Las reformas acometidas por los distintos gobiernos europeos, con especial virulencia en el ajuste, robo y expolio de las clases salariadas, en los gobiernos del sur de Europa, garantizan el orden seguro del dinero, por medio de revertir la riqueza social, hacia los activos financieros. Así, el artículo 135 CE, convierte en inexorable el endeudamiento permanente de la ciudadanía, la cual es la “responsable” de devolver la deuda ilegitima.

Asalariados/as activos, por medio de las Reformas Laborales, son subsumidos “plenamente” en el capital, al cual tienen que plegarse de manera autoritaria para la realización de su tasa de beneficio.

El resto de la sociedad, bien como asalariados, bien como ciudadanos, bien como personas sin más, se ven arrastrados a sobrevivir o, su contrario, negar esta realidad de miseria moral y empobrecimiento material, y pensar en el qué podemos hacer, no sólo qué debemos hacer, imaginando qué puede pasar, ese futuro incierto siempre, moviéndose con la inmediatez que marcan los acontecimientos, para buscar la posibilidad de otra realidad social más justa, con cuota de eficiencia social satisfactoria e igualitaria.

Las políticas fiscales de  la UE: DE Maastricht (92) al pacto fiscal del euro

Desde el año 1997, el Plan de Estabilidad a niveles de la UE, fija límites en el capítulo de gastos de los estados: 3% para el déficit público y el 60% para la deuda pública. Estos límites fiscales generaron políticas de reducción del gasto, deteriorando todos los sistemas de protección social (pensiones, sanidad, educación, empleos, cuidados, ayudas a las familias, etc.), encontrándonos, a fechas actuales, con porcentajes en torno al 25% del PIB, en media de gasto europeo.

A partir de la “Gran Crisis-Gran Estafa”, los gobiernos de la UE unificaron sus políticas de intervención económica, -los denominados estímulos fiscales-, inyectando directamente entre 1,5 a 2,5 billones de euros  al sistema financiero, y algún otro sector de la economía (automóvil y grandes infraestructuras viarias).Los responsables directos de esta “crisis de su propio sistema”, sector financiero en todas sus variantes, hacen crecer los déficit públicos de todos los países, muy por encima del 3% fijado en el Pacto de Estabilidad, a la vez que disparan la deuda en todos los estados miembros, muy por encima del 60%.

Se han dedicado recursos monetarios (papel moneda emitido en bonos de deuda) hasta un 42% de todo el PIB de la UE, siendo el 22% puesto directamente a disposición de los banqueros.

En el estado Español el déficit aumentó hasta el 9% del PIB en el cierre del 2011 y el compromiso con Bruselas es hacer las correcciones necesarias para que en el 2012, se sitúe el déficit en el 6,3% (a noviembre ya se declara la imposibilidad de llegar a esa cifra y se baraja un déficit rondando el 7%/8%). El conseguir el límite del 3%, se desplaza hasta el 2016.

La deuda pública pulveriza récords y equivale ya al PIB de España

Los pasivos puestos en circulación por el Estado para financiar el déficit representarán una cifra similar a la riqueza generada por la economía española en un año. La deuda pública bruta, en concreto, se situará en 2013 en el 100,2% del Producto Interior Bruto.

La cifra, lógicamente, tiene que ver con la acumulación de cuantiosos déficits en los últimos años. Para hacerse una idea de su evolución, hay que tener en cuenta que, al comenzar el parón económico, en el año 2007, la deuda suponía prácticamente la mitad. Ese año, la deuda pública bruta era de 503.906 millones de euros y, según los últimos datos del Banco de España, el pasado 30 de junio los pasivos financieros ascienden ya a 978.368 millones de euros. La OCDE va un poco más allá, y estima que en 2013 se situarán en el entorno de los 1,06 billones de euros.

Según la OCDE, los ingresos públicos se sitúan más de diez puntos por debajo de los registros observados en Francia, Italia o Alemania, un 35% del PIB frente a algo más del 45% en esos países.

¿PORQUE LOS INGRESOS PUBLICOS HAN DISMINUIDO TAN DRASTICAMENTE?

El principal factor de la caída de ingresos[1], es el Impuesto de Sociedades (IS) o dicho de otra manera, los empresarios pequeños, medianos y grandes, que vienen obligados a tributar conforme al IS. Es decir, una parte sustancial de la debacle de la crisis fiscal española, sólo es explicable por la connivencia de gobernantes, legisladores y empresarios. La otra parte de responsabilidad es de los ricos, los mismos sujetos pero con otro apellido.

Tanto GESTHA, el sindicato de los subinspectores de hacienda, como los gabinetes de los distintos sindicatos, llegan a la misma conclusión: el impuesto de sociedades (IS) es el gran responsable en la caída de la recaudación fiscal. Expresado de otra forma, los responsables en un tanto por ciento significativo del expolio social, de la socialización de pérdidas y privatización de las ganancias, son los empresarios.

Esto se observa muy bien en la evolución de los ingresos fiscales del 2006 al 2011[2]:

 Como se puede observar, la pérdida de ingresos en cinco años que asciende a 25.009 millones de euros, no corresponde a partes iguales o equivalentes en cada uno de los impuestos, sino únicamente obedece a la brutal disminución (expolio, es la palabra) del IS, que explica el brutal descenso de los ingresos. El IS dejo de aportar 28.292 millones de euros.

 Los datos son abrumadores, mientras que entre los años 2009 y 2011 el IRPF aumentaba un 9%, el IVA lo hacía en un 10% y los impuestos especiales más o menos se mantienían, el IS caía un 23%.

 Es vergonzoso que del 30% de tipo nominal, estemos en 2011 en un tipo real del 11,6%, más vergonzoso todavía si  se tiene en cuenta que es impuesto significa la friolera de 13 puntos menos que el tipo más bajo de las rentas del trabajo (IRPF), que es del 24,75%.

De hacerse un ajuste en este impuesto, acercando el tipo real al tipo impositivo, por cada punto que hubiese aumentado el tipo efectivo real para aproximarlo al teórico, se hubieran recaudado 8.549 millones más en el período 2007-2011. Es decir si el tipo efectivo medio  hubiera estado entre el 30% y el 25%, es decir el 28.5% de manera constante durante todos los años desde el 207-2011, los empresarios [El Capital], hubieran tenido que ingresar la friolera de 141.380 millones de euros.

EL PROBLEMA NO ES DE GASTO, EL PROBLEMA ES DE INGRESOS y de ROBO

Las Alarmas Sociales han saltado todas: el gasto social se ha disparado, como consecuencia sobre todo del incremento exponencial del desempleo, y se libran partidas extraordinarias de hasta 7.000 millones de euros (sacadas del Fondo de Reserva de la SS) para pagar las pensiones. Aun así no llega y se hace necesario emitir nueva deuda (bonos del reino de España) que incrementa la deuda y con ella los interese que se pagan.

Se necesitan dineros, pero lo realmente indeseable, y lo que nadie pone encima de la mesa es que las políticas de ingresos, la capacidad que tiene el Estado de recaudar dinero suficiente para cubrir el gasto, desde el año 92 (Maastricht), han sido inversamente proporcionales a las rentas.

Los salarios altos, las rentas de capital mobiliario, las rentas del capital inmobiliario, los impuestos sobre los dividendos (beneficios), los impuestos de sociedades, las cotizaciones sociales empresariales, los impuestos de los grandes patrimonios, etc. han decrecido significativamente, al contrario que las rentas del trabajo, que soportan más del 75% de todos los ingresos fiscales del estado.

La situación no va a cambiar por sí sola: el  Estado Español, con cualquier representación política (PSOE/PP y Burguesías Nacionalistas), responde al nuevo (des)orden económico político. El nuevo orden económico – político que impone la globalización es la socialización de parte de los costes salariales de las empresas privadas, fundamentalmente las transnacionales. Son varias las formas que se emplean: deslocalización de la producción y servicios, flexibilización del mercado de trabajo, reordenamiento del mercado laboral (despidos individuales y colectivos). Esta socialización de costes es transferida al sector público, el cual tiene que dedicar más dinero para trasvasarlo al sector privado, incrementando así el déficit.

Los organismos supranacionales, FMI, BM, Comisión UE, OMC, OCDE, etc., auténticos gestores de este desorden, reproducen las mismas recetas en cualquier parte del mundo: los diferentes estados, -en alguna medida mermadas sus funciones para la intervención-, deben intervenir drásticamente en la reducción de los déficits presupuestarios, lo que, traducido a lenguaje cotidiano, significa actuar rebajando las prestaciones sociales e implantando políticas fiscales regresivas.

Estas políticas desmantelan los servicios públicos y, de esta manera posibilitan que inmensas masas de capital financiero realicen tasas de ganancias en mercados hasta ahora vedados. Las consecuencias de esta ruptura del “pacto social tácito” son dramáticas en términos sociales: pobreza, desigualdad y exclusión social que sobre todo se concentran en las grandes ciudades y en todas las periferias del mundo.

Nuevas formas de exclusión del derecho a la salud, educación, prestaciones sociales, etc., se relacionan con la distribución y acceso desigual a los servicios y a los recursos entre naciones y territorios regionales. Las medidas de reducción y control del gasto público (requilibrar el presupuesto y las políticas de superávit), bipolarizan la sociedad y terminan con la sociedad “de clases medias propietarias”.

LAS HIPOTESIS QUE SE BARAJAN. El qué pasará y lo que podemos hacer.

Se suelen manejar tres lecturas de salida y transición[3]: por una parte las “keynesianas, que sostienen que bastaría con reconducir los flujos financieros hacia el aparato productivo para generar empleo y crecimiento”. Por otra, la denominada “transición sistémica, donde la lectura es una alternancia de ciclos de expansión material y ciclos de financiarización/hegemonía”. Y la tercera, que sostiene que ante el “exceso de capacidad permanente, debido a la crisis de sobreproducción estructural que ha ido creciendo durante el ciclo financiero, por falta de demanda, causando caída de beneficios, baja productividad y bajo crecimiento, con estallidos de crecimiento por burbujas financieras y lucha entre potencias por los costes de la sobre capacidad, salir de este ciclo sin guerra, requiere de un ajuste coordinado, donde la redistribución se muestra como un nuevo pacto social”.

El qué pasará posiblemente se mueva en los tres escenarios o una combinatoria de los mismos durante épocas más o menos largas. La socialdemocracia europea y mundial, a la vez que la inmensa mayoría de las izquierdas alternativas, se mueven entre la primera salida y algunos, al menos en el discurso y retórica, introducen elementos de la salida redistributiva.

Lo que podamos hacer no es lo mismo que lo que consideremos ética y políticamente que debamos hacer, pero en ambos casos se trata de que ni en el deber ni en el poder, podemos fijar como objetivo una vuelta atrás. Ni es deseable ni es posible.

Más capitalismo, más competitividad, más economía desarrollista y/o especulativa, más dinero financiero, nos ha llevado a este terror y desmoralización generalizadas. Repitiendo errores las consecuencias serían infinitamente peores.

Se puede cambiar las políticas para hacer posible otro mundo, otro modelo de relaciones laborales, otra economía no especulativa ni competitiva, sino solidaria, otras maneras de cuidarnos y ser cuidados, sin intervención de los “mercados privados ni públicos” siempre y cuando lo que exijamos, no sea más de lo mismo.

La sociedad, las personas, a cientos de miles y a millones, debemos y tenemos que comparecer en la calle, no sólo para manifestar nuestro desacuerdo con estas políticas criminales y de terror, sino con actos de insumisión y desobediencia concreta en la calle, en los centros de trabajo, en los centros de salud, en las escuelas, en la universidad, en nuestros entornos sociales, un verdadero acto democrático de rebelión contra el “terrorismo del gobiernos y de los poderosos”, para que de esta manera se corte en seco esta barbaridad con la que nos quieren llevar al “sálvense quien pueda…”

El principio de posibilidad debe estar constituido por un arrebatamiento del poder absolutista que las élites dominantes sustentan y, las vías de salida tendrán que girar alrededor de un eje básico: la eficiencia social tiene que conseguirse mediante esquemas de redistribución, donde la relación salarial deje de ser la argolla donde tienen amarrados los derechos para todos y todas.

Cuestiones como la renta básica, los bienes comunes (públicos) como inalienables para todos y todas y unos sistemas fiscales muy radicales deben ser la base de un nuevo proceso constituyente. La mayoría social debe hacerlo posible aquí y ahora.