En el contexto de la actual recesión se agranda la vulnerabilidad social y laboral de los trabajadores inmigrantes y sus familias. Estas personas han vivido en un proceso precario de integración que sólo ahora se revela en su mayor crudeza y que, más aún, se inserta en un régimen específico de explotación donde han jugado un papel crucial las políticas de cierre de fronteras en la Unión Europea, la creciente tendencia hacia la flexibilización del mercado laboral español, el progresivo vaciamiento social del Estado, la amplitud de la fractura social en circunstancias de prosperidad económica, así como la naturalización de la clasificación y jerarquización etnicista del valor social de los colectivos inmigrantes. Este artículo recorre todos y cada uno de estos elementos así como las estrategias que están poniendo actualmente en marcha la población inmigrante.

Introducción

Si el paisaje social de la crisis se compone de imágenes en las que mengua la zona de integración de la clase trabajadora, y se agranda la vulnerabilidad y la desafiliación; en los estratos de los trabajadores inmigrantes extranjeros se visibiliza el rostro más calculador de un capitalismo que convierte en desechable lo que dicta su principio de utilidad. Los trabajadores extranjeros superan los tres millones y suponen el 25% de la población ocupadas entre los 25 y 44 años, es decir, son un componente estructural de la clase trabajadora española. Sin embargo, la discriminación persiste como muestra el que están siendo los primeros en ser expulsados del mercado laboral en la actual coyuntura recesiva, duplicando la tasa de desempleo de los autóctonos. Es el criterio de preferencia nacional aplicado no para emplear sino para desemplear.

También estamos viendo que son los primeros en aparecer en la inmoral práctica del desahucio por impago de hipoteca de la vivienda –según el último informe de la Fundación Foessa, un 20% de los inmigrantes tiene dificultades para pagar el agua, la luz y los alquileres y, como consecuencia, el 10% se haya amenazado de expulsión-.

El vehículo de la integración social pacientemente tejido durante estos años atrás se resquebraja por todas partes.

Los hijos de las familias inmigrantes que con enormes dificultades trataban de avanzar en los itinerarios formativos y educativos se ven envueltos en la dinámica de sus familias en crisis, optando por abandonar la escuela para formar parte del ejército de subempleo informal.

Los empleadores que todavía emplean aprovechan para ajustar salarios y precarizar los contratos. Mientras se ha formado un consenso de los gobiernos europeos de consideración problemática del estatuto de la inmigración extracomunitaria, a la cual en tiempos recesivos como estos se le invita/obliga al retorno.

Esta sobrerrepresentación de la población inmigrante en la Nueva Cuestión Social que con todo dramatismo está evidenciando la actual crisis del capitalismo global muestra a las claras el precario estatuto del proceso de integración de esta población en las décadas del crecimiento económico, de tal forma, que cuando ha sobrevenido la crisis, su precariedad ha impuesto una degradación galopante de sus condiciones de vida. Veamos en qué ha consistido lo que hemos venido denominando un régimen específico de vulnerabilidad y explotación de la población trabajadora inmigrante en España: a) El nuevo estatuto de la frontera respecto a los inmigrantes extranjeros. La política migratoria de los países europeos ha venido a privilegiar todos los mecanismos de cierre o control de fronteras. No es extraño que desde posiciones críticas se haya hablado de la «Europa fortaleza». En este mundo de creciente densidad de las redes de interdependencia globales, las viejas fronteras nacionales cobran una funcionalidad autoritaria de contención y control de los flujos y movilidades de las poblaciones. Pero al mismo tiempo están planteando una serie de problemas para el espacio cívico, ya que como Étienne Balibar ha venido planteando «las fronteras no solamente delimitan un estado nacional, sino que en el actual contexto de migraciones internacionales, están sirviendo para trazar dentro de su espacio interno, diferenciaciones, segmentaciones y segregaciones entre los nacionales –aquéllos que son reconocidos como sujetos con derechos de ciudadaníay los inmigrantes extranjeros –los cuales quedan en un fronterizo «no lugar», pues, por un lado, están integrados plenamente en el mercado de trabajo, pero, por otro lado, están excluidos de la ciudadanía plena (lo cual garantiza un mayor disciplinamiento así como una hiperexplotación de su fuerza de trabajo)».

La legislación española de extranjería construye al trabajador inmigrante como un sujeto sociolaboral disponible, flexible y vulnerable. Hemos de tener presente que la actual normativa española de extranjería debilita las posibilidades de los trabajadores inmigrantes de ejercicio de una ciudadanía plena, convirtiéndose por tanto en un eficaz dispositivo de producción de vulnerabilidad. En efecto, las fronteras de la ciudadanía y de la legalidad trazadas por la legislación de extranjería conllevan una segmentación social entre los trabajadores nacionales y los inmigrantes, y entre los inmigrantes regularizados e ilegales. Un trabajador con unos derechos de ciudadanía de excepción, o al que directamente se le niega cualquier derecho (como a los denominados «sin papeles», los cuales carecen inclusive del derecho de sindicación) devienen sujetos extremadamente vulnerables, ya que al disponer de unos derechos reconocidos muy precaria y condicionadamente, o carecer de ellos por su estatus de ilegalidad, son empujados al riesgo y la inseguridad, y por tanto, tendrán un poder de negociación de las condiciones de venta de su fuerza de trabajo muy precario o directamente inexistente. También como sabemos la normativa de extranjería determina las opciones laborales del trabajador inmigrante según el criterio de preferencia nacional, según el cual los inmigrantes ocuparán aquéllos nichos laborales que no sean cubiertos por los trabajadores nacionales, que indudablemente serán los que concentren los trabajos más degradados y precarizados (agricultura, hostelería, asistencia doméstica, construcción, etc.).

b) Crisis del estatuto de la condición salarial y deriva hacia formas precarizadas de empleo con débiles protecciones sociales. Como en otros países de su entorno, el mercado laboral español ha seguido una tendencia creciente hacia la flexibilización, entendida como la regulación temporal del trabajo en puestos de trabajo fijos. Este ha sido un proceso socioeconómico que empezó a principios de los años 80, y por el cual la estructura del mercado de trabajo ha experimentado, en estos años, un cambio en la relación entre trabajadores estables y temporales, creciendo la temporalidad y sustituyendo la segmentación entre trabajadores ocupados y parados por la segmentación entre trabajadores estables y temporales. Esta reestructuración laboral ha ahondado en la lógica de subordinación del empleo a la competitividad empresarial como un mercado flexible análogo a otros mercados de bienes.

Esta lógica de precariedad laboral es una realidad preexistente a la llegada de los inmigrantes. No ha «venido» con los flujos migratorios, aunque ciertamente la precariedad se extiende, y muchas veces el uso que la gestión empresarial hace de la mano de obra inmigrante preanuncia esa generalización de la precariedad. Por ello, en los segmentos del mercado laboral secundario, el trabajo inmigrante compite con los sectores descualificados o subalternos de la clase trabajadora autóctona. Diferentes estudios, por ejemplo el realizado en Cataluña por Carlota Solé (1995) sobre «discriminación racial en el mercado de trabajo», muestra que los trabajadores locales, especialmente los jóvenes, sienten como problemática la contratación de mano de obra extranjera, e igualmente, demuestra que son los trabajadores con menor cualificación los que mayormente se muestran predispuestos a limitar la llegada de extranjeros y a establecer cuotas de entrada. Todo esto está en la base de un fenómeno extremadamente complejo como es el de la xenofobia obrera y popular, que dice Sergio Bologna que es «una forma distorsionada de añoranza por mejoras salariales y por regulaciones normativas conquistadas y después perdidas».

Se ha consolidado política y jurídicamente que es el contrato laboral, y no los derechos de ciudadanía plenos, el vínculo privilegiado de «normalización» del trabajador inmigrante. De esta forma la conversión del cuerpo inmigrante en fuerza de trabajo para la precariedad laboral se instituye como el lugar apropiado de los trabajadores inmigrantes en el espacio sociolaboral, unánimemente reconocido por el conjunto de los agentes implicados –incluidos los propios afectados-. Sin embargo, como sabemos, por las lecciones de la historia social, el contrato laboral es un vínculo insuficiente para asegurar la integración y cohesión social, pues no garantiza un estatuto de reconocimiento social en forma de derechos de ciudadanía.

El consenso simbólico alcanzado alrededor de la concepción utilitarista de la inmigración, el cual hace del contrato en el mercado laboral el vínculo social por excelencia, dificulta otra representación simbólica en términos de reconocimiento social de las relaciones de interdependencia con la población inmigrante (lo cual posibilitaría la constitución de un vínculo sustentado en la extensión de los derechos de ciudadanía).

c) Retroceso del Estado Social y sus formas de propiedad social. El progresivo vaciamiento del contenido social del Estado hace que sean las posiciones más vulnerables –como el proletariado local e inmigrante-, las más afectadas 1. La relación de los trabajadores inmigrantes con el Estado Social viene condicionada por su posición subordinada y desvalorizada en cuanto al estatuto de ciudadanía, lo cual les confiere una capacidad de influencia política muy baja en las controversias por la distribución de los recursos sociales y estatales 2.

A ello se añade que la fragilidad de sus redes de socialidad, reducidas prácticamente a los vínculos familiares o de conocidos dentro de su propia comunidad étnica, limita enormemente el acceso a los recursos sociales recíprocos, los cuales no alcanzan para sustituir a los debilitados recursos asociativos. Hemos tenido la oportunidad de ver cómo opera la desigualdad en cuanto a capital social tras la catástrofe del terremoto que asoló la ciudad de Lorca el pasado mes de mayo. Si una parte de la ciudadanía lorquina ha podido refugiarse en sus segundas viviendas o en las casas de sus familiares en Murcia, Águilas etc., otros con menores recursos y sobre todo con más pobres lazos familiares y de amistad en la región se han visto obligados a resguardarse en los campamentos habilitados en la ciudad. El 80% de los que allí duermen y son atendidos por el reparto de alimentos no son lorquinos de nacimiento.

d) Ensanchamiento de la fractura social en medio de un próspero dinamismo económico. Esta ha sido una característica esencial del modelo de capitalismo edificado en las décadas neoliberales, la simultaneidad del crecimiento económico y la apertura de lógicas de polarización social entre integrados y vulnerables. Ello introduce sustanciales modificaciones en los procesos de definición relativos al qué hemos de entender hoy por marginalidad social.

Las cartografías de la inserción sociolaboral de los inmigrantes cuestionan la lectura socialmente dominante sobre el carácter «marginal» del valor aportado con su trabajo -«hacen los trabajos que nadie quiere», etc.-, mostrando que la inserción de los inmigrantes se relaciona con procesos y sectores estratégicos de la economía de las sociedades receptoras -mueven los resortes productivos de «la huerta de Europa» que proporciona alimentos frescos y de calidad a las clases medias; están el centro de importantes industrias nacionales como la hostelería turística y la construcción; su incorporación masiva a la nueva economía urbana de las ciudades en transformación visibiliza el que estos trabajadores forman parte de la economía global de la información, etc.-.

Es decir, los trabajadores inmigrantes están en el centro de los procesos económicos y sociales que definen el crecimiento de las sociedades contemporáneas, pero su posición periférica en la estructura social revela que se trata de un nuevo proletariado.

Por ello, como observa acertadamente Saskia Sassen, «se puede ver aquí una ruptura con la dinámica tradicional por la que la pertenencia a sectores económicos líderes contribuía a que se dieran condiciones para la formación de una aristocracia obrera –un proceso habitual durante largo tiempo en las economías occidentales industrializadas. … Las mujeres y los inmigrantes aparecen como una oferta de trabajo que facilita la imposición de bajos salarios en condiciones de alta demanda. Y esto para sectores de alto crecimiento. Así se quiebra el nexo histórico que había otorgado cierta capacidad de negociación a los trabajadores, y lo que es peor se legitima esta ruptura cultural».

Esta invisibilización o periferización del valor del trabajo inmigrante actúa a través de una función de denegación de las relaciones sociales que (re)presenta como «natural» o «neutral» lo que más bien es la construcción política y simbólica de un desplazamiento del trabajo inmigrante hacia esas posiciones que aún siendo periféricas, no tienen nada de «marginales» o «excluidas», antes al contrario, están en el centro de la labor estructurante de estructuras productivas fundamentales de los procesos sobre los que opera la inserción global de determinados territorios.

Con la configuración de este proletariado inmigrante en nuestras sociedades se reactualiza la vieja problemática de lo que Robert Castel denomina «los salariados sin dignidad», en referencia a la situación del proletariado industrial del siglo XVIII-XIX, sujeto indispensable para la generación de riqueza pero al que no se le reconocía un estatuto en forma de derechos sociales, lo que le empujaba a vivir en una situación de continua incertidumbre e inseguridad, que no le garantizaba un lugar reconocido en el mundo social. Con la situación de los trabajadores inmigrantes se vuelve, en efecto, a esta vieja cuestión: son ciertamente indispensables para la generación de riqueza productiva, pero no se les reconoce un estatuto pleno de ciudadanía.

e) Clasificación y jerarquización etnicista del valor social de los diferentes colectivos inmigrantes. A través de la lógica del estigma operan los procesos de desvalorización social de la población inmigrante y sus formas de legitimación, así como de jerarquización de los diferentes colectivos de inmigrantes. De forma preferente el discurso de las «raíces culturales» es socialmente movilizado para distribuir étnicamente a los inmigrantes en las jerarquías del espacio social, utilizando para ello el criterio de la supuesta «distancia cultural» que separe a sus «culturas de origen», convenientemente estereotipada, de los valores culturales occidentales, representados tales como si los mismos existiesen realmente componiendo una unidad.

En esta jerarquización imaginaria el lugar más bajo lo ocupan indudablemente los musulmanes. El atávico rechazo español al moro pone a los marroquíes residentes en España en el blanco de la sospecha xenófoba, cuando no la picota de ser culturalmente inintegrables.

Este consenso social que presenta al inmigrante musulmán como potencialmente problemático tiene indudables repercusiones sobre sus oportunidades de acceso y elección de recursos sociales, laborales, etc.

Como hemos tenido ocasión de comprobar en nuestros estudios sobre las agriculturas mediterráneas, los empleadores apelan a las «diferencias culturales» entre los colectivos de trabajadores extranjeros para argumentar sus preferencias en la contratación con criterios étnicos, y así el marroquí es indisciplinado e incluso agresivo, lo que explica y justifica su progresiva sustitución por ecuatorianos en el campo murciano, lituanos en los invernaderos de Almería y polacas en la recolección de la fresa en Huelva. Legitimando así la segmentación étnica del mercado laboral y la rápida sustitución de unos trabajadores por otros recién llegados, esos discursos permiten en definitiva un mayor disciplinamiento de la mano de obra.

El desempleo también está golpeando con criterios etnicistas. De hecho se observa una mayor incidencia del paro entre los trabajadores magrebíes que los de otras nacionalidades.

Para terminar, nos preguntamos por las estrategias o respuestas que están poniendo en marcha los y las trabajadores inmigrantes para afrontar la actual crisis del trabajo.

Por un lado, los flujos migratorios se están ajustando a la etapa de crisis, perdiendo en intensidad. En efecto, el deterioro de la actividad económica está viniendo acompañado de un claro descenso del flujo migratorio.

El retraimiento que se viene constatando desde al menos el año 2006, ha dado paso al escenario que nos muestra el padrón Municipal de Habitantes de 2010 en el cual se observa que la población inmigrante se ha estabilizado en número (5.730.000). Esta adaptación de la intensidad del flujo a los movimientos de la economía pulverizan aquéllas imágenes que construían los movimientos migratorios como fenómenos desorganizados, caóticos, etc. Por otro lado, se aprecian movimientos de desagrupación familiar, a través de los cuales retorna uno de los adultos de la unidad doméstica (el que está en desempleo y tiene más dificultades de encontrar trabajo) junto con los hijos. Es poco probable la tendencia hacia un retorno generalizado, entre otras cosas por las restrictivas políticas de inmigración. Igualmente se aprecia que los trabajadores inmigrantes estén poniendo en marcha estrategias de pluriactividad ocupacional, tratando de moverse entre el desempleo y uno o varios empleos informales, o compatibilizando un empleo formal con empleos informales.

Estas estrategias versátiles se estarían agudizando mediante la movilización de todos los activos del núcleo familiar. Todo esto realza la economía sumergida y las estrategias de subsistencia en condiciones límite.

Es labor de las luchas sindicales y sociales cuestionar el régimen de vulnerabilidad y explotación del trabajo inmigrante descrito anteriormente. Una acción colectiva en la que todos ganarían, no solamente la gente inmigrante, sino el conjunto de la población trabajadora.

Notas

1. Y ello cuando la readecuación de las propiedades sociales (sea la escuela, o la sanidad) a esta nueva población exigiría una mayor dotación presupuestaria para poder asumir las nuevas necesidades planteadas.

Según un informe de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, «la falta de tradición en la asistencia sanitaria a personas de otros países, unido a la novedad del fenómeno inmigratorio, condiciona una pobre adaptación del sistema sanitario a esta situación, no existiendo una adecuada relación entre los recursos actuales y el volumen de trabajo que requiere la atención a estos pacientes» (en Malgesini, 2002).

2. A ello se suma el que la sociedad receptora puede imponer determinados cierres étnicos que impiden o restringen el acceso de la población inmigrante a determinados recursos sociales, como estaría ocurriendo en la doble red escolar española respecto a las escuelas concertadas.