Cuando se habla de trata de personas es habitual que se asocie esta actividad únicamente con el comercio sexual y que se diga que es un fenómeno reciente que ha aumentado en los últimos años y un grave atentado contra los derechos humanos de las víctimas. Efectivamente la trata de personas es una grave vulneración de derechos humanos pero ni es un fenómeno reciente ni es una actividad que se circunscriba únicamente al comercio sexual.

La trata de personas es una práctica muy antigua y los primeros instrumentos internacionales para combatirla datan del siglo XIX. Entre 1885 y 1999 se ratificaron por un lado convenios, acuerdos y convenciones para abolir la esclavitud, el trabajo forzado y la servidumbre, y por otro lado, instrumentos de la misma índole para erradicar la prostitución forzada de mujeres y niños, a la que se denominaba “trata de blancas”. Todos estos instrumentos internacionales tenían un objetivo común: erradicar operaciones comerciales con las que se cosificaba a los seres humanos, reduciéndolos a la categoría de mercancías de las que obtener un beneficio económico o de otra índole. la trata de personas es una grave vulneración de derechos humanos pero ni es un fenómeno reciente ni es una actividad que se circunscriba únicamente al comercio sexual.

En el 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, también conocido como Protocolo de Palermo.

El Protocolo de Palermo se aprobó con la finalidad de prevenir y combatir la trata de personas, establecer mecanismos de cooperación entre los estados parte y proteger y ayudar a las víctimas, siempre desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos. En este protocolo se integraron en un único instrumento normativo todas las formas de comercialización y cosificación cuya erradicación se había pretendido desde el siglo XIX y se estableció una definición de trata de personas. Acorde con la definición referida la trata de personas consta de tres elementos. El primero es la captación mediante amenaza, engaño, uso de la fuerza, coacción, fraude o abuso de poder o de una situación de superioridad, el empleo de cualquiera de estos medios de captación anula o vicia el libre consentimiento de las víctimas. El segundo es el transporte, traslado o acogida, que se realiza con la finalidad de poner a la víctima en una situación de desarraigo e indefensión, rompiendo los vínculos familiares y sociales que pueda tener con su país o su comunidad, impidiendo o dificultando que la víctima tenga relación con personas del entorno o que pueda regresar a su lugar de origen. El tercer elemento constitutivo de la trata de personas es la explotación.

Como señalaba en el primer párrafo de este artículo, habitualmente se asocia trata de personas con explotación sexual, pero como se ha indicado la explotación también puede consistir en el sometimiento de la víctima a trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud. Como también señalaba al comienzo de este artículo éstas son prácticas antiguas que lamentablemente están de plena actualidad.

La Convención contra la esclavitud de 1926 define esta práctica como«el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o alguno de ellos». La Convención suplementaria sobre abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 1956, establece cuáles pueden ser consideradas prácticas análogas a la esclavitud. En primer lugar, la servidumbre por deudas que tiene lugar cuando una persona se compromete a prestar sus servicios personales, o los de otra persona sobre la que tenga autoridad, como garantía del pago de una deuda, siempre que estos servicios:no se valoren equitativamente; no se apliquen al pago de la deuda; no se limiten en el tiempo;  o no se defina la naturaleza de los mismos. En segundo lugar, es una práctica análoga a la esclavitud, la servidumbre de gleba, que consiste en obligar a una persona a trabajar la tierra que le pertenece a otra y a prestarle a ésta, mediante remuneración o no, determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición. En tercer lugar, se consideran prácticas análogas a la esclavitud determinadas formas de dominación sobre las mujeres como el matrimonio forzoso y el ejercicio de atributos de propiedad ejercidos sobre la mujer, acorde a la definición de esta última práctica, la explotación sexual de una mujer podría ser considerada una forma de esclavitud.

El Convenio sobre trabajo forzoso de 1930 define el trabajo forzoso como «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente». Se entiende que «todo trabajo o servicio» puede comprender cualquier tipo de trabajo, empleo u ocupación, incluso aquellas no contempladas en el derecho laboral.Se considera «individuo» a los mayores y menores de edad, nacionales o extranjeros y a  los trabajadores migrantes en situación regular o irregular. Por «amenaza de pena», se entiende cualquier forma de «coerción, amenazas, violencia, retención de documentos de identidad, reclusión e impago de salarios». En último lugar, se interpreta que un trabajo o actividad no se realizan voluntariamente, cuando el empleador o el tratante hayan recurrido al engaño o la coerción para establecer una determinada relación de trabajo (ANDREES, 2009), pero sería  más adecuado interpretar que un trabajo o actividad no se realizan adecuadamente cuando se vicia el consentimiento de la persona mediante cualquier medio de fuerza, coerción o amenaza, engaño o fraude y/o abuso de una situación de superioridad o de necesidad.

La trata de personas realizada con la finalidad de someter a una persona a esclavitud o situaciones análogas a la esclavitud o a trabajos forzados siempre ha ocupado un segundo plano respecto de la trata con fines de explotación sexual y apenas existen datos sobre la magnitud de esta actividad a nivel global o en España. Esta práctica está estrechamente relacionada con el incumplimiento de la normativa laboral y la existencia de colectivos en situaciones de vulnerabilidad. En momentos de crisis económica, como los que se están viviendo actualmente, se incrementan las situaciones de vulnerabilidad de los derechos humanos, sindicales y laborales, y por ende se genera un contexto propicio para  que se produzca un incremento de la trata de personas con fines de esclavitud o trabajo forzado.

La Comisaria de Asuntos de Interior en Europa, Cecilia Malmström, declaró recientemente que la trata de personas es una forma de esclavitud moderna y que se estima que millones de personas en Europa son víctimas de diferentes modalidades de trata entre ellas la servidumbre doméstica y la explotación laboral –que abarca el trabajo forzado y la esclavitud–  (MARTÍNEZ DE RITUERTO, 2012).

Es muy difícil obtener datos fiables sobre el número de víctimas de trata de personas, especialmente en los supuestos de esclavitud y trabajo forzado por diversos factores. Por una parte las víctimas no se atreven o no pueden denunciar su situación, en algunas ocasiones ni siquiera son conscientes de estar siendo víctimas de un delito y no son identificadas y protegidas debidamente. Por otra parte, las autoridades, las ONG y los propios sindicatos no tienen protocolos de actuación para estos casos, no conocen la problemática y no cuentan con indicadores que les permitan identificar posibles casos de trata de personas para esclavitud y trabajo forzoso.

Según la Organización Internacional del Trabajo (ANDREES, 2009) la mayoría de los casos de trabajo forzoso tienen lugar en la empresa privada y son consecuencia de la trata de personas. Esta modalidad de trata suele ser perpetrada por grupos de delincuencia organizada que actúan con la finalidad de obtener cuantiosos beneficios económicos explotando a personas que captan mediante la coacción o el engaño y a quienes suelen retener bajo amenazas e intimidación.

Los sectores en los que la trata para explotación laboral y la esclavitudes más frecuente son la construcción, la agricultura, la horticultura y la ganadería especialmente en zonas aisladas, la minería, el procesamiento de alimentos y la industria de embalaje, el servicio doméstico y otros trabajos de prestación de cuidados y limpieza, el trabajo en fábricas del sector textil y el vestido, la industria del sexo y el ocio, actividades desarrolladas en zonas costeras y fronterizas. Son sectores de difícil control debido a las subcontratas, la temporalidad del trabajo y la clandestinidad en la que se desarrollan algunas de estas actividades. Especialmente vulnerables son los trabajadores migrantes en situación irregular pero también lo son quienes se encuentran en una situación de precariedad y necesidad.

Como refería anteriormente no existen datos exactos sobre el número de víctimas, mientras la Comisaria de Asuntos de Interior en Europa habla de la existencia de millones de víctimas en Europa, la Organización Internacional del Trabajo en el 2009 estimabaque el número de víctimas de trabajo forzoso en economías industrializadas ascendía a 360.000 y que el 32% de las víctimas de trata de personas lo eran para trabajos forzados o esclavitud.

En cuanto al sexo de las víctimas, todos los datos coinciden en indicar que las mujeres y los niños son las principales víctimas de la trata de personas a pesar de que exista mayor paridad entre mujeres y hombres en los supuestos de explotación para trabajo forzoso. En este sentido (BELSEN, CHOCK Y MEHRAN, 2005)  cuando la explotación es únicamente de índole laboral o económica, el 56% de las víctimas son mujeres y el 44% hombres; si la explotación es sexual el 98% de las víctimas son mujeres y sólo el 2% hombres.

En España sólo existen datos recientes sobre trata de personas con fines de explotación sexual, no de trata con fines de trabajo forzado o esclavitud por lo que se desconoce cuál pueda ser la dimensión del problema. Esta ausencia de datos no es un indicativo de la inexistencia de casos sino un indicativo de la escasa importancia que se le da al problema, sea por desconocimiento o por falta de interés. Es posible que esté sucediendo con la trata de personas para trabajo forzado o esclavitud lo mismo que sucedió con la trata de personas para explotación sexual: hace pocos años la trata de personas para explotación sexual no era considera un problema y en la actualidad se estima que el 90% de la prostitución en España es consecuencia de la trata para explotación sexual.

Según los datos proporcionados por las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en 2009 los sectores en los que se detectaron más casos de trata con fines de explotación laboral fueron: «la hostelería (19%), la vía pública (16%), las obras en construcción (16%) y las fábricas o almacenes de hostelería (14%)», también se denunciaron casos de explotación en domicilios particulares (9%) y en el sector agrícola (6%) (GIMÉNEZ-SALINAS, 2009 p. 17-18). Es llamativo que no existan datos sobre esta práctica en el sector textil  dada la proliferación de los llamados “talleres clandestinos”. Tampoco se cuenta con datos sobre la explotación en el servicio doméstico aunque se presume que es uno de los sectores con mayor riesgo para el desarrollo de esta actividad, especialmente entre las “internas” porque es uno de los menos accesibles a los Inspectores de Trabajo y la Seguridad Social.

En España una de las formas más comunes de trata para esclavitud es la servidumbre por deudas o la servidumbre de gleba cuyas víctimas son inmigrantes de diferente procedencia que han sido desplazados de su residencia habitual mediantes falsas promesas de empleo. Los tratantes facilitan a los inmigrantes la cobertura necesaria para el traslado a España, son recibidos y alojados en pisos o lugares previamente acordados. Una vez en el lugar de destino se les comunica que han contraído una cuantiosa deuda con los tratantes que deben solventar mediante la realización de trabajos en condiciones extraordinariamente abusivas e indignas: se les obliga a cubrir jornadas agotadoras, a reembolsar gastos exagerados de manutención, las remuneraciones por el trabajo realizado son prácticamente inexistentes, el alojamiento tiene lugar en condiciones infrahumanas y es frecuente la imposición de multas por incumplir las normas impuestas por el tratante. Se les obliga a trabajar bajo coacción o amenaza de denunciar su situación de irregularidad a las autoridades y en ocasiones se les priva de libertad (FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 2011, p. 30-31). La explotación en el servicio doméstico presenta ciertas peculiaridades, afecta mayoritariamente a mujeres y se han llegado a detectar casos de agresión sexual por parte de los tratantes.

En base a los pocos datos disponibles se ha establecido un perfil de las víctimas de trata para explotación laboral en España (ACCEM, 2008 y GIMÉNEZ-SALINAS, 2009). Las víctimas de este delito son fundamentalmente marroquíes, rumanos, portugueses, búlgaros y chinos, también personas procedentes de Sudamérica y África Subsahariana, la mayoría  de entre 18 y 35 años.

Los tratantes que explotan a sus víctimas en España obtienen grandes beneficios de manera fácil y cómoda, aunque no existe un estimado de los ingresos que pueden llegar a obtener gracias a la explotación.

A pesar de que existen indicios de la magnitud del problema el número de condenas o investigaciones sigue siendo muy bajo en comparación con el número estimado de víctimas. Según la Comisaria de Asuntos de Interior en Europa, las cifras de casos identificados aumentan y las condenas disminuyen: durante el 2008 se dictaron 1.500 condenas y durante el 2010, 1.250 (MARTÍNEZ DE RITUERTO, 2012).

Entre las medidas propuestas por la Comisión Europea para la erradicación de la trata de personas están las de potenciar medidas de prevención para desincentivar la demanda, desarrollar y fortalecer medidas de identificación, asistencia y protección a las víctimas y crear mecanismos de cooperación entre estados. Pero las recomendaciones para erradicar la trata se han ido implementando muy tímidamente y con poca efectividad en la mayoría de los países, en esto España no difiere del resto.

Hasta la fecha en nuestro país se ha desarrollado un Plan de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual, se ha tipificado un delito de trata de seres humanos, se han introducido modificaciones a la ley de extranjería para paralizar la expulsión de las víctimas, se han realizado diversas campañas de sensibilización y existen protocolos y cuestionarios para la identificación, asistencia y derivación de las víctimas de trata (APRAM 2009 y CNP 2011). Pero a pesar de que algunas ONG´s están haciendo campañas de sensibilización para llamar la atención sobre la trata para trabajo forzado y la esclavitud, la mayoría de las medidas adoptadas por las instituciones se centran fundamentalmente en la explotación sexual dejando al margen el trabajo forzado y la esclavitud. En España este asunto se sigue abordando desde una perspectiva de control de los flujos migratorios y no desde una perspectiva de derechos humanos, lo que implica que las víctimas son consideradas inmigrantes en situación irregular y no víctimas de derechos humanos.

Para combatir la trata de personas que tiene como finalidad el trabajo forzoso o la esclavitud es fundamental armonizar la legislación penal con la laboral, reforzar la labor de los inspectores de trabajo asignándoles una función específica para la abolición de esta práctica y establecer mecanismos de cooperación con ONG´s y sindicatos. En Brasil, Perú y Argentina existen unidades especializadas para la identificación de situaciones de trabajo forzado y esclavitud. En Argentina, la Unidad de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) elaboró una Guía de procedimientos y criterios para detectar e investigar la trata con fines de explotación laboral y la Procuración General de la Nación recomendó su uso para la detección, investigación y posterior comprobación de la comisión de un delito de trata de personas con finalidad de explotación laboral (PGN, 2011).

Los inspectores de trabajo, los sindicatos y las ONG´s deberían cumplir un papel esencial en la identificación de situaciones de explotación y de las víctimas porque normalmente son quienes tienen mayor acceso a lugares de trabajo o a grupos de población vulnerable y quienes suelen mantener el primer contacto con la víctima.

La inexistencia de indicadores para identificar situaciones de trata de personas para explotación laboral y para la identificación de víctimas se ha considerado una de las principales carencias en el combate a esta forma de trata en España (ACCEM, 2008). Sin la existencia de estos indicadores es muy difícil identificar estas situaciones y recabar con rigor datos que permitan concluir cuál es la magnitud del problema en nuestro país.

Para la identificación de situaciones de trata de personas para explotación laboral y no confundir ésta con una mera infracción de los derechos laborales o un delito contra los derechos de los trabajadores, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2009) ha propuesto unos indicadores básicos que pueden ajustarse al contexto y a la legislación de cada país.

Como principio general para identificar una situación de trata para explotación laboral hay que partir de que la persona ha podido decidir, libremente y con conocimiento de causa, aceptar el trabajo, y de que tenga libertad para poner término a la relación de trabajo cuando lo estime oportuno. Partiendo de esta premisa son seis los indicadores básicos que permite identificar una posible situación de trata para explotación laboral: (1) la existencia de signos de violencia física, incluida violencia sexual; (2) la imposición de restricciones a la libertad de movimiento; (3)  las amenazas; (4) indicios de servidumbre por deudas u otras formas de servidumbre; (5) forma en que se realiza el pago de los salarios o existencia de retención o impago de los mismos por parte del empleador; (6) retención de los documentos de identidad; y (7) posibilidades de la víctima para comunicarse con el entorno. En base a estos indicadores es posible elaborar cuestionarios para entrevistar e identificar a víctimas potenciales de esta forma de explotación.

Las víctimas de trata son especialmente vulnerables y difíciles de identificar porque  normalmente están aisladas de su entorno, desconocen sus derechos, desconfían de las autoridades por miedo a sufrir represalias o a ser expulsadas, ignoran los lugares a los que pueden acudir para pedir ayuda, son amenazadas por los tratantes y en algunos casos ni siquiera son conscientes de estar siendo víctimas de un delito.

La identificación de las víctimas debería ser un tema prioritario porque las víctimas de trata de personas son víctimas de derechos humanos y, por lo tanto, titulares del derecho a la reparación efectiva, en consecuencia cuando una víctima de trata no es adecuadamente identificada y es considerada un inmigrante en situación irregular está siendo privada del ejercicio de un derecho.

El derecho a la reparación efectiva de las víctimas debe abarcar como mínimo los siguientes aspectos: la liberación de la víctima de la situación de privación de libertad que esté sufriendo por parte de los tratantes, de la autoridad o de cualquier otra entidad; la restitución de la propiedad, mediante la reposición de sus documentos de identidad y de cualquier otro objeto personal; el reconocimiento legal de identidad y ciudadanía, lo que implica la obtención de un permiso de residencia si se encuentra en situación irregular; la repatriación segura y voluntaria a su país de origen o la opción de permanecer legalmente en el país en que se encuentre; el acceso a la asistencia necesaria para su recuperación; el derecho a personarse como parte en el proceso penal contra sus tratantes y el derecho a percibir una indemnización. Este derecho también implica que el Estado en el que la víctima se encuentre debe garantizar que la misma no vuelva a ser víctima de trata; por lo tanto, si con la repatriación existe algún riesgo de volver a poner a la víctima en una situación vulnerable o a disposición de los tratantes se debería evitar el retorno al país de origen.

En el ámbito del derecho internacional es doctrina pacífica considerar que los Estados son responsables por las acciones u omisiones que les sean atribuibles y que supongan el incumplimiento de una norma de derecho internacional, cuando perjudique a otros estados o a personas físicas. En el caso Rantsev vs. Cyprus and Rusia la Corte Europea de Derechos Humanos en enero de 2010 condenó a pagarle una indemnización a la familia de una víctima de trata por incumplir el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso. En base a esta doctrina España, al haber ratificado diversos instrumentos internacionales para el combate de la trata de personas, podría ser responsable frente a las víctimas de cualquier forma de explotación derivada de la trata si se estima que no ha adoptado las medidas necesarias para prevenir o sancionar el delito o para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la reparación efectiva de las víctimas.

BIBLIOGRAFÍA.

Andress, B, El Trabajo Forzoso y la Trata de Personas, Manual para los inspectores de trabajo. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo, 2009.

ACCEM, La Trata de Personas con Fines de Explotación Laboral, Un estudio aproximativo a la realidad en España, 2008.

AMNISTÍA INTERNACIONAL, España: una vida sin violencia para mujeres y niñas, las otras víctimas de violencia de género violencia sexual y trata de personas, sección española, julio de 2009.

APRAM (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida), Guía Básica para la Identificación, Derivación y Protección de las personas víctimas de trata con fines de explotación, 2ª ed., Madrid, 2009.

Belsen, P, Cock, M, Meharn, F, Minimum estimate of forced laubour in the Wolrd, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2005.

Fiscalía General del Estado, Circular nº 5/2011, de 2 de Noviembre, sobre criterios para unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de extranjería e inmigración.

Giménez- Salinas Framis, A, Susaj y Requena Espada, L, La dimensión laboral de la trata de personas en España, Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2009.

Martínez de Rituerto, R: “¡No se vende a las personas!”, Elpais.com, 19 junio 2012.

Manual de Trata de Seres Humanos, Cuerpo Nacional de Policía, División de formación y perfeccionamiento, Centro de actualización y especialización, Comisaría General de Extranjería y Fronteras, 2011.

Procuración General de la Nación, Resolución PGN nº 46/11, Buenos Aires, 6 mayo de 2011.

La estrategia lepenista de la Plataforma per Catalunya consigue 67 concejales en Catalunya en 41 municipios, el mayor éxito municipal de la extrema derecha en décadas
No por previsible, tras 75.134 votos resultados registrados en las pasadas elecciones autonómicas del pasado 28 de noviembre, deja de ser alarmante. Al auge de la derecha española en el Estado y el monopolio de la derecha convergente en Catalunya que ha caracterizado el 22M, cabe añadir la irrupción en los municipios catalanes de la extrema derecha xenófoba.  Hasta 67 concejales ha obtenido la racista Plataforma per Catalunya, tras una apuesta lepenista bajo el lema ‘Primero los de casa’ que ha hecho mella en el cinturón metropolitano barcelonés y en buena parte de las principales capitales de comarca.
 
De 17 concejales y 12.447 votos conseguidos en 2007, el discurso islamófobo, centrado en discursos de odio contra la inmigración árabe, ha pasado a 65.905 votos y 67 concejales. Del 0,43% del voto total registrado hace 4 años a quintuplicar el resultado hasta el 2,30% registrado el domingo, 0,43%. Y teniendo en cuenta que PxC presentaba candidaturas en 110 de los 944 municipios catalanes. Con los resultados definitivos, la plataforma xenófoba se convierte en la sexta fuerza política municipal en número de votos y la octava en número de concejales.
 Àrea metropolitana y voto obrero
 Especial incidencia registra PxC en el área metropolitana barcelonesa –el antaño ‘cinturón rojo’– y en las capitales de comarca. El partido liderado por Anglada consigue 47 actas de concejal en 21 municipios en la provincia de Barcelona, 9 en Tarragona en cinco localidades, 7 en Girona en 4 municipios y 4 en Lleida en 4 municipios también.
 Irrumpe en la segunda ciudad catalana, L’Hospitalet de Llobregat, con tres concejales, 6.013 votos y un 7,31% del total de voto emitido, recogido principalmente en los barrios con mayores índices de persones migrantes. Las comarcas del Barcelones y el Baix Llobregat son su mayor caladero. En Sant Boi de Llobregat consigues tres concejales y en Santa Coloma de Gramanet, con 3.494 votos, obtiene dos concejales y alcanza un 9,07%.
 La explotación demagógica y populista de tensiones de convivencia en barrios deprimidos y con un tejido social más débil, le permiten además hacerse en Salt (Girona) con tres ediles. El mismo resultado que obtiene en Mataró, donde pasa de los 135 votos registrados en 2007 a 4.684 sufragios: un 10,48% del voto que la sitúa como cuarta fuerza política.
 Otras ciudades medias donde Plataforma per Catalunya ha conseguido representación institucional Igualada (5,80%, 1 concejal), Olot (7,64%, 2 concejales), Ripoll (5,83%, 1 concejal), Tárrega (6,15%, 1 concejal), Amposta (6,51%, 1 concejal) o Mollerusa (6,58%, 1 concejal). Barcelona, con todo, le da la espalda claramente. PxC no es decisiva en ningún consistorio, pero forzará pactos de gobierno múltiples en numerosos municipios y es tercera fuerza en El Vendrell, Manlleu y Salt. CiU, la fuerza que ha arrasado en las municipales, ha anunciado oficialmente que sólo excluye pactos postelectorales con PxC.
 Segunda fuerza en Vic
 Pero sin duda, donde obtiene su mayor éxito político y tangible –aunque menor del esperado- es en el laboratorio sociopolítico de Vic, ciudad natal de Josep Anglada donde arrancó en 2001 su singladura política racista. Superando al PSC de nuevo en 10 puntos, la candidatura encabezada por Anglada vuelve a situarse como segunda fuerza política, obtiene el 20%  (2.993 votos, 2.000 menos que CiU) y vence la estrategia del alcalde convergente Vila de Abadal que protagonizó la polémica sobre la prohibición de empadronamiento de las persones inmigrantes. Aquella estrategia de CiU pretendía asumir parte del discurso xenófobo con fines electorales para reducir la presencia de Anglada en el Ayuntamiento de Vic.
 Cabe destacar también que allí dónde PxC ya estaba presente en 2007, los resultados se han mantenido o mejorado, como es el caso del municipio de Manlleu (vecina de Vic) donde sube hasta obtener 3 concejales o el caso de El Vendrell (Tarragona), donde pasa de 4 a 5 representantes. Y cabe añadir que ha estado a punto de obtener concejales en el resto de municipios donde presentaba candidaturas, como el caso de Cornellà o Esplugues de Llobregat. Sin menospreciar que allí dónde PSC, CiU o PP han implementado campaña con discursos de dureza contra la migración, es donde PxC ha obtenido peores resultados. El caso más paradigmático es el del candidato del Partido Popular en Badalona, García Albiol, que ha ganado con mayoría relativa las elecciones.
 En el mismo contexto de las candidaturas ultras, la reciente escisión de PxC liderado por el exsecretario general Pablo Barranco ha obtenido, en a penas 3 meses de existencia, su única acta de concejal en Sant Just Desvern (Barcelona), con 6. Esta candidatura tiene el apoyo directo de España y Libertad y ha firmado acuerdos con la formación ultra Die Freiheit. El MSR obtiene un 3,79% en Roses (Girona) pero no consigue concejal. La otra escisión minoritaria de PxC, PxCat consigue unos mínimos resultados y solo revalida un concejal en su feudo, Cervera, con 290 votos y un 7,93%.
 
RADIOGRAFIA DEL ODIO XENÒFOBO CON ACTA DE CONCEJAL
(Municipio, actas de concejal, % y voto registrado) | Elaboración: Diagonal
 BARCELONA
 Abrera                                                  1             6.34%     305 votos
Badia                                                     1             6,19%     310 votos
Calaf                                                      3             21,65%  341 votos
Canovelles                                           1             8,41%     463 votos
Esparraguera                                       1             6,92%     593 votos
Franqueses del Vallès                        1             5,20%     348 votos
L’Hospitalet de Llobregat                  2             7,31%     6.192 votos
Igualada                                                1             5,80%     924 votos
Manlleu                                                3             15,02%  1112 votos           3ª fuerza
Manresa                                               2             8,95%     2391 votos
Mataró                                                  3             10,48%  4.684 votos
Mediona                                               1             8,45%     91 votos
Olesa de Montserrat                          1             7,26%     628 votos
Piera                                                     1             6,99%     383 votos
Polinya                                                  1             9,40%     280 votos
Roda de Ter                                         1             11,33% 288 votos
Sant Adrià del Besós                          1             5,30%     589 votos
Sant Andreu de la Barca                    1             3,08%     480 votos
Sant Boi de Llobregat                         3             10,47%  2989 votos
Sant Joan de Vilatorrada                    1             6,77%     284 votos
Sant Vicenç de Castellet                    1             9,92%     332 votos
Santa Coloma de Gramanet              3             9,07%     3.516 votos
Santa Margarida de Montbui            1             5,93%     264 votos
Santa Perpètua de Mogola               1             5,94%     496 votos
Taradell                                                1             7,74%     204 votos
Torelló                                                  3             15,03%  803 votos
Vic                                                         5             19,94%  2993 votos           2ª fuerza
Viladecans                                            1             5,55%     1271 votos
 
GIRONA
 Olot                                                       2             7,64%     939 votos
Palafrugell                                            1             6,13%     451 votos
Ripoll                                                     1             5,83%     312 votos
Salt                                                        3             13.96%  1161 votos           3ª fuerza
 
LLEIDA
 Mollerusa                                             1             6,58%     311 votos
Nalec                                                     1             32,88%  24 votos
Sidamon                                               1             19,82%  66 voto
Tàrrega                                                 1             6,15%     361 votos
 
TARRAGONA
 Amposta                                               1             6,51%     591 votos
Roquetes                                              2             12,99%  446 votos
Tortosa                                                 1             5,84%     790 votos
El Vendrell                                           5             22,75%  2328 votos           3ª fuerza
Vilanova del Camí                               1             7,03%     369 votos
 
 * Artículo publicado en la revista Diagonal

En segundo lugar, tienen un marcado carácter ambivalente en sus significados y orígenes históricos. No sólo en lo relativo a las diferentes versiones de la cultura –con su deriva culturalista y los usos interesados políticamente- sino también en relación a otros términos aparentemente más agradables, como es el de mestizaje, que surge en un contexto de dominación colonial, hace referencia a una supuesta existencia de razas diversas, pero a la vez termina por designar los deseos de convivencia y renuncia a la “pureza” de una raza o de una población humana.

Finalmente, nada de todo ello logra ocultar del todo la realidad cotidiana que nos encontramos en nuestros pueblos, barrios, familias y vecindarios. Desde los centros de trabajo, las calles o las escuelas es necesario construir permanentemente los espacios de convivencia, de diálogo y de impugnación de la represión y discriminación, así como a no obviar ni olvidar las diferencias por estratificación social y clase, hoy sospechosamente sacadas del discurso político. Son muchos los instrumentos que podemos emplear para estos fines, algunos de los cuales comienzan precisamente por cuestionar nuestras gramáticas de la diferencia y la alteridad.

En este intento se incluye el uso de un concepto de cultura que supone una clara ruptura con su relación directa con el de mentalidad y la idea de que las culturas generan en los individuos determinados condicionamientos psicológicos. Es necesario abordar críticamente el concepto, una cuestión que hace de manera sugerente Feliu en su artículo, tomando como objeto la versión esencialista del concepto de cultura, que es uno de los empleados en las disputas políticas y es posible encontrar también en los discursos supuestamente emancipadores que, para abordar con garantía su crítica al capitalismo, deben renunciar precisamente a ese carácter esencial de las diferencias.

El artículo de Álvaro Hernando proviene de la experiencia directa de trabajo en el ámbito escolar y plantea líneas de reflexión a partir de diversos cuestionamientos. Desde la perspectiva amplia de la multiculturalidad –aquella que incluye a grupos humanos provenientes de otros países y tradiciones, pero también a discapacitados o alumnado con necesidades educativas especiales- se plantean las paradojas y contradicciones de la atención para garantizar la igualdad de oportunidades, con el concepto de integración escolar en el centro del debate.

En referencia a contextos concretos y realidades más inmediatas contamos con los textos de David Fernández y de Miguel Ángel del Río y Aleix Purcet, ambos ya publicados anteriormente pero rescatados oportunamente para este monográfico. El texto de David Fernández refleja el calado de los discursos xenófobos y racistas en los resultados electorales en Cataluña, subrayando así el combate inconcluso contra este tipo de discriminación y violencia, a pesar de lo que nos parecen señalar los discursos optimistas de la convivencia y la integración. El texto de del Río y Purcet aborda con crudeza la actualización de los fascismos y los discursos racistas y xenófobos en formaciones políticas que se presentan a las elecciones en Cataluña. El riesgo no consiste únicamente en que obtengan representación sino en la extensión de esos discursos, cargados de eufemismos en otras formaciones políticas, que se hacen eco de los rechazos hacia la población inmigrante en un contexto de crisis.

No podemos ignorar el impacto de la actual crisis en la población inmigrante trabajadora. El artículo de Andrés Pedreño es una muy interesante oportunidad para actualizar nuestros datos y acceder al análisis de los procesos de exclusión y vulnerabilidad social y laboral, que se vienen produciendo desde hace años, cuando el leit motiv de la discriminación no era todavía la crisis económica.

Todo ejercicio práctico y concreto de lucha social y de denuncia debe contemplar estos análisis y escenarios para abordar con precisión la crítica a los usos interesados de los conceptos, para desmontar las historias que justifican la discriminación y para, en definitiva, asegurar nuestra posición al lado de estos compañeros y compañeras sin renunciar a un horizonte de justicia, libertad y solidaridad.

Durante las dos últimas décadas, y hasta que la crisis actual ha venido a cambiar las cosas, españa ha recibido a muchos inmigrantes, la mayoría de ellos trabajadores/ as han ido asentándose en este país solos o acompañados por sus familias. en general, los diferentes gobiernos centrales y autonómicos, los grandes partidos políticos y la sociedad española en su conjunto, han aceptado de buena gana ese fenómeno porque esos inmigrantes aceptaban los trabajo más duros, más precarios y peor pagados, esos que ningún español quería hacer en esas condiciones.

Tanto es así que buena parte del crecimiento económico del país, sobre todo durante la última década, se ha apoyado sobre los frágiles hombros de esos trabajadores que, sin apenas derechos laborales o con derechos muy menguados, aceptaban esa hiper-explotación porque les permitía enviar dinero a sus familias, muchas de las cuales esperaban en su país de origen al momento de ser reagrupadas en españa. en las obras de construcción, en los invernaderos agrícolas, e incluso en las casas de sus empleadores españoles (limpiándolas o cuidando de ancianos o niños) los inmigrantes han sacado adelante a sus familias con unos ingresos siempre por debajo de la media de los de los trabajadores/as españoles.

Con los años, muchos de esos inmigrantes se han asentado, han tenido hijos o los han traído para que crezcan y vayan a la escuela en españa. esos hijos de inmigrantes son lo que algunos sociólogos/as llaman «la segunda generación», hablando de ellos como si también fueran inmigrantes, cuando –como acabo de decir– muchos de ellos han nacido en este país o han venido a él siendo tan pequeños que seguramente dentro de unos años ya no recordarán que vivieron los primeros años de su vida en un país distinto. con el tiempo, la gran mayoría de ellas/os obtendrá la nacionalidad española y se encontrará en una situación muy distinta de la de sus padres, pues mientras que estos llegaron siendo adultos, y tuvieron que abrirse camino superando un sinfín de barreras de todo tipo – empezando por los obstáculos legales para conseguir los permisos de residencia y trabajo, y para mantenerlos–, sus hijos habrán crecido en este país, hablarán el idioma mayoritario en su lugar de residencia y sabrán desenvolverse en su entorno con la misma facilidad que los otros chavales de su misma edad cuyos padres nunca migraron de un país a otro. ellos ya no serán inmigrantes, sino españoles de origen migrante.

¿Significa eso que tendrán los mismos derechos que los españoles de origen no-migrante? sí y no: en principio sí pero en la práctica no tanto, porque no todo el mundo que tiene un dni español o un pasaporte europeo disfruta de los mismos derechos, diga lo que diga la constitución.

Más allá de las discriminaciones legales que sufrieron sus padres hay otras discriminaciones más sutiles, pero no menos reales, sufridas por personas a las que, por rasgos como el color de la piel, el acento o el apellido se les puede reconocer como de origen inmigrante. son ellos y ellas quienes en los próximos años van a formar las nuevas minorías étnicas de este país (nuevas porque hace siglos que hay en él otra minoría étnica discriminada: la de los gitanos), mostrando que la españa «multiculti» que nos muestran las páginas satinadas del país semanal no va a ser sólo una españa de la diversidad, sino también de la desigualdad, de la discriminación, y tal vez del racismo.

Discriminación indirecta

Pero, ¿a qué discriminación me refiero? No sólo a la discriminación directa, que es más reconocible porque suele manifestarse acompañada de arbitrariedad, de estereotipos y prejuicios irracionales (conscientes o inconscientes). También existe una discriminación indirecta, que es más difícil de reconocer, pues puede tener lugar objetivamente, en los hechos y las consecuencias, aunque no haya intención de discriminar, estereotipos ni prejuicios. La discriminación indirecta se produce independientemente de que quien toma la decisión discriminatoria actúe de forma más o menos racional. Imaginemos un ejemplo del mundo laboral: una empresa quiere empezar a vender sus productos por Internet, para lo cual buscan un informático/a que diseñe y mantenga un sitio web adecuado para ello. Al puesto se presentan varios candidatos con currículos muy parecidos. Uno de ellos es rechazado por ser miembro de una minoría étnica, algo que por supuesto la jefa de personal de la empresa, que es quien toma la decisión, no reconoce ante sus colegas (puede que ni siquiera se lo reconozca a sí misma, al no ser consciente de ello). Es un caso claro de discriminación directa: los prejuicios están cortocircuitando la lógica empresarial, porque ese candidato rechazado podría ser el más adecuado para la labor a realizar. Otra candidata que también se queda fuera es la madre de un niño pequeño, porque la jefa de personal teme que el cuidado de ese hijo la pueda distraer de su trabajo, impedirle hacer horas extras cuando haga falta, e incluso obligarle a ausentarse cuando el niño se ponga malo. La jefa de personal no tiene nada contra las madres trabajadoras –puede que ella misma acabe de tener un hijo–, está a favor de las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, defiende la extensión de las bajas de maternidad y paternidad y las ayudas públicas a las familias, pero a la hora de seleccionar a una candidata deja de lado su experiencia personal y sus convicciones y piensa en los intereses de la empresa (que le paga para eso). Podría comentar con sus colegas esta decisión con la certeza de que la entenderían, argumentándoles que ha sido la correcta (lo que no pasa con su decisión de rechazar al miembro de una minoría étnica) porque cualquiera puede entender que no quiera arriesgarse a que la maternidad de esa candidata interfiera en la puesta en marcha de la venta por Internet.

La discriminación indirecta funciona de una forma que cuesta reconocerla en la vida cotidiana, y sólo puede identificarse claramente cuando nos fijamos en sus efectos a largo plazo, sobre el conjunto de la sociedad y en particular sobre la vida de las personas que la sufren, que quedan en desventaja frente a las demás. Por eso en un informe sobre el racismo que hizo una comisión nombrada por el gobierno británico para analizar el tema se definía la discriminación indirecta como un trato «equitativo desde el punto de vista formal, pero que resulta discriminatorio en sus efectos».

Las madres de niños pequeños no forman un grupo social ni una minoría encerrada en estereotipos (lo que sí pasa en cambio con las minorías étnicas, sexuales, etc.), pero están objetivamente en desventaja en el mercado laboral español. Para darse cuenta de ello, basta con fijarse en las dificultades que encuentran muchas mujeres para hacer compatibles sus proyectos profesionales y sus proyectos de maternidad. Y para encontrar las causas de esa discriminación hay que pensar cómo se mezclan grandes factores económicos, políticos y culturales: las relaciones laborales, las políticas sociales, los recursos de las familias y los roles de género… Por eso hablo de discriminación indirecta, porque para entenderla bien hay que dar un rodeo por todos esos factores. Y por eso se dice de ella que es una discriminación estructural, para dejar claro que el peso recae más en un conjunto de factores socio-económicos que en la persona que toma la decisión con efectos discriminatorios (la jefa de personal del ejemplo que he puesto).

La mayoría de las personas de origen inmigrante sufren a mayor o menor nivel los dos tipos de discriminación, la directa y la indirecta. Las instituciones públicas (empezando por la Comisión Europea) se ocupan de la primera, sobre la que hacen campañas y recomendaciones, pero casi no prestan atención a la segunda. ¿Cómo funciona esta última? Algo que la diferencia claramente de la discriminación directa es que no se juega en pequeños encuentros entre personas en situaciones del día a día, sino en la acumulación de grandes factores sociales (económicos, políticos y culturales) que se combinan y provocan efectos discriminatorios a medio y largo plazo.

Volviendo al ejemplo de la joven madre informática que no consiguió ese puesto porque fue discriminada: si al día siguiente se presenta a otra entrevista y consigue un empleo estable, o si empieza a trabajar en la administración pública (donde no hay entrevistas de trabajo, sino concursos de méritos), habrá superado el momento crítico de criar a su hijo sin quedarse fuera del mercado laboral. Pero si es rechazada en todas las entrevistas a las que se presenta tendrá que cambiar de estrategia, buscar un trabajo que pueda hacer desde casa o depender del sueldo de su pareja –si la tiene– durante una temporada, tomando una decisión que afectará de una forma u otra a su trayectoria profesional, y que a medio o largo plazo podría traducirse en un hándicap. Por ejemplo, si trabaja en casa puede perder el contacto cotidiano con otros informáticos con los que intercambiar información sobre nuevas aplicaciones y técnicas, y quedarse aislada y con conocimientos anticuados. Y si deja de trabajar una temporada luego le costará ponerse al día y en su currículo habrá un vacío; y si depende económicamente de su pareja perderá autonomía respecto a ella.

Volvamos al tema de los hijos de inmigrantes: el sociólogo Lorenzo Cachón escribió que estos jóvenes son «los más obreros de la clase trabajadora», es decir, los jóvenes peor situados en el mercado laboral español. Esa condición social proletaria les separa de los jóvenes cuyos padres no son inmigrantes, reduciendo las posibilidades de los de origen inmigrante de establecer relaciones de afinidad, de amistad o de pareja con ellos, mejor situados que ellos en todos los sentidos. Y al verse así apartados, los jóvenes de origen inmigrante son vistos como si formasen un grupo social particular, y pueden ser fácilmente señalados con el dedo y discriminados de forma directa. Así es como actúa la discriminación indirecta: sin que nadie lo busque intencionadamente ni elabore un plan para que sea así, la combinación de elementos estructurales desfavorables sienta las bases para que se llegue a una situación de desigualdad objetiva de oportunidades. La discriminación indirecta precede a la discriminación directa, y hace que cuando ésta tiene lugar sea muy difícil de combatir, porque para entonces las cartas ya están echadas.

La discriminación puede combatirse

La situación desfavorable en que se encuentra buena parte de la población de origen inmigrante en España no va a mejorar sola por el mero paso del tiempo. Si las instituciones públicas no toman las medidas necesarias –medidas sociales, educativas, de vivienda… o sea, medidas políticas de todo tipo– para evitar que eso suceda, los jóvenes migrantes no podrán superar los muchos hándicaps y las dificultades que se les ponen cada día por delante, por mucha esfuerzo que hagan ellos y sus padres, y por mucha capacidad de adaptación que desplieguen (y a menudo muestran más capacidad de adaptación que los españoles no-migrantes de su misma edad, pues la necesitan para hacer frente a las adversidades). Pedirles que lo hagan sin ninguna ayuda sería en primer lugar profundamente injusto, pues significaría que son quienes se encuentran en la peor situación quienes deben hacer todo el esfuerzo por su cuenta. Pero sería además de una gran ingenuidad, algo así como olvidar todo lo que sabemos sobre cómo funcionan la discriminación indirecta y las desigualdades sociales. Conociendo ambas cosas, podemos prever que un buen número de jóvenes de origen inmigrante corren el riesgo, a pesar de toda su voluntad y su esfuerzo por evitarlo, de quedar arrinconados en las cunetas de la sociedad del bienestar. Ahora es el momento de evitar que eso suceda, cuando aún no han cristalizado los procesos de segregación entre los españoles de origen «autóctono» y los de origen inmigrante, ni se ha producido todavía una desintegración social. Utilizo este último término en un doble sentido: por un lado me refiero a la existencia de personas no integradas en el conjunto de la ciudadanía, pero además, me refiero a la fragmentación de la población en grupos sociales que coexisten, pero que pertenecen a mundos sociales ajenos y alejados entre sí (como pasa, por ejemplo, en un país cuya historia misma es la historia de sucesivas generaciones de inmigrantes: los EE. UU). Como dice otra socióloga, Claudia Pedone, «de continuar las actuales condiciones socioeconómicas y jurídicas, la sociedad de destino desplazará irremediablemente a los hijos de inmigrantes a nichos laborales etnoestratificados, precarios e inestables, asegurándoles que su condición de extranjero/as les impedirá disfrutar de los derechos que posee todo ciudadano de primera». Si algo tiene que quedar claro es lo siguiente: la segmentación social no se debe a que coexistan grupos etno-culturales diferenciados, porque esa coexistencia no provoca por sí sola desintegración social, a menos que se combine con otros factores. Entre ellos, el racismo y las grandes desigualdades en la distribución de la riqueza social. Estas desigualdades hacen que el principio de igualdad de oportunidades que debe regir –y que se nos dice que rige– en las sociedades «democráticas» no sea más que un mito ideológico escrito en papel mojado.

Hablar de miedo suele asustar. Asociado a la dominación política, el miedo generalmente ha sido interpretado como una de las explicaciones de la atomización social y la desmovilización política de nuestro tiempo. Sin embargo, si establecemos una distinción entre los discursos de la inseguridad, entendidos como estrategias de poder, y el miedo, comprendido como experiencia corporal, podremos comenzar a ver «algo más» en este miedo que resulta irrepresentable por dichos discursos. Este «algo más» puede ser fuente de relaciones intercorporales que finalmente pueden impugnar el régimen securitario. El texto propone pensar el miedo no como un callejón sin salida, sino como materia prima de ciertas resistencias.

Es un lugar común pensar el miedo como un instrumento de dominación política, como algo que nos embarga. Las relaciones securitarias en las sociedades de control y de consumo se materializan en las actuaciones corporales del autoritarismo securitario (control), en otras de carácter educativo (disciplinamiento) y finalmente en transformaciones propias en forma de incorporación (autocontrol).

A partir de una investigación etnográfica acerca de los discursos de la (in)seguridad y las prácticas relacionadas con el miedo en un distrito de Madrid (Carabanchel), intento repensar la corp-oralidad como el ámbito excluido por los discursos procedentes de los lugares de poder. Uno de ellos, alimentado y reactualizado con fuerza en los últimos años, es el discurso de la inseguridad ciudadana, el cual simula re-presentar a las subjetividades inseguras contemporáneas con el fin de producir sujetos representables.

Se oculta la historia que habita en los cuerpos, incluida la de los miedos vividos –en relación a amenazas reales o imaginarias-, y se devuelve un discurso, el de la inseguridad, que se erige en solución de protección. La segregación de los cuerpos producida por el dispositivo securitario supone la fractura del cuerpo social. Sin embargo, pese a que estos discursos se incorporan y se actúan performativamente por parte de los habitantes de un barrio señalado habitualmente –como otros barrios populares- como p e l i g r o s o , s e producen resistencias tácticas corporales y resignificaciones en el ámbito de la oralidad capaces de atenuar el impacto de las estrategias de control. Además, estas resistencias y resignificaciones pueden ser el germen para la invención de nuevas relaciones sociales que buscan recomponer el cuerpo social. ¿Podemos pensar el miedo como fuente de sociabilidad y autonomía? Voy a realizar un recorrido «liberador» que va desde las tecnologías de sujeción a las respuestas más innovadoras de los agentes del barrio, de un barrio cualquiera.

Control y cuerpo

El cuerpo es un espacio privilegiado sobre el cual se establecen las marcas de la dominación, pero es al mismo tiempo la materia que actúa las resistencias. El cuerpo actúa el miedo a partir de su relación más o menos violenta con otros cuerpos y con los discursos. Esta violencia en la interacción no debe entenderse únicamente como agresión física, sino como relación de dominación. Pero la dominación no es mera obligación externa, sino asunción de la misma por parte de quien la sufre. Las relaciones de poder no se marcan desde una exterioridad corporal, sino a partir de la apropiación de la dominación por parte del dominado (Butler, 2007). Por esta razón, podemos pensar que la agencialidad persiste a pesar del control (discursos de la inseguridad) y el miedo (que habita en la corp-oralidad).

Si el disciplinamiento se constituía en el objeto de las tecnologías de poder en el capitalismo de producción (siendo el fordismo su apoteosis), en las sociedades capitalistas occidentales han ido ganando peso otros regímenes de subjetividad. Éstos consisten, por un lado, en el control preventivo por parte de las autoridades de los cuerpos no consumidores (no ciudadanos) y no disciplinables (excedentes humanos), y en el autocontrol por medio del consumo entre aquellos que disponen de cierto poder adquisitivo y ciudadanía, por otro (De Giorgi, 2006; Bauman, 2006).

El discurso mediático de la inseguridad tiene su correlato en la proliferación de espacios penales, del endurecimiento de las leyes para llenarlos y de la performance securitaria en el espacio público a modo de hiperpresencia policial y de tecnologías de vigilancia. Carabanchel presenta peculiaridades a la hora de estudiar el dispositivo securitario. Se trata de un barrio famoso por su vieja cárcel y su perfecto panóptico. El estigma de ese edificio era capaz de derribar simbólicamente sus muros y de establecer un continuo entre el barrio y la delincuencia.

El objetivo de esta institución era controlar cuerpos dentro y fuera de la misma, pero las nuevas tendencias penitenciarias en las sociedades postindustriales persiguen una mayor invisibilización y estetización de las prácticas penales. Por eso son menos conocidos otros dispositivos de encierro del barrio, como los centros de reforma para menores o el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Un ejemplo de represión diferencial –en función del grado de ciudadanía por razones de clase, origen y fenotipo-, y por ello más o menos estetizada, lo constituyen los controles de identidad a la caza de personas migrantes «sin papeles». El conjunto de policías que se colocan en las salidas de las estaciones de metro y demandan la documentación a las personas «sospechosas» de ser extranjeras, actúan su papel en una dramatización portadora de un doble mensaje. Por un lado, para los «ciudadanos» estas redadas suelen pasar desapercibidas o constituyen, en muchas ocasiones, simples controles en pro de la seguridad ciudadana en tiempos de crisis que nunca afectan en carne propia y que consiguen atrapar delincuentes.

El racismo institucional, consigue conectar con el racismo cultural y filtrarse a las relaciones prácticas en el barrio en forma de desconfianza, rechazo y segregación.

Por otro, para los «no ciudadanos» las redadas suponen la implantación del dispositivo de frontera nacional en el propio barrio, reduciendo su movilidad y expresión en el espacio público y tratando de limitar sus espacios al laboral y al doméstico. Salir a la calle supone el riesgo de encierro, agresión física y deportación por el anonimato fallido delatado por su cuerpo. Las redadas policiales conforman, así, una operación de corte neoliberal de gestión de la fuerza de trabajo y una actuación securitaria que consigue controlar preventivamente (reduciendo el espacio público como espacio libre del anonimato) (Delgado, 2007) y disciplinar a los cuerpos que conforman buena parte del proletariado de los servicios y la construcción de la ciudad. Control y disciplina conviven.

Un control de cuerpos que nunca es completo

Pero el miedo parece ser otra cosa distinta de lo que pretende representar el discurso de la inseguridad: la cosa otra (alteridad internalizada) que habita en el cuerpo, que condiciona las prácticas y que es fruto de las exclusiones sufridas e incorporadas. El miedo a la pérdida, el miedo al público, el miedo a la soledad, el miedo a la interacción, el miedo a no estar a la altura, el miedo a la complejidad, etc.

son miedos silenciosos que se relacionan sólo de manera mínima y oblicua con el miedo urbano a la delincuencia (a pesar de que el discurso hegemónico de la inseguridad focalice la atención sobre éste último). Podría afirmarse que el discurso de la inseguridad camina por autopistas de la información, pero encontrándose sólo de manera eventual con los miedos peatonales y cotidianos de una sociedad hipercompetitiva y generadora de inseguridades personales. Estos miedos habitan en las relaciones intercorporales, en las cuales se disuelven las fijaciones identitarias de los discursos. Se trata de explorar lo que anda suelto, porque no está sujeto (a una identidad, a un discurso): observar el miedo en su sentido corporal y práctico.

El cuerpo pasa a ser un espacio en el que está encarnada la estructura social pero que a su vez ejerce como agente de la construcción social, reproductor de esa estructura y resistente a la misma (Esteban 2004: 19-27). Los itinerarios corporales constituyen rutas de empoderamiento y desempoderamiento que, por lo que he observado, están estrechamente relacionadas con el miedo (mucho más que con la «inseguridad ciudadana»).

Se trata, entonces, de situar la atención ya no sólo en el discurso elaborado, sino también en el cuerpo.

Discurso de la inseguridad reapropiado

El control policial y el higienismo y esteticismo urbano encuentran un complemento en el abono ideológico proporcionado por los medios de comunicación. El mensaje televisivo de la inseguridad puede afectar de modos diferentes.

Por un lado puede incorporarse y sedimentarse en forma de miedo («Yo no voy a dejar el niño con cualquiera […], el niño es mi vida, con todo lo que se oye ahora») y, por otro, puede ser apropiado para elaborar un discurso estratégico desde abajo (oralizado) en situaciones de competencia por recursos sociales escasos: el discurso de la inseguridad se emplea habitualmente para deslegitimar al competidor. Los discursos de la inseguridad no dan cuenta de una realidad objetiva («el aumento de la inseguridad»), sino de posiciones subjetivas ante el mundo social. Como discursos, tienen una dimensión estratégica (De Certeau, 1993) y son emitidos desde lugares de poder.

Pero estos discursos, aunque estereotipados, son reinventados y reintroducidos en el mundo de los relatos. El discurso de la inseguridad reapropiado puede ser un acto de reproducción del orden, pero efectuado desde cierta agencialidad: trazando estrategias de pequeña escala (casi tácticas) para sobrevivir en un medio competitivo por parte de muchos vecinos. No es tanto el miedo a la violencia delincuencial como a la pérdida de poder social lo que está en juego.

En ellos podemos encontrar las marcas de lo simbólicamente masculino en la conformación de identidades1.

Mediante estos discursos colectivos se puede construir performativamente la comunidad de los inseguros (comunidad sucedánea pero que se convierte muchas veces en un sujeto político cuyas demandas son toleradas y ampliamente respaldadas por las autoridades). Su origen (arriba) es estratégico, pero su consumo (abajo) comienza a ser táctico, lo cual nos informa de cierto margen de autonomía en su manejo.

Miedo en la corporalidad

Aunque el discurso sea reapropiado y retorne a la enunciación oral, hay otro tipo de prácticas corporales que actúan el miedo y que proceden de la memoria colectiva.

El miedo no se exorciza por la aparición de un otro (inmigrante, joven, nuevo pobre) sobre el que cargar la responsabilidad de las propias incertidumbres: los discursos de la inseguridad -que buscan un chivo expiatorio- son estratégicos en la conformación de identidades (nacionales, étnicas, etc.), pero no parecen aliviar la sensación de temor. Se podría afirmar, sin embargo, que las incertidumbres tienen que ver más con otros miedos que proceden de la remota infancia (como las primeras experiencias de separación de quien alimenta) y con su reactualización continua a lo largo de la vida en forma de desasosiego por la pérdida de anclajes en un mundo hipercompetitivo (en el mundo laboral, afectivo, etc.). La sensación íntima de miedo parece encontrar mayores posibilidades de manifestarse entre las personas que habitan el barrio en aquellos momentos vitales en los que la autonomía decrece (como la vejez). Es en estos momentos biográficos cuando el discurso de la inseguridad (procedente de los medios y de las voces vecinales autorizadas) parece retornar a lo oral y se transforma en fantasía, penetra en el imaginario cotidiano y pasa a condicionar prácticas. Nos vamos acercando desde el discurso a lo oral y a lo corporal.

Emitidas en primera o segunda persona, las enunciaciones del miedo parecen traicionar menos las propias emociones corporales que los discursos: son más consecuentes con la propia experiencia. Parecen expresarse desde el polo femenino del binario de sexo/género, ya que desde éste -y no desde el masculino- es legítimo actuar y exhibir la propia vulnerabilidad. Unos vecinos con los que conversé mezclaban el temor sentido ante la presencia de nuevos vecinos jóvenes de origen extranjero con el miedo al robo, con lo indeseable de sus gustos musicales y con la presencia de «bichos voladores» en su portal supuestamente traídos por los nuevos vecinos. El miedo íntimo se relacionaba con la cercanía de la alteridad, siempre amenazante para una identidad que ya de por sí está debilitada. En este caso, la debilidad se producía como consecuencia de la pérdida de aquello que les dotaba en su universo social de cierta autonomía: la vida laboral y la familiar. El desempoderamiento de estos pensionistas era también corporal, y ante la pregunta de si antes no sentían la misma inseguridad, una de las vecinas respondió: «sí, pero tenía mejor las piernas para correr». Los significados de los cambios en el propio cuerpo van asociados a la pérdida de poder social y ligados al deterioro del cuerpo comunitario.

Pero como ya he adelantado, el temor puede ser también motor de sociabilidad. Una suerte de resistencia a lo prescrito son las prácticas de espacialización y sociabilidad llevadas a cabo por todos los vecinos, incluso por personas que se sienten vulnerables, con miedo. El barrio atomizado que separa cuerpos (en urbanizaciones cerradas en la parte más nueva del distrito, con calles anchas para la circulación de los coches, manzanas cerradas con seguridad privada, etc.), que así se hacen más dependientes del mercado y de las instituciones, se desatomiza cuando sus vecinos buscan espacios de sociabilidad no mercantilizada y no dirigida en las calles y los parques externos a las fincas. Se emplea como pretexto el juego de los niños y otro que parece ganar fuerza, el de «sacar al perro»: la interacción más espontánea entre los cuerpos de los niños, y sobre todo de los perros, ayuda a los cuerpos de sus responsables, adultos humanos, a acercarse, a hablar, a reírse y a veces a tocarse. El perro no sólo proporciona seguridad y afecto, también sociabilidad. Por su parte, las personas que constituyen el objetivo preferido de los controles de identidad policiales inventan tácticas de resistencia, nuevos itinerarios o ingeniosas formas de desmoronar la masculinidad policial y de recomponerse a pesar del miedo ante la persecución de la que son objeto.

Así es como una mujer de origen boliviano me relató sus formas espontáneas de sortear su detención, como cuando se inventó que tenía la regla y le pidió al policía una compresa al estar mojando su ropa interior: «Anda vete, vete, y como si no te hubiéramos parado».

Quizás un paso más allá en la resignificación del miedo, la inseguridad y la desconfianza, sea la reflexión socializada a través del propio habla. Hablar de los propios miedos, asumiendo la propia vulnerabilidad, es reconocer que existen temores incorporados que quizás no tengan tanta relación con la supuesta peligrosidad del entorno que los discursos hegemónicos transmiten. Estas prácticas corporales y discursivas son capaces de elaborar el duelo y de ir integrando espacialmente el cuerpo -individual y social-. Se rescata lo negado (de fuera y de dentro) y se legitima: el discurso oficial deja paso al relato personal.

Otro paso más en la resistencia al discurso hegemónico de la inseguridad que separa a los cuerpos es el hecho de «juntarse» para luchar por el espacio público existente (ante la destrucción municipal de un parque, por ejemplo) o para construir otros nuevos (como en un centro social muy heterogéneo aparecido en el último año en el distrito).

Por último, algunas prácticas colectivas están profundizando en la resignificación del miedo urbano, tanto el sentido corp-oralmente a través de la propia experiencia y de los relatos sobre el peligro, como el procedente de la violencia policial. Estas resistencias son actuadas con los propios cuerpos frente al régimen de fronteras y las redadas sistemáticas contra migrantes llevadas a cabo por la policía dentro de la lógica securitaria preventiva de la sociedad de control. En estas luchas se recurre al discurso, a las tecnologías, pero sobre todo al cuerpo colectivo: la «vigilancia de los vigilantes» se complementa con la co-presencia de cuerpos y la apropiación del espacio para reestablecer el habla crítica entre vecinos y vecinas.

No es su discurso el que convence al vecindario, sino que su potencia política se encuentra en la actuación performativa de los vínculos barriales.

En definitiva, lo que he tratado de exponer en esta reflexión sobre algunos aprendizajes etnográficos es cómo más allá del control securitario y del miedo se producen resistencias, las cuales -más o menos reflexivas- constituyen un sustrato cultural irrepresentable por los discursos de la inseguridad. El mundo de los vínculos corporales a ras del suelo conforma una fuente primaria de sociabilidad que siempre escapará del completo control. Estas resistencias cotidianas nos enseñan a juntarnos y a hablar: no se trata de negar el miedo, como si en él se clausurasen las alternativas, sino de reconocerlo y compartirlo para actuar sin miedo al miedo, esto es, con miedo y sin embargo.

Notas:

1. Tal y como lo interpreto, el orden del discurso pertenece al polo masculino del binario simbólico de sexo/género vigente durante la modernidad (Serret, 2004). Desde esta perspectiva masculina, más que tocar, se ve.

El discurso siempre está elaborado -es estratégico- pero informa mejor del posicionamiento identitario de su emisor que de sus emociones y sus prácticas en la vida cotidiana. En él podemos encontrar una enorme brecha entre lo que se dice y lo que se hace.

Bibliografía:

BAUMAN, Z. 2006. La globalización. Consecuencias humanas. México: FCE.

BUTLER, J. 2007. «¿Qué es la crítica?», en R. Parrini (coord.). Los contornos del alma, los límites del cuerpo: género, corporalidad y subjetivación: 35-58. México: PUEG-UNAM.

DE CERTEAU, M. 1993. La escritura de la historia. México: UIA.

DE GIORGI, A. 2006. El gobierno de la excedencia. Postfordismo y control de la multitud. Madrid: Traficantes de sueños.

DELGADO, M. 2007. Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles. Barcelona: Anagrama.

ESTEBAN, M. L. 2004. Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio. Barcelona: Bellaterra.

SERRET, E. 2004 «Mujeres y hombres en el imaginario social. La impronta del género en las identidades», en I. García Gossio (coord.), Mujeres y sociedad en el México contemporáneo. Nombrar lo innombrable. México: TEC de Monterrey-Cámara de Diputados-Miguel Ángel Porrúa.