Los procesos electorales habidos en Colombia, pese a no romper la elevada abstención y a que sus resultados mantienen una aparente estabilidad del mapa político, han sido precedidos de una campaña electoral más viva y participativa que marcará necesariamente la agenda del nuevo gobierno: la actuación frente a las guerrillas y el narcotráfico, las actividades de grupos paramilitares, en relación a la cual están siendo investigadas 39 congresistas y 46 senadores, la débil implantación del estado de derecho, las terribles secuelas de las actividades armadas, cuyas víctimas exigen justicia, verdad y reparación, los enormes problemas sociales que están en su base las relaciones internacionales especialmente con sus vecinos Venezuela y Ecuador son temas que el nuevo gobierno, pese a su continuidad, tendrá que afrontar con políticas nuevas.

En el primer semestre de 2010, se han llevado a cabo en Colombia dos importantes procesos electorales: el primero, para el Congreso y Senado; y el segundo, para la Presidencia de la República, tras las cuales se definirá el nuevo escenario político después de ocho años de «Seguridad Democrática».

Con una popularidad cercana al 70%, Álvaro Uribe deja su cargo como Presidente de Gobierno y el próximo 7 de agosto se posesionará el nuevo Presidente que, tras la designación del equipo ministerial, tendrá la responsabilidad, entre otras cuestiones, de avanzar, a nivel interno, en la resolución del conflicto armado y del impacto del narcotráfico y las nuevas bandas criminales para garantizar el desarrollo económico y social del país de manera sostenible, y el pleno respeto y protección de los derechos humanos; y a nivel internacional, en particular, en recomponer las relaciones externas del país con sus vecinos (Ecuador y Venezuela, fundamentalmente) y ante el nuevo escenario regional que se presenta tras la designación del primer Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

Las elecciones legislativas

La primera elección tuvo lugar en marzo, para el nombramiento de los 268 representantes en el Congreso y en el Senado. Durante los dos últimos años, la legitimidad de las Cámaras se ha visto afectada y cuestionada ante las confesiones de líderes paramilitares desmovilizados, procesados por la comisión de graves crímenes durante su pertenencia a grupos armados ilegales, sobre las relaciones de dichos grupos con representantes políticos, y el apoyo no sólo económico sino también político que les proporcionaron para su expansión y consolidación territorial.

Como consecuencia de estas declaraciones, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia colombianas, están investigando, iniciando o desarrollando los trámites procesales, en relación con la vinculación de 39 congresistas y 46 senadores en dichas actividades.

Los resultados electorales supusieron el notable incremento de escaños tanto en el Congreso como en el Senado, del Partido Social de Unidad Nacional, más conocido como el Partido de la U, al cual pertenecen tanto Álvaro Uribe como Juan Manuel Santos; del Partido Conservador; y del Partido Liberal, así como el refuerzo del número de escaños del Partido de Identidad Nacional, sucesor de Convergencia Ciudadana, muchos de cuyos miembros han sido investigados por su conexión con las actividades criminales derivadas del narcotráfico y los grupos paramilitares.

En este marco, será clave definir parámetros claros frente a los representantes políticos contra los cuales se han iniciado procesos judiciales en el denominado escándalo de la parapolítica. La política de la «silla vacía» o la sustitución de dichos representantes por otros miembros del mismo partido no se han configurado como la respuesta idónea, y será necesario restaurar la confianza de la población en las Cámaras puesta en duda por dichas actividades. Así mismo, se deberán retomar los asuntos que quedaron pendientes en la anterior legislatura, entre otros, la definición y configuración de un Estatuto para las Víctimas.

Las elecciones presidenciales

El segundo proceso electoral, para la designación del nuevo Presidente de la República, se inició con una primera vuelta el 30 de mayo; y ha culminado con una segunda ronda, el 20 de junio.

La campaña no comenzó propiamente hasta que la Corte Constitucional despejó en febrero de 2010 las dudas acerca de la posibilidad de modificar, por segunda vez, la disposición constitucional que limitaba la reelección del Presidente para un tercer mandato (disposición que ya había sido modificada en 2005 para permitir que Uribe pudiese volver a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2006).

Una vez resuelta la incógnita, con el pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentido negativo a la reelección, tuvo lugar la designación a nivel interno de los candidatos, y la preparación de los programas electorales y de las actividades de campaña.

Por el Partido de la U, se presentaron dos candidatos: Andrés Arias, hasta entonces ministro de Agricultura; y Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa del gobierno de Uribe, quien finalmente, fue elegido para liderar el partido en la carrera electoral a la Presidencia.

Al frente de los otros grandes partidos, se encontraban: la ex Embajadora en España, y hasta entonces embajadora en Londres, Noemí Sanín, por el Partido Conservador; Germán Vargas Lleras por el partido Cambio Radical; Gustavo Petro, por el Polo Democrático Alternativo; y Rafael Pardo por el Partido Liberal.

Así mismo, y tras la presentación inicial de candidaturas por separado, el ex Alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, y el ex Alcalde de Bogotá, Lucho Garzón terminaban sumándose a la nueva formación que entraba en contienda electoral: el Partido Verde, liderado por otro ex Alcalde de Bogotá: Antanas Mockus, matemático y conocido tanto por los importantes programas de carácter social desarrollados durante su mandato al frente de la Alcaldía de Bogotá (en particular, la consolidación del sistema de transporte que permitía conectar los barrios más alejados de la capital, más conocido como Transmilenio, iniciado por su antecesor Enrique Peñalosa; o la conocida como hora Zanahoria, para promover el consumo moderado de alcohol), como por sus extravagantes acciones y reacciones en debates. Si bien Mockus se había presentado a las convocatorias electorales en 1998 y 2002, con magros resultados, en la primera vuelta de las elecciones de 2010 su nombre empezó a sonar con fuerza.

En efecto, si bien en las elecciones de 2006 el panorama electoral estaba copado por los partidos tradicionales, en 2010 Colombia se encontraba con un nuevo escenario, en el que poco a poco, las encuestas hicieron que el nombre de Mockus como candidato del Partido Verde, se posicionase entre los favoritos para gobernar el país la próxima legislatura. ¿Cuál era el valor añadido? Un discurso nuevo y fresco, en el cual muchos jóvenes empezaron a sentirse identificados, con propuestas de corte social –que venían apoyadas con la impecable carta de presentación sobre los logros alcanzados durante su gestión al frente de la Alcaldía de Bogotá-, fruto de las cuales, empezó a surgir una marea verde de apoyo al nuevo partido en la contienda electoral.

Como ya hayan señalado muchos analistas políticos, el país ha conocido una vibrante y trepidante campaña electoral, en la que se han llevado a cabo intensos debates entre los candidatos, y durante la cual las encuestas fueron mostrando progresivamente como podía estar evolucionando la intención de voto, abriendo la posibilidad a que se produjese un cambio político tras ocho años en los que Uribe se constituía como un candidato imbatible, respaldado por un alto nivel de popularidad que se ha mantenido hasta hoy en día. Además de los ya tradicionales actos de campaña en las diferentes regiones y en televisión, los candidatos han hecho amplio uso de las redes sociales, que se configuraron de hecho como una de las principales herramientas utilizadas por el candidato del Partido Verde para llegar a la población más joven, tradicionalmente la más reticente a participar en los procesos electorales.

A una semana de las elecciones, las previsiones según las encuestas daban una ajustada victoria al candidato del Partido de la U, dejando entrever incluso la posibilidad de que en segunda ronda Mockus pudiese convertirse en el próximo presidente colombiano. No obstante, los resultados ofrecieron otra realidad muy distinta, y Juan Manuel Santos obtuvo un 43% de apoyo, mientras que Mockus reducía sus apoyos a un 23%; sin embargo, al no haber conseguido el primero mayoría absoluta, se hacía necesario acudir a una segunda vuelta.

En la segunda ronda electoral, Santos consolidó su victoria, con más de 9 millones de votos (69% del total escrutado), el mayor número de votos alcanzados por un candidato electoral en las elecciones colombianas, habiendo logrado incrementar el apoyo logrado en la primera ronda gracias a la coalición que selló para esta segunda ronda con otros partidos afines. Mientras, Mockus logró algo más de 3 millones de votos, incrementando en 500.000 el número conseguido en primera ronda. La abstención fue del 51%, siguiendo la media de elecciones anteriores.

El nuevo gobierno

Como se indicaba al principio, tras ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el nuevo equipo gubernamental se enfrenta a importantes retos. Santos ha defendido durante la campaña la consolidación de la política de seguridad democrática iniciada por Uribe, en la cual, las acciones militares contra las guerrillas en activo y los espectaculares operativos puestos en marcha para la liberación de rehenes de las FARC (como la operación Jaque organizada para el rescate de Ingrid Betancurt y cuatro militares americanos que permanecían en cautiverio desde hacía más de 6 años, o la reciente operación Camaleón en la cual se rescataron a cuatro militares retenidos desde hacía 8 años), han sido su principal estandarte.

Pese a dichos logros, quedan importantes desafíos no sólo a nivel social, sino en el proceso de construcción de paz y de re-establecimiento de la presencia estatal en las regiones que se han visto afectadas, y se siguen viendo afectadas, por la violencia, así como para garantizar el ejercicio efectivo y la adecuada protección, de derechos fundamentales que han sido gravemente vulnerados (entre otros casos, las muertes de civiles que eran presentados por miembros de la Fuerza Pública como guerrilleros dados de baja en combate, en el denominado caso de los «falsos positivos»). El importante número de desplazados internos como consecuencia del conflicto que continúa vigente; el surgimiento de nuevas bandas criminales y la permanencia de reductos paramilitares; las demandas de justicia, verdad y reparación ante las cuales las víctimas de los grupos paramilitares que se desmovilizaron entre 2003 y 2005 esperan respuesta; y la puesta en marcha de programas y medidas que garanticen una respuesta adecuada y efectiva ante los problemas de titularidad, gestión y explotación de tierras, cuestión clave en el corazón del proceso de resolución del conflicto, deben formar parte, entre otros aspectos, de la agenda del próximo gobierno.

Así mismo, es necesario reconstruir las relaciones de Colombia con sus vecinos Ecuador y Venezuela; se trata de establecer las bases para que exista una relación de respeto muto entre países que mantienen estrechas relaciones económicas, y que deben cooperar ante los movimientos fronterizos por una parte,

de emigrantes económicos y refugiados; y por otra, de actores armados ilegales que cruzan a los países aledaños ante las acciones militares de la fuerza pública colombiana. En el establecimiento de dichas relaciones será clave definir cómo tendrá lugar dicha colaboración, para evitar que vuelva a tener lugar la ruptura de relaciones diplomáticas como sucedió con la incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano y que culminó con la muerte de alias Reyes, uno de los comandantes de las FARC.

Por otra parte, Colombia también deberá definir su participación en el nuevo escenario regional. La región latinoamericana ha re-configurado su posición en el panorama geoestratégico a nivel mundial; no sólo por estar presente en los grandes foros internacionales y por el fortalecimiento de sus relaciones con países asiáticos, con Rusia y con Irán; sino también por el despegue de la Unión de Naciones Suramericanas, al frente de la cual se eligió recientemente al ex presidente argentino Néstor Kirchner. UNASUR supone un nuevo escenario en construcción, que refuerza la posición de América del Sur frente a sus vecinos del Norte y en el marco de la Organización de Estados Americanos.

Y por último, su relación con los dos grandes bloques en el panorama internacional con los que Colombia mantiene una estrecha relación: con Estados Unidos, por haber sido aliado estratégico en la lucha contra la droga; y con Europa, a nivel comercial y por los estrechos vínculos históricos con España.

Para la puesta en marcha de programas y la adopción de decisiones que permitan avanzar en los retos anteriormente descritos, los partidos no incluidos en la coalición gubernamental deberán consolidar su posición como oposición y agentes de movilización popular y adoptar un rol proactivo, para avanzar en los importantes desafíos que se presentan en la próxima legislatura. Así mismo, se deberá implicar de manera efectiva, en el diseño e implementación de dichas medidas, a los actores de la sociedad civil, como representantes y portavoces de los colectivos sociales para que las decisiones que se adopten, respondan de manera efectiva y adecuada, a las necesidades de la población más vulnerable.

La comunidad internacional, como ha hecho hasta la fecha, estará pendiente del proceso colombiano, tanto para la construcción de paz como para la consolidación del Estado de derecho en zonas donde la presencia de grupos armados, y la ausencia o inactividad del Estado, han afectado el desarrollo económico y social de las comunidades, así como han truncado la vida de miles de personas, que no sólo han visto violados sus más básicos derechos como seres humanos y como ciudadanos, sino que han sido testigos de los más graves crímenes.

La credibilidad del nuevo gobierno estará supeditada a la recomposición del tejido social y la recuperación de los espacios que han estado bajo control de grupos armados ilegales, para garantizar que el Estado de derecho y el principio de legalidad, vuelvan a ser los principios que rijan en comunidades que se han visto afectadas durante décadas por la violencia. La próxima cita electoral será en 2011, a nivel departamental, municipal y distrital, y podrá ayudar a medir los resultados del primer año del nuevo gobierno, así como la re-configuración de los demás partidos, en primer lugar del Polo Democrático, pero también del Partido Verde, tras las elecciones de este año.