“Muy probablemente, el auge del Estado de la seguridad personal

anuncia el ocaso de la democracia moderna”

Zygmunt Bauman

Burorrepresión es un término reciente que viene a identificar la utilización política de la sanción administrativa para criminalizar, reprimir, penalizar y desactivar la protesta ciudadana. En su aplicación tendría dos dimensiones: una directamente política, como mecanismo del poder para combatir a sus opositores o cuestionadores; y otra social, cuando se ceba en colectivos vulnerables (inmigrantes, marginados y excluidos) y los castiga en sus posibilidades de supervivencia mediante trabas, retrasos o indolencia administrativa.

Los autores, historiadores, juristas, antropólogos e investigadores militantes, destripan el repertorio de recursos de represión administrativa de que dispone el poder y analizan las formas, tiempos y espacios en que se vienen desplegando en los últimos años. La conclusión es que esas medidas conforman un entramado lógico y orquestado para impedir tanto la resistencia como la solidaridad de sectores ciudadanos disidentes o desfavorecidos por el estado de cosas.

En suma, se trata de advertir la presencia de una represión blanda que se incorpora como parte de un alarmante incremento del control social punitivo manifestado desde comienzos de este siglo (11-S) y multiplicado a partir de la crisis global que padecemos desde 2007-2008 (normas de excepción, rutinización de las tecnologías de vigilancia y sanción…). Todo ello enmarcado en las posibilidades que proporciona al poder el “populismo punitivo” y la insistencia de sus discursos de “tolerancia cero” contra determinados fenómenos como el de la inseguridad. Eso, y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para establecer un constante y omnipresente control de las personas, así como una interrelación de sus datos entre las esferas policial, militar, administrativa e incluso privada.

El resultado, como señalan los autores, es una atmósfera sancionadora “hipertrofiada y descolorida, a la vez gigantesca y neblinosa”. En ese contexto, la burorrepresión se oculta y confunde entre las múltiples modalidades de la sanción administrativa. Pero se consigue descubrirla identificando a los destinatarios concretos y en un momento dado del aluvión represivo administrativo. Así, por ejemplo, la acumulación de sanciones dirigidas contra los integrantes del 15-M o de los sindicatos por alteración de orden público, desobediencia y resistencia a la autoridad o convocatoria de concentración no comunicada se traduce en expedientes, sanciones y multas que buscan actuar en contra, debilitar la oposición, conformar un tratamiento policial y de orden público y no social ni político, y evitar o mitigar la repetición de protestas que no desea el poder.

Otra dimensión buscada es la división de los movimientos sociales y de protesta en “buenos y malos”, en pacíficos y románticos frente a violentos y “antisistema”. En ese juego, la burorrepresión –o la confrontación policial abierta- traslada la protesta al territorio de la violencia y de lo delictivo, donde el poder se encuentra más a gusto porque enlaza con una ciudadanía que, si puede simpatizar con los protestantes y con sus motivos más genéricos, está educada para rechazar el conflicto duro.

La burorrepresión ha generado una paralela burorresistencia expresada en experiencias de no colaboración –campaña “Di no a las identificaciones”-, pago solidario y colectivo de multas o mantenimiento alternativo de la protección  a sectores excluidos.

El neologismo necesario, entonces, resulta útil para no pasar de puntillas ni mucho menos confundir realidades abusivas de gran insistencia en la actualidad que se cargan –políticamente- los derechos fundamentales (vg. el de reunión o manifestación) por la vía de sancionar –administrativamente- vulneraciones de ordenanzas municipales, por ejemplo (normativas de ocupación de espacios públicos o de ruidos). Se aísla la acción de su contexto de manera arbitraria desde el poder y se confronta políticamente la protesta con la apariencia falsa de una “simple” demanda o sanción administrativa.