo que paga cada año por ese concepto, medido en términos de lo que disminuye su renta disponible,
2. lo que paga conjuntamente con todos los contribuyentes, es decir, el gasto público en educación.
3. La duración de la etapa educativa
4. El aumento de las rentas obtenidas por su trabajo, durante toda su vida laboral, respecto a las que hubiese obtenido si no hubiese adquirido ese nivel educativo.  

La proporción entre 1 y 2 es decisiva. Las familias de rentas bajas estarán poco dispuestas a disminuir su renta disponible anual, porque supone una importante disminución de su capacidad de consumo actual, porque no conocen con exactitud la relación entre la educación actual y la obtención de rentas futuras y porque ese beneficio no lo obtendrían ellos mismos sino sus hijos. La financiación por vía impositiva, es decir, independiente de la decisión individual, necesita ser mayor cuanto mayor sea la proporción de familias de rentas bajas, porque para ellas, la renuncia al consumo actual supondrá prescindir de bienes cercanos a la calificación “de primera necesidad”

En la medida en que la capacidad de obtención de rentas de la mayor parte de las familias sea elevada y ya no sean bienes de “primera necesidad” a los que tengan que renunciar para pagarla y si están convencidos de que es positivo el resultado de la valoración de 1, 2, 3 y 4, puede sustituirse el gasto público por gasto privado.

¿CUÁNTO CUESTA LA EDUCACIÓN?

La educación cuesta lo que hay que gastar en pagar a los recursos que se emplean en su producción, más el coste de oportunidad de utilizarlos en la producción de otros bienes o servicios. Para producir educación son necesarios dos tipos de gasto, por una parte educadores, material escolar y aulas, gasto directo y por otra gastos en consejeros de CCAA, asesores, inspectores, facultades de formación de profesores, cursos de reciclaje o actualización, etc.)

Los primeros, directos, son fácilmente individualizables centro a centro, pues se concretan en sueldos y facturas y crecen conjuntamente, en función del número de estudiantes, de la proporción entre profesores y alumnos y de la calidad y cantidad de materiales educativos. Es sencillo saber las causas que originan el coste de cada centro y predecir las consecuencias de reducir o aumentar la cantidad y cualidad de los recursos empleados.

Podríamos precisar que no son iguales en las distintas etapas educativas, pero como en cada una de ellas crecen en proporción constante, la generalización no resta exactitud. Es decir, aunque la proporción de educadores y dotaciones sea diferente en la universidad y en la guardería, es cierto que el gasto será mayor si hay más educadores por alumno y más y mejores materiales y aulas mejor dotadas. Además, los demás gastos aumentan con el volumen, pero cada vez más lentamente y a determinado nivel resultan constantes.

Este conocimiento pormenorizado del coste permite que la decisión social sobre la gratuidad total o parcial y por niveles, no se confunda con la decisión económica. Primero se deciden, social o políticamente como en nuestro sistema representativo, los factores a considerar: las circunstancias de los estudiantes o sus familias (nivel de renta familiar o personal, nivel educativo en que debe aplicarse, etc.) el gasto a realizar que no pone en peligro los objetivos a largo (porcentaje sobre el PIB, sobre el Gasto Total de las Administraciones, otros indicadores o variables), los territorios y los límites de su variación en función de los aumentos o disminuciones de la renta personal o de las rentas agregadas (por ejemplo, antes y después de la crisis actual). Y después se valoran estos escenarios y se toma la decisión económica sobre el gasto más eficiente a realizar en las distintas circunstancias. Este sistema de decisión es estable y permite una gran flexibilidad, sin tener que acudir, en cada circunstancia, a una larga y compleja discusión social.

Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) España es el tercer país de Europa, tras el Reino Unido y Alemania, donde las familias gastan más en educación mientras en gasto total es el decimo. Gastamos un 28% menos que Austria, el que más gasta, pero también un 10% menos que Dinamarca, Reino Unido, Suecia, Países Bajos e incluso Chipre. Estos datos constatan lo bajo que es el gasto público en nuestro país y que son las familias quienes hacen el mayor esfuerzo. También indica una elevada eficacia, pues los resultados educativos se sitúan muy por encima de los que corresponderían a esos niveles de gasto[4]. La conclusión es que, si hay algún problema, del tipo que sea, no se puede resolverse disminuyendo el Gasto Público en educación.

GASTO TOTAL POR ALUMNO EN EDUCACIÓN. En euros.

Fuente: INE 2007 y elaboración propia

Si comparamos el dato anterior con el gasto de las familias en educación en relación con el Total de Gasto en Consumo, España es el peor país de la UE. Nuestras familias gastan en educación el 1’7 % de su consumo total, mientras en Suecia gastan el 0’2%, en los países Bajos el 0’4, en Alemania el 0’6, en Dinamarca el 0’7 y en el Reino Unido el 1, la media de la UE.

¿QUIÉN DEBE GASTAR EN EDUCACIÓN?

El derecho a la educación viene recogido en la Constitución. En términos económicos equivale a reconocer la obligación que tiene la administración de solucionar el fallo del mercado (que no puede decidir la cantidad eficiente, ni considerar los beneficios sociales a largo plazo) por tanto a aumentar lo que los consumidores y la iniciativa privada están dispuestos a demandar y producir.

Dependiendo de un numeroso conjunto de circunstancias sociales y económicas, la producción privada puede dirigirse preferentemente a las etapas iniciales o a las finales. Si hay dos grupos de población con rentas extremadas, un pequeño número de rentas muy altas y otro muy numeroso de rentas bajas, el gasto público debe permitir el acceso a la educación y centrarse en sus estadios iniciales, mientras la educación superior queda en manos de la empresa privada.

A medida que crecen las rentas, las familias pueden gastar más para mejorar la capacidad de sus hijos de obtener mayores rentas. El coste de oportunidad disminuye a medida que aumenta la seguridad de la propia capacidad de obtención de rentas y que disminuye el esfuerzo o la renuncia de consumo actual en aras al posible aumento de consumo en el futuro (personal o de los hijos). La demanda privada crece y se extiende a todas las etapas educativas.

El proceso está limitado por la capacidad de obtención de ingresos por vía impositiva y en nuestro caso por la Iglesia católica, la concertación, el rápido crecimiento de la renta y los importantes cambios sociales, políticos y demográficos. La concertación consiste en financiar a los productores privados de servicios educativos. Es un dumping, un crowding out inverso que actúa contra las normas del mercado, destruye el equilibrio económico y propicia la competencia desleal, al disminuir de forma importante el precio de los servicios de las empresas privadas o aumentar sus beneficios, según el caso.

Este escenario económico inaudito ha dificultado la toma de decisiones sociales sobre el gasto. Aun así, en solo cuatro décadas hemos pasado del analfabetismo a la educación universalizada hasta los 16 años y de menos del 3% de universitarios al 30%

EL RECORTE DEL GASTO EDUCATIVO LINEA MAESTRA DE LA ACTUAL POLITICA EDUCATIVA

Los argumentos que los responsables de la Política Educativa esgrimen para recortar el gasto público no tienen nada de económicos, solo se apoyan en el lenguaje económico, para aprovechar la confusión que se crea cuando se utiliza con el sentido del lenguaje de la calle. Si el sistema educativo actual fuese, como se afirma, ineficaz y no sostenible, si la crisis se mejorase con recortes en el gasto en educación y las exigencias del mercado laboral estuviesen claramente definidas, el problema, en primera instancia, no sería económico sino social.

1. El sistema educativo actual es ineficaz.

Cuando se afirma esto se está diciendo que no logra sus fines o el resultado que se esperaba. Pero el sistema educativo tiene multitud de fines, desde capacitar a los individuos para que puedan obtener rentas en el futuro, hasta socializar a los niños, evitar delincuencia y marginalidad, disminuir el gasto público asistencial y un largo etcétera. Esta amplitud de fines o consecuencias no permite hacer afirmaciones generales sobre su eficacia o ineficacia. Si se desea hacer más eficiente el sistema educativo, hay que definir con claridad los objetivos y para cada uno de ellos, reemplazar los medios o recursos utilizados por otros más adecuados.

El Presupuesto para Educación de la Comunidad de Madrid en 2012 destina 156 millones de € a la pública y 885 millones de € a la concertada. Es evidente que no trata de reducir el gasto público, sino de trasladar producción pública a privada, es decir, sustituir producción sin fines de lucro (al coste de los factores) por producción de mercado con beneficio para la empresa productora. Revela la ausencia de preocupación por la eficiencia.

1. El sistema educativo no es sostenible

En economía la sostenibilidad se aplica al equilibrio financiero; significa que los ingresos y los gastos se equilibran, sea en el corto o en el largo plazo, no gastos inmediatos con ingresos futuros. No es aplicable al caso de la educación.

Decir que el sistema educativo no es sostenible evoca el concepto de sostenibilidad medioambiental y biológica, para dar a entender que es demasiado caro, cuando la evidencia es que gastamos menos que los países de nuestro entorno y además son las familias quienes soportan buena parte de la misma. Por tanto, reduciendo el gasto público se traslada al gasto privado la responsabilidad de conseguir los objetivos de crecimiento económico en un escenario económico de disminución de las rentas familiares y aumento de las empresariales.

1. La educación debe adecuarse a las necesidades del mercado laboral en tiempos de crisis

El sistema educativo se extiende a lo largo de casi dos décadas de la vida de cada persona y todos los años se producen incorporaciones; es prácticamente imposible planificar las necesidades de un futuro mercado laboral para cada persona en función de su año de entrada al sistema. Además, la economía trata de producir todo lo que sea posible con los recursos disponibles en cada momento y cuenta con el precio para saber cuáles son los más adecuados y su vocación de inmediatez no tiene nada que ver con el largo proceso educativo.

Estamos ante una falacia económica. Si consideramos que los cambios de las condiciones productivas son súbitos o inesperados, solo se pueden afrontar con un elevado nivel educativo, que permite una elevada movilidad y capacidad de adaptación. Y si son previsibles, para adecuar los recursos a un nuevo modelo productivo es necesario conocerlo con precisión, pues cada uno necesita de unos recursos específicos. Y si, en todo caso vamos hacia una sociedad del conocimiento, necesitaríamos personas con mayor y mejor educación.

Lo que no tiene sentido es que la reforma educativa en curso base el sistema educativo en que se adapte a la situación de la economía a corto plazo y en la formación profesional, que es un nivel educativo más que suficiente para la mayoría de los puestos de trabajo que se ofertan por las empresas españolas que sobreviven a la crisis que necesitan mano de obra barata y flexible y de escaso nivel de cualificación.

La crisis es una excusa para eliminar la educación como derecho ciudadano y no se persigue un recorte temporal de los recursos destinados a la educación (y a otros servicios públicos) sino que los trabajadores tengan peores expectativas salariales para que se plieguen mejor a los trabajos eventuales.

El efecto económico de la crisis es la reducción de los ingresos y si bien es cierto que con menos ingresos puede realizarse menos gasto, para superarla hay que recuperar los ingresos y esto no ocurrirá si no se aumentan y mejoran los factores productivos. De ninguna manera se puede ganar competitividad en un nuevo modelo productivo de sociedad del conocimiento y la información, orientado hacia sectores de alto valor añadido, que exigen más formación y cualificación desmantelando las infraestructuras de formación y de investigación.

1. Un puesto escolar privado es más barato que uno público

En principio esta podría ser una afirmación más en clave económica que ideológica, pero no es así. El coste de la educación lo determina la remuneración de los factores productivos utilizados en su producción y en el caso de la producción privada, además el beneficio empresarial. Para que la producción privada resulte más barata que la pública, deben utilizarse menos factores productivos y/o de menor calidad, lo que en ningún caso sería una comparación ventajosa y menos aun si la educación pública atiende a la prestación del servicio a la práctica totalidad de la población inmigrante, con necesidades especiales, dispersa geográficamente, necesitada de becas de comedor, transporte, libros y todo tipo de ayudas.

También debía considerar que el coste de la infraestructura educativa, ministerio, inspección, etc. y las subvenciones a los centros privados y las cesiones de terrenos o de edificios públicos, no puede imputarse únicamente a la educación pública.

CONCLUSIONES

No es el momento de la economía sino del debate social que perfile las necesidades o deseos sociales, para que la economía los cuantifique y ponga a disposición de la sociedad un criterio de decisión racional y adaptable a las cambiantes circunstancias económicas y sociales en el medio y largo plazo.

El cambio de la decisión social de educación pública, gratuita y accesible para todos en todos sus niveles, con el Estado como responsable y garante está apoyado en la ideología, no en la economía. Este debate social, evitado por los responsables de la Política Educativa, debe considerar como mínimo:

1. La Estrategia de Lisboa de la Unión Europea del año 2000

La UE se propuso convertirse en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo y conseguir un crecimiento económico sostenido con más y mejores puestos de trabajo y mayor cohesión social. La estrategia, una educación libre de prejuicios y misticismos, basada en el conocimiento crítico, que consiga la emancipación del sujeto, que integre la llamada educación en casa y el adoctrinamiento religioso. El agente principal para llevarla a cabo, la Universidad, meta final y espejo formativo del sistema educativo.

la Declaración de Bolonia de 1999, que configuraba el Espacio Europeo de Educación Superior y el sistema de créditos ECTS (European Credit Transfer System) un marco flexible que se reconoce los respectivos títulos, permite y facilita la movilidad geográfica de estudiantes, profesores y trabajadores y fomenta la validación del aprendizaje obtenido mediante la educación no formal e informal, la formación a lo largo de la vida y el concepto de aprendizaje frente a la enseñanza, era el primer paso, pero debía extenderse al resto de los niveles de enseñanza.

1. El debate no puede establecerse en términos de libertad

La normativa publica, consensuada socialmente, debe prevalecer sobre los intereses de los grupos de presión, porque los derechos sociales son más importantes que los individuales. Los políticos elegidos por la sociedad para que les representen, deberían defender los intereses sociales y no los partidistas.

1. El derecho a la educación

El derecho a la educación es universal e inalienable y por ello, debe contemplar el contexto familiar y económico de las familias, para lograr la efectiva igualdad de oportunidades y la capacidad de ser libres y críticos a través del conocimiento.

Las ventajas que la sociedad en su conjunto obtiene de la educación, obligan a soportar conjuntamente una parte de su coste, dado que las condiciones sociales influyen en los resultados educativos.

1. Los problemas reales de la escuela.

El conocimiento de los problemas no puede limitarse a su enunciado: la falta de financiación, la degradación de los sistemas públicos de educación, el negocio de la educación, la segregación del alumnado, el adoctrinamiento, el abandono escolar, la formación inicial y continua de los docentes, los planes de estudio y los currículos establecidos sin intervención de los docentes, las competencias autonómicas, la posibilidad de innovaciones pedagógicas, las horas del profesorado (lectivas, de atención individualizada, la programación metodológica y la elaboración de recursos; el acceso a la profesión docente son algunos de ellos.

Cada uno es diferente, tiene unas causas, una incidencia en el sistema y una posible solución y exige un tratamiento individualizado para entenderlo y diseñar la solución. El mero enunciado de todos o parte de ellos, la búsqueda de errores y culpables y las soluciones generalizadas, no es sino pescar en rio revuelto.

BIBLIOGRAFIA

Landsburg, Steven: El economista en pijama. Ediciones Deusto

George, Susan: El informe lugano II: Esta vez, vamos a liquidar la democracia. Ediciones Deusto

http://www.ledevoir.com/societe/education/348225/greve-etudiant-lettre-a-mes-etudiants

http://www.madridiario.es/2011/Octubre/economia/economia_noticias/209370/presupuestos-comunidad-madrid-2012-areas-inversiones-gastos.html

“Se trata de una conocida técnica de privatización que consiste en desfinanciar lo que alguien pretende privatizar. Al igual que cuando Margaret Thatcher quiso privatizar los ferrocarriles, lo primero que procuró fue quitarle los fondos, de forma que dejaron de funcionar apropiadamente y el pueblo reaccionó reclamando un cambio. Acto seguido se dice: está bien, privaticen esos servicios. Si luego funcionan peor, no hay problema: el gobierno saldrá a rescatarlos. Esta es la técnica estándar de la privatización”.

                                            Noam Chomsky, Ilusionistas. Ediciones Irreverentes.2012.

Negras tormentas agitan el sistema de educación pública de nuestro país en todos sus niveles, desde el infantil hasta la Universidad. Una contrarreforma (¿alguna vez a lo largo de los 34 años de Constitución se intentó reformarlo atacando de raíz los problemas y no quedándose en consideraciones estéticas?) que el Gobierno del PP con su inefable ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, a la cabeza del desaguisado, pretende reforzar el papel de la iglesia católica en lo ideológico, disminuye sustancialmente la financiación del sistema público a favor del concertado y privado, “militariza” al profesorado para dotarle de “autoridad” y toma como referencia la cultura de la evaluación permanente como criterio de test de “progreso adecuado del aprendizaje” y, por tanto, como condicionante del mismo. La desigualdad como lema frente a la equidad, la eficiencia frente a la calidad democrática, la reproducción del conocimiento frente a la visión crítica en el aprendizaje, la pérdida del valor “público” para satisfacer los intereses dominantes de las clases dominantes que lanzan el mensaje del valor de lo privado y el esfuerzo individual como complementos frente a los valores colectivos y de responsabilidad social de unos gestores públicos últimamente bajo mínimos.

Las mareas verdes no se han traducido en un tsunami que responda con energía a una agresión premeditada y de largo alcance debido fundamentalmente a la parcialización de las luchas en las diferentes etapas educativas (primaria, secundaria y universidad) y a la ausencia de una visión del sistema educativo como un conjunto. El desánimo cunde y solo una confluencia de acción por parte de profesores, estudiantes y agentes sociales en torno a un programa de mínimos podrá parar el desguace del sistema educativo público en nuestro país.

Primeras preguntas: ¿Tenemos claro lo que significa un servicio público en educación?. ¿Se reduce meramente a un sistema de financiación que debe proceder de las arcas públicas en su 100%?. ¿A quién rinden cuentas los agentes del sistema educativo (profesores, gestores)? ¿Cuáles son los grados de participación en el interior del sistema educativo no solo de los agentes sino también de los estudiantes y sus familias?.¿Qué se entiende por “rendimiento” educativo?. ¿Debe primar la formación de ciudadanos “conscientes y responsables”, sujetos a derechos y deberes frente a expertos desde los 14 años en ramas disjuntas del conocimiento?.

IDIOTAS, ES LA ECONOMÍA…

En el caso de la educación superior, la situación está alcanzando niveles dramáticos. Reducción drástica de la participación pública (a través de las Comunidades Autónomas) en los presupuestos de las universidades, no sólo en los capítulos de financiación del coste del profesorado (no cubierto más que en un 75% en algunos casos) sino en infraestructuras y mantenimiento de las mismas (reducción en más del 80% en el caso de la Comunidad de Madrid) y, como contrapartida, incremento brutal de tasas no sólo en Grado sino, fundamentalmente, en Máster, con un mensaje claro, la “Universidad para el que pueda pagarla” y  complementado con recorte dramático en la política de becas. Las pretendidas “bondades” del modelo Bolonia se han dado de bruces con esta crisis. La precarización del profesorado no permanente (contratos “basura” de un año de duración, renovables (¿?) según las disponibilidades presupuestarias), la paralización por Decreto Ley de los mecanismos de permanentización (oposiciones a cuerpos de funcionarios TU, CEU y CU), las amenazas directas de intervención por parte de las CCAA ante la situación económica de algunas universidades así como la reorganización de estructuras académicas (desde departamentos a  centros y. llegado el momento, de las propias universidades) nos sitúan en un escenario inimaginable cuando se lanzaron propuestas desde “arriba”, como la Estrategia Universidad 2015,  de las que nadie se acuerda porque llegó la crisis y mandó parar… Ahora, el mensaje desde las CCAA a las Universidades es claro: Busquen fondos debajo de las piedras, externalicen aún más sus servicios, dediquen a sus profesores a tareas de consultoría que generen recursos, ayúdennos a subir las tasas porque beneficiará sus cuentas anuales, precaricen a sus profesores y PAS acabando por consunción o jubilación con sus funcionarios, apliquen ERES al personal laboral caso de que cierren el año con un 5% de déficit frente al ejercicio anterior, olvídense de Campus de Excelencia Internacional y mejoren en los rankings, aprendiendo de las inefables Escuelas de negocios (IESE, ESADE, IE) que les están marcando el camino a seguir.

PERO TAMBIÉN, ES LA FORMACIÓN…

La propia implantación del modelo Bolonia, que pretendía medir el aprendizaje a través de la dedicación de un alumno “estimulado” por clases “magistrales” de 90 minutos a lo largo de la semana y “grupos reducidos” que representaban otros 90 minutos por semana, todo ello con el perfil de  6 créditos ECTS se ha visto reflejado en un  proceso de aprendizaje psicodélico, en el que prima la reproducción intensiva de conocimiento frente a la sedimentación y reflexión críticas, la carrera de la evaluación permanente como contrapunto mercantil para garantizar mejores “tasas de éxito” que están conduciendo a un nivel de pauperación del conocimiento que, en las titulaciones de Grado, refleja el escaso valor que se les concede frente a la simbología del Máster como auténtico ”valor de uso y cambio” para un futuro profesional, que, por otra parte, no solo es incierto en concordancia con lo aprendido sino que tiene la perspectiva del paro o la emigración.

El cambio de modelo docente descansa, aparentemente, en una mayor centralidad de la actividad del estudiante en el proceso de aprendizaje-enseñanza, pero la realidad está imponiendo otras prácticas, pasivas por excelencia en el caso de los estudiantes y de intensificación del papel del profesor como evaluador permanente más que dinamizador del aprendizaje.

¿PARA QUÉ INVESTIGAR?

Pero no solo esa misión formativa de las universidades se encuentra en cuestión. La propia generación de conocimiento y su transmisión (lo que vulgarmente se denomina investigación y transferencia) se han visto afectadas por la crisis económica. La drástica reducción de los presupuestos en I+D+I (aproximadamente un 25% anual desde 2010 en el caso de los ministerios competentes en dichas políticas), la disminución de los gastos en términos de PIB (1.39% en 2010 y 1.33% en 2011),  junto con la paralización de la inversión del sector privado, están conduciendo a un retroceso a parámetros de hace casi dos décadas, con el coste de oportunidad que significa. No solo es un problema cuantitativo, sino metodológico y cualitativo. La imaginación presupuestaria está alcanzando niveles de vértigo. Convocatorias cuya apertura se retrasa para “ahorrar” un año (caso de los contratos Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, teóricamente concebidos como “joyas de la Corona” para atraer talento postdoctoral), retrasos injustificados en la resolución de las predoctorales (FPI) o disminución sobre la marcha de la oferta (de 950 a 800) en becas FPU, no constituyen un ejemplo para retener a esa generación “excelentemente formada”, que ve en otros países que se toman en serio la investigación, una vía de salida natural.

La Ley de la Ciencia, aprobada en las Cortes en Mayo de 2011, con dos elementos operativos clave como son la Estrategia Estatal y el Plan Estatal, y la gestión a través de una Agencia Estatal de Ciencia y Tecnología, se encuentra en un impasse que la puede convertir en papel mojado. La dependencia orgánica del Ministerio de Economía y Competitividad de una Secretaria de Estado de Investigación e Innovación ha añadido más complejidad al problema, puesto que las trabas burocráticas en la gestión de proyectos se han incrementado de manera notable junto a los recortes presupuestarios antes señalados. Esta era la vía natural de financiación en las Universidades, junto a la participación en los programas europeos, por lo que el camino de consecución de recursos no finalistas se encuentra con grandes dificultades. De ahí, que el utilitarismo y la visión de una investigación a corto plazo se vayan abriendo paso, laminando la generación de conocimiento “inútil” desde esa perspectiva y que pone en el punto de mira no solo las humanidades y las ciencias sociales sino también la ciencia mal llamada básica.

Y al final, todo se reduce a la maldita gobernanza.

Sin duda, el mantra existencial que reiteran las políticas neoliberales es que el sistema de educación superior, las universidades y sus centros, funciona mal porque una “degeneración democrática” en su gestión y la selección de los responsables de la misma en sus más altos niveles (Rectores, Decanos etc) les impide actuar con eficiencia y rendir cuentas a una sociedad que les provee de los recursos económicos para una triple misión que debería configurar su actividad cotidiana (formar profesionales-ciudadanos, generar conocimiento y dinamizar y ser referente para la sociedad). La calidad democrática, la transparencia y la participación, se consideran obstáculos para esa eficiencia basada en el “ordeno y mando” procedente de una legitimidad “externa” (la estructura de un “Consejo de Administración” como órgano de Gobierno universitario, con una composición “ajena” a la propia Universidad, que nombra al Rector y a los “altos cargos” universitarios se va imponiendo en las diferentes propuestas que nos inundan e inundarán en los próximos meses). Un ” copiar y pegar” del sistema anglosajón versión norteamericana  para una sociedad como la española a la que nuestros neoliberales quieren mimetizar en base a la “ libertad de mercado y elección” que tiene la educación pero también la sanidad, los cuidados, el transporte, entre otros, como laboratorio de implantación de ese Orden Nuevo. Los estudiantes como “usuarios” que pagan por un servicio, los profesores como “operarios” docentes y, en algunos casos, investigadores, y el PAS como “instrumento de apoyo” configuran esa nueva visión que busca una universidad “rentable”, desde un punto de vista económico, para los poderes públicos (¿?) pero carente de “valor y conciencia” públicas.

Me gustaría finalizar con una reflexión de Thomas Jefferson: La ley más importante de todo nuestro código es la que promueve la difusión del conocimiento entre el pueblo. No se puede idear otro fundamento seguro para conservar la libertad y la felicidad. […] El impuesto que se pague para la Educación no es más que la milésima parte de lo que se tendrá que pagar a los reyes, a los sacerdotes y a los nobles que ascenderán al poder si dejamos al pueblo en ignorancia.

Desde la tradición libertaria tenemos sólidos argumentos para criticar duramente el Estado burocratizado, a duras penas legitimado por su labor “asistencial”. Pero tenemos argumentos mucho más sólidos para enfrentarnos sin concesiones a ese programa neoliberal que, apelando torticeramente a la defensa de la libertad, solo apunta a reforzar la privilegiada posición de las élites. Más allá del Estado del bienestar, más allá de lo público, defendemos una opción defensa de lo colectivo y comunitario que supone una alternativa radical a lo existente.

Por eso, como se plantea en el primer artículo, ese necesario elaborar una crítica de lo público destacando sobre todo la gestión participativa (autogestión) y el sentido profundamente comunitario de los servicios públicos. Eso exige empoderar realmente a la ciudadanía para que sea capaz de tomar las riendas de sus propias vidas y generar modelos de sociedad en los que tengan fuerte presencia los servicios comunitarios sin agostar la capacidad e expresión y creación individuales.

Para desarrollar una crítica libertaria del Estado que vaya unida a la creación de genuinos servicios comunitarios, es imprescindible tomar plena conciencia de lo que implica a nivel personal e individual convertirse en sujetos políticos, en ningún modo ni manera sometidos a los podres efectivos de lo que podemos llamar la biopolítica. El objetivo es potenciar la formación de un sujeto ético capaz de afrontar la difícil tarea de convertirse en dueño de su propia vida, superando los atractivos que ofrece ser sumisos a cambio de ciertas concesiones propias del Estado del bienestar. Ese es el tema del segundo artículo, que va seguido por otra aportación que ofrece una profunda y atinada reflexión sobre el concepto de «gobernanza».

La «gobernanza» es un concepto reciente que ha pasado a convertirse en eje de la actuación política de los neoliberales en el poder. No deja de ser un eufemismo, pues en el fondo está planteando la política como actuación técnica, en manos de expertos, únicos preparados para entender la complejidad de un mundo globalizado y tomar las medias que son exigidas sin alternativa posible por esa complejidad. Poca transparencia y mucha oscuridad garantizan que los ciudadanos ni entienden ni participan, aceptando sus medidas con resignación, pues no pueden captar con claridad que dichas medidas no son en absoluto exigencias técnicas ineludibles sino opciones claramente encaminadas a mantener y consolidar la posición de privilegio de las élites, imponiendo coactivamente un reparto muy poco equitativo de las cargas y beneficios sociales.

Las reflexiones teóricas poco ayudan si no se entra en las posibles acciones concretas que hagan presente formas alternativas de entender la articulación de lo público y lo comunitario. Los tres artículos que siguen narran tres experiencias en la sanidad, en la creación de espacios sociales y económicos colectivizados y comunitarios y en la articulación de la vida municipal en torno a los intereses de la comunidad. Son tres experiencias reales que nos devuelven la confianza en la posibilidad tanto de llevar a cabo nuestras propuestas como de ofrecer una resistencia activa y creativa a las destructivas políticas neoliberales que están demoliendo los servicios públicos.

 
Los fundamentos ideológicos de la crítica al Estado
No cabe la menor duda de que nos encontramos ante una crisis sistémica, no una simple crisis cíclica de las que son habituales en el modo de producción capitalista. En las últimas décadas —podemos decir que desde 1973— se ha estado produciendo un enfrentamiento muy duro para modificar las grandes líneas de la política económica diseñadas después de la II Guerra Mundial. No vamos a repetirnos ahora, pero está claro que los liberales, con Hayek y Von Mises como líderes intelectuales, han lanzado un furibundo ataque a los modelos que ponían en el Estado la responsabilidad de garantizar el bienestar social y económico de los ciudadanos. Desde el primer momento han criticado no solo la versión extrema del estatalismo, la Unión Soviética, sino también la versión socialdemócrata impuesta en Europa gracias al gran pacto social posterior a la II Guerra Mundial.
Sus argumentos son dignos de ser tenidos en consideración y hay dos grandes obras que ofrecen el núcleo de su argumentación: Caminos de servidumbre (Hayek) y La acción humana (Von Mises). Su planteamiento tiene antecedentes y seguidores, por lo que podemos decir que la corriente liberal ha gozado de buena salud casi desde los comienzos de la edad contemporánea. Cuando uno contempla estados fallidos, cuando uno observa lo ocurrido en España y Grecia, con estados clientelares, o analiza las relaciones entre mafia y política, por no hablar de los epígonos del socialismo realmente existente, no deja de ver el punto de razón que existe en esas críticas.
No fueron los liberales los únicos que arremetieron contra le peligroso papel del estatalismo. El pensamiento social de la Iglesia Católica, al que podemos sumar el de otras corrientes cristianas, ha sido siempre muy crítico con la estatalización o el control por el Estado de las resortes de la economía y la justicia social. La teoría se ha centrado en el concepto de subsidiaridad, único papel legítimo del Estado, cuya función es estar al  servicio de las personas (no de los individuos) y de las unidades básicas de convivencia social, en especial la familia. Todo ello acompañado de una fuerte moralización de la economía, disciplina teórica y práctica que debe estar regulada por normas morales. Es sugerente la actual variante de la economía del bien común desarrollada por pensadores evangélicos en Austria y con eco en numerosos ambientes. Es la llamada economía del bien común.
Podemos añadir a los anteriores críticos del estatalismo la larga tradición del pensamiento libertario que ha sido igualmente duro con el intento del Estado de controlar la vida de los individuos. Comparte gran parte de las críticas de los liberales decimonónicos y menos las críticas de los neoliberales actuales, tanto ha cambiado el mundo. Sin embargo, su distancia respecto a los mismos es enorme puesto que esta tradición defiende claramente el apoyo mutuo y las colectivizaciones autogestionadas, todas ellas orientadas por un profundo sentido del bien común, proponiendo fórmulas organizativas comunistas o colectivistas. En ese sentido están más cerca de la tradición cristiana y católica.
La historia de la crítica al Estado es larga y condiciona sin duda lo que ahora ocurre. El ataque neoliberal arrecia y lo hace con inusitada virulencia que va creciendo conforme, según creen sus líderes, se acercan a la victoria final, posición premonitoria de lo que va a ser la suerte de los vencidos. Cuando uno vive en Madrid, asiste en primera línea a lo que puede ser defender el neoliberalismo sin fisuras: un deterioro progresivo de los servicios públicos y un crecimiento igualmente progresivo de la presencia de la iniciativa privada en la prestación de dichos servicios que sólo aceptando la versión de Esperanza Aguirre pueden ser considerados servicios públicos. Y para rematar, la presentación de Eurovegas como el gran proyecto de creación de puestos de trabajo para la futura sociedad del conocimiento.
No se puede objetar mucho a la defensa de la libertad que abanderan los neoliberales. Fue uno de los grandes logros del mundo contemporáneo; ahora bien, conviene recordar que «no es liberal todo lo que parece». La «liberal» manera de privilegiar a un empresario que encontramos en las recientes componendas con el inversor americano que trata de situar Móstoles en el Estado de Nevada, o la torticera manera de entregar el capital «público» de la sanidad en manos de determinadas compañías privadas privilegiadas, nos acerca a modelos más propios de las compañías privilegiadas de comercio de la Edad Moderna que a los modelos de libre concurrencia, igualdad y mérito del teórico liberalismo. La defensa de la libertad termina encubriendo pobremente el ánimo depredador de las élites en el poder.
Por otra parte, esa defensa ha solido ir acompañada de la exaltación del espíritu emprendedor y la meritocracia, ocultando que el mérito tiene mucho más de hereditario que de meritorio, y esa defensa de la excelencia individual como criterio de selección social nos acerca de nuevo a paradigmas de reproducción de las escalas sociales y económicas, cercanos a las estructuras políticas, económicas y sociales del mundo señorial.  Con un especial agravante: en la sociedad estamental uno ocupaba una posición social desde su nacimiento y eso estaba justificado por ser el orden natural de las cosas; en la actual sociedad, uno ocupa casi con seguridad la posición social que le corresponde por lo que lo tocó con el nacimiento, y la legitimidad la concede el afirmar que su ascenso social es consecuencia de sus méritos personales. Por otra parte, impuesto ese orden neoliberal, la capacidad de negociación en la permanente lucha por el reconocimiento,  tal y como vemos en el día a día sindical por poner un ejemplo, no ofrecen más alternativa que el desarrollo de un modelo cercano a la revuelta campesina: el señor no pacta, concede y en caso extremos los siervos se rebelan, conscientes de que el fracaso de la rebelión les asegura su marginación de por vida, si no la muerte. Duras huelgas, con variadas fórmulas de enfrentamiento y reivindicación son absolutamente ignoradas por una élites políticas y económicas con capacidad sobrada para imponer coactivamente sus políticas.
Del mismo modo, se ha exaltado la libertad individual y la capacidad de elección como último criterio de evaluación de las decisiones privadas y públicas, acompañada por una defensa a ultranza de la vida privada, del hogar como espacio inviolable en el que los individuos pueden disfrutar de sosiego, lejos del omnímodo y arbitrario poder del Rey en su origen y del Estado en la actualidad. Lo malo es que esa defensa valiosa de la privacidad va acompañada de la privatización, de la fragmentación individualista del espacio social . Los usos privativos de los individuos o las corporaciones se imponen sobre los antiguos espacios públicos. La calle comercial, de naturaleza pública es sustituida por la virtualidad de las calles de los centros comerciales.  Los espacios públicos de ocio son sustituidos por los parques temáticos . La desamortización, puso cercas y puertas en los campos, acabó con las tierras comunales y planteó de un modo parecido al que hoy en día se defiende, el axioma de que sólo la propiedad privada aseguraba el óptimo aprovechamiento económico del suelo.  La idea de la mayor eficiencia económica de la gestión privada sobre la pública obvia las mínimas consideraciones críticas y como recientemente han demostrado las autoridades sanitarias madrileñas, parecen remisa a aceptar cualquier cuantificación que ponga en duda esta  consideración. La  privatización y la lógica del beneficio privado como mejor garantía de los intereses públicos avanza imparable en las sociedades occidentales,  desde la gestión del suelo a la administración de los servicios públicos, que son sometidos en aras de una teórica efectividad al sobrecoste de un beneficio privado.  Desde los ejércitos nacionales, surgidos precisamente en la primeras revoluciones de finales del XVIII como garantía de las libertades recién conquistadas, que hoy vuelven a modelos mercenarios más propios del siglo XVII, a la privatización progresiva, directa o por medio de concesiones parciales de cárceles, hospitales y escuelas.; una pulsión privatizadora que alcanza  incluso a la justicia y la policía, ya parcialmente privatizada en poderosas empresas de seguridad.
La lucha contra el Estado del bienestar
Neoliberales, cristianos, anarquistas…, son tradiciones ideológicas muy distintas que se han opuesto al crecimiento de un Estado controlador y quizá solo secundariamente benefactor. Eso sí, en estos momentos la batuta del ataque la lleva quienes apenas ocultan que el objetivo central es recuperar lo que Marx llamaba la tasa de extracción de plusvalía y también reforzar lo que los anarquistas denunciaron como estructura jerárquica y piramidal del poder. Es decir, recuperar la posición de privilegio ostentada por las élites dominantes durante toda la vida, pero debilitada debido a la dura lucha por el reconocimiento desplegada por los olvidados o condenados de la Tierra desde los años sesenta. Ya en aquellos décadas —quizá demasiado mitificadas por la izquierda “divina”— los centros de estudios asociados al poder plantearon que se estaba produciendo una crisis social causada por el exceso de democracia, lo que ponía en primer plano el problema de la gobernanza y la necesidad de reconducir la situación acallando las demandas de las clases desfavorecidas.
No es fácil hacer una crítica acertada del Estado desde posiciones de izquierda. Está profundamente arraigada en el imaginario colectivo la idea del Estado como árbitro, técnico y objetivo, que ciegamente se organiza a partir de sus burocracias elevadas sobre el mérito y la capacidad, por encima de los intereses de los grupos de poder o los partidos.  No en vano, el Estado es el sujeto fundamental de esta percepción de la «cosa pública» y sigue siendo en el imaginario de mucha gente el único garante de la objetividad. Lamentablemente el sueño weberiano del estado burocrático ha devenido en pesadilla; desde sus orígenes, el estado ha servido para certificar con el marchamo del derecho, situaciones de privilegio, repartos de prebendas y canonjías, investido, para más delito, de la idea de mérito, libre concurrencia y otros aparatajes ideológicos. No sólo las cajas de ahorros, también los contratos millonarios de obras públicas, las sospechosas, cuanto menos, relaciones entre la política y el mundo empresarial, desdicen mucho de lo que damos a menudo por supuesto.
Por eso mismo, la lucha en defensa de lo público esta distorsionada en varios sentidos, lo que hace difícil tomar posición en algunos momentos. La primera distorsión procede de la defensa de un modelo de gestión estatal de la propiedad que ha mostrado en la práctica el acierto de las críticas liberales. El caso de las cajas de ahorro es paradigmático, como también lo es el de las recalificaciones de terrenos. Por no hablar de casos abundantes de prevaricación, malversación y cohecho, que se cometen con elevado nivel de impunidad de los políticos y empresarios implicados a partes iguales en los mismos. El estado ha terminado siendo contagiado por prácticas  clientelares opuestas en sí mismas a la propia lógica de su letimidad (el mérito, la iguadad, la libre concurrencia….) lo que exige una dura operación de cirugía que permita sanear y cauterizar la gangrena. Cierto es que hay estados socialdemócratas que parecen gozar de salud envidiable y que puede seguir siendo referentes, como ya lo fueron en los años sesenta, de la mejor manera de articular el estado del bienestar o estado social de derecho sin poner en cuestión el modo de producción capitalista.
Algo de eso está presente en la aceptación que está teniendo entre el público en general la furibunda y torticera campaña contra los funcionarios orquestada por los medios conservadores, un ataque que  constituye una segunda distorsión. El estatuto del funcionario, cuyo origen se sitúa más bien en la defensa de la independencia y etabilidad de los trabajadores públicos respecto a los poderes políticos cambiantes en democracias representativas, ha derivado en parte hacia un estatuto corporativo en el que la defensa de específicas condiciones laborales se aproxima peligrosamente a la defensa de situaciones de privilegio. Con cierta desmesura en algunas ocasiones, los funcionarios tienden a identificar la defensa de sus condiciones de trabajo con la defensa de lo público, ocultando lo que hay de puramente corporativo en sus luchas y lo que hay de mantenimiento de situaciones de auténtico poder frente a los usuarios de esos servicios públicos que dicen defender. La pura crítica del funcionariado, orquestada por quienes tienen la obligación política de exigir su adecuado cumplimiento del trabajo asignado y de garantizar que están al servicio de los intereses de la ciudadanía no basta. Mucho menos cuando comprobamos que quienes jalean esas críticas luego incrementan el número de asesores nombrados a dedo y ascienden en el escalafón funcionarial a sus propios clientes o afines políticos.
La tercera distorsión procede del dominio cultural impuesto por el actual modelo de capitalismo financiero y consumista. La ideología del «lo veo, lo quiero, lo tengo» ha calado hasta los huesos y la gente busca por encima de todo recuperar la capacidad de consumo a la que se aproximó, sin llegar a disfrutarla del todo pues en gran parte no pasó de un espejismo basado en créditos que no se podían devolver, menos una vez despedidos de sus precarios puestos de trabajo. El individualismo abstracto, tan querido por los liberales, se queda en la exaltación del individuo como consumidor compulsivo que puede acudir a cualquiera de los múltiples centros comerciales a elegir entre decenas de productos idénticos, muchos de ellos con obsolescencia programada y con dudosa capacidad real de satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos.
Aceptado inconscientemente —gracias a potentes campañas de configuración de la opinión pública— ese modelo de logro de la felicidad sustentado en el fetichismo de la mercancía, que termina identificando valor con precio, los individuos se convierten en rehenes de quienes les conceden el crédito para pagar los gastos, abocados a un consumismo parcialmente compulsivo. Sin darse cuenta, aceptan una democratización del consumo que, sin negar los posibles componentes revolucionarios implícitos en ese «festín pantagruélico», en realidad consagra la degradación de los procesos de trabajo, que están condicionados a la elevada productividad de los trabajadores que proveen de mercancía a los comercios «chinos » y a los gestionados por las grandes multinacionales, entre otras y sobre todo las del textil y las de la alimentación. Como no podía ser menos, acabamos aceptando que un servicio público es aquel que le sale gratis al ciudadano (feliz definición de Esperanza Aguirre), y para eso se pone la gestión de lo público en manos de la empresa privada, sin darse cuenta de que esta muestra especial eficiencia y eficacia en generar ganancia para sus propietarios y gestores, normalmente a costa de trabajo degradado.
Una cuarta y última distorsión procede de la progresiva erosión de la política del bien común arrasada por la cultura del individualismo radical, de la sociedad articulada como suma de lobos esteparios que regulan las relaciones sociales mediante las leyes del mercado: todo tiene un precio y la acumulación de dinero es lo único que garantiza el estatus social y, por tanto, el ejercicio de las capacidades y la satisfacción de las necesidades. Muchos movimientos críticos han aceptado en sus planteamientos esa ideología mercantil, lo que termina teniendo sus consecuencias: la trivialización del matrimonio, con exigencias de permanencia menores que las de muchas compañías de telefonía móvil, y el servicio militar opcional (a sueldo), que se sitúa en las antípodas del ejército popular o de la defensa civil, serían dos ejemplos perfectos de los daños colaterales que lleva aceptar un modelo utilitarista mercantil de la vida social. Ha adquirido un protagonismo cultural desmesurado el ya antiguo dicho de que «tanto tienes, tanto vales».
La defensa de lo público.
Lo anterior ya indica claramente cuál es el discurso y la práctica que necesitamos articular para defender lo público sin mantener un modelo de Estado del bienestar que  provoca muchos más perjuicios de lo que algunos son capaces de reconocer. Pero al mismo tiempo tenemos que evitar un peligro que puede derivarse de nuestro planteamiento «crítico» sobre lo público: nuestras críticas fácilmente puede acabar siendo utilizadas como munición para este nuevo «estado señorial» que falsamente se viste de liberalismo. Conviene, por tanto, recuperar lo que tiene de «señorial» el modelo liberal y desmontar su «instalache» o «chiringuito», eso que apenas cubre las apariencias y solo busca el máximo beneficio en el menor tiempo. Es el liberalismo radical primigenio que tan cerca está de los postulados anarquistas, vinculando sin solución de continuidad la libertad a la igualdad y la fraternidad. La trampa del liberalismo contemporáneo es precisamente que obvia estos privilegios y se contenta con establecer el principio de un liberalismo económico lastrado por toda una serie de condiciones desiguales de la que la propia ganancia económica es el único beneficiario. Son moneda corriente la deslocalización, el abuso de las condiciones de explotación de los recursos naturales, mineros o energéticos, la imposición de condiciones comerciales desfavorables, las trampas fiscales que permiten evadir impuestos bajo el amparo de empresas pantalla, tratos de favor impositivos o localizaciones beneficiosas: ahí están los casos paradigmáticos de Apple, Facebook, Amazon y otras empresas tecnológicas o la presencia de paraísos fiscales en el corazón de Europa.
El hilo de la cuestión debe ser defender lo público criticando con firmeza a los neoliberales y los estatalistas, ambos con agendas ocultas que marcan el sentido y la limitación de sus luchas. Y para ello, el núcleo de la cuestión debe ser vincularlo plenamente a la reclamación democrática: buscar mucho más poder para el pueblo, para el común de los ciudadanos que necesitan aprender ejerciendo, el duro ejercicio de tomar las riendas de sus propias vidas, y potenciar al mismo tiempo todo aquello que genera comunidad de intereses y de objetivos, sin agostar la capacidad e expresión y creación individuales. No queremos una sociedad de individualistas depredadores apalancados en un pobre «vive y deja vivir» ni tampoco una sociedad de obedientes ciudadanos agradecidos a burocracias ineptas que les procuran magros beneficios sociales.  Queremos un fecundo, pero difícil, equilibro entre la triple exigencia de libertad personal, igualdad social y apoyo mutuo solidario.
Algo fundamental en esta tarea es profundizar en un sistema de equilibrios que asegure la defensa del individuo frente a los grupos de poder, tanto económicos como políticos y culturales.  A los agudos análisis de la capacidad destructiva del poder en el anarquismo clásico, podemos añadir las críticas de Foucault a lo que él llamaba microfísica del poder y biopolítica. Los principios que deben regir esa fragmentación y control del poder están formulados, pero el peso de los poderes sobre las vidas de las personas continúa sin estar corregido. Es más, el Estado benefactor, bajo la promesa de grandes beneficios de bienestar, alimenta la burocratización controladora: nunca antes ha estado la vida de las personas, incluida la vida privada, tan sujeta a mecanismos de control tan sofisticados y potentes como los actuales. Y en general con el libre consentimiento de los propios ciudadanos. Si bien las redes sociales parecen haber abierto algunas puertas a la fragmentación horizontal de determinados mecanismo de control, el riesgo de que acaben sometidas al ojo controlador del Gran Hermano es grande, y la experiencia de lo ocurrido con los medios de comunicación social debiera ponernos sobre aviso de esos riesgos. Entre tanto conviene no perder de vista los mecanismos ya clásicos de control del poder público, algunos muy sugerentes pero poco aplicado como es el caso de la rotación, la rendición de cuentas, la separación de poderes o la transparencia.
Del mismo modo, para defender unos servicios auténticamente públicos, es necesario afrontar el problema de la representatividad. Hoy hay una conciencia muy arraigada, aunque poco articulada, de que nuestros representantes no nos representan, pues han pasado a formar parte de las élites en el poder cuyo único objetivo real es mantener sus posiciones de auténtico privilegio. Las formas e instituciones políticas son a menudo tildadas de poco representativas, precisamente por su opacidad a las influencias que los poderes ejercen sobre ellas y a la poca vinculación entre las decisiones políticas y la voluntad de una ciudadanía muy poco y muy mal representada. El asunto no es en absoluto nuevo, pues también en las formas de organización política medievales e incluso de la sociedad estamental la representatividad era  un asunto primordial, al que se respondía con otros modelos organizativos. Quizá nuestra democracia parlamentaria, con discutible sistema de recuento del voto, agobiantes lisas cerradas y dinámicas de la tarea política ejercida en las Cortes poco sometida a escrutinio público, tenga un problema serio de representatividad que está necesitado de propuestas alternativas, empezando por puras protestas iniciales como las de rodear las sedes parlamentarias. A menudo consideramos que la sociedad no estaba representada en los órganos políticos del antiguo régimen(incluido el franquismo, por ejemplo) y, sin embargo, no reparamos en que lo que ocurría es que la «representatividad» estaba organizada de otro modo.
Lo anterior nos lleva a un último aspecto fundamental para construir unos servicios públicos. Hace falta romper con el enfoque calcado del mundo empresarial que distingue entre los prestatarios de un servicio (los funcionarios y los gestores, públicos o privados de los mismos) y los usuarios o clientes de los mismos. Sin negar la importancia de una adecuada valoración de los costes económicos de los servicios públicos para saber cuáles se pueden llevar a cabo y cuáles no, hay que aplicar más bien el criterio de que esos servicios tienen un valor, no sólo un precio, y que los usuarios no son clientes sino ciudadanos que tienen unos derechos que deben ser atendidos y que deben estar dispuestos a exigir y defender.
Para ese protagonismo activo de los ciudadanos son muy pertinentes las fórmulas autogestionarias de organización porque en ellas se reconoce a todas las partes implicadas el papel de sujetos activos para la definición de los objetivos que deben ser alcanzados y de los medios más adecuados para conseguirlos, así como para la gestión cotidiana de las orientaciones políticas (esto es, relativas a la polis o a la ciudadanía). Eso no consiste en una pura fórmula organizativa, pues al final todo, incluso proyectos políticos muy poco recomendables, puede ser autogestionado. O se puede aceptar la participación efectiva de las personas interesadas sin que eso se traduzca en la práctica en una auténtica participación en la gestión. Basta con ver, por ejemplo, el cansino y al final irrelevante modelo de participación de las familias y los estudiantes en los consejos escolares, fórmula participativa en acelerado proceso de descomposición. Parece evidente que lograr una ley universal pueda considerarse un avance en la búsqueda de equilibrios. Sin embargo mientras la ley no sea universal completamente y deje espacios de interpretación a los estados o los subestados (estados federados, municipios, comunidades), seguiremos avanzando en sentido contrario.
Son, sin duda, ideas reguladoras que pueden ayudar a orientar cuál debe ser nuestra defensa de lo público, pero dejan abiertas las formulaciones concretas sobre cómo se deben articular en la práctica. No tan generales como para no darse cuenta de que defendemos algunas medidas que podrían ser exigidas a corto y medio plazo, pero tampoco tan concretas como para convertirlas en organigramas o algoritmos formales y vacíos realmente de contenido. Retomando una mil veces citadas frase de Durruti, la defensa de unos servicios públicos, vinculada a la defensa de una sociedad genuinamente democrática, implica un profundo y renovado modo de vida, pues es en definitiva una manera distinta de ser, no sólo una manera de organizarse. Implica, por tanto, llevar un mundo nuevo en nuestros corazones, algo que la máquina burocrática del estado del bienestar ha deteriorado profundamente y algo que la mucho más poderosa máquina del bloque hegemónico neoliberal dominante no está en absoluto dispuesto a fomentar o recuperar.

Las cooperativas integrales consisten en un proceso para transitar de la actual dependencia de las estructuras del sistema hacia un escenario de libertad de consciencia plena, libre de autoridad y donde todos y todas nos podamos desarrollar en plenitud e igualdad de derechos y posibilidades. Pretenden subvertir la salvaje realidad que padecemos como sociedad y como parte implicada del sistema de dominación capitalista, gestionado por unos pocos y apoyado y mantenido por el aparato estatal, que es quien asegura la continuidad del modelo. Las cooperativas integrales son por tanto una herramienta para construir contrapoder, contrapoder desde la base, partiendo de la autogestión, la auto organización y la democracia asamblearia y directa.

Es una propuesta constructiva de desobediencia y autogestión generalizada para reconstruir la sociedad desde abajo (en todos sus ámbitos y de manera integral), recuperando las relaciones humanas y afectivas, de proximidad y basadas en la confianza.

Entrando en la construcción de la autogestión, daré algunas claves para entender y construir un sistema económico integral en transición, capaz de interaccionar con la realidad de la economía capitalista, con el objetivo de ayudarnos a  abandonarla paso a paso. Las siguientes formas de economía están planteadas de lo más pequeño a lo más grande; de lo más apartado del sistema actual, a lo más colindante.

El arte de compartir o la economía comunitaria

Consiste en poner en común un recurso para el disfrute de un colectivo de personas que interaccionan sin contabilizar el flujo de intercambios. Funciona bajo reciprocidad espontánea,  relaciones de afinidad, apoyo mutuo y altos niveles de confianza, sin esperar una compensación a cambio de aquello que se comparte.

El trueque.

Es la acción no-monetaria de intercambio de bienes, servicios y conocimientos, un acuerdo verbal directo entre el ofertante y el demandante que satisface las pretensiones subjetivas de ambas partes en lo referente a la equidad del intercambio.

El trueque multirecíproco. Las monedas libres

Las monedas libres, sociales o locales son una herramienta para ir más allá de los intercambios directos, facilitando los intercambios multirecíprocos y estableciendo un valor a los bienes, servicios y conocimientos que se intercambian. Son además una pieza clave para relocalizar la economía, fomentando las relaciones humanas y económicas de proximidad a nivel local y bioregional, generando un mercado social abierto solo a actividades que incorporen una serie de criterios, éticos, ecológicos y sociales, y permitiendo que todas las personas puedan interaccionar de forma equitativa y sin intermediarios.

Las monedas libres son una oportunidad para restar hegemonía a la economía capitalista, sustituyendo progresivamente euros por moneda social, donde se garantiza la abundancia, poniendo cada individuo sus habilidades y conocimientos al servicio de la comunidad, siendo participe de la generación de recursos para cubrir las necesidades básicas colectivas.

Una red de intercambio puede ser promovida por una pequeña masa crítica que se asocia a nivel local (30-40 personas sería suficiente) para impulsar  la construcción de un marco de relaciones económicas basado en la confianza y en la proximidad, sobre rango de acción geográfico bioregional. Estas redes son autogobernadas por la asamblea, que garantiza el control democrático de la economía, estableciendo unas bases mínimas de entendimiento para facilitar la acción económica de proximidad. Cada red genera su propia moneda y sus propias bases de funcionamiento consensuadas en asamblea, lo cual no es obstáculo para asegurar la interrelación económica entre diferentes monedas sociales bioregionales (próximas o distantes entre sí).

Como herramienta de transición y su inevitable convivencia con la economía capitalista, debemos promover un sistema mixto en el que se complementen el sistema LETS y el cambio de moneda. El sistema LETS (Local Exchange Trading System) define unas pautas para promover las redes de intercambio local, donde no existen los intereses sobre los intercambios, la moneda se genera cuando se produce un intercambio (el ofertante suma un saldo positivo equivalente al valor del intercambio y el demandante resta un saldo negativo), permitiendo el saldo negativo según acuerde la red.

En cuanto al cambio de moneda, se permite cambiar moneda oficial (Euro) por moneda libre, pero nunca al revés, ya que el camino emprendido, como ya se ha comentado, es el de restar hegemonía a la economía capitalista.

Además hablamos de la necesaria transparencia que requiere esta nueva forma de entender la economía que se basa en la confianza. Para ello, se utilizan los sistemas virtuales de gestión de redes de intercambio, que no son más que aplicaciones informáticas (similares a las aplicaciones que utilizamos con las entidades bancarias convencionales para la gestión de nuestras cuentas y saldos), conectadas a internet y que sirven para el registro de los intercambios. Los sistemas que tienen como único soporte de intercambio el papel-moneda, son frágiles en esencia, ya que además del peligro de las falsificaciones y el coste de la impresión de los billetes, no permiten saber las fluctuaciones que se dan en el sistema, debido a que no sabemos la cantidad de dinero con el que cuenta cada persona.

 El CES (Community Exchange System) es un sistema gestor de moneda social (software online), con más de 10 años de historia, impulsado desde Sudáfrica y que cuenta con miles de usuarios y más de 350 redes de intercambio repartidas por todo el mundo. La Cooperativa Integral Catalana y las 19 redes de intercambio bioregionales (Ecoxarxes) existentes hasta la fecha en Catalunya, son actuales usuarias e impulsoras del CES. Sin embargo, y a pesar de su potencial, este software tiene algunas carencias que limita su expansión y uso, por lo que ya se trabaja en una versión más intuitiva y ágil que será la siguiente versión del CES: el Integral-CES.

La relación transitoria con la economía capitalista

Construir una economía contra hegemónica es un deber inexcusable si queremos expulsar la economía capitalista de nuestras vidas. Es evidente que para muchos de los proyectos de transición necesitaremos inyecciones de euros para ponerlos en marcha. Hacer uso de los recursos económicos capitalistas de carácter legal (salarios, paro, herencias, becas) puede no ser suficiente, y allí entrará el papel de acciones de desobediencia económica (insumisión fiscal, no pago de deudas y multas, expropiaciones,  etc…) para encaminarlos a generar redes de autosuficiencia y proyectos autogestionados, que ya no requieran de la interrelación con la economía capitalista para asegurar su subsistencia. Esta es una cuestión sobre la que tenemos que definir nuestra propia estrategia en cada proceso.

Otra de las líneas de trabajo de la cooperativa, la cual la diferencia de otras propuestas de transición, es la práctica de la desobediencia económica ante las estructuras del Estado (impuestos, seguridad social, etc…), como uno de sus ejes básicos de acción cotidiana.  Entendemos que no es coherente, ni viable, seguir colaborando económicamente con un sistema que repudiamos mientras estamos construyendo uno nuevo que necesita un sinfín de recursos para llegar a ser una realidad consolidada. Por ello, la desobediencia económica tiene un papel estratégico dado que amplía las posibilidades de financiación del proceso de la cooperativa integral.

Por ello, al calor de la línea de acción desobediente, estamos impulsando la construcción de un nuevo modelo productivo que a su vez ha hecho posible el nacimiento de un emergente sistema público cooperativo y está consolidando la estructura operativa de la propia cooperativa integral.

Con el sistema público cooperativo, la Cooperativa Integral Catalana demuestra que organizándonos de manera colectiva y cooperativa podemos generar iniciativas que tengan como objetivo cubrir las necesidades de todos y todas, para recuperar lo público como bien colectivo, ni Estatal ni privado, sino como forma natural de gestión emanada de la cooperación entre humanos. Podemos determinar estas necesidades como la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, el transporte o la energía. Por todo ello necesitamos promover la colectivización de bienes, terrenos, viviendas o inmuebles, y por otro, recuperar la salud y la educación pública, al margen del poder hegemónico que establezca el Estado y el capital.

Entendemos, por tanto, la salud y la educación como derecho y bien público, que debe garantizarse de manera comunitaria, generando espacios de aprendizaje colectivo donde el conocimiento pueda ser compartido de manera libre.

En este marco, compartir significa poner en común, sin esperar una compensación a cambio, recursos materiales e inmateriales que no son contabilizados como flujos de intercambio; ello se va haciendo posible mediante la reciprocidad espontánea, las relaciones de afinidad, el apoyo mutuo y fuertes lazos de confianza.

También sería parte del sistema público cooperativo, el modelo mutualista mancomunado, el cual desde este próximo mes de febrero se va a aplicar para poner en marcha el sistema de salud pública cooperativista.  Es un sistema de financiación del sistema público consistente en unas aportaciones económicas que en lugar de ser iguales para todos como sería el caso de un servicio comercial,  se prorratean en función de dos componentes de equidad social, que son los ingresos de la unidad familiar y el número de miembros que la conforman. Según  la tabla que se ha aprobado, habrá muchos casos en los que no corresponda ningún pago monetario por ser parte del sistema de salud pública cooperativista, sino simplemente una participación en horas de colaboración que podrá tener carácter esporádico.

[RECUADRO]

AureaSocial,  es el referente actual para la creación del sistema público cooperativo y a su vez, el primer ejemplo de compra cooperativa mediante el modelo del fondo de colectivizaciones, que se está impulsando con CASX, la cooperativa financiera sin intereses, y que funciona mediante la adquisición de títulos de colectivización.

En este fondo y como es el caso de CASX, los inmuebles que sean elegidos tendrán que ser un bien común, es decir deberán ser espacios abiertos y de uso compartido por toda la comunidad que funcionen de manera asamblearia.

Siguiendo el principio de “cada uno según sus posibilidades”, todas las actividades que realizamos en AureaSocial son de carácter comunitario, libre y abierto, de modo que la participación en ellas no está limitada ni restringida, por causas económicas.

AureaSocial será la sede el primer Centro de autogestión primaria de salud (CAPS), con el que contará el sistema de salud pública cooperativista, a partir de este mes de febrero del 2013.

—————————————————————

Tras el inicio de la Cooperativa Integral Catalana, en mayo del 2010, y después de la eclosión del 15-M al año siguiente; desde septiembre 2011, estamos asistiendo al inicio de múltiples procesos embrionarios de cooperativas integrales en diversos territorios próximos, como son la cooperativa integral valenciana, madrileña, riojana, aragonesa, granadina, asturiana, galega, y también Auzolan, un proceso similar en euskalherria.

La cuestión estratégica es esencial para poder asegurar el resurgimiento de una movilización como ha sido la del 15-M pero que pueda tener una fuerza que perdure en el tiempo.

Cuando reflexionamos sobre las estrategias de acción para transformar la sociedad en el ámbito político, a menudo vemos que se llega a un callejón sin salida, al darnos cuenta que ninguna de las propuestas nos parece suficientemente aplicable, ya que las movilizaciones ante los grandes temas de la agenda política actual, por más mayoritario que sea su apoyo, siempre se encuentran ante sí, con la cuestión del poder. Es decir, las decisiones las acaban tomando igualmente los mismos, porque tienen el poder de hacerlo, por más minoritario que sea su apoyo en ese momento.

Ese poder emana de distintas fuentes: el control de las grandes empresas, el control del dinero, el control de los medios de comunicación masivos, el control de la violencia mediante la  policía y el ejército….

Así pues, cuentan entre otros, con los bancos, los lobbies y las instituciones internacionales, para dirigir las políticas públicas, de modo que las reformas (o las movilizaciones de autodefensa) planteadas en muchos ámbitos como la economía, la ecología, la educación y la salud, son casi inalcanzables si no transformamos previamente al propio sistema político o generamos un contrapoder popular desde el que construir una nueva soberanía popular.

Sigue vivo el debate en muchos espacios sobre qué estrategia seguir para reforzar el movimiento social ante lo que se avecina. Muchas de las propuestas, basadas en la reivindicación para conseguir reformas que den base legal a un sistema basado en una democracia directa y participativa, son incapaces de responder a la pregunta: ¿Que haremos nosotros si el poder no acepta nuestras reivindicaciones (la opción siempre más probable…)?

¿Qué ocurriría si un proceso político empezara a actuar en beneficio de la población? Entonces, quizá para que el cambio social fuera real y de largo alcance, habría que generar experiencia organizativa, en gestión económica, en políticas de educación, de salud, de vivienda, del pueblo para el pueblo…Pero ¿vamos a esperar al día siguiente de la revolución para aprender todo ello, o vamos a generar una experiencia de construcción de sociedad que sea válida para cualquier situación que se pueda dar en el incierto futuro que se nos presenta?

Para muchas de las preguntas presentes en los debates de los movimientos sociales, las cooperativas integrales aportan a las discusiones una de las pocas respuestas vivas, que se van ganando un lugar en el imaginario colectivo; de ahí seguramente la multiplicación de iniciativas de cooperativas integrales, que tras la referencia de la Cooperativa integral Catalana, se han ido generando desde  personas y grupos en buena parte vinculados al 15-M y a los procesos auto organizados en los pueblos y barrios a lo largo del territorio ibérico.

La autogestión aplicada a nivel político  tiene mucho que ver con lo que se vivió con la generación de reuniones en las plazas y la constitución de asambleas populares; pero a aquello le faltaría una visión estratégica, una especie de plan, que permitiera imaginar, paso por paso, todo lo que es necesario hacer para el desarrollo exitoso de una asamblea popular, y más allá de ella de un sistema de organización basado en asambleas populares.

 Esta estrategia del autogobierno consistiría en dedicarnos desde el movimiento organizado a ir creando y ampliando mecanismos de participación directa: presenciales como asambleas y consultas populares, y al mismo tiempo ir asumiendo la capacidad de contrapoder suficiente para hacer que sean vinculantes como lo son ya por ejemplo en muchos casos las decisiones/acciones de detener los desahucios.

Cuando hablamos de construir un nuevo sistema desde la autogestión, es importante reseñar que el objetivo debe ser el de cubrir las necesidades básicas de todos y todas nosotras, mediante la acción colectiva. Algunas de estas necesidades básicas serían la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, el transporte y la energía por citar quizá las más relevantes.  Por tanto una labor de la cooperativa integral, a la que sería importante que cada vez más grupos se sumaran, consiste en recuperar lo público, entendido lo público como bien colectivo, no estatal ni privado, forma originaria de gestión emanada de la cooperación entre humanos.

No podemos seguir defendiendo mantener lo público estatal a cualquier precio, porque estos servicios, deben de existir para cubrir el bien que se espera de ellos, y cuando su aplicación resulta contraproducente para el objetivo que se pretendía, como es el momento actual (la sanidad, mata; la educación, nos hace esclavos), necesitamos cambiar nuestro prisma de visión y recuperarlos en un formato que realmente revierta en beneficio de las personas.

Una línea de trabajo clave es promover la salud, la educación pública y el derecho a la vivienda, como servicios autogestionados al margen del monopolio doctrinario establecido por el Estado y el mercado capitalista; otra línea de acción transversal a todos los proyectos autogestionados, es la de promover la colectivización de bienes, terrenos y viviendas.

Puede parecer utópico pero se trata de una realidad en construcción que está creciendo a buen ritmo. Para que las cooperativas integrales puedan consolidarse y responder cada vez a mayores retos, lo que se necesita es que cada vez más personas comprometidas con el cambio social, participen de ellas y sean capaces de dedicar energías y generar confianza en un proceso que a diferencia de muchas otras cosas, depende sobretodo de nosotros mismos.

Y el de las cooperativas integrales no es el único camino, ni mucho menos, para transformar la sociedad desde abajo. Como los zapatistas, diversos movimientos populares están demostrando con su práctica y compromiso diario, que se pueden abordar desde un mismo modelo organizativo todas las vertientes del cambio sistémico. A esta forma de transformación de la realidad la hemos llamado revolución integral. Es por ello que se ha iniciado la convocatoria internacional para constituir un  bloque por la revolución integral, podéis encontrar más información de ésta en el cuadro adjunto.

CONVOCATORIA REVOLUCIÓN INTEGRAL

(Se trata de un borrador que podría no corresponder en algunos aspectos a la versión definitiva)

¿Qué proponemos?

Un encuentro internacional para fundar el Bloque por la Revolución Integral www.integrarevolucio.net

Objetivos del encuentro

– Ratificar el manifiesto y las bases comunes.

– Conocer y compartir experiencias y estrategias

– Constituir el Bloque

– Aprobar los mínimos de funcionamiento.

– Disolver el grupo promotor y sustituirlo por el funcionamiento acordado

¿Cuándo la haremos?

El encuentro no tiene una fecha definida. Proponemos realizarla cuando estén interesadas en participar un amplio y diverso conjunto de colectivos que vengan de varios territorios, se convocará con 3-6 meses de antelación.

¿Qué entendemos por revolución integral?

Revolución: transformación radical de las estructuras y valores que fundamentan una sociedad.

Integral: que comprende todos los elementos que puede tener para ser completo.

Revolución Integral: proceso de significación histórica para la construcción de una nueva sociedad autogestionaria y autónoma, y para abolir las formas de dominación vigentes (El estado, el capitalismo y todas las que afectan a las relaciones humanas y con la naturaleza).

Implica una acción consciente, personal y colectiva, por la mejora y la recuperación de las cualidades y los valores de los seres humanos, que permitan este proceso de cambio y nos capaciten para una vida en común.

Al mismo tiempo la construcción de nuevas formas y estructuras organizativas en todos los ámbitos de la vida, que garanticen la igualdad de decisión y la equidad para  cubrir las necesidades vitales.

Objetivos del bloque

· Aumentar la conciencia en torno a las problemáticas del sistema vigente, de la crisis de valores y cualidades humanas y de su posible superación.

· Construir una identidad colectiva, un contrapoder, que pueda difundir, promover y avanzar de forma clara y con más incidencia que actualmente los planteamientos altersistémicos en torno a la revolución integral.

– Conocer y visibilizar la existencia de determinados procesos de construcción social que comparten el espacio ideológico de la revolución integral, para inspirar así la generación de nuevos procesos similares.

· Trabajar bajo un marco común de impugnación de la dominación y de construcción de una nueva sociedad. Crear sinergias, debatir, compartir tácticas, recursos y planes de acción entre los sectores que compartimos este marco común.

Bases propuestas para el bloque de la revolución integral  

 El principio básico es la lucha contra toda forma de dominación y la construcción de una nueva sociedad donde acabe aboliendo la dominación a través de una revolución integral

Esto lo concretamos con los siguientes puntos, que exponemos esquemáticamente y que habrá que trabajar e ir al elaborando para la redacción del manifiesto fundacional del bloque:

1) Unas relaciones humanas equitativas basadas en la libertad

– Impugnación de las formas de dominación ya sea por sexos, etnias, culturas, clases, …
– Apoyo mutuo, afecto, confianza, fraternidad y respeto hacia el resto de seres humanos
– Revertir la degradación del ser humano hoy en día en la mayoría de lugares, fomentada conscientemente por las élites dominantes del sistema actual.
– La necesidad de escucha, debate, reflexión y mejora, así como de autocrítica y crítica positiva para alcanzarla.

2) Auto organización y asambleas populares soberanas

– La asamblea como forma legítima de organización de cualquier comunidad, colectivo,
-Asambleas populares soberanas. El pueblo como unidad soberana.
· Autodeterminación de los pueblos y libertad de adhesión de las comunidades humanas.
– Construir en la diferencia, igualdad de voz y voto para toda la ciudadanía (todas las personas que viven en un área geográfica)

-Del ámbito local, ámbitos geográficos mayores, decidiendo a nivel local todo lo que pueda decidirse a este nivel (principio de subsidiariedad) y voluntad de coordinarse a diferentes niveles territoriales (confederación, fractalidad…)
-Convivencia en transición de diferentes formas de organizarse (proceso de auto organización emergente por un lado y el poder estatal por la otra).
– Y por lo tanto, impugnación del Estado como forma de dominación.

3) Lo común, lo público

a) Recuperación y construcción de la propiedad en control y posesión del pueblo (propiedad comunal o demótica).
-Bienes públicos gestionados y poseídos por la comunidad
-Impugnación de la propiedad privada como forma de acumulación, dominación o explotación.
– Aceptación de derechos y propiedades sólo si están vinculadas al uso.

b) Construir sistema público de carácter autogestionario basado en el apoyo mutuo
-Lo público: educación, salud, vivienda, energía,
– Rechazo al Estado de bienestar como forma de asistencialismo

c) Conocimientos y bienes inmateriales
-Rechazo a las patentes, derechos de autor (copyright),

4) Por una nueva economía basada en la cooperación y las relaciones de proximidad.

– Impugnar el capitalismo como mecanismo de producción y mercado basado en la ley del más fuerte y en el crecimiento perpetuo.

– Impugnar el sistema financiero actual, dominado por los bancos centrales y la banca privada y rechazo de los intereses sobre el dinero.

– Nos guiamos por la máxima: de cada cual según sus posibilidades a cada uno según sus necesidades.

– Apostamos por la cooperación – no competencia – como base de las relaciones económicas entre iguales y entre varios.

– Promocionamos intensamente el cooperativismo en el trabajo y en el consumo. Estamos por la erradicación del trabajo asalariado y en general de la explotación laboral.
– Monedas sociales, canje directo, economía del don y economía comunitaria, como herramientas de acción práctica para un nuevo sistema económico.
– Economía tan local como sea posible y sin intermediarios. Relaciones equitativas entre productores y consumidores.

-Sistema financiero público-comunitario y sin intereses,

5) Cooperar con la vida y con toda la naturaleza.

– Aplicamos los principios de cooperación, conservación y respeto, a nuestra relación con la naturaleza, de la que formamos parte, asegurando la buena convivencia con el resto de seres vivos.
– El funcionamiento social que se propone, basado en la soberanía popular local, permite y fomenta la cooperación con la naturaleza.
– Hay que tener en cuenta los ciclos de la naturaleza, para asegurar la sostenibilidad de la actividad humana, es decir, que sea perdurable en el tiempo, de generación en generación.
– Impugnar los valores y las dinámicas del sistema actual que aniquilan y ponen en peligro muchas formas de vida, también la nuestra, y que a la vez agotan los recursos no renovables.

6) Estrategia de transición: ¿cómo lo podemos hacer?

– Coherencia entre medios y fines: El proceso de revolución integral es una transición entre el sistema vigente y una nueva sociedad y humanidad. El camino para ir de un lugar a otro es aprendizaje e imagen de donde vamos, por tanto es necesario que los medios para realizar esta transformación estén en concordancia con los fines que anhelamos.

– Construcción dialéctica entre estructuras y valores: El cambio de valores es necesario para cambiar las estructuras, pero para realizar un cambio de valores profundo y amplio es necesario nuevas estructuras que les fomenten y permitan práctica, por lo tanto el cambio entre valores y estructuras se retroalimenta y debe ser paralelo.
– En coherencia a donde queremos llegar, es necesario que la transición la realizamos en base a grupos locales, apostando por la descentralización y la acción local, pero con miras y pensamiento global. Ésta, si avanza paralelamente en varios territorios y regiones será mucho más robusta e imparable.

– Estamos para minimizar la violencia sobre los seres humanos, maximizar el respeto por la libertad y la vida de las personas, adecuando nuestras acciones en cada contexto a partir de esta máxima.

– Para poder realizar esta transición, sacando el máximo de recursos, trabajo y legitimidad del sistema vigente y dedicarlos a la nueva sociedad en construcción, encontramos totalmente legitima y necesaria la desobediencia integral. Pensamos que hay que usarla en cada contexto de tal forma que maximice nuestra acción transformadora.

El New York Times definió a Marinaleda como “un oasis comunista”. “Un trabajo y sin hipoteca para todos en un pueblo español”, rezaba el titular. Está claro que Marinaleda no es el paraíso perdido, pero tampoco es casual que el periódico de referencia de la prensa mundial dedique un reportaje a un pequeño pueblo de la sierra sur sevillana de poco más de 2.700 habitantes.

Marinaleda se ha ganado a pulso esa imagen mítica de aldea gala que resiste contra corriente, y cuando más evidente es que “están locos estos romanos”, más destacan los éxitos de este pequeño pueblo andaluz. Con casi seis millones de parados en el estado español (un 29.61 % de paro en la provincia de Sevilla) y en un país en el que se producen 526 desahucios diarios, que un pequeño pueblo de una de las zonas más deprimidas del campo andaluz, dedicado casi por entero a la agricultura, garantice un trabajo y una vivienda digna a todos sus habitantes es un gran mérito.

 El empleo y la vivienda son precisamente las joyas de la corona del verdadero estado del bienestar del que disfruta Marinaleda, pero no son los únicos logros. Servicio a domicilio gratuíto para personas mayores y dependientes, guardería infantil a unos 12€ mensuales con comedor incluído, piscina municipal a unos 3€ al mes, una escuela taller en la que los alumnos realizan sus prácticas con trabajos para la comunidad y cobran por ello unos 390 €, polideportivo gratuíto con campo de césped artificial, una sala de teatro, radio y televisión municipal con programación propia, dos concultorios médicos y otros dos hogares de pensionistas que entre sus prestaciones incluyen visita del oculista y gafas gratis… Hasta el equipo de fútbol municipal estuvo a punto de ascender a 2ª B (no lo hizo por no pagar las tasas que ello conlleva), algo inusual para un pueblo de esas dimensiones. Esta descripción puede parecerse al folleto de una campaña electoral municipal pero cualquiera que visite Marinaleda podrá constatar las instalaciones y servicios que posee el pueblo y compararlos con otros de la zona. Más adelante hablaremos de las  pegas que se pueden poner a Marinaleda, pero es justo reconocer estos éxitos.

 La “autoconstrucción” del derecho a la vivienda

 La política de vivienda de Marinaleda se basa en un principio muy simple. Mientras que la mayoría de los pueblos y ciudades recalifican como suelo urbano el suelo en manos privadas, facilitando los típicos “pelotazos” de las constructoras e inmobiliarias que nos han llevado a la actual situación, en Marinaleda el pelotazo lo da el ayuntamiento. Desde los años ochenta la obsesión del consistorio fue hacerse con la propiedad de todo el suelo colindante al núcleo urbano. Una vez que todo este suelo, comprado a precio de rústico, estaba en manos públicas, se fueron recalificando como urbanas las zonas que la expansión del pueblo iba requiriendo. Nada del otro mundo, simplemente no caer en el absurdo de primero recalificar suelo privado y luego comprarlo a precio de oro con dinero público. Obviamente esto tiene una pega, ninguna gran empresa le hará favores políticos al alcalde y concejales y éstos pueden olvidarse de obtener un jugoso cargo de asesor en alguna de ellas cuando abandonen su carrera política.

Una vez que el ayuntamiento dispone del suelo comienza la segunda fase de las famosas viviendas de autoconstrucción de 15€ al mes. El ayuntamiento dona el suelo gratis y también pone a disposición del proyecto a los técnicos municipales, como la arquitecta, jefe de obra, aparejador y oficiales de albañilería que realizan los trabajos más complicados. Hay que recordar que durante el boom inmobiliario el 84% del aumento del precio de las viviendas se debió al precio del suelo, así que con suelo y proyecto gratuítos ya tenemos una gran rebaja en el precio final de las viviendas. En este punto aporta su granito de arena un programa de la Junta de Andalucía que financia gratis (no paga, sino que financia al 0% de interés) los materiales de construcción. Justo es reconocerlo, pero también es cierto que cualquier pueblo andaluz puede acogerse a esta ayuda y pocos han sido capáz de llevar a cabo el proyecto, por supuesto ninguno como lo ha hecho Marinaleda. Ya tenemos suelo, proyecto, asesoramiento y oficiales gratuítos y los materiales financiados sin intereses. Solo falta construir la vivienda y aquí viene el “truco” que hace que no sea del todo cierto que el precio de las viviendas sea de 15€ mensuales: Los futuros habitantes aportan también su trabajo en la autoconstrucción de sus propias casas. Es decir que si tú y tu familia no trabajan en la obra habría que sumarle el sueldo de los obreros que la construyen. En un pueblo agrícola con un característico paro estacional, la dedicación fuera de temporada a la construcción no supone ningún problema. Resulta interesante además que los vecinos que trabajan en la construcción de sus casas en realidad lo hacen para toda la promoción y luego se sortean las viviendas, de forma que uno nunca sabe cual será su futura casa, evitando así la tentación de esmerarse en ella más que en las demás. Así, con suelo y proyecto gratis y el propio trabajo de los futuros inquilinos, que además aprenden un oficio y conviven con sus vecinos incluso antes de mudarse, solo queda pagar los materiales adelantados por la Junta y a ello se dedican los famosos 15€ al mes.

 “La tierra para el que la trabaja”: Una garantía para el pleno empleo

 Junto con la vivienda, el otro gran éxito de Marinaleda consiste en hacer realidad la histórica reclamación del campo andaluz: “La tierra para el que la trabaja”. En una zona tradicionalmente latifundista, las primeras luchas de los jornaleros del pueblo fueron las ocupaciones de el cortijo El Humoso perteneciente al duque del Infantado. Desde los años ochenta las ocupaciones de estas tierras baldías fueron constantes, como lo fueron las protestas de apoyo frente al gobierno andaluz y central. Tras años de lucha y represión los jornaleros consiguieron en 1991 la expropiación de 1.200 hectáreas transformadas en regadío que pertenecen ahora al pueblo. Las tierras son hoy explotadas por la Cooperativa Humar – Marinaleda S.C.A. fundada en 1992. En las tierras ocupadas se cultivan por temporadas productos como habas, alcachofas, pimientos del piquillo o pimientos morrones y también hay un olivar y una almazara para producir un excelente aceite de oliva. La cooperativa dispone además de su propia planta de tratamiento y envasado para la comercialización. Tanto el campo como la envasadora garantizan empleo al pueblo, en el que muchos de los vecinos son a su vez cooperativistas. Obviamente no todo el mundo trabaja en la coorperativa, muchos vecinos y vecinas lo hacen en pequeños negocios, en sus pequeñas propiedades agricolas o en las campañas de la zona. Sin embargo la coorperativa es el motor económico del pueblo y gracias a ella, en una zona asolada por el paro, Marinaleda ha acogido incluso a inmigrantes extranjeros y de los alrededores.

 El largo camino de la lucha jornalera

 Todos estos éxitos no han sido fáciles. Es el espíritu reivindicativo y la convicción de los vecinos y vecinas de Marinaleda, que han soportado años de lucha y represión, los han hecho posible. Aún hoy, cualquier sevillano que participe en los movimientos sociales sabe que cuando Marinaleda se moviliza llegan a donde sea autobuses repletos de señoras y señores mayores, muchos ancianos, así como jóvenes del pueblo que nunca faltan a una cita y que siempre están dispuestos a ponerse en primera línea, recibiendo habitualmente los palos de la policía. Sorprende ver una y otra vez a señoras mayores que a pesar de haber sufrido múltiples lesiones por la acción represora de la policía, bajan sonrientes de los autobuses, con su bocadilo en la mochila, dispuestas para el siguiente asalto. No cabe duda del papel fundamental que ha jugado su alcalde ininterrumpido desde las primeras elecciones municipales en 1979, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que siempre ha obtenido mayoría absoluta y, lejos de desgastarse, ha obtenido su mejor resultado en las últimas elecciones de 2011 (un 73.08 % de los votos con una participación del 88,33%). Pero hay que destacar que, a pesar de su indiscutible liderazgo, ha sido la lucha mantenida de todo un pueblo la que ha conseguido los logros por los que Marinaleda ha alcanzado fama internacional.

 Debilidades y retos para pulir y consolidar el proyecto de Marinaleda

 Hubiera sido injusto no señalar los formidables éxitos de Marinaleda antes de emprender una lectura crítica (y constructiva), desde el punto de vista libertario, de su histórica lucha y la situación actual. Desde la tradición libertaria resulta imposible no identificarse con las luchas de este pequeño pueblo andaluz, aunque sean otras las tradiciones políticas predominantes que han guiado a sus vecinos. Resulta pertinente señalar cómo el propio Sánchez Gordillo reclama la influencia de tradiciones tan diferentes como el cristianismo de base, el nacionalismo andaluz, el comunismo y también el anarquismo. Respecto al primero cabe recordar que el Sindicato de Obreros del Campo (hoy llamado SAT) fue fundado entre otros por Diamantino García, conocido como «el cura de los pobres». El marxismo y el comunismo son sin embargo la tradición predominante, junto con un marcado nacionalismo andaluz de izquierdas. No obstante es imposible imaginar la lucha jornalera de la zona sin tener en cuenta la tradición anarcosindicalista de la histórica CNT y, no sin ciertas contradicciones, ésta es reclamada por el propio Gordillo.

 Desde la tradición libertaria la primera crítica que puede hacerse a Marinaleda es precisamente el indiscutible liderazgo tanto de Gordillo, alcalde del pueblo y líder del partido CUT-BAI, como del secretario general, primero del SOC y ahora del SAT, Diego Cañamero. El anarquismo siempre ha desconfiado de los líderes perpétuos, aunque también ha tenido liderazgos míticos como el de Durruti. La desconfianza hacia toda acumulación de poder está en la base de esta crítica radical. La historia ha dado la razón a este recelo, desde la borocracia roja que derivó en el estalinismo hasta los innumerables caudillos que una vez en el poder han traicionado a la revolución sobre la que se apoyaron. No obstante hay que reconocer que tanto Gordillo como Cañamero han sido fieles a las luchas populares y han suifrido en su propio cuerpo la represión en numerosas ocasiones. También que más allá de la caricatura que a veces se hace, como ejemplifica el libro “El mesias rojo” en referencia a Gordillo, es cierto que las decisiones tanto en el pueblo como en el sindicato se toman en asamblea. Los lideres poseen en ellas una gran influencia, fundamentada en la autoridad carismática que el sociólogo Max Weber definió como una de las formas típicas de poder. Pero esa influencia no se traduce en un poder absoluto, aunque sí que posee ciertos rasgos de los modelos jerárquicos. La crítica libertaria sigue siendo válida, un liderazgo de esas característica corre el riesgo de caer en el despotismo, que no haya sido así no significa que no exista esa debilidad.

 El problema de este liderazgo sí que se manifiesta de otras formas, como la dependencia y la falta de relevo generacional que garantice el futuro del proyecto. En Marinaleda el alcalde asume demasiadas tareas mientras que algunos de los concejales ejercen de forma casi testimonial. La dedicación que le exige al alcalde su otro puesto de parlamentario andalúz, así como el liderazgo de la CUT-BAI y las múltiples entrevistas y charlas para las que es requerido, dificulta que se pueda atender muchas gestiones de las que a pesar de ello es el único responsable. Tampoco se vislumbra el relevo generacional en la alcaldía. El problema de un liderazgo carismático como el de Gordillo es que la ausencia del líder mine el proyecto colectivo. Por supuesto los éxitos de Marinaleda son los logros de todo un pueblo, pero habrá que ver si, acostumbrado a la omnipresencia del actual alcalde, el colectivo es capáz de mantener el proyecto en su ausencia.

 Otra de las debilidades del proyecto es la carencia de personal técnico en el pueblo para afrontar las tareas de gobierno y administración que se requieren. Mientras que Gordillo es profesor de historia del instituto, el éxito del pleno empleo ha tenido el inconveniente de que son pocos los jóvenes de Marinaleda con estudios superiores, lo que hace que muchos puestos municipales para los que se requiere formación (arquitecta, secretario, abogados) hayan tenido que ser cubiertos por técnicos de fuera del municipio. Resulta asombroso que con el sistema de ayudas sociales que tiene el pueblo no se les haya ocurrido implementar un sistema de becas para que, al menos los alumnos más destacados, cursaran los estudios universitarios necesarios para desempeñar estos puestos fundamentales, tanto en el ayuntamiento como en la cooperativa. Pero más que la utilidad práctica de la formación para cubrir estas necesidades, es importante la consideración de la educación como una riqueza personal y social. Este ha sido desde siempre uno de los grandes valores de la izquierda, sin embargo se hecha en falta en Marinaleda alguna medida en este sentido. Sin duda el éxito del empleo ha desmotivado a muchos jóvenes del pueblo para cursar estudios con la finalidad práctica de obtener un buen trabajo, pero tampoco se ha trabajado sobre la motivación más profunda de desarrollarse personalmente. Políticamente no es despreciable el papel que la formación de Gordillo aportó al proyecto de Marinaleda, un pueblo en el que había, como era característico en esa época en el entorno rural andaluz, una altísima tasa de analfabetismo.

 También es importante que los jóvenes del pueblo sean conscientes de la larga lucha que a posibilitado que disfruten de las ventajas que hoy tienen. Hay que tener en cuenta que éstas parten de la extrema necesidad de los jornaleros de la zona en otros tiempos, una situación que afortunadamente los jóvenes no han padecido y que podría minar la necesaria concienciación política para defender lo que hoy poseen.

 A la “revolución” de Marinaleda le falta también una actualización en el sentido de incluir algunas de las nuevas demandas y reivindicaciones sociales. Si bien la agricultura del pueblo es bastante más ecológica de lo que es común, por no hablar de su plena sostenibilidad social, no ha cuajado aún una producción 100% ecológica. Los productos de la cooperativa tienen certificación de “Producción Integrada”, que simboliza el compromiso del sector agrario con el medio ambiente y la calidad de los productos, utilizando al máximo los recursos y los mecanismos de regulación naturales, pero no disponen de un sello de producción ecológica certificada y reconocido como tal. Sin duda esas tierras ocupadas y cultivadas colectivamente en un proyecto político como el de Marinaleda serían un escenario ideal para promover otras formas de producción más sostenibles medioambientalmente. Además sería interesante analizar la posibilidad de explotar la marca Marinaleda saliendo de los circuitos comerciales tradicionales de los que aún depende la comercialización. No cabe duda de que unos productos 100% ecológicos y cultivados colectivamente en tierras ocupadas tendrían un alto valor añadido por su doble carácter ecológico y social y podrían ser comercializados por otros circuitos, limitando al menos en parte la dependencia de las grandes supeficies.

 El tema del género también es debatible en Marinaleda, dónde la gran mayoría de cooperativistas de El Humoso son hombres y lo mismo ocurre con cargos políticos y del sindicato. Persiste una brecha de género en la toma de decisiones y la implicación política que sería necesario atender de forma contundente.

 Tampoco estaría de más apostar por el software libre en el ayuntamiento, ya que éste es un ejemplo claro de autogestión e independencia utilizado con éxito en muchas otras instituciones. Lamentablemente en un pueblo que ha apostado por seguir otro camino no se ha planteado esta posibilidad y se sigue utilizando software propietario con el consiguiente coste de licencias y la dependencia de las grandes multinacionales del software privativo.

 En definitiva, lo conseguido en Marinaleda no tiene por qué darse por concluído ni garantizado en el tiempo. Sería importante pulir el proyecto y sobre todo consolidarlo, garantizando su continuidad en el futuro, con la implicación de las nuevas generaciones y la llegada de nuevas ideas. La revolución nunca es algo acabado sino un proceso permanente, y nunca puede ser una obra personal sino colectiva. Si Marinaleda es capáz de afrontar los retos que se le presentan, solventar sus debilidades y pulir su proyecto alternativo, seguirá siendo un ejemplo de gestión colectiva de lo común y solo podremos desear, como dice la canción de Reincidentes, una “Andalucía entera, como Marinaleda”.

Las reformas acometidas por los distintos gobiernos europeos, con especial virulencia en el ajuste, robo y expolio de las clases salariadas, en los gobiernos del sur de Europa, garantizan el orden seguro del dinero, por medio de revertir la riqueza social, hacia los activos financieros. Así, el artículo 135 CE, convierte en inexorable el endeudamiento permanente de la ciudadanía, la cual es la “responsable” de devolver la deuda ilegitima.

Asalariados/as activos, por medio de las Reformas Laborales, son subsumidos “plenamente” en el capital, al cual tienen que plegarse de manera autoritaria para la realización de su tasa de beneficio.

El resto de la sociedad, bien como asalariados, bien como ciudadanos, bien como personas sin más, se ven arrastrados a sobrevivir o, su contrario, negar esta realidad de miseria moral y empobrecimiento material, y pensar en el qué podemos hacer, no sólo qué debemos hacer, imaginando qué puede pasar, ese futuro incierto siempre, moviéndose con la inmediatez que marcan los acontecimientos, para buscar la posibilidad de otra realidad social más justa, con cuota de eficiencia social satisfactoria e igualitaria.

Las políticas fiscales de  la UE: DE Maastricht (92) al pacto fiscal del euro

Desde el año 1997, el Plan de Estabilidad a niveles de la UE, fija límites en el capítulo de gastos de los estados: 3% para el déficit público y el 60% para la deuda pública. Estos límites fiscales generaron políticas de reducción del gasto, deteriorando todos los sistemas de protección social (pensiones, sanidad, educación, empleos, cuidados, ayudas a las familias, etc.), encontrándonos, a fechas actuales, con porcentajes en torno al 25% del PIB, en media de gasto europeo.

A partir de la “Gran Crisis-Gran Estafa”, los gobiernos de la UE unificaron sus políticas de intervención económica, -los denominados estímulos fiscales-, inyectando directamente entre 1,5 a 2,5 billones de euros  al sistema financiero, y algún otro sector de la economía (automóvil y grandes infraestructuras viarias).Los responsables directos de esta “crisis de su propio sistema”, sector financiero en todas sus variantes, hacen crecer los déficit públicos de todos los países, muy por encima del 3% fijado en el Pacto de Estabilidad, a la vez que disparan la deuda en todos los estados miembros, muy por encima del 60%.

Se han dedicado recursos monetarios (papel moneda emitido en bonos de deuda) hasta un 42% de todo el PIB de la UE, siendo el 22% puesto directamente a disposición de los banqueros.

En el estado Español el déficit aumentó hasta el 9% del PIB en el cierre del 2011 y el compromiso con Bruselas es hacer las correcciones necesarias para que en el 2012, se sitúe el déficit en el 6,3% (a noviembre ya se declara la imposibilidad de llegar a esa cifra y se baraja un déficit rondando el 7%/8%). El conseguir el límite del 3%, se desplaza hasta el 2016.

La deuda pública pulveriza récords y equivale ya al PIB de España

Los pasivos puestos en circulación por el Estado para financiar el déficit representarán una cifra similar a la riqueza generada por la economía española en un año. La deuda pública bruta, en concreto, se situará en 2013 en el 100,2% del Producto Interior Bruto.

La cifra, lógicamente, tiene que ver con la acumulación de cuantiosos déficits en los últimos años. Para hacerse una idea de su evolución, hay que tener en cuenta que, al comenzar el parón económico, en el año 2007, la deuda suponía prácticamente la mitad. Ese año, la deuda pública bruta era de 503.906 millones de euros y, según los últimos datos del Banco de España, el pasado 30 de junio los pasivos financieros ascienden ya a 978.368 millones de euros. La OCDE va un poco más allá, y estima que en 2013 se situarán en el entorno de los 1,06 billones de euros.

Según la OCDE, los ingresos públicos se sitúan más de diez puntos por debajo de los registros observados en Francia, Italia o Alemania, un 35% del PIB frente a algo más del 45% en esos países.

¿PORQUE LOS INGRESOS PUBLICOS HAN DISMINUIDO TAN DRASTICAMENTE?

El principal factor de la caída de ingresos[1], es el Impuesto de Sociedades (IS) o dicho de otra manera, los empresarios pequeños, medianos y grandes, que vienen obligados a tributar conforme al IS. Es decir, una parte sustancial de la debacle de la crisis fiscal española, sólo es explicable por la connivencia de gobernantes, legisladores y empresarios. La otra parte de responsabilidad es de los ricos, los mismos sujetos pero con otro apellido.

Tanto GESTHA, el sindicato de los subinspectores de hacienda, como los gabinetes de los distintos sindicatos, llegan a la misma conclusión: el impuesto de sociedades (IS) es el gran responsable en la caída de la recaudación fiscal. Expresado de otra forma, los responsables en un tanto por ciento significativo del expolio social, de la socialización de pérdidas y privatización de las ganancias, son los empresarios.

Esto se observa muy bien en la evolución de los ingresos fiscales del 2006 al 2011[2]:

 Como se puede observar, la pérdida de ingresos en cinco años que asciende a 25.009 millones de euros, no corresponde a partes iguales o equivalentes en cada uno de los impuestos, sino únicamente obedece a la brutal disminución (expolio, es la palabra) del IS, que explica el brutal descenso de los ingresos. El IS dejo de aportar 28.292 millones de euros.

 Los datos son abrumadores, mientras que entre los años 2009 y 2011 el IRPF aumentaba un 9%, el IVA lo hacía en un 10% y los impuestos especiales más o menos se mantienían, el IS caía un 23%.

 Es vergonzoso que del 30% de tipo nominal, estemos en 2011 en un tipo real del 11,6%, más vergonzoso todavía si  se tiene en cuenta que es impuesto significa la friolera de 13 puntos menos que el tipo más bajo de las rentas del trabajo (IRPF), que es del 24,75%.

De hacerse un ajuste en este impuesto, acercando el tipo real al tipo impositivo, por cada punto que hubiese aumentado el tipo efectivo real para aproximarlo al teórico, se hubieran recaudado 8.549 millones más en el período 2007-2011. Es decir si el tipo efectivo medio  hubiera estado entre el 30% y el 25%, es decir el 28.5% de manera constante durante todos los años desde el 207-2011, los empresarios [El Capital], hubieran tenido que ingresar la friolera de 141.380 millones de euros.

EL PROBLEMA NO ES DE GASTO, EL PROBLEMA ES DE INGRESOS y de ROBO

Las Alarmas Sociales han saltado todas: el gasto social se ha disparado, como consecuencia sobre todo del incremento exponencial del desempleo, y se libran partidas extraordinarias de hasta 7.000 millones de euros (sacadas del Fondo de Reserva de la SS) para pagar las pensiones. Aun así no llega y se hace necesario emitir nueva deuda (bonos del reino de España) que incrementa la deuda y con ella los interese que se pagan.

Se necesitan dineros, pero lo realmente indeseable, y lo que nadie pone encima de la mesa es que las políticas de ingresos, la capacidad que tiene el Estado de recaudar dinero suficiente para cubrir el gasto, desde el año 92 (Maastricht), han sido inversamente proporcionales a las rentas.

Los salarios altos, las rentas de capital mobiliario, las rentas del capital inmobiliario, los impuestos sobre los dividendos (beneficios), los impuestos de sociedades, las cotizaciones sociales empresariales, los impuestos de los grandes patrimonios, etc. han decrecido significativamente, al contrario que las rentas del trabajo, que soportan más del 75% de todos los ingresos fiscales del estado.

La situación no va a cambiar por sí sola: el  Estado Español, con cualquier representación política (PSOE/PP y Burguesías Nacionalistas), responde al nuevo (des)orden económico político. El nuevo orden económico – político que impone la globalización es la socialización de parte de los costes salariales de las empresas privadas, fundamentalmente las transnacionales. Son varias las formas que se emplean: deslocalización de la producción y servicios, flexibilización del mercado de trabajo, reordenamiento del mercado laboral (despidos individuales y colectivos). Esta socialización de costes es transferida al sector público, el cual tiene que dedicar más dinero para trasvasarlo al sector privado, incrementando así el déficit.

Los organismos supranacionales, FMI, BM, Comisión UE, OMC, OCDE, etc., auténticos gestores de este desorden, reproducen las mismas recetas en cualquier parte del mundo: los diferentes estados, -en alguna medida mermadas sus funciones para la intervención-, deben intervenir drásticamente en la reducción de los déficits presupuestarios, lo que, traducido a lenguaje cotidiano, significa actuar rebajando las prestaciones sociales e implantando políticas fiscales regresivas.

Estas políticas desmantelan los servicios públicos y, de esta manera posibilitan que inmensas masas de capital financiero realicen tasas de ganancias en mercados hasta ahora vedados. Las consecuencias de esta ruptura del “pacto social tácito” son dramáticas en términos sociales: pobreza, desigualdad y exclusión social que sobre todo se concentran en las grandes ciudades y en todas las periferias del mundo.

Nuevas formas de exclusión del derecho a la salud, educación, prestaciones sociales, etc., se relacionan con la distribución y acceso desigual a los servicios y a los recursos entre naciones y territorios regionales. Las medidas de reducción y control del gasto público (requilibrar el presupuesto y las políticas de superávit), bipolarizan la sociedad y terminan con la sociedad “de clases medias propietarias”.

LAS HIPOTESIS QUE SE BARAJAN. El qué pasará y lo que podemos hacer.

Se suelen manejar tres lecturas de salida y transición[3]: por una parte las “keynesianas, que sostienen que bastaría con reconducir los flujos financieros hacia el aparato productivo para generar empleo y crecimiento”. Por otra, la denominada “transición sistémica, donde la lectura es una alternancia de ciclos de expansión material y ciclos de financiarización/hegemonía”. Y la tercera, que sostiene que ante el “exceso de capacidad permanente, debido a la crisis de sobreproducción estructural que ha ido creciendo durante el ciclo financiero, por falta de demanda, causando caída de beneficios, baja productividad y bajo crecimiento, con estallidos de crecimiento por burbujas financieras y lucha entre potencias por los costes de la sobre capacidad, salir de este ciclo sin guerra, requiere de un ajuste coordinado, donde la redistribución se muestra como un nuevo pacto social”.

El qué pasará posiblemente se mueva en los tres escenarios o una combinatoria de los mismos durante épocas más o menos largas. La socialdemocracia europea y mundial, a la vez que la inmensa mayoría de las izquierdas alternativas, se mueven entre la primera salida y algunos, al menos en el discurso y retórica, introducen elementos de la salida redistributiva.

Lo que podamos hacer no es lo mismo que lo que consideremos ética y políticamente que debamos hacer, pero en ambos casos se trata de que ni en el deber ni en el poder, podemos fijar como objetivo una vuelta atrás. Ni es deseable ni es posible.

Más capitalismo, más competitividad, más economía desarrollista y/o especulativa, más dinero financiero, nos ha llevado a este terror y desmoralización generalizadas. Repitiendo errores las consecuencias serían infinitamente peores.

Se puede cambiar las políticas para hacer posible otro mundo, otro modelo de relaciones laborales, otra economía no especulativa ni competitiva, sino solidaria, otras maneras de cuidarnos y ser cuidados, sin intervención de los “mercados privados ni públicos” siempre y cuando lo que exijamos, no sea más de lo mismo.

La sociedad, las personas, a cientos de miles y a millones, debemos y tenemos que comparecer en la calle, no sólo para manifestar nuestro desacuerdo con estas políticas criminales y de terror, sino con actos de insumisión y desobediencia concreta en la calle, en los centros de trabajo, en los centros de salud, en las escuelas, en la universidad, en nuestros entornos sociales, un verdadero acto democrático de rebelión contra el “terrorismo del gobiernos y de los poderosos”, para que de esta manera se corte en seco esta barbaridad con la que nos quieren llevar al “sálvense quien pueda…”

El principio de posibilidad debe estar constituido por un arrebatamiento del poder absolutista que las élites dominantes sustentan y, las vías de salida tendrán que girar alrededor de un eje básico: la eficiencia social tiene que conseguirse mediante esquemas de redistribución, donde la relación salarial deje de ser la argolla donde tienen amarrados los derechos para todos y todas.

Cuestiones como la renta básica, los bienes comunes (públicos) como inalienables para todos y todas y unos sistemas fiscales muy radicales deben ser la base de un nuevo proceso constituyente. La mayoría social debe hacerlo posible aquí y ahora.

La investigación en curso, de la que aquí presentamos unos primeros esbozos de conclusión para el debate, está centrada y enfocada en las vivencias cotidianas y de la vida ordinaria de gentes que viven directamente los efectos de la denominada “crisis económica”, en posiciones subordinadas de la estructura social. Como se verá, este punto, en aparente común, es el de partida de diversas líneas de interpretación y configuración de realidades particulares.

Este trabajo se ha realizado en base a las técnicas cualitativas de grupos de discusión y de entrevistas semiestructuradas, por lo que fue necesario diseñar un proceso de definición de aquellas personas y grupos especialmente afectados por la actual deriva social, política y económica, especialmente en lo que se refiere a la falta de empleo: jóvenes con escasa cualificación, migrantes desempleados o en trabajos precarios, mujeres, desempleados de más de 45 años. Todos tienen en común su fragilidad ante los efectos de la crisis y la experiencia de “descenso social” que se deriva de ella.

En términos generales, nos hemos planteado un acercamiento para tratar de conocer cómo es la cotidianeidad de las personas mas afectadas por los procesos de dislocación que se están produciendo en el avance del capitalismo tardío. En este sentido nos interesa saber cómo viven -o sobreviven- para intentar mantener sus necesidades básicas y las de sus familias cubiertas; cómo construyen su identidad en estos espacios de precariedad y quiebra de su mundo conocido; cómo dan sentido a su situación y a la de otros en similares circunstancias y cómo despliegan su cosmovisión desde esa posición.  Las técnicas de investigación referidas nos están permitiendo realizar este acercamiento para ver cómo se construyen esas vivencias e ideologías  en su “hablar” colectivo -esto es, en situaciones de interacción social entre iguales- y que estas situaciones nos darán la posibilidad de ver cómo se construyen sus discursos, con sus variaciones, sus balbuceos, sus potencialidades, sus dudas, sus contradicciones  y sus desplazamientos.

De esta manera, pretendemos dar con algunas claves de entendimiento de los procesos de producción y reproducción de las marginaciones, y de cómo operan los dispositivos de dominación, así como las diversas respuestas que frente a ellos se construyen y que pueden contribuir a cuestionar esas formas en que se reproducen las condiciones que contribuyen a  su subordinación y su dominación. Conocer estos procesos y dispositivos y ver cómo son los discursos puede dar claves para ver las fortalezas, las fracturas, los puntos débiles, las contradicciones, las respuestas  que subyacen a esta forma de reproducción del modelo actual del desarrollo capitalista y para avanzar en propuestas de conformación de miradas que contribuyan en una toma de conciencia de sus propios intereses.

Crítica a las definiciones de exclusión y pobreza.

Desde esta perspectiva, nos planteamos desarrollar una humilde contribución a la crítica de las definiciones clásicas y hegemónicas de la pobreza y la exclusión social, escoradas en la actualidad a la acotación individualizada de los problemas sociales y a los procesos de esencialización de la pobreza, muy en línea con los diagnósticos realizados desde las políticas neoliberales. Precisamente, éste ha constituido nuestro primer terreno de contestación, objetivando esas definiciones hegemónicas de los excluidos y los “nuevos pobres” para ubicarlas en una política concreta de gobierno de la ciudadanía.

Para este trabajo hemos acometido varias tareas comunes en torno a los grupos de discusión que se pueden resumir en los siguientes puntos o ejes del análisis:

1-reconstrucción de trayectorias vitales y estrategias de supervivencia

2-los vínculos sociales, las relaciones, las redes y los apoyos

3-análisis ideológico y cosmovisiones sobre la sociedad que les ha tocado vivir: Estado, estado del Bienestar, gobierno, la clase política, gran capital, pequeños empresarios, los sindicatos, las instituciones, los inmigrantes, la población gitana, la solidaridad y la ayuda al desarrollo, la justicia,…

4-las miradas sobre la crisis: reconstrucción del sistema de atribuciones causales

5-representaciones sociales sobre la desigualdad y la pobreza. Términos usados. Marcos interpretativos

6-las perspectivas de futuro

7-las demandas de intervención social

8-miradas sobre la movilización política

9-la construcción de identidades en contextos de precarización

A partir de aquí, hemos obtenido un conjunto de materiales discursivos de enorme riqueza e intensidad que nos están sirviendo de base para un análisis que se despliega en varias direcciones. Nos centraremos, ahora, en avanzar algunas líneas de este trabajo en relación a las descripciones de las actitudes vitales y las distintas metáforas que se ponen en juego ante el paro y la crisis; unas estrategias discursivas que, más allá de una mera estructura retórica, nos direccionan hacia las vivencias y significaciones ordinarias de la vida social.

Desde nuestra perspectiva, estos espacios ideológicos conforman el espacio de las prácticas sociales y no constituyen un mero contrapunto mental a las mismas. Además, las vivencias subjetivas, lejos de constituirse en una especie de asunto personal, remiten a las esferas sociales y culturales y a las posiciones sociales colectivas.

Actitudes vitales

Podemos apuntar la existencia de diversas actitudes vitales ante la crisis, que se ubican en un contexto en tensión que va desde el extremo del individualismo hasta un cierto sentimiento colectivista y, a su vez como otro eje transversal, un extremo de posición adaptativa hasta otro de posición crítica. Así, los parados obreros de más de 45 años muestran actitudes que hemos denominado de “acabamiento”, toda vez que desarrollan estrategias adaptativas que consisten en sentir que han llegado a una estación términi, o que han terminado por caer en un pozo, del que ya difícilmente van a salir; su actitud denota sentimientos comunes, pertenencia a un grupo al que, sin embargo, se le ha negado toda capacidad de agencia.

La mayor parte de las actitudes vitales se ubican en el territorio común del individualismo, que tiene a explicar la propia situación en términos particulares y desconectados de intereses comunes o de toda identidad colectiva. En este sentido, buena parte de los grupos de jóvenes tanto cualificados como de escasa cualificación, grupos de inmigrantes e incluso una buena parte de las mujeres con cargas no compartidas, se sitúan en actitudes que van desde un estado de shock individual hasta lo que hemos denominado provisionalmente un aislamiento protegido amnésico (que pretende encontrar un refugio individual ante la que está cayendo). En este conjunto, cabe incluso el tipo de actitudes que subrayan la máxima responsabilidad individual, sobre todo por parte de grupo de migrantes que llegaron a nuestro país con los esquemas de esfuerzo individual como camino a la prosperidad.

Resulta especialmente interesante detenernos en ese estado de shock y de desconcierto que hemos citado: buena parte de los jóvenes de los grupos de discusión se encuentran en este espacio discursivo a la hora de dar cuenta de sus actitudes ante la situación que viven, comparando permanentemente la situación actual (ahora) con el pasado (antes) y elaborando estrategias de supervivencia que creen circunstanciales en espera, más o menos idealizada, de una vuelta a las condiciones previas vividas como de prosperidad. Sólo en algunos casos, minoritarios, se vislumbran algunos ejercicios críticos que se plantean salidas a esta situación por medio de una vida más simple (siempre desde la perspectiva individualista).

Pero las actitudes no se ubican únicamente en este contexto individualista: una fracción de los grupos de mujeres, así como de jóvenes y obreros, puede derivar en actitudes más próximas a los sentimientos colectivos, que generan procesos de movilización, en primer lugar hacia la búsqueda desesperada del trabajo (lo que no garantizaría la continuidad de esos sentimientos colectivos) o hacia la elaboración de discursos más críticos ante la situación de crisis. En cualquier caso, nuestra hipótesis por el momento es que las actitudes más nítidamente marcadas de colectivismo crítico solo se encontrarían en los grupos de jóvenes cualificados, así como en obreros-as, con una cierta tradición y experiencia previa de movilización política.

Espacios ideológicos

Las actitudes descritas, lejos de constituirse en sólidos y nítidos espacios vivenciales, admiten variaciones y adaptaciones a las distintas situaciones de la vida cotidiana. Una de las cuestiones que más interés está suscitando en nuestro análisis es su vinculación con varios espacios ideológicos que conforman potentes condicionantes de las actitudes y prácticas sociales.

Entre las personas más directamente afectadas por la actual crisis y desempleo es frecuente el posicionamiento ideológico en alguna de las versiones del individualismo, toda vez que los discursos hegemónicos ponen énfasis en esta esfera para explicar tanto las causas como las consecuencias de las situaciones penosas en las que se vive. Por una parte, una fracción importante de jóvenes y migrantes con cierta cualificación exhiben con claridad un individualismo que hemos denominado hobbesiano adaptativo, que subraya la importancia de obtener y conservar capital formativo personal, que es el que se tiene que poner en juego, en base a los méritos individuales, en un mundo en el que la tónica es la lucha de todos contra todos, con escasas posibilidades de solidaridad y acción común, cuestiones a las que siempre se mira de manera despectiva o tachándolas de ingenuas.

Por otra parte, ya en los grupos de jóvenes no cualificados y en alguna fracción de los grupos de clase media baja se comparte esta visión del mundo social como un lugar en el que cada uno depende de sus cualidades y capacidades, pero al que se añade posturas y opiniones críticas ante los poderes públicos y los responsables de la economía (sean estos quienes sean: ministros, banqueros, incluso sindicatos); finalmente son ellos, la gente común, los principales afectados pero nada o poco se puede hacer contra esa masa informe de culpables, tan sólo buscarse uno la vida como mejor pueda.

Ambas versiones del individualismo comparten con otros grupos una importante característica ideológica: aquella que hemos denominado realismo situacionista adaptativo, en la que se alinean también una fracción del grupo de personas de clases medias bajas, las mujeres con cargas no compartidas y una parte importante de los jóvenes con cierta cualificación, pero siempre en los estratos medios y bajos de la sociedad. Esta postura vendría ser la máxima expresión de la opción adaptativa, en la que se reduce al mínimo la crítica movilizadora y la activación de prácticas de respuesta colectiva. Aquí, la sociedad es vista casi como un destino o un escenario en el que las personas apenas tienen capacidad de agencia, donde el único espacio –tanto individual como en grupo- que queda es el de intentar buscar la mejor manera para salir adelante, trabajar en lo que sea y, de nuevo, buscarse la vida.

Más preocupante resulta comprobar cómo buena parte de los distintos grupos entrevistados coinciden en elaborar algún tipo de discurso en torno al espacio ideológico del populismo xenófobo reactivo, un espacio del que también pueden participar ciertos sectores de trabajadores migrantes. Las distintas actitudes vitales a las que hemos hecho referencia en el apartado anterior contribuyen en la producción de este tipo de populismo que toma a los extranjeros y a las diferencias fenotípicas como chivos expiatorios de la situación actual. Es evidente que constituye una de los principales discursos fragmentadores de las clases populares e indudablemente vienen reforzadas y remarcadas por las acciones políticas y mediáticas, especialmente por todas aquellas que inciden en remarcar la nacionalidad de la gente, los rasgos visibles distintivos, así como el uso de términos despectivos.

En este conjunto de espacios ideológicos no descartamos la existencia de un colectivismo crítico, hoy por hoy minoritario y potencialmente compuesto por aquellas personas con experiencia previas en la participación en algún tipo de movimiento social o de carácter político. Potencialmente es posible inscribir en esta opción a una fracción de los obreros y parados mayores de 45 años, siempre y cuando la actitud vital de acabamiento no haya logrado imponer todo su poder explicativo de la realidad circundante. En cualquier caso, parece que se trata de un espacio ideológico poco frecuentado por las fracciones más dañadas por la actual crisis económica.

Para concluir (provisionalmente)

El concepto de “crisis económica” lo empleamos aquí como categoría social en uso, que permite organizar los temas que hemos planteado en el guión de los grupos de discusión. Como hemos podido ver en esta somera exposición, una de las características básicas de las vivencias de los grupos de dominados ante estas situaciones es la heterogeneidad y la fragmentación, posiblemente asociada con las prácticas de segmentación de las clases populares y que se encuentran entre los ejes principales de las formas modernas de gobierno de la población. La falta de empleo, el sentimiento de inutilidad, la necesidad acuciante de ingresos económicos, el fracaso de los proyectos de vida, la incertidumbre ante el futuro, la indignación por el comportamiento de responsables políticos y económicos, todo ello, lejos de generar una corriente común de análisis y de identificación, se inscribe en un escenario social de múltiples identidades, muchas de ellas enfrentadas entre sí, con escasa capacidad para articular soluciones y alternativas y, sobre todo, con pocas opciones para las vivencias colectivas. La confluencia en los discursos xenófobos no hace sino ratificar este escenario, puesto que se componen desde diversas actitudes vitales. En cualquier caso, queremos dejar claro que no se trata de posiciones inamovibles sino de situaciones en un continuo en el que hay desplazamientos y hasta solapamientos de esas actitudes y perspectivas.

Este acercamiento analítico inicial puede ser de gran utilidad a la hora de desarrollar posteriores explicaciones en torno a los procesos por los cuales buena parte de las clases populares está asumiendo los discursos culpabilizadores producidos desde las élites y que se condensan en frases como la que dice que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”.

Por otro lado, se hace necesario profundizar en este estudio, para abordar esta realidad en toda su complejidad, en concreto a la ausencia de una fractura social clara –aún en los peores momentos de desempleo y aumento de la pobreza- que debe ser explicada a la luz de los efectos paralizadores de la crisis y su tratamiento mediático, así como al mantenimiento, aún en estas esferas de la vida de los dominados, de las esperanzas por regresar a las situaciones de bonanza del pasado, aún más idealizadas si cabe en la actualidad.

Esta fragmentación de las clases populares se ubica en espacios y momentos de la vida cotidiana, tiene importantes efectos explicativos de la realidad y contribuye a la construcción de desconfianza, suspicacia, sentimientos de competencia y hasta enfrentamiento, unos elementos que pueden constituir una buena parte de los nuevos discursos racistas y nacionalistas, e incluso las bases para la reivindicación de algún tipo de autoritarismo.

Teniendo en cuenta estos elementos, el análisis de las vivencias ante la crisis debe servir para construir espacios de esperanza de la manera menos ingenua posible; unos espacios que para que sean efectivos deben ser relevantes para las gentes, aportar versiones alternativas que expliquen qué está sucediendo y, sobre todo, generar discursos plausibles acerca de la capacidad de cambio de las movilizaciones colectivas. En este sentido todo trabajo encaminado a la construcción de un colectivismo crítico tiene que ser capaz de afrontar con solidez los argumentos de la desesperación, el aislamiento y el enfrentamiento entre los distintos sectores de las clases dominadas.

No es ocioso comenzar recordando que la actual crisis afecta especialmente a las economías desarrolladas y que el origen de la crisis está en éstas mismas. En este sentido,  si se puede hablar de crisis internacional es por el hecho de que, en tanto que la economía mundial sigue pivotando sobre las economías más desarrolladas, el retraso en la superación de la (su) crisis puede terminar por contaminar los ritmos de crecimiento del conjunto de las economías nacionales que participan en el sistema económico mundial, abortando las expectativas de mejora de las condiciones de vida de su ciudadanos. Es, por lo tanto,  la polarización y centralización del actual sistema de relaciones económicas lo que permite hablar de crisis internacional, más allá de la situación concreta de cada economía.

Cabe sin embargo otra evaluación de la situación. En otros términos, la crisis actual sería, también, resultado de la transformación de las relaciones de la economía mundial en un contexto de aceleración de las innovaciones tecnológicas e incremento de la competencia en los mercados, tanto de mercancías como de capitales, a escala mundial. Así, la crisis actual de las economías desarrolladas abre la posibilidad de cambiar la configuración de las relaciones económicas internacionales de tal forma que la centralidad de las economías desarrolladas sea sustituida por una red de relaciona más abierta. La crisis de las economías desarrolladas estaría alumbrando la consolidación de un sistema multipolar, más descentralizado, sustitutivo del orden anterior polarizado y centralizado.

Seguramente, es todavía pronto para conocer cuál será el desenlace la crisis, pero, se puede afirmar, que solamente se asegurará una salida sólida no solamente para las economías desarrolladas, y especialmente europeas, si al mismo tiempo no se logra reorganizar eficazmente el sistema internacional de relaciones económicas. Las razones de esta afirmación no son otras que las derivadas de las consecuencias de la globalización sobre la capacidad operativa de las autoridades nacionales, resultado del incremento de la competencia en los mercados exteriores, la movilidad internacional de capitales y la incertidumbre sobre los tipos de cambio de las monedas nacionales.

En adelante se expone una interpretación de la crisis económica actual y de las transformaciones de la economía mundial, antes de concluir con el recordatorio de algunas condiciones para una salida duradera de la actual situación en el contexto de la globalización.

La crisis resultado de la globalización

Hay que reconocer que los problemas sociales son rara vez resultado de causas únicas a las que atribuir toda la responsabilidad. La tentación de obrar de tal forma es muy fuerte, máxime si se desea lograr explicaciones formalmente simples y bien construidas. Sin embargo, las crisis, salvo las producidas por cataclismos naturales, rara vez pueden ser explicadas por una sola variable o por un solo hecho, son resultado del deterioro de las condiciones de producción, distribución y consumo ante su incapacidad de absorber y neutralizar un cambio profundo y desequilibrante generado en el interior del sistema económico.

Podríamos decir que el crecimiento económico se conserva mientras es posible sostener un equilibrio inestable entre las diversas relaciones sociales establecidas en torno a la producción y la distribución del excedente económico y la satisfacción de las necesidades económicas de la gente. Los desequilibrios pueden conducir a la situación previa, o bien pueden desencadenar un proceso de búsqueda, de creación y de legitimación de unas nuevas condiciones sociales, materiales e ideológicas que restablezcan un nuevo equilibrio de condiciones muy diferentes a las de partida.

Con esta perspectiva, se puede interpretar la crisis actual de las economías más desarrolladas como resultado del proceso de su transformación iniciado en los años sesenta, tiempo en el que se inicia la ruptura de los equilibrios del orden keynesiano que había permitido su alto crecimiento desde los años cincuenta.

Es comúnmente aceptado que, tras la Segunda Guerra Mundial, las economías más desarrolladas admitieron la regulación económica por parte del Estado, que el crecimiento se basó en el fortalecimiento de los mercados nacionales, con el apoyo a la formación de grandes empresas, y la justificación de un cierto proteccionismo comercial. Igualmente el Estado (con mayor o menor intervención) medió en las relaciones salariales  apoyadas en organizaciones de clase (sindicatos y patronales) definidas en torno a la producción, y promocionó el estado de bienestar que actuó como instrumento de distribución de rentas, vía impuestos y gastos públicos. La gestión de la moneda (tipos de interés y tipo de cambio frente a otras divisas) era  una atribución de los gobiernos nacionales y la actividad financiera (de préstamo y ahorro) estaba altamente regulada e intervenida (autorizaciones muy limitadas para la creación de bancos y control de los movimientos de los capitales internacionales).

Todo ello fue posible por la generalización de las aplicaciones industriales de los conocimientos aportados por la ciencia. La siderurgia, la industria química, el ferrocarril, la construcción de automóviles, la aeronáutica y la industria nuclear, entre otros sectores, impulsaron el crecimiento de la productividad y la asalarización de las relaciones de producción. Además, el acceso al petróleo a precios bajos en las economías sometidas políticamente permitió cierto desentendimiento de la importancia de la energía en la configuración de las relaciones sociales y la calidad de vida. La redistribución, mediante incrementos de los salarios reales y las políticas de bienestar, legitimaron el sistema económico capitalista en este modo de regulación, que ha sido denominado como “fordista”. Las relaciones económicas internacionales se organizaron en torno a las instituciones de Bretton Woods con cometidos sobre los mercados financieros internacionales, el empleo del dólar –convertible en oro- como divisa internacional y la regulación del comercio internacional.

Pues bien, desde finales de los años sesenta, este sistema conoció una acelerada transformación: se incrementó la competencia entre las economías más desarrolladas, provocando la ruptura del sistema monetario en 1971, y el crecimiento de los precios de las materias primas, especialmente  – y con fuertes componentes políticos- del petróleo, a partir del año 1973. Se puso al descubierto el agotamiento de las fuentes de productividad tecnológicas que impulsaron el crecimiento postbélico, que obligó a fuertes reestructuraciones industriales que provocaron la caída de ingresos fiscales, al tiempo que el desempleo y las políticas sociales incrementaron los gastos públicos y, en definitiva, la necesidad de buscar fuentes de financiación de las políticas públicas, tanto de las de carácter económico, como las reestructuraciones productivas. El resultado fue la globalización financiera, es decir la liberalización de las prácticas y de los mercados financieros.

Pero este cambio no fue solamente técnico sobre alternativas a la financiación de las políticas públicas, supuso un cambio radical en el funcionamiento del sistema capitalista. Si la cohesión social legitimaba el modelo fordista, la globalización se va a legitimar por los éxitos económicos en los mercados competitivos. De esta forma la intervención pública se entenderá como limitante de las capacidades individuales, los impuestos como costes y las políticas sociales como freno a la competencia.

El resultado ha sido que la financiación de las políticas públicas depende crecientemente de la evaluación de sus resultados en términos de competencia internacional. En un proceso acelerado desde los años ochenta, van a ser las  expectativas sobre los rentabilidad de las inversiones lo que facilite el acceso a la financiación – ahora privada- como consecuencia de la renuncia a la imposición sobre los rendimientos del capital y de la apertura de los mercados financieros internacionales. No será la cohesión social y la redistribución del excedente lo que legitime al sistema, sino la capacidad de competir en el escenario global. El sector financiero se colocó en el centro de decisión del sistema actuando sobre las políticas económicas como garantía de rentabilidad de sus préstamos.

En este nuevo contexto postfordista, la competencia en los mercados internacionales ha sido acompañada de la apertura de la mayoría de las economías nacionales, dejando al descubierto las diferencias salariales (incluidos los componentes indirectos abastecidos desde las políticas de bienestar) de forma tal que la competencia en el contexto de movilidad de capitales se ha establecido entre los salarios, presionando a la baja los salarios reales en todos los países.

En consecuencia, se ha producido una acelerada financiarización de la economía: primero, como consecuencia de la apelación a los préstamos por parte de los gobiernos; segundo, por la incorporación de pequeños inversores a los mercados de títulos; en tercer lugar, con el incremento de las actividades financieras, incluso en las empresas manufactureras, ante la diversificación de los productos financieros y la supuestas garantías ofrecidas.

Como consecuencia se ha producido el incremento del endeudamiento tanto público como privado que no se ha visto correspondido ni con los incrementos de la productividad de las economías, ni con la estabilidad del crecimiento del consumo, sostenido, precisamente, por el propio sistema de préstamos ante la estabilización de los salarios. Las bases de la burbuja financiera ya estaban construidas  desde antes de que comenzara su estallido en 2007.

Transformaciones de la economía mundial

Pero si la crisis financiera no representa ninguna novedad en la historia del capitalismo, sí lo es que la actual está operando en un contexto internacional que, por primera vez, no está controlado por las economías más desarrolladas.

En los últimos veinte años se han acumulado un conjunto de transformaciones en las relaciones económicas internacionales, tales como:

–         La jerarquía en el comercio internacional se ha visto radicalmente alterada por la activa participación de China y otros países, especialmente India, Brasil y otros como Rusia, República de Corea o Sudáfrica y, en general, el amplio conjunto de “economías emergentes”.

–         Se ha incrementado notablemente el número de empresas multinacionales cuyo origen está en economías en desarrollo.

–         La participación de los bienes intermedios en el comercio internacional se ha incrementado notablemente en los últimos años, al igual que el comercio de productos poco diferenciados (comercio intrasectorial) en cadenas de valor mundiales.

–         Aunque  el dólar de los EE.UU., a pesar de la crisis financiera americana,  siga siendo la principal divisa en las transacciones económicas internacionales, la participación de China en la distribución de las reservas internacionales hace que los EE.UU. necesiten de la cooperación de las autoridades chinas en el manejo de su política de tipo de cambio.

–         El crecimiento de las economías emergentes está provocando un incremento de la demanda de materias primas industriales que ha roto la tendencia a su depreciación y ha abierto nuevas oportunidades de crecimiento económico de los países exportadores de las mismas. Especialmente para los exportadores de productos energéticos.

–         El comercio de servicios es cada vez mayor, y son las economías desarrolladas sus impulsoras.

–         Las economías en desarrollo participan de forma creciente en el comercio internacional de productos de alto contenido tecnológico. Sin embargo, los principales desarrollos tecnológicos continúan produciéndose en las economías más desarrolladas.

–         Los movimientos financieros son dominantes en las relaciones económicas internacionales, siendo las entidades de las economías desarrolladas sus actores principales.

Todos estos cambios se han generado por las políticas de liberalización y apertura de las economías defendidas desde las instituciones multilaterales. Sin embargo, y paradójicamente, han actuado contra ellas. La importancia del Banco Mundial se ha disuelto en la desmesura de los mercados financieros privados, el Fondo Monetario Internacional que encontró en la defensa de la globalización un nuevo papel tras la crisis del patrón cambios oro en 1971, es incapaz de hacer propuestas no ya sobre la solvencia de las entidades financieras, también sobre la alternativas a las crisis fiscales de las economías más desarrolladas. Y la Organización Mundial de Comercio, presentada en 1994 como la nueva gran organización destinada a gobernar la globalización, apenas es capaz de mantener abiertas las negociaciones de la Ronda de Doha de liberalización económica al cabo de once años de su inicio.

La complejidad de las soluciones

La prolongación de la crisis está afectando a la credibilidad de la política. En Europa se han extremado las políticas de ajuste, en el Reino Unido y en Estados Unidos se han combinado con otras más incentivadoras del crecimiento económico, sin embargo y aunque los resultados están siendo ligeramente más positivos para éstas últimas, no hay duda de que no se ha acertado en las soluciones. La interrelación comercial, la competencia en costes de producción, las dificultades ante la movilidad de los capitales para delimitar bases impositivas sobre las que edificar alternativas a la recaudación impositiva, hacen que todas las políticas, en definitiva, no consiguen sino “ganar tiempo” (es decir, perder tiempo) a la espera de que desde algún e imprevisto lugar (China, los BRIC, ¿?)  se consolide una recuperación suficientemente fuerte que impulse el crecimiento general.

En las economías en desarrollo y especialmente entre las emergentes, las carencias sociales acumuladas ofrecen la oportunidad de emplear el mercado nacional, e igual papel están jugando  las crecientes relaciones entre ellas, para relanzar su crecimiento económico. No obstante, los niveles de productividad y bienestar social todavía permanecen alejados de los correspondientes a las económicas de mayor desarrollo.

En este escenario de incertidumbre, aunque con alguna excepción, los bancos se van saneando con ayudas de los poderes públicos, por lo que en cualquier momento se recuperará la actividad en los mercados financieros. Es deseable que la reciente experiencia les haga más prudentes en un futuro y abandonen la ingeniería financiera a favor de la financiación de inversiones rentables y socialmente productivas, por otro lado, fuente tradicional de su negocio y de su aceptación social.

Pero, ¿basta con estas soluciones? La crisis será superada con altos costes sociales en términos de empleos, disminución de rentas y pérdida de derechos sociales. ¿Será una solución duradera? Seguramente no. La competencia por los recursos naturales irá en ascenso, las limitaciones productivas y medioambientales cuestionarán más el modelo energético y la competencia entre salarios no hará sino acelerar el empobrecimiento de amplios sectores de  población que no podrán acceder al mercado de trabajo. La gestión de la innovación no puede limitarse a la captura de ganancias transitorias a costa de la destrucción de empleo, también debe reordenar el tiempo de trabajo, disminuyéndolo.

La posibilidad de un incremento acelerado de la producción, tras la generalización del uso de las nuevas tecnologías y el riesgo de desplome del consumo como consecuencia de la disminución de las rentas salariales, precisa de una profunda reflexión sobre la organización de la actividad económica, la producción, su distribución y la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas. Igualmente es necesario revisar las relaciones internacionales a fin de que universalicen, en vez de limitar, los derechos sociales, a partir de una mayor democratización de la gestión de los problemas mundiales. Y, sobre todo, se han de renovar y fortalecer los mecanismos de participación y control social, que legitimen la nueva organización. En definitiva, se ha de proceder a repensar el sistema económico mundial.

Bibliografía

García de la Cruz, J. M y otros: La economía mundial en transformación. Madrid: Ed. Paraninfo, 2011.

Glyn, A.: Capitalismo desatado. Madrid: Los libros de la catarata, 2010.

Martínez González-Tablas, A.: Economía política de la globalización. Barcelona: Ariel, 2000.

Martínez González-Tablas, A.: Economía política mundial (I y II). Barcelona: Ed. Ariel, 2007.

Polanyi, K. [1944]: La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. México: Fondo de Cultura Económica, 2006.

Tapia, J.A. y Astarita, R.: La gran recesión y el capitalismo del siglo XXI. Madrid: FUHEM, 2011.

]]> https://archivo.librepensamiento.org/2012/03/21/la-dimension-internacional-de-la-crisis-economica/feed/ 0 https://archivo.librepensamiento.org/2011/12/21/de-que-crisis-hablamos/ https://archivo.librepensamiento.org/2011/12/21/de-que-crisis-hablamos/#respond Wed, 21 Dec 2011 12:21:19 +0000 https://librepensamiento.org/?p=3592  Fernando Armendáriz Arbizu
Suele ocurrir. Cuando un desastre nos afecta de cerca, cuando la amenaza golpea a nuestra puerta reclama nuestra atención, provoca nuestra inquietud y se convierte en un problema de escala mundial. Si la misma situación se da en otras latitudes nos interpela de distinta manera y nuestra preocupación se manifiesta generalmente con muestras de solidaridad esporádica y una visualización lejana y ajena  del problema.
La crisis, denominación genérica que significa muchas cosas en lo personal y colectivo, no solo llama a nuestra puerta sino que se nos coló hasta la cocina  afectándonos de distinta manera y con diferente gravedad   a cada uno y una de nosotros y nosotras. Excusa ideal para imponer recortes y destruir derechos. Arma arrojadiza para la trifulca política y manto que oculta o justifica realidades dramáticas.
Pero ¿qué es la crisis, o mejor las crisis que vivimos? ¿Cuándo empezaron y por qué? Y sobre todo, ¿cuál debe ser su solución o al menos cómo abordar esta solución?
 Sería iluso pretender tener la varita mágica que todo lo compone, pero al menos podemos afirmar que desde una perspectiva ética y moral, que priorice el respeto a los derechos como garantes de una vida digna para todo ser humano y de la economía como instrumento para hacerlo posible, el abordaje de la crisis debe ser otro. Desde su descripción hasta la forma de enfrentarla.
 El recorrido
La gran recesión económica que comenzó en agosto de 2.007 fue producto de varios factores unidos. Conocemos como actuaron las hipotecas subprime o la burbuja inmobiliaria, como contaminaron el sistema financiero, primero en Estados Unidos y luego internacionalmente, provocando una crisis de liquidez y la quiebra de, hasta entonces, sólidas compañías financieras como Lehman Brothers o empresas míticas, caso de General Motors o gigantes de las telecomunicaciones como era WorldCom.
Los efectos de la falta de confianza entre los bancos hacen que estos no se presten dinero y no lo presten a nadie, incluidas las empresas y los ciudadanos, es decir, la economía real. Crece el paro -en España se ha llegado a más de 5.200.000 personas-, cierran empresas -desde el comienzo de la crisis 177.336-, baja el consumo y se ahogan las economías familiares, la subsistencia se hace cada vez más difícil y vemos como la pobreza aparece entre nosotros con rostros cercanos. Según un estudio realizado para Caritas por la Fundación Faessa, en el periodo inicial de la crisis, de 2.007 a 2.009 la pobreza aumentó en España un 3,4% situándose en el 22,7%. Ahora nos encontramos en el  23,4%, en el puesto número 11 de la Europa de los 27.
 Los gobiernos acuden a salvar la banca con grandes desembolsos, aprueban inversiones para activar el consumo y obras públicas. Más tarde, dan un giro de 180 grados y, para reducir el déficit público, recortan los presupuestos, aumentan los impuestos indirectos, vapulean las pensiones y ayudas sociales, congelan o reducen los salarios y aprueban reformas laborales que se llevan por delante logros conseguidos en muchos años de luchas obreras y sociales.  
Es difícil resumir los mecanismos desencadenados por el proceder de los mercados financieros pero es fácil calificarlos. La crisis es la consecuencia de la ambición sin escrúpulos, una codicia consentida de consecuencias nefastas para quienes no la provocaron.
Esta ambición fue inducida y contagió también a ciudadanos y ciudadanas de a pie, que obtenían fácilmente créditos para todo y podían invertir sus ahorros con promesas de alta rentabilidad fuera de lógica. En una entrevista realizada en junio de este año al banquero Bernard Madoff, condenado a 150 años de cárcel por un fraude de 50.000 millones de dólares, declaraba no arrepentirse por los daños causados a sus estafados: “eran avaros y estúpidos”.
Antes que el derrumbe de la economía la falta de valores éticos entró en crisis siendo sustituidos por los valores del mercado. Un mercado que, contrariamente a los que se nos venía diciendo, no se puede auto controlar y cuando campa a sus anchas, lejos de conseguir un bienestar general y desarrollo equilibrado, agudiza las diferencias y hunde las economías más débiles tanto de los países como de las personas.
 Pero cuando hubo que salvar a la banca aparecieron de las arcas públicas miles de millones de dólares y euros que no existían para combatir el hambre o las enfermedades. Solo EE.UU. movilizó en pocos días 700.000 millones de dólares para el rescate bancario.
Ahora los gobiernos democráticos se ven obligados a seguir las instrucciones de entidades y entendidos que ninguna urna eligió y las medidas para salir de la crisis, siempre cargadas sobre las espaldas más frágiles, se dictan desde los centros financieros o los bancos centrales.
 Unos la provocaron y los otros no la impidieron. Parlamentos y gobiernos actúan al dictado imponiendo medidas cada vez más draconianas que dejan desprotegidos a los sectores más vulnerables de la sociedad: parados, pensionistas, jóvenes, emigrantes… El Estado cada vez se hace más pequeño como garante de derechos y aumenta, eso sí, los medios necesarios para controlar y reprimir las explosiones de protesta que surgen. La seguridad se hace control y no tranquilidad de disponer de unos recursos vitales para una vida plena, y la democracia se queda cada vez más en un acto formal cuyo ejercicio poco o nada sustancial puede cambiar.
 La desconfianza, el escepticismo y la indiferencia, cuando no la desesperación ponen en riesgo  el propio sistema en el que se nos prometió construir una sociedad más libre y justa, con oportunidades para labrarse una vida de bienestar y desarrollo.
 Lejos de esto las amenazas surgen por doquier. La amenaza de perder el puesto de trabajo o no conseguir jamás uno, la amenaza de perder nuestra vivienda hipotecada, de no poder disfrutar de una jubilación, de que hasta los bienes más básicos tendrán que pagarse y no podremos acceder a ellos cuando ya se hace difícil costearse los gastos mínimos.
 Y si hay que encontrar un chivo expiatorio el dedo siempre señala a los otros y otras, a los diferentes, a los venidos de fuera. En un salto de equilibrista,  aun en contra de todas las evidencias y lógicas de que la emigración no es el problema sino un síntoma de una crisis permanente y profunda de los países de origen de quienes huyen de la miseria, el racismo y la xenofobia crecen alarmantemente en  los países llamados desarrollados.
 La democracia también está en crisis
 Descubrimos así que la crisis económica es también una crisis de la democracia. Secuestrada ésta por la economía, la salida de la crisis no será democrática, será  impuesta por una combinación perversa de argumentos maximalistas introducidos en la sociedad por el “gran hermano” orweliano, y la fuerza y el control social para quienes se resistan.
 Recuperar los valores democráticos para una salida de la crisis implica al menos tres elementos: democracia participativa como forma real del ejercicio político, libertad para ejercer plenamente los derechos consustanciales a las personas y cambio social que contemple globalmente el cuestionamiento y la mejora de la situación desde postulados éticos y morales.
 La democracia pierde su significado cuando pasa, de ser una forma de organización social, a ser un acto de elección reducido a lo que se nos ofrece. La democracia no está en las instituciones, está en la sociedad y en ella adquiere legitimidad, por ser de definición social. El problema de la democracia no es cuantitativo sino cualitativo.  No se trata simplemente de cuántos votan a éste o aquél, sino de la capacidad de control social de lo que el poder hace, la posibilidad de participación, mediación, negociación, representación y coacción.
Cuando a la democracia se le quitan estas posibilidades se la sustituye por la gobernabilidad, concepto donde tienen mejor acomodo las formas autoritarias y dictaduras de distinto pelaje, que no admiten el control ni la rendición de cuentas.
    El peligro de esta crisis es conservar la democracia formal con una dictadura económica real, tanto en lo local como en lo global.
  
 Otras crisis otros lugares
 Cuando en septiembre del año 2.000 se celebró en Nueva York la Cumbre del Milenio 189 estados hicieron memoria de los compromisos incumplidos en los años noventa para reducir la pobreza, se comprometieron al cumplimiento en el plazo de quince años de ocho objetivos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. “No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños de las condiciones abyectas  y deshumanizadoras de la pobreza extrema”. Así de resuelta es la declaración final, pero hoy, doce años después y tres antes del plazo final, puede quedar en papel mojado.
  Los ocho objetivos se orientan a la reducción al 50% de la pobreza extrema y el hambre, la consecución de la enseñanza primaria universal, la igualdad entre los géneros, la reducción de la mortalidad infantil y la mejora de la salud materna, el combate del SIDA y otras enfermedades graves y la sostenibilidad medioambiental. Todo ello fomentando una asociación mundial para el desarrollo.
 Cada objetivo contiene metas cuantificables, un total de 18 por medio de 48 indicadores concretos. Todo un programa para salvar de la crisis endémica a países y poblaciones que suponen el 80% de los habitantes del planeta aunque siempre estuvieron desaparecidos. Su crisis secular no cuenta.
 Pero “nuestra crisis” sí cuenta en su contra, al igual que contó nuestro desarrollo. La ministra alemana de Cooperación y Desarrollo, Heidemarie Wieczorek-Zeul, aludía a los precios de los alimentos, del petróleo y de las materias primas, y a los efectos del cambio climático como elementos que han venido lastrando a los países en vías de desarrollo.
 En su conjunto, los países más empobrecidos encuentran más dificultades para conseguir créditos, sus importaciones son más caras y sus exportaciones menos rentables, los fondos destinados a ayuda al desarrollo se reducen drásticamente y las remesas de los emigrantes también; el cambio climático influye gravemente en su producción agrícola y ganadera y la población ve reducido sus niveles de ingreso y encarecidos sus productos de consumo básico. El desarrollo a escala humana también está en crisis.
 Derecho a la alimentación
 La crisis alimentaria es un ejemplo de cómo un modelo de desarrollo insostenible ha llevado a una imposible supervivencia a la mitad de la población mundial.
 3.000 millones de personas viven con dos dólares diarios, de los cuales tienen que dedicar el 80% a la compra de alimentos. El aumento de precios afecta a todos los alimentos básicos en particular a los tres  cultivos principales en la dieta de la población: trigo, maíz y arroz. Ya no existen alimentos baratos, el riesgo de extensión del hambre en el planeta y la desestabilización que conlleva es real. Un ejemplo dramático se recoge en los informes de UNICEF: en el mundo mueren diariamente 26.000 niños menores de cinco años  y la desnutrición es la causa que subyace en estas muertes.
 Para Leonardo Boff el principal factor de la crisis alimentaria está en la lógica del mercado que es la especulación. No es que no haya alimentos sino que se especula con ellos para que mantengan un precio elevado en el mercado dominado por unas pocas compañías multinacionales que manejan el complejo agroindustrial. Defender la soberanía alimentaria es pues luchar por la supervivencia.
 Unido a esto, el cambio climático provoca sequías en unos lugares e inundaciones en otros, afectando cultivos y cosechas. Y grandes extensiones de terrenos son dedicadas a la producción de agrocombustibles, destinados a alimentar los depósitos de los vehículos del norte en detrimento de los estómagos del sur.
 Para enfrentar esta crisis global tendremos que dotarnos de herramientas éticas y morales, y, sin duda, estar dispuestos a renunciar a un estilo de vida que lleva aparejado el consumo, en muchas ocasiones de nuestra propia vida dedicada a producir cada vez más para vivir menos.
 Un crecimiento ilimitado además es injusto porque se hace sobre la espalda de las tres cuartas partes del mundo, y es insostenible porque los recursos del planeta son limitados y ya hemos alterado su equilibrio ecológico de manera muy peligrosa. Si generalizáramos el nivel de vida y consumo de Estados Unidos harían falta cinco planetas que lo soportaran.
 Habrá que recordar quien nos trajo “nuestra” crisis y nos ocultó otras, que tampoco quisimos ver, para no dejar en sus manos las soluciones y negarnos de forma categórica a renunciar a derechos fundamentales en los que se sustenta nuestra dignidad humana. Pero también es necesario reconocer nuestras propias responsabilidades. Muchas veces nuestra coherencia personal no estuvo en consonancia con nuestro discurso y creímos en los cantos de sirena que un sistema injusto y depredador nos lanzaba, colaborando con el por acción u omisión.
 No son pocos los autores que apuntan que la crisis es también una oportunidad. Aprovechémosla para salir de ella fortalecidos, no como productos de un mercado insensible que nos domina sino como seres humanos  libres e iguales en dignidad y derechos, con capacidades de ser más felices con menos, si todos y todas podemos tener acceso a lo necesario.