El artículo desarrolla un análisis de las principales líneas de actuación que están siguiendo en España las políticas públicas de empleo de las personas con discapacidad, encuadrándolas en un marco interpretativo centrado en los mecanismos sociales de administración de las capacidades colectivas, la producción de la riqueza y el reparto de la misma que pretende contribuir a los debates y actuaciones que se están desarrollando en torno a la situación ante el empleo de las personas con discapacidad y de la sociedad en su conjunto.

La situación de las personas con discapacidad ante el empleo: algunos datos estadísticos

 La Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia,  cuyos datos fueron recogidos por el Instituto Nacional de Estadística entre noviembre de 2007 y julio de 2008, muestra que en dicho periodo había en España 1.480.000 personas con discapacidad en edad de trabajar (con edades comprendidas entre 16 y 64 años), de las que el 28,3% trabajaba, el 7,2% estaba desempleada y el 41% recibía algún tipo de pensión (contributiva o no). El género marca diferencias significativas dentro del colectivo de personas con discapacidad en su relación con la actividad: el porcentaje de mujeres realizando una actividad remunerada es casi 10 puntos porcentuales inferior al de los varones, y mientras que el porcentaje de varones que se dedica principalmente a las tareas del hogar es mínimo, en el caso de las mujeres asciende al 23,5%.

Fuente: INE, Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008).

De las 419.300 personas con discapacidad que se encontraban trabajando en el año 2008, las discapacidades en las que existían mayores porcentajes de población ocupada se encontraban en las personas con discapacidades auditivas, visuales y de movilidad (42,8%, 32,8% y 21,6%  respectivamente). Los porcentajes más bajos de población ocupada corresponden a las personas con limitaciones de aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas (8,2%) y de interacciones y relaciones personales (11,1%).

Fuente: INE, Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008).

Los datos señalados son sólo una muestra de la específica (y más vulnerable) situación ante la actividad y el empleo en la que se encuentran las personas con discapacidad en España en comparación con el conjunto de la población, así como de la heterogeneidad de situaciones existentes dentro del colectivo de personas con discapacidad, una heterogeneidad en la que no sólo influyen el género y el tipo de discapacidad, sino también otras muchas variables: grado de discapacidad, edad, nivel educativo, tipo de hábitat (rural o urbano), origen nacional, etc. A continuación desarrollamos un análisis de las principales líneas de actuación que están siguiendo las políticas públicas de empleo de las personas con discapacidad en España, procurando encuadrarlas en un marco interpretativo que pretende contribuir a los debates y actuaciones que se han venido produciendo, y sin duda seguirán haciéndolo, en torno a la situación ante el empleo de las personas con discapacidad.

 La situación de las personas con discapacidad ante el empleo: ¿un problema de distribución y gestión de recursos?

 Desde los colectivos de personas con discapacidad viene planteándose desde hace años que la superación de su situación de especial vulnerabilidad ante el empleo es una cuestión de derecho a una autonomía y una vida independiente, reivindicando que se hagan efectivos los mandatos constitucionales que instan a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo, y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas, facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

 En este sentido, la Estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad 2008-2012, elaborada por el Gobierno de España, previa consulta con los interlocutores sociales y con las organizaciones más representativas de las personas con discapacidad y sus familias, y con la participación de las Comunidades Autónomas, se marca como objetivos estratégicos aumentar las tasas de actividad y ocupación de las personas con discapacidad, así como mejorar la calidad de su empleo. Estos objetivos estratégicos se concretan en una serie de líneas de actuación que buscan favorecer la empleabilidad de las personas pertenecientes a este colectivo: eliminar las barreras socioculturales, legales y físicas que dificultan su acceso al empleo; fomentar su formación y adecuarla a cada situación específica; mejorar los procesos de articulación y tránsito entre los espacios formativo y productivo; rediseñar las ayudas monetarias finalistas (las pensiones contributivas y no contributivas) con el objetivo de que éstas no generen desincentivos para la búsqueda y el acceso al empleo; subvencionar la adaptación del puesto de trabajo; promover una mayor contratación de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario, asegurando el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en empresas de 50 o más trabajadores y reservando para este colectivo un cupo no inferior al 5% de las vacantes en las convocatorias de pruebas selectivas al empleo público; preservar y mejorar el dinamismo en la generación de empleo protegido en los últimos años en los centros especiales de empleo,  favoreciendo una mayor transición hacia el empleo ordinario; etc. Junto a estas medidas, cabe destacar las bonificaciones e incentivos fiscales ligados a la contratación de personas con discapacidad, tanto en el empleo ordinario como en el empleo protegido.

 Desde un marco interpretativo centrado en la generación y distribución de los recursos que permiten poner en marcha las políticas señaladas, cabría plantear que para la consecución de los objetivos señalados resulta necesario contar con una adecuada dotación presupuestaria y una eficiente gestión de la misma, elementos que, en un contexto de contención e incluso recorte de los gastos sociales como el actual, exigen un fuerte compromiso por parte de los poderes públicos y  las asociaciones y movimientos del mundo de la discapacidad, así como de las personas y colectivos que hagan suyas sus reivindicaciones.

 Resulta innegable que los recursos y servicios destinados a las personas con discapacidad (al igual que el resto de políticas públicas) suponen un coste que el Estado ha de financiar, fundamentalmente a través de los sistemas de cotización e impuestos. A través de estos sistemas, el Estado capta parte de la riqueza generada y la redistribuye, arbitrando entre las demandas provenientes de los diferentes grupos sociales. En este sentido, cabría señalar que las políticas públicas tienen como primera condición de posibilidad la producción de riqueza por el conjunto de empresas que conforman la economía nacional. Esto supone que los trabajadores ocupados, a través de sus actividades productivas, han de generar una serie de bienes y servicios cuya venta en el mercado ha de permitir pagar sus salarios, producir un beneficio empresarial y contribuir a los fondos con los que el Estado administra y gestiona sus políticas y servicios. Nos encontraríamos por lo tanto ante un sistema social en el que cabe hablar de una doble explotación del tiempo de trabajo: por un lado, el trabajador ha de dedicar parte de su jornada laboral a amortizar el capital que las empresas invierten para llevar a cabo sus actividades productivas, así como a generar un beneficio. Y por otro lado, parte del tiempo de su jornada laboral resulta necesario para contribuir a los recursos estatales. En la medida en que estos recursos estatales necesitan de un tiempo de trabajo para ser producidos, puede decirse que los destinatarios de los mismos se estarían beneficiando (cabría decir explotando) de la riqueza producida a través del tiempo de trabajo de otros.

 Al hablar de este sistema de doble explotación del tiempo de trabajo no pretendemos zanjar la cuestión apelando en términos morales a las connotaciones negativas que tiene esta palabra (de hecho, cabría hablar de este sistema de explotación en términos de derechos: por un lado, derechos empresariales, como consecuencia de su papel en la activación productiva de los trabajadores al emplearlos en sus empresas, a apropiarse de parte de la riqueza generada por el tiempo de trabajo asalariado; por otro, derechos sociales históricamente conformados y gestionados por el Estado, que arbitra entre las demandas que van surgiendo entre los diferentes grupos sociales). Muy al contrario, lo que queremos destacar es la centralidad que en nuestras sociedades adquiere el tiempo de trabajo como generador de la riqueza que permite a las empresas reproducir en el tiempo sus procesos de generación de valor añadido, a los trabajadores obtener un salario con el que entrar en el circuito del consumo y así adquirir sus medios de vida, y a los ciudadanos en su conjunto dotarse de unas políticas públicas y unos servicios sociales. El tiempo de trabajo constituye, de esta forma, la fuente de los procesos de generación del valor necesario para la reproducción de la población en forma de salarios, así como para la financiación  de los servicios públicos y las actividades empresariales en forma de inversión.

 No puede obviarse que la dependencia que las políticas públicas tienen de esa parte de la riqueza generada por el tiempo de trabajo asalariado implica contar con unos recursos limitados, lo que puede generar confrontaciones entre los intereses de los distintos grupos sociales: habrá quien desee dedicar esos recursos a aumentar las pensiones, quien prefiera generar políticas que favorezcan el empleo de la población femenina, quien proponga aumentar las inversiones públicas en infraestructuras y así favorecer a las empresas y los trabajadores dedicadas a esas actividades, quien considere que resulta inadmisible que las personas con discapacidad no cuenten con los recursos necesarios para alcanzar mayores cuotas de igualdad en el mercado de trabajo, etc. En este sentido, resulta destacable que muchos discursos generados desde el mundo de la discapacidad no están presentando sus reivindicaciones como un problema exclusivo de este colectivo, sino planteando la cuestión en el plano de la vulnerabilidad social y los derechos a una vida independiente, una problemática que es común con la de gran parte de la población (parados de larga duración, mujeres con especiales dificultades de acceso en el mercado de trabajo, jóvenes desempleados, personas con pocos recursos, etc.).

 Aunque en términos estratégicos parece adecuado vincular una reivindicación particular con un derecho colectivo y generalizable al conjunto de la población, no parece muy aventurado señalar que las políticas de empleo de las personas con discapacidad van a verse confrontadas durante mucho tiempo a la problemática señalada en torno a la generación y distribución de los recursos públicos, y que este plano conformará un espacio de negociación y conflicto para las personas y colectivos comprometidos con la igualdad de las personas con discapacidad. Sin embargo, haber señalado la centralidad que en nuestra sociedad adquieren los procesos de generación de valor a través de los procesos de explotación del trabajo nos permite situar el marco de interpretación de las políticas de empleo de las personas con discapacidad en otro plano diferente al de la mera producción y distribución de los recursos públicos, abriendo así otras posibles líneas de debate en torno a actuaciones posibles frente el problema que venimos tratando.

 Las políticas de empleo de las personas con discapacidad: ¿una cuestión de igualdad de oportunidades o también algo más?

 Cuando señalábamos que no resultaba posible zanjar la cuestión de la explotación del tiempo de trabajo humano en términos meramente morales es porque nos apoyamos en la hipótesis que interpreta dicho proceso como el motor, y vínculo social determinante, de nuestra sociedad. Para generar riqueza las empresas dependen, por un lado, de la explotación de tiempo de trabajo humano y, por otro, de su capacidad de ser, al menos, tan competitivos como sus competidores a la hora de vender sus productos en el mercado. Esta situación es la que provoca que las empresas se vean obligadas a innovar constantemente sus estructuras técnicas y organizativas en pos de una reducción de costes que les permita competir en el mercado de bienes y servicios, lo que ha generado una dinámica de productividad acrecentada apoyada en diferentes procesos: sustitución de trabajo humano por maquinaria, automatización de los procesos de trabajo, cambios en las formas de organización del trabajo, etc. Estas dinámicas permiten una reducción de costes que posibilita, por un lado, que los bienes y servicios producidos sean accesibles a capas más extensas de la población y, por otro, reproducir e incrementar a lo largo del tiempo los fondos utilizables en el circuito de la inversión empresarial o pública. Sin embargo, estas mismas dinámicas contienen también una cara menos amable: dado que esta productividad acrecentada depende en buena medida de la reducción del coste que supone el factor trabajo, la prescindibilidad del trabajo humano se traduce en despidos y desempleo.

 Esta situación de innovación constante de los sistemas productivos y de prescindibilidad del trabajo humano ha provocado que a lo largo de la historia se hayan ido generando una serie de mecanismos sociales para hacerle frente, entre los que destacan los sistemas de formación y las políticas de subsidios y rentas que aseguran los medios de vida cuando no se cuenta con un empleo. En el caso de las personas con discapacidad, cabe destacar la importancia concedidas a la formación y a la mejora de los mecanismos de inserción laboral a través de los objetivos 2 y 3 de la Estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad 2008-2012, así como la política de pensiones contributivas y no contributivas, que pretende asegurar unos ingresos mínimos a un colectivo con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo.

 Si bien, como señalábamos antes, todas estas políticas se ven limitadas por los costes que supone su financiación, también es cierto que conforman el medio de mantener en actividad a la población en su conjunto, asegurando su reproducción y su formación: si no existiesen, ¿podrían las empresas encontrar trabajadores disponibles y con las competencias necesarias para llevar a cabo sus trabajos o contar con consumidores para sus productos? En este sentido, la redistribución de la riqueza que suponen las políticas públicas habría de entenderse como la condición necesaria para la existencia de un cierto grado de actividad y consumo, y por consiguiente, constituiría una de las fuentes de esa riqueza.

 Observadas desde este punto de vista, las políticas públicas de formación, empleo, subsidios y pensiones demuestran la existencia de una forma social en la que la subsistencia de la población y la propia estructura social se organiza de forma relativamente independiente a las duraciones propias del sistema de producción y las amortizaciones empresariales del capital invertido. Esta relativa liberación de la conformación social de la población (de sus formaciones, sus rentas, sus consumos, etc.) con respecto a los movimientos y tiempos de las relaciones productivas y técnicas puede constatarse en las innumerables negociaciones, conflictos y acuerdos que en todo momento surgen en torno al reparto que ha de hacerse de los fondos públicos para cubrir las diferentes necesidades. Se trata, como decimos, de una liberación relativa, pues las condiciones de vida de la población siguen dependiendo de la generación de riqueza a través de la explotación del trabajo de parte de esa población, la población ocupada. Mientras esto siga siendo así, en términos de una cierta justicia social en el reparto de las oportunidades, destinar recursos que aseguren los medios de vida y la empleabilidad de colectivos especialmente vulnerables ante el empleo, como son las personas con discapacidad, constituye una apuesta necesaria e ineludible.

 Como señalábamos antes, esta reivindicación particular de un colectivo es extensible al conjunto de la población en situación de vulnerabilidad que, como vemos, aumenta incesantemente en una época de crisis y estancamiento económico como la actual. Reflexionar en torno a algunas políticas de empleo relativas a las personas con discapacidad puede ayudarnos a considerar la posibilidad de habitar la tensión que antes señalábamos en torno a la relativa independencia que como sociedad hemos adquirido para organizar nuestra subsistencia frente a los movimientos y tiempos que imponen las relaciones productivas y técnicas. Al colocar como objetivo estratégico de las políticas de empleo de las personas con discapacidad el fomento de su empleabilidad (con la adaptación de sus puestos de trabajo, la instauración de la obligación de contratar a estos trabajadores a través de la cuota de reserva, los esfuerzos por adecuar la formación a sus necesidades específicas, etc.), constatamos la existencia de mecanismos que posibilitan que incluso trabajadores con capacidades productivas diferentes a la media sean capaces de desarrollar una actividad productiva que revierta en la generación de riqueza. Esto no hace sino ampliar el potencial productivo de la sociedad, lo que permite pensar en una organización de la producción en la que el tiempo de trabajo humano necesario para generar la riqueza sea distribuido de una forma más equitativa entre el conjunto de la población empleable. Siendo esta población empleable cada vez mayor, podría posibilitarse que el tiempo que cada uno de nosotros tuviéramos que dedicar a generar esa riqueza tendiera a ser menor. Por otro lado, las políticas de fomento del nivel formativo de las personas con discapacidad y de articulación entre el espacio educativo y el laboral tienden a favorecer la rápida adaptabilidad de los trabajadores a los cambios que incesantemente se producen en los centros productivos y que, en pos de aumentos crecientes de sus niveles de productividad, están generando una creciente automatización y tecnificación de la producción que también pueden favorecer nuevas formas de reparto del trabajo y la riqueza, así como mecanismos alternativos de planificación y gestión social de la producción y el empleo. Finalmente, no podemos en absoluto desdeñar la existencia de mecanismos que, como las pensiones que perciben las personas con discapacidad (al igual que otros grupos sociales), implican una forma de participar en la riqueza socialmente generada de forma relativamente independiente a la adscripción a un puesto de trabajo concreto.

 A la hora de explotar políticamente las alternativas que acabamos de señalar, conviene ser consciente de que la posibilidad de generar nuevas formas de administrar las capacidades colectivas, la producción de la riqueza y el reparto de la misma pasa por dotarnos de los mecanismos y las instituciones necesarias que asuman la función que hasta el presente han ejercido los mecanismos de inversión (basados en última instancia en la generación de valor a través de la explotación de trabajo humano). Un proyecto que no estará exento de las confrontaciones y conflictos propios que materializan los distintos intereses presentes entre los grupos sociales que conforman la sociedad. En este sentido, quizás resulte conveniente considerar que apoyar el derecho exigido por las personas con discapacidad a participar en la producción de riqueza, así como a contar con unos medios de vida independientemente de estar o no adscrito a un puesto de trabajo concreto, no es exclusivamente una cuestión de igualdad de oportunidades, sino también una demanda exigible por y para el conjunto de los ciudadanos que quizás pueda contribuir a la construcción de nuevas formas de producción y reparto de la riqueza.