Desde hace ya unos años nos encontramos en un contexto de crisis que afecta al llamado Primer Mundo o mundo occidental. Más allá de entrar a debatir acerca del origen de la actual situación económica (el sistema financiero, la explosión de la burbuja inmobiliaria…), queremos centrarnos en sus consecuencias para la inmensa mayoría de las personas que forman parte de nuestra sociedad.

 Así, cuando hablamos de crisis estamos hablando fundamentalmente de la destrucción de empleo e incremento del paro hasta límites no conocidos anteriormente, del fuerte incremento de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión, del rápido crecimiento de las desigualdades sociales que se está produciendo, de la multiplicación en los últimos años del número de desahucios por no poder hacer frente al pago de las hipotecas contratadas, de la pérdida de derechos y conquistas laborales, así como de los innumerables recortes públicos en partidas de carácter social (educación, sanidad, servicios sociales, cultura…), lo que supone, en el mejor de los casos, un descenso de la calidad en la prestación de estos servicios, y en el peor, su desaparición.

 Paralelamente, y utilizando esta crisis como coartada, desde el poder se viene también imponiendo un aumento del control social y de la represión, que se traduce en un creciente recorte en materia de libertades civiles y políticas.

 A la vez que se produce todo este empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de las población de nuestra sociedad, los diferentes gobiernos han optado por mantener, cuando no por incrementar de manera encubierta, el aparato militar y todo el gasto que conlleva, en el que destacan, además del propio coste del mantenimiento del ejército, los grandes programas de armamento y los programas de I+D+i militar.

 De igual manera, en los últimos años se viene produciendo una apuesta por destinar ingentes recursos públicos al crecimiento de otros instrumentos de este entramado militarista que habitualmente pasan más desapercibidos y que están creciendo de manera importante, como el número de efectivos de las “fuerzas de seguridad” o el número de centros penitenciarios.

 Esta apuesta del sistema por la militarización, si ya es denunciable en momentos de “bonanza económica” por sus consecuencias económicas, sociales, medioambientales, éticas y humanas, tanto a nivel interno como externo, lo es aún más en un contexto en que esta apuesta se produce a costa de recortes en ámbitos que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población.

Durante los últimos tiempos estamos asistiendo a diferentes hechos que apuntan a que las consecuencias de la crisis, así como las medidas que está tomando el gobierno para afrontarla, todas ellas en beneficio de los mercados, las grandes corporaciones o la banca, y no de la inmensa mayoría de la población que se ha visto afectada directamente por ella, están generando un amplio descontento entre un importante sector de la sociedad.

 Este sistema, que persigue el beneficio de una minoría a costa de las condiciones de vida de la mayor parte de la población mundial, e incluso en muchas ocasiones, a costa de la propia vida de las personas, utiliza al ejército y a otros agentes como las fuerzas policiales, el sistema penitenciario o la creciente industria de la seguridad privada, como instrumentos para mantener el orden vigente, bien mediante el ejercicio de la violencia física y directa, bien mediante la amenaza del uso de la misma.

 Además de éstos, hay otros agentes que intervienen en el mantenimiento de este injusto sistema de dominación a través del ejercicio de la violencia cultural, cuyas funciones son legitimar las violencias directa y estructural e inhibir o reprimir la respuesta de quienes la sufren. Esta violencia cultural está basada en un amplísimo entramado de valores que comenzamos a asumir desde nuestra infancia, y que posteriormente es activamente reforzada a través del sistema educativo, el sistema laboral y productivo y las normas legales de la sociedad, para inculcarnos una cultura opresiva, acrítica y delegadora y que nos prepara para la colaboración pasiva y/o activa con estructuras injustas e insolidarias.

 No hay que ir muy atrás en el tiempo para ver que, a pesar de los discursos que envuelven las “intervenciones humanitarias” o las “intervenciones quirúrgicas” tras los que tratan de esconder las nuevas guerras, abundan los casos (Irak, Afganistán, Libia…) en los que los ejércitos de las potencias occidentales son utilizados para defender mediante el uso de la fuerza los “intereses y valores” de los estados, y de las corporaciones transnacionales y grandes empresas que los sostienen y manejan, allí donde éstos se encuentren.

 Así, a pesar de que cada vez se pone más cuidado en la manera de presentar a la población de los países occidentales estas intervenciones armadas con la intención de hacerlas más aceptables (por lo que se ha pasado de las operaciones “unilaterales” a las “multilaterales”, se busca la legitimidad que puedan dar organismos como la ONU o se plantea que su finalidad es salvar la vida de los civiles), resulta evidente que los ejércitos siguen siendo el brazo armado de un sistema basado en la dominación de unos países sobre otros, en el que los estados muchas veces son rehenes de los intereses de los poderes económicos, que vulnera los derechos humanos que dice proteger, y que recurre a la violencia para resolver los conflictos e imponer los intereses de los más fuertes.

 Dentro de sus fronteras, el sistema reproduce esta lógica y mediante el adoctrinamiento, la violencia física y la amenaza más o menos explícita de su uso, perpetúa la preeminencia de los intereses de una minoría frente a los colectivos, niega el acceso a derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales a amplios sectores de la población, recorta sus derechos, les niega la dignidad y utiliza la violencia para anular la disidencia.

 Así pues, un sistema que se basa en el bienestar de una minoría a costa del de la mayoría, necesariamente ha de estar apoyado en un modelo de defensa que recurra a la fuerza y a la amenaza contra todo aquél, al que califica como “enemigo”, que ponga en riesgo este estatus privilegiado, y por lo tanto, necesita destinar abundantes recursos económicos, humanos y de todo tipo para tratar de hacer frente a esta amenaza: ejércitos, armamento cada vez más sofisticado, creciente número de policías, prisiones…

 Gasto Militar

 La crisis financiera no afecta en recortes a los ejércitos. Aunque el gasto presupuestado por el Ministerio de Defensa ha bajado en lo últimos años, si se consideran las partidas relacionadas con el gasto militar que se cargan a otros ministerios, el recorte del gasto militar es rotundamente falso, como desarrollaremos más adelante..

 El Ministerio de Defensa ha estado privilegiado respecto a las partidas que tienen un carácter de servicio social. Defensa ha sido el ministerio que ha sufrido uno de los recortes menos abultados en el presupuesto del año 2012, un 8,8% respecto del año anterior situándose en 6.316,4 millones de euros. En cambio, otros ministerios sufrieron un mayor recorte, Sanidad y Servicios Sociales disminuyó un 13,7%, Educación y Cultura un 21,2%, Fomento disminuyó un 18,4%, Industria y Energía un 31,9%, Economía y Competitividad un 32%, y las ayudas a la investigación (I+D) un 25,6%. Situándose la media de los recortes para todos los ministerios en 2012 en un 16,9%.

 La partida que siempre rompe el techo en el gasto militar es la de las adquisiciones de los Programas Especiales de Armamentos (PEAs). Estos programas se iniciaron a mediados de los años 1990 con una duración, según los casos, de 15 y 30 años y que en su día tenían unos costes iniciales de 20.000 millones de euros. Para no incrementar en demasía el presupuesto de Defensa, se diseñó un jeroglífico contable, el ministerio de Industria avanzaba créditos a las empresas militares para realizar esos PEAS, los cazas EF-2000, los helicópteros Tigre y NH-90, los misiles de esos aparatos, los blindados Leopardo y Pizarro, fragatas F-100 y diferentes buques de guerra, etc. que el ministerio de Defensa retornaría a Industria cuando realizara el pago de las armas a las industrias. Créditos que se concedieron a 20 años y a cero intereses. Una ingeniería financiera que ha acarreado un grave problema de endeudamiento en las cuentas públicas, pues en el transcurso de los años esos créditos más los compromisos con las industrias han acumulado una deuda de 32.000 millones que hoy Defensa no sabe cómo afrontar sin aumentar considerablemente el presupuesto (en el 2015 serán 35.000). Este mismo año, desde el ministerio de Industria, ya se han concedido más créditos, 507 millones,  a las empresas militares, con lo cual el endeudamiento de Defensa continúa en aumento.

Para hacer frente a esa deuda, los presupuestos de Defensa de 2012 contemplaban el pago de 4,9 millones para los PEAS mientras los compromisos de pago eran de 2.370 millones. Con motivo de la crisis, se ha optado por la fórmula de dotar con menos asignación y aplazar en el tiempo los programas contratados, lo cual significa refinanciar los proyectos con las industrias militares y pagar más intereses; es decir, generar una deuda aún mayor de forma que los proyectos, a la larga, se encarecerán más. De ahí surge ese crédito extraordinario de 1.782 millones, que por falta de tesorería se tendrá que financiar mediante la emisión de deuda pública.

 Por otra parte, el Gobierno español ha adquirido el compromiso de permitir que EEUU instale en la base de Rota (Cádiz) de forma permanente 4 buques de guerra con sistemas de combate Aegis que puedan detectar misiles balísticos lanzados por potencias enemigas y su posible destrucción antes de que impacten en su objetivo. Estos sistemas de detección irán acompañados por el despliegue de 1.200 militares para la gestión del sistema antimisiles.

 El escudo antimisiles hará que aumente el gasto militar en España y en el mundo. Y es que una instalación de estas características es un paso hacia un mayor aumento del gasto militar tanto de España como del resto de países, que aliados o no de EEUU, se verán impulsados a proseguir invirtiendo en seguridad militar dedicando más recursos a la carrera de armamentos promovida por el escudo antimisiles. No se dice qué inversiones tendrá que aportar España para remodelar las instalaciones de Rota, pero, sin duda, este compromiso militar supondrá también un gasto brutal, además de otras consideraciones con respecto al concepto del escudo en sí mismo.

 El gasto enmascarado

 Siguiendo con los presupuestos de los que sí hay datos, si el gasto militar previsto es ya de por sí ingente, la desviación presupuestaria hace que el gasto militar real aumente entre un 10 % y un 15 % sobre lo previsto cada año. Así, año a año, aunque el Gobierno anuncie una reducción del presupuesto del Ministerio de Defensa la liquidación final llega a alcanzar  incrementos de cerca del 10 %, lo que representa una desviación de cerca de 20 puntos frente a lo previsto. Con lo que el anuncio de la disminución del gasto militar es falso.

 Dando un paso más en el desenmascaramiento de este negocio de la guerra, tenemos que tener también presente que el Ministerio de Industria ayuda a maquillar los presupuestos de Defensa, a través de lo cual se está generando una deuda a la que ni el mismo Ministerio de Defensa sabe cómo hará frente. Así, la factura global de los llamados programas especiales de armamento -19 sistemas de armas que, en su mayoría, incorporan nuevas tecnologías- suma 30.000 millones de euros, en torno al 3% del PIB español, de los que defensa ha pagado hasta ahora algo menos de 5.000. Los restantes 26.000 millones deberían abonarse a las empresas en sucesivas anualidades hasta el año 2025.

 La industria militar se benefició de créditos encubiertos de los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Industria a interés cero para desarrollar armamento que ni siquiera se ajustará a las demandas de Defensa[1]. Los bancos y capitalistas se han articulado con el complejo militar industrial y altos cargos de Defensa: el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, uno de los ejemplos de puertas giratorias en el sector armamentístico, fue el gestor de esta ingeniería financiera para poder externalizar esta burbuja financiera militar.

 Represión y control social

 En cuanto al recorte de libertades, no podemos dejar de mencionar algunas de las leyes que últimamente están entrando en vigor tanto a nivel estatal (ley Sinde-Wert, ley del menor, Reforma Laboral, etc.), como a nivel autonómico o municipal, sobre todo aquellas que dicen regular la convivencia ciudadana y las relacionadas con la utilización de espacios públicos, normas encaminadas todas ellas a ejercer un control social que impida las movilizaciones.

 Especial mención merece la ley de Extranjería, que impide la libertad de movimientos a las personas emigrantes por medio de controles racistas, retenciones en comisaría de hasta tres días, encierro obligatorio en Centros de Internamiento de Extranjeros en los que se vulneran los derechos humanos más básicos, o las deportaciones forzosas.

 No podemos olvidar los gastos relacionados con este control social y la evolución del concepto de represión y control social, tanto en lo que se refiere al número de policías como a la previsión de creación de nuevas cárceles o al número de personas presas en el estado español.

 En diciembre de 2010 se alcanzó el mayor número de policías de la historia en el Estado: 70.600 policías nacionales y 84.316 guardias civiles. En relación con las policías autonómicas la Ertzaintza tiene más de 8.000 agentes, los Mossos disponen de más de 14.000 agentes y la policía foral de Navarra más de 1.000. Además de éstos, hay que contar con las policías locales. En diciembre de 2010, Madrid tenía ya 7.000; Barcelona, acercaba a los 3.000; Bilbao tenía más de 850; Valencia alcanzaba los 1.900 efectivos y el conjunto de la Comunidad Valenciana superaba los 10.500 policías locales.

 Solo con los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado, el ratio policial (número de policías por cada 1.000 habitantes) medio del Estado español se sitúa en 3,09. Otros cálculos que suman los agentes autonómicos suben dicho ratio hasta el 3,71, aunque sin contabilizar a los agentes municipales. En Navarra, el ratio en enero de 2010 era de 5,42 agentes por cada 1.000 habitantes.

En cuanto a la creación de centros penitenciarios, para el periodo comprendido entre 2005 y 2012 hay un plan de creación de 46 nuevos centros penitenciarios, entre ellos 11 cárceles, con un presupuesto de más de 3.000 millones de euros.

Según datos proporcionados por Salhaketa, en diciembre de 2011 había 75.000 personas presas, y la población carcelaria ha aumentado a un ritmo de 4.000-5.000 personas presas al año.

Insostenibilidad del militarismo.

Los gobiernos del Estado Español han hipotecado a las generaciones de los próximos 40 años, adquiriendo unos compromisos de gasto mediante la compra de armamento «para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora» como reconoce incluso el propio ex-Secretario de Defensa.

El militarismo no sólo es socialmente inútil, sino que es insostenible.

El militarismo, durante los períodos de paz y de guerra, tiene un impacto inmensamente negativo sobre el medio ambiente. Según el Instituto de Investigación para una Política de Paz en Starnberg (Alemania), hasta el 30% del total de la degradación ecológica mundial podría corresponder a acciones militares. El 10% de las emisiones relacionadas con el llamado «efecto invernadero» guardan relación con la industria armamentística, también primera en el uso y abuso de recursos minerales.

Así y todo, su consecuencia más grave son las innumerables vidas humanas que el militarismo se cobra cada año. En los conflictos posteriores a la II Guerra Mundial el número de víctimas civiles supone un 90% del total siendo en su mayoría menores de 14 años; y cuando el conflicto armado termina oficialmente, la falta de recursos e infraestructuras de todo tipo, condenan a la población a situaciones de precariedad e imposibilidad de acceso durante un largo periodo de tiempo a recursos básicos.

La presencia constante en nuestra sociedad de los valores militaristas (“ley del más fuerte”, resolución violenta de los conflictos, amenaza continua de castigos…), así como el incremento continuo de las herramientas responsables del control social y la represión (crecimiento constante del número de policías, ubicuidad de vigilantes armados, videovigilancia generalizada,…) suponen un ambiente de violencia estructural tan cotidiano que predispone a las personas a relacionarse y organizarse en base a valores como la confrontación , la dominación y la fuerza

Los ejércitos son, asimismo, herramientas de represión que utiliza el poder para neutralizar protestas populares y como defensa de un modelo injusto de reparto de los recursos y la riqueza, ejemplo reciente de ello es lo que está ocurriendo en las revueltas árabes. Se puede afirmar que ha sido una constante el empleo de las fuerzas armadas para establecer condiciones de gobernabilidad en función de la inyección de capitales en los espacios rentables.

Ni siquiera el argumento habitualmente empleado de la posterior utilidad civil de los resultados de la I+D militar serviría para defender ésta, ya que sólo el 10% de las patentes derivadas de la investigación militar tiene alguna aplicación civil, y la I+D militar consume recursos económicos, naturales y humanos para crear unos productos que, en el mejor de los casos, no se utilizarán.

 Propuestas

 En las últimas décadas se ha producido una evolución de un modelo de defensa centrado en el territorio y las fronteras a una defensa que se enfrenta a “enemigos” mucho menos tangibles (terrorismo internacional, migraciones, narcotráfico, crimen organizado…). Este nuevo modelo se basa principalmente en el desarrollo de operaciones militares en el extranjero, a veces en zonas muy alejadas del territorio estatal, en defensa del “orden internacional, la libertad y la democracia”, palabras tras las que se suelen ocultar los intereses geoestratégicos y económicos de los estados occidentales.

 Si cualquier modelo militar de defensa requiere una carrera armamentística económicamente muy costosa, la evolución hacia este nuevo tipo de ejército, con capacidad para llegar e intervenir rápidamente en cualquier parte del mundo, exige una tecnificación creciente y una inversión presupuestaria aún mayor que el anterior. Así mismo, además de los inmensos costes económicos de este modelo de defensa, es necesario también recordar su altísimo precio a nivel humano, social, ecológico y ético.

 Frente a este modelo basado en el uso de la fuerza y que necesita crear un enemigo del que tener miedo y al que busca eliminar o destruir, desde AA-MOC, al igual que otros movimientos sociales, apostamos por una defensa de los intereses sociales y populares, es decir, por la defensa frente a los recortes de libertades políticas, el empobrecimiento, la imposibilidad de acceso a la vivienda, la falta de calidad en servicios básicos como la sanidad o la educación, los ataques al medioambiente, la acción depredadora de las transnacionales, las operaciones especulativas y financieras, etc.

 Este modelo de defensa por el que apostamos, la Defensa Popular Noviolenta, hace ya tiempo que se ha puesto en marcha en nuestra sociedad de manos de muchos grupos y movimientos sociales (movimiento ecologista, movimiento feminista, el de defensa de los derechos humanos, el de lucha en defensa de los derechos sociales y contra la exclusión, la lucha contra el racismo y la xenofobia…) que han cambiado los habituales esquemas de pensamiento militarista sobre qué defender, quién debe hacerlo y cómo, al identificar cuáles son los verdaderos peligros y amenazas a los que nos enfrentamos, cuál es su origen y orientar su lucha contra ellos.

 Este modelo alternativo no sólo intenta defender las conquistas sociales logradas hasta el momento, sino que pretende ser además, el instrumento que ayude a perfeccionarlas y conseguir otras nuevas. Es decir, lejos de tener una concepción conservadora de la defensa (como conservación de derechos), apuesta por una concepción dinámica y transformadora al entender la defensa como la consecución de mayores cotas de justicia, libertades y bienestar.

 Para ello, y partiendo de la percepción del adversario como persona que merece respeto hacia su integridad física, psíquica y moral, así como de una concepción positiva del conflicto como elemento eficaz para lograr las transformaciones estructurales pretendidas por parte de la sociedad, optamos por la utilización exclusiva de métodos noviolentos.

 La Defensa Popular Noviolenta supone así mismo, romper con la dinámica jerárquica y elitista de la defensa militar, dotando de poder a la sociedad, al permitir y potenciar estructuras de base y participativas en las que las propias personas que forman nuestra sociedad son quienes deciden qué quieren defender y cómo lo quieren hacer, pasando a convertirse en sujetos activos en la defensa de sus intereses, en sus promotores y sus garantes.