Desde la llegada de Chávez al gobierno, el escenario político ha vivido un agitado período. En 1999 se adoptaba, por referéndum, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La nueva Carta Magna identificaba cinco poderes: además de los tres tradicionales en un Estado de Derecho (legislativo, ejecutivo y judicial), se reconocían el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. Establecía un sistema socio-económico basado en la iniciativa estatal, con el apoyo del sector privado. Y se incorporaban por primera vez disposiciones específicas para las poblaciones indígenas, declarándose sus dialectos como lenguas oficiales y reconociéndose sus derechos sobre territorios ancestrales. En 2009, el gobierno lograba a través de referéndum, con el 55% de los votos, modificar las disposiciones sobre la duración de los mandatos de cargos públicos, permitiéndose la re- elección de concejales, congresistas y del Presidente.

Durante estos años, el gobierno de Chávez ha fortalecido las denominadas misiones sociales, que han buscado mejorar el acceso a educación, salud, vivienda y atención a colectivos especialmente vulnerables. Como resultado, se han logrado importantes avances hacia la consecución de los denominados Objetivos del Milenio adoptados en el marco de Naciones Unidas en 2000: a 2009, se había reducido un 70% la pobreza extrema; y la tasa de culminación de estudios primarios era del 97%[1].

Sin embargo, persisten importantes retos, de cara en particular a controlar el porte de armas, cifrándose en los cálculos más conservadores, que existen en el país seis millones de unidades. El Observatorio Venezolano de la Violencia proyecta que en 2012 se pueden llegar a cometer 19.000 asesinatos, ocupando así la cuarta posición entre los lugares más inseguros del mundo. Así mismo, la situación carcelaria se ha ido agravando (en el primer semestre de 2012 han muerto más de 300 presos), habiendo sido objeto de informes por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, la libertad de expresión ha sido también objeto de controversias y de seguimiento por parte de organizaciones de derechos humanos, ante casos como el cierre de uno de los principales medios de comunicación del país, RCTV, en 2007. Finalmente, en numerosos informes se ha constatado las dificultades procesales para investigar y sancionar las acciones delictivas, aspecto que se traduce en una tasa de impunidad del 91%, y que ha supuesto la pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. La falta de independencia judicial ha quedado constatada durante el proceso contra la jueza Afiuni, actualmente en prisión domiciliaria, por haber excarcelado al empresario Eligio Cedeño, acusado por la fiscalía de haber violado la normativa sobre cambio de divisas, y que había apoyado hasta la fecha a miembros de la oposición venezolana.

Debido a la polarización existente, la temperatura del debate político siempre es intensa, pero también se ha traducido en un interés creciente por parte de la población en conocer el marco normativo y de políticas públicas en el país.

En política exterior, tras la llegada al poder en Colombia de Juan Manuel Santos, en agosto de 2010, ambos países han mejorado sus relaciones, anteriormente bastante tensas, estableciéndose comités binacionales para garantizar los intercambios comerciales, y de cara a cooperar en materia de defensa y seguridad, teniendo en cuenta la presencia de grupos armados ilegales, principalmente en las regiones fronterizas.

Por otra parte, además de haber liderado la conformación de la Asociación Latinoamericana Bolivariana para las Américas, Venezuela forma parte de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que inició sus actividades en marzo de 2011. En junio de 2012 Venezuela ha entrado a formar parte como miembro de pleno derecho en el Mercosur, tras la suspensión de Paraguay después de la destitución de su presidente, Fernando Lugo. Si bien el país forma parte de la Organización de Estados Americanos, en 2012, Chávez ha planteado la posible salida del país de dos de sus principales organismos en el monitoreo de la situación de derechos humanos de los Estados miembros: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El detonante fue la sentencia a favor de Raúl Díaz, acusado de haber colocado explosivos en las Embajadas de España y Colombia en Caracas. El proceso de salida sería definido en su caso por el Consejo de Estado durante el próximo año. Y supondría un rechazo frontal a que una de las principales organizaciones multilaterales en la región pueda visibilizar y procesar posibles vulneraciones de derechos fundamentales ante uno de los entes judiciales que más decisiones y sentencias pioneras ha pronunciado desde su creación.

La campaña electoral

En la preparación para el escenario electoral, el Consejo Nacional Electoral anunciaba en septiembre de 2011 la depuración de las listas de votantes, y la puesta en marcha de un nuevo sistema de votación electrónico, conformado por un Sistema de Autenticación Integrado, a fin de verificar a través de la huella digital que sólo haya un voto por cada elector, y una boleta también electrónica. No obstante, el nuevo sistema despertaba ciertas críticas por considerarse que no garantizaba el derecho al voto libre y secreto, y ante el precedente de la filtración de votos a favor del referendo que lanzó la oposición venezolana en 2003 para revocar el mandato de Chávez.

Tras concretarse el 7 de octubre de 2012 como fecha de los comicios, en enero arrancaba la designación de los candidatos de cada partido.

Por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, el 12 de febrero, se elegía al ex diputado y entonces gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski, como candidato. Para la inscripción de su candidatura y de su propuesta de plan de gobierno en el registro, el domingo 10 de abril de 2012, lograba convocar, según cifras estimadas, a un millón de personas en las calles de Caracas[2].

Con el lema “Hay un camino”, su propuesta de plan de gobierno^[3], “Comprometidos con todos”, se asentaba sobre cinco objetivos: educación, salud, seguridad, vivienda y empleo. Para ello, identificaban cinco etapas: Atención materno-infantil; Vivienda y su entorno; Educación y Desarrollo; Empleo y Emprendimiento; y Salud y Seguridad Social. Y destacaban cuatro condiciones para la consecución de dichas etapas: Convivencia democrática; Seguridad; Protección Social para la Familia y Reforma del Estado y Descentralización.

Por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, el candidato quedaba definido un día antes del cierre del registro: si bien se había especulado sobre quién lideraría las listas ante los problemas de salud por los que ha pasado Chávez, se confirmaba que el actual presidente volvía a encabezar la lista del PSUV. El candidato también convocaba a sus seguidores a acompañarle a su inscripción en el Registro electoral, realizado el último día para ello (11 de abril).

Con el lema “Corazón de mi patria”, la “propuesta del Candidato de la Patria Comandante Hugo Chávez para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019” se asienta sobre cinco objetivos calificados como históricos: “Defender, expandir y consolidar la Independencia Nacional; Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo; Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América; Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional que permita lograr el equilibrio del Universo y garantizar la Paz planetaria; y Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana”^[4].

Tras la formalización de las candidaturas, el 1 de julio arrancaba oficialmente la campaña electoral. Días más tarde, el Consejo Nacional Electoral ofrecía a los candidatos firmar un Acuerdo de Compromiso por la Democracia, a fin de que se comprometan a actuar en cumplimiento de la Constitución, acepten los resultados y ofrezcan sus mejores condiciones para garantizar un clima de respeto y paz. Y empezaba el baile de cifras de las diferentes encuestas sobre intención de voto según avanzaban los días y los mítines de los candidatos: si bien a principios de dicho mes se predecía que Chávez podría ganar los comicios con escaso margen, a finales de julio se pronosticaba un cambio a favor de Capriles, de nuevo con escaso margen.

En el desarrollo de la campaña, ha faltado propiciar un debate público entre los candidatos. Ya con ocasión del referendo de 2007, se había intentado llevar a cabo un debate televisado sobre las modificaciones en torno a los cuatros grandes bloques temáticos que se habían planteado (reelección, organización del poder, sistema económico y financiero, y fuerza armada nacional); sin embargo, terminó suspendiéndose por no alcanzarse un acuerdo sobre cómo llevarlo a cabo.

Tras finalizar el 7 de julio el período oficial para invitar a organismos internacionales a acompañar el desarrollo de la jornada electoral[5], se concretaba la presencia del Centro Carter, que ya había participado en las elecciones de 2006, y de una misión de UNASUR, que por primera vez llevará a cabo este tipo de ejercicio tras la conformación del Consejo Electoral de la organización durante el encuentro que mantuvieron el pasado 10 de junio en Bogotá. Cabe destacar que en dicha reunión, se efectuó también el traspaso de la Secretaria General de la organización, en manos de la colombiana María Emma Mejía, al venezolano Alí Rodríguez Araque.

En las elecciones de 2006, además del Centro Carter, participaron la OEA y la Unión Europea. Para las elecciones de 2012, no se cursó la invitación a la OEA que debe realizar el gobierno, tal y como está previsto en la Carta Democrática Interamericana. La salida de Venezuela de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había determinado el tipo de relación que el gobierno del país iba a mantener frente a la OEA.

El 5 de agosto se realizaba la primera prueba del nuevo sistema electoral, con 220.000 ciudadanos que podían acudir a alguno de los 55 centros habilitados. Delegados internacionales daban su visto bueno a los mecanismos que se están preparando para garantizar los derechos de los electorales y el buen curso de los comicios. Será clave también garantizar que los electores en el extranjero puedan ejercer efectivamente su derecho al voto, en particular de los más de 19.000 inscritos en Florida tras el cierre del Consulado en Miami.

El otoño venezolano

Después de haber asistido a una intensa primavera árabe desde finales de 2010, se presenta un otoño interesante en Venezuela.

El próximo presidente tendrá ante sí importantes desafíos, que ya se han ido identificando a lo largo del presente artículo. En política interior, garantizar la estabilidad económica y financiera, ampliando el mapa de recursos nacionales, actualmente altamente dependientes de las explotaciones de hidrocarburos, y ante la creciente inflación que vive el país, que junto con el férreo control del mercado de divisas, dificulta la entrada de capital extranjero. Y asentar condiciones que permitan recuperar la seguridad, una de las principales preocupaciones de los venezolanos, teniendo en cuenta el volumen de secuestros y robos que sufre la población y luchar contra la impunidad, garantizando la independencia judicial. Los avances en lo social, con los importantes resultados obtenidos en el curso de las misiones sociales, pueden ser consolidados con el fortalecimiento de infraestructuras y medios para poderse llevar a cabo intervenciones adecuadas. Y será importante garantizar también el necesario pluralismo político y de opinión que permita un activo y participativo escenario.

A nivel internacional, si bien la relación política con el denominado “Imperio” es complicada (a la fecha de redacción de este artículo, EEUU todavía no ha nombrado Embajador en Caracas), la presencia de empresas norteamericanas es considerable. De los resultados de las elecciones, tanto en Venezuela como próximamente en EEUU, dependerá la posible ventana de oportunidad para redefinir su relación. Mientras tanto, será importante avanzar en la colaboración regional a través de las organizaciones multilaterales constituidas en los últimos años, lo cual no excluye su pertenencia y permanencia en la Organización de Estados Americanos, como foro de debate desde hace décadas y con dos organismos clave para la promoción del respeto y garantía de derechos humanos cuando se presentan vulneraciones a los mismos en uno de sus Estados miembros.

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