“Se trata de una conocida técnica de privatización que consiste en desfinanciar lo que alguien pretende privatizar. Al igual que cuando Margaret Thatcher quiso privatizar los ferrocarriles, lo primero que procuró fue quitarle los fondos, de forma que dejaron de funcionar apropiadamente y el pueblo reaccionó reclamando un cambio. Acto seguido se dice: está bien, privaticen esos servicios. Si luego funcionan peor, no hay problema: el gobierno saldrá a rescatarlos. Esta es la técnica estándar de la privatización”.

                                            Noam Chomsky, Ilusionistas. Ediciones Irreverentes.2012.

Negras tormentas agitan el sistema de educación pública de nuestro país en todos sus niveles, desde el infantil hasta la Universidad. Una contrarreforma (¿alguna vez a lo largo de los 34 años de Constitución se intentó reformarlo atacando de raíz los problemas y no quedándose en consideraciones estéticas?) que el Gobierno del PP con su inefable ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, a la cabeza del desaguisado, pretende reforzar el papel de la iglesia católica en lo ideológico, disminuye sustancialmente la financiación del sistema público a favor del concertado y privado, “militariza” al profesorado para dotarle de “autoridad” y toma como referencia la cultura de la evaluación permanente como criterio de test de “progreso adecuado del aprendizaje” y, por tanto, como condicionante del mismo. La desigualdad como lema frente a la equidad, la eficiencia frente a la calidad democrática, la reproducción del conocimiento frente a la visión crítica en el aprendizaje, la pérdida del valor “público” para satisfacer los intereses dominantes de las clases dominantes que lanzan el mensaje del valor de lo privado y el esfuerzo individual como complementos frente a los valores colectivos y de responsabilidad social de unos gestores públicos últimamente bajo mínimos.

Las mareas verdes no se han traducido en un tsunami que responda con energía a una agresión premeditada y de largo alcance debido fundamentalmente a la parcialización de las luchas en las diferentes etapas educativas (primaria, secundaria y universidad) y a la ausencia de una visión del sistema educativo como un conjunto. El desánimo cunde y solo una confluencia de acción por parte de profesores, estudiantes y agentes sociales en torno a un programa de mínimos podrá parar el desguace del sistema educativo público en nuestro país.

Primeras preguntas: ¿Tenemos claro lo que significa un servicio público en educación?. ¿Se reduce meramente a un sistema de financiación que debe proceder de las arcas públicas en su 100%?. ¿A quién rinden cuentas los agentes del sistema educativo (profesores, gestores)? ¿Cuáles son los grados de participación en el interior del sistema educativo no solo de los agentes sino también de los estudiantes y sus familias?.¿Qué se entiende por “rendimiento” educativo?. ¿Debe primar la formación de ciudadanos “conscientes y responsables”, sujetos a derechos y deberes frente a expertos desde los 14 años en ramas disjuntas del conocimiento?.

IDIOTAS, ES LA ECONOMÍA…

En el caso de la educación superior, la situación está alcanzando niveles dramáticos. Reducción drástica de la participación pública (a través de las Comunidades Autónomas) en los presupuestos de las universidades, no sólo en los capítulos de financiación del coste del profesorado (no cubierto más que en un 75% en algunos casos) sino en infraestructuras y mantenimiento de las mismas (reducción en más del 80% en el caso de la Comunidad de Madrid) y, como contrapartida, incremento brutal de tasas no sólo en Grado sino, fundamentalmente, en Máster, con un mensaje claro, la “Universidad para el que pueda pagarla” y  complementado con recorte dramático en la política de becas. Las pretendidas “bondades” del modelo Bolonia se han dado de bruces con esta crisis. La precarización del profesorado no permanente (contratos “basura” de un año de duración, renovables (¿?) según las disponibilidades presupuestarias), la paralización por Decreto Ley de los mecanismos de permanentización (oposiciones a cuerpos de funcionarios TU, CEU y CU), las amenazas directas de intervención por parte de las CCAA ante la situación económica de algunas universidades así como la reorganización de estructuras académicas (desde departamentos a  centros y. llegado el momento, de las propias universidades) nos sitúan en un escenario inimaginable cuando se lanzaron propuestas desde “arriba”, como la Estrategia Universidad 2015,  de las que nadie se acuerda porque llegó la crisis y mandó parar… Ahora, el mensaje desde las CCAA a las Universidades es claro: Busquen fondos debajo de las piedras, externalicen aún más sus servicios, dediquen a sus profesores a tareas de consultoría que generen recursos, ayúdennos a subir las tasas porque beneficiará sus cuentas anuales, precaricen a sus profesores y PAS acabando por consunción o jubilación con sus funcionarios, apliquen ERES al personal laboral caso de que cierren el año con un 5% de déficit frente al ejercicio anterior, olvídense de Campus de Excelencia Internacional y mejoren en los rankings, aprendiendo de las inefables Escuelas de negocios (IESE, ESADE, IE) que les están marcando el camino a seguir.

PERO TAMBIÉN, ES LA FORMACIÓN…

La propia implantación del modelo Bolonia, que pretendía medir el aprendizaje a través de la dedicación de un alumno “estimulado” por clases “magistrales” de 90 minutos a lo largo de la semana y “grupos reducidos” que representaban otros 90 minutos por semana, todo ello con el perfil de  6 créditos ECTS se ha visto reflejado en un  proceso de aprendizaje psicodélico, en el que prima la reproducción intensiva de conocimiento frente a la sedimentación y reflexión críticas, la carrera de la evaluación permanente como contrapunto mercantil para garantizar mejores “tasas de éxito” que están conduciendo a un nivel de pauperación del conocimiento que, en las titulaciones de Grado, refleja el escaso valor que se les concede frente a la simbología del Máster como auténtico ”valor de uso y cambio” para un futuro profesional, que, por otra parte, no solo es incierto en concordancia con lo aprendido sino que tiene la perspectiva del paro o la emigración.

El cambio de modelo docente descansa, aparentemente, en una mayor centralidad de la actividad del estudiante en el proceso de aprendizaje-enseñanza, pero la realidad está imponiendo otras prácticas, pasivas por excelencia en el caso de los estudiantes y de intensificación del papel del profesor como evaluador permanente más que dinamizador del aprendizaje.

¿PARA QUÉ INVESTIGAR?

Pero no solo esa misión formativa de las universidades se encuentra en cuestión. La propia generación de conocimiento y su transmisión (lo que vulgarmente se denomina investigación y transferencia) se han visto afectadas por la crisis económica. La drástica reducción de los presupuestos en I+D+I (aproximadamente un 25% anual desde 2010 en el caso de los ministerios competentes en dichas políticas), la disminución de los gastos en términos de PIB (1.39% en 2010 y 1.33% en 2011),  junto con la paralización de la inversión del sector privado, están conduciendo a un retroceso a parámetros de hace casi dos décadas, con el coste de oportunidad que significa. No solo es un problema cuantitativo, sino metodológico y cualitativo. La imaginación presupuestaria está alcanzando niveles de vértigo. Convocatorias cuya apertura se retrasa para “ahorrar” un año (caso de los contratos Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, teóricamente concebidos como “joyas de la Corona” para atraer talento postdoctoral), retrasos injustificados en la resolución de las predoctorales (FPI) o disminución sobre la marcha de la oferta (de 950 a 800) en becas FPU, no constituyen un ejemplo para retener a esa generación “excelentemente formada”, que ve en otros países que se toman en serio la investigación, una vía de salida natural.

La Ley de la Ciencia, aprobada en las Cortes en Mayo de 2011, con dos elementos operativos clave como son la Estrategia Estatal y el Plan Estatal, y la gestión a través de una Agencia Estatal de Ciencia y Tecnología, se encuentra en un impasse que la puede convertir en papel mojado. La dependencia orgánica del Ministerio de Economía y Competitividad de una Secretaria de Estado de Investigación e Innovación ha añadido más complejidad al problema, puesto que las trabas burocráticas en la gestión de proyectos se han incrementado de manera notable junto a los recortes presupuestarios antes señalados. Esta era la vía natural de financiación en las Universidades, junto a la participación en los programas europeos, por lo que el camino de consecución de recursos no finalistas se encuentra con grandes dificultades. De ahí, que el utilitarismo y la visión de una investigación a corto plazo se vayan abriendo paso, laminando la generación de conocimiento “inútil” desde esa perspectiva y que pone en el punto de mira no solo las humanidades y las ciencias sociales sino también la ciencia mal llamada básica.

Y al final, todo se reduce a la maldita gobernanza.

Sin duda, el mantra existencial que reiteran las políticas neoliberales es que el sistema de educación superior, las universidades y sus centros, funciona mal porque una “degeneración democrática” en su gestión y la selección de los responsables de la misma en sus más altos niveles (Rectores, Decanos etc) les impide actuar con eficiencia y rendir cuentas a una sociedad que les provee de los recursos económicos para una triple misión que debería configurar su actividad cotidiana (formar profesionales-ciudadanos, generar conocimiento y dinamizar y ser referente para la sociedad). La calidad democrática, la transparencia y la participación, se consideran obstáculos para esa eficiencia basada en el “ordeno y mando” procedente de una legitimidad “externa” (la estructura de un “Consejo de Administración” como órgano de Gobierno universitario, con una composición “ajena” a la propia Universidad, que nombra al Rector y a los “altos cargos” universitarios se va imponiendo en las diferentes propuestas que nos inundan e inundarán en los próximos meses). Un ” copiar y pegar” del sistema anglosajón versión norteamericana  para una sociedad como la española a la que nuestros neoliberales quieren mimetizar en base a la “ libertad de mercado y elección” que tiene la educación pero también la sanidad, los cuidados, el transporte, entre otros, como laboratorio de implantación de ese Orden Nuevo. Los estudiantes como “usuarios” que pagan por un servicio, los profesores como “operarios” docentes y, en algunos casos, investigadores, y el PAS como “instrumento de apoyo” configuran esa nueva visión que busca una universidad “rentable”, desde un punto de vista económico, para los poderes públicos (¿?) pero carente de “valor y conciencia” públicas.

Me gustaría finalizar con una reflexión de Thomas Jefferson: La ley más importante de todo nuestro código es la que promueve la difusión del conocimiento entre el pueblo. No se puede idear otro fundamento seguro para conservar la libertad y la felicidad. […] El impuesto que se pague para la Educación no es más que la milésima parte de lo que se tendrá que pagar a los reyes, a los sacerdotes y a los nobles que ascenderán al poder si dejamos al pueblo en ignorancia.

Siria está constituyendo el eslabón más dramático de la primavera árabe, esa cadena de luchas por acabar con regímenes corruptos y autoritarios. El análisis de lo que allí aún sucede se convierte en poderoso elemento de reflexión sobre las fuerzas en presencia no solo a nivel local, sino en el juego de la política y las relaciones internacionales.

De la primavera…

Mediáticamente, las respuestas de los pueblos tunecino y egipcio a la crisis económica y social generadas por el inmovilismo y dependencia de sus gobiernos dictatoriales con fachadas democráticas, que recibían el aval de la Unión Europea y Estados Unidos, en tanto en cuanto muros de contención de las potentes corrientes islamistas sólidamente instaladas en sus respectivos países, se reflejaron en la denominada “primavera árabe”, que generó movimientos similares en Marruecos y algunos países del Golfo con una alta dosis de espontaneidad articulada por la cohesión de organizaciones variopintas de la sociedad civil. La propia duración de la resistencia de los poderes establecidos (más acusada en el caso egipcio por la intervención del ejército para cubrir el “vacío de poder” tras la salida de  Hosni Mubarak) facilitó un proceso de transición “controlada” que ha desembocado en procesos electorales que han confirmado la solidez estructural de los partidos de matriz islamista (de nuevo, más acentuada en el caso egipcio por la tradición de los Hermanos Musulmanes como eje de la oposición).

Marruecos ha asistido al hecho novedoso de la constitución de un gobierno en el que predominan los grupos islamistas, con el aval  de una corrupta monarquía, que hasta la fecha había articulado un simulacro de democracia basado en elecciones en las que participaban partidos homologados en el mundo “occidental” pero que en última instancia acababan acatando el rol de “compañeros de viaje” del poder dominante vinculados a los círculos palaciegos. No obstante, una mayor articulación de la sociedad civil y una capacidad de respuesta por parte de sectores juveniles y profesionales, pese a la dura represión policial, augura que las medidas del nuevo gobierno deberán tener en cuenta las reivindicaciones de mayor libertad y participación de amplias capas de la sociedad marroquí que no se veían representadas por las fuerzas políticas tradicionales.

El caso libio ha sido más acentuado por el papel central de la intervención euro-americana a través de la OTAN, con un protagonismo decisivo de Francia y Reino Unido, ante la perspectiva del aprovechamiento de los ingentes recursos petrolíferos de ese país. La resistencia del régimen de Gadaffi, con unas llamadas y discursos retóricamente anticapitalistas, ha durado lo suficiente para dejar el país exhausto y sometido a una desarticulación tribal que la mano férrea del régimen había paralizado de manera drástica desde sus orígenes. Una auténtica guerra civil, en la que el armamento suministrado por los países “occidentales” con la intermediación de las siempre presentes monarquías del Golfo, ha posibilitado una desestructuración social y la aparición de “fuerzas armadas” paralelas, que han cometido acciones de represalias realmente vergonzantes. Un cambio de larga duración, con una perspectiva impredecible y en la que, de nuevo, los movimientos islamistas están llamados a jugar un papel destacado.

Siria ha constituido el eslabón más dramático de esa cadena de luchas por acabar con regímenes corruptos y autoritarios, y el análisis de lo que allí aún sucede constituye un buen elemento de reflexión sobre las fuerzas en presencia no solo a nivel local, sino en el juego de la política y las relaciones internacionales. La aparente solidez del régimen del partido Baas, personalizada en el Presidente Bachar el Asad -digno heredero de su padre Hafez el Asad, presidente sirio de 1971 a 2000, en una dimensión realmente monárquica de transmisión del poder- y en el que las fuerzas armadas y las de seguridad han sido y constituyen un elemento no desdeñable de soporte del baasismo dominante en el país desde casi sus orígenes, se ve reforzada por el  histórico papel de Siria en el contexto de las encrucijadas políticas en Oriente Medio. Junto a ello, hay que destacar la componente religiosa derivada de la pertenencia de la familia Asad a la rama alauita del chiismo en un país con un importante peso de sunitas y cristianos, estos últimos con un importante protagonismo en la historia política de Siria.

El gendarme sirio

La articulación de la República Árabe Unida, bajo el liderazgo de Gamal Abdel Nasser y el movimiento de oficiales libres en Egipto a mediados de los años cincuenta, se contrapesó con la existencia de un movimiento panárabe que constituía el proyecto político del partido Árabe Socialista Baas (Ba’ath), con fuerte componente antiimperialista y secular, con elementos socialistas y una potente visión identitaria de la nación árabe que fue creado en Damasco en 1947 por Michel Aflaq (cristiano), Salah al-Din al- Bitar (suní) y Zaki-al- Arsuzi (alauita).  El período 1954-1970, en el que Nasser dirige Egipto, constituye un intento de conformar una referencia laica y nacionalista en el mundo árabe con una vocación comprometida con los países neutralistas en el marco bipolar internacional (movimiento de países no alineados) y con un apoyo explícito a las luchas de liberación nacional contra las potencias colonialistas, tanto en el ámbito africano como asiático.  Los dos ejes fundamentales del movimiento baasista se centraron e Irak y Siria, con una cierta influencia en Jordania y Líbano, y sobrevivieron a la descomposición del proyecto egipcio que se tradujo en una primera instancia en el reconocimiento del estado de Israel por Annuar el Sadat, sucesor de Nasser, y que se vio fraguado  tras los diferentes conflictos armados con Israel que concluyeron en los tratados de “paz” de Camp Davis.  Inicialmente, Siria formó parte de la República Árabe Unida, pero el golpe de estado baasista de 1961 en dicho país representó la fractura de ese proyecto político. La división entre la rama militar y la civil del partido Baas tanto en Siria como en Irak facilitó, por una parte, el desarrollo de vías nacionales progresivamente antagonistas en ambos países frente a la visión unitaria y panárabe del movimiento baasista, junto con el reforzamiento de la componente militarista basada en las fuerzas armadas como eje de intervención política. La persecución y destrucción de los potentes partidos comunistas en ambos países por parte de los nuevos poderes contribuyó a la homogeneización y uniformización política, así como a la conformación de redes clientelares asociadas a la explotación de los recursos naturales (petrolíferos en el caso de Irak).

Un segundo vector de análisis lo constituye el conflicto palestino-israelí que, en lugar de posibilitar una unificación de esfuerzos del mundo árabe en el apoyo a la causa palestina, supuso una fragmentación de las estrategias de lucha y en las que la Guerra Fría y la política de bloques jugaron un papel esencial. El papel progresivamente claudicante de Egipto y Arabia Saudí como avales del estado de Israel, a cambio de una importantísima ayuda militar (en el caso egipcio, en la destacada  terna de receptores de material armamentístico norteamericano junto con Israel y Turquía, y en el caso saudí, como contraprestación a su producción petrolífera), generó una lucha por el liderazgo árabe en el que Siria siempre ha intentado desempeñar un papel dominante tras el entreguismo egipcio.

Por una parte, su hinterland libanés, en el que ha apoyado aquellos sectores cristianos opuestos a la OLP y que representaban los sectores más retrógrados de la sociedad libanesa, que pacta  con el gobierno sirio seguridad interna a cambio de ausencia de soberanía, y del que tuvo que salir apresuradamente tras su directa involucración en el asesinato en 2005 del dirigente opositor Rafik Hariri, ex primer ministro del Líbano, y las consecuencias derivadas del rechazo internacional. Por otra, por su apoyo los movimientos palestinos opuestos a las políticas de la OLP, liderada por Arafat, y que conocieron su máxima virulencia tras los acuerdos de Oslo. También, la pugna permanente con el partido Baas de Irak, que le llevó a apoyar activamente la primera invasión de dicho país a comienzos de los años 90 por la coalición internacional liderada por Estados Unidos, como consecuencia del intento de anexión de Kuwait por el régimen de Saddam Hussein. Todo ello, complementado con un enérgico  y retórico discurso antiisraelí, consecuencia del mantenimiento de la ocupación de los Altos del Golam por el ejército israelí, y que constituye un diferendo notable en la perspectiva de una diplomacia de devolución de territorios a cambio de paz con el gobierno israelí, cuya muestra más explícita fue el anteriormente mencionado caso egipcio con la península del Sinaí. Por último, y no menos importante, la evolución de sus relaciones con la República Islámica de Irán, fruto del papel protagonista del movimiento Hezbollah en Líbano pero también como referente básico para sus relaciones internacionales y su papel protagonista en Oriente Medio. El enérgico discurso antinorteamericano y antiisraelí de la república iraní,  fruto de la errática política norteamericana en Oriente Medio, ha convertido a dicho país en un referente político de primer nivel, pese a su dura represión de la disidencia interna y a los estigmas religiosos del chiismo en el seno de una población árabe mayoritariamente sunnita. La guerra irano-iraquí en los años ochenta contribuyó enormemente a la debilitación de la unidad árabe y produjo una importante fractura en las alianzas internacionales de los países árabes.

El invierno ….

La desestructuración de las corrientes opositoras en Siria, fruto de una constante represión tanto de la rama local de los Hermanos Musulmanes como de sectores más a la izquierda del partido Baas (una buena muestra de ello es la descripción del ambiente político sirio en los años sesenta en la  excelente novela del escritor sirio Rafik Schami, El lado oscuro del amor, Editorial Salamandra, 2008), las políticas de nepotismo del poder absoluto y la ausencia de apoyos internacionales intra-árabes a la articulación de alternativas al régimen autoritario de la familia Asad (con fuertes implicaciones en la economía siria), han condicionado en duración temporal la revuelta que cumple un año de vigencia, sin una clara perspectiva de solución.

El papel de baluarte pro-sirio de China y Rusia en el Consejo de Seguridad, tras el fiasco libio, pero también la parálisis de las denominadas “potencias democráticas” ante la incertidumbre que puede generar un cambio de régimen en Siria, en términos de las coordenadas de las agendas israelí e iraní, han llevado a una inacción ante las matanzas de civiles en las ciudades de Homs primero y, posteriormente, Idlib y Deraa, donde el ejército sirio ha utilizado armamento pesado a discreción en un combate casa por casa. Más de 8.000 sirios han muerto en el implacable aplastamiento de su insurrección, otro cuarto de millón de sirios ha huido de sus casas o a países limítrofes (Turquía y Líbano) para escapar de una carnicería que se inscribe en la categoría de crímenes de la humanidad, y que debería traducirse en una enérgica actuación de la Corte de Justicia Penal Internacional contra el dictador Bachar el Asad.

En este contexto que avergüenza, una vez más, y que hace sangrienta la burla patética de la ya celebrada “consulta“ popular para la modificación de la constitución siria y la convocatoria de elecciones parlamentarias el próximo mes de mayo, la misión de Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas, con el objetivo de solicitar un alto el fuego y escuchar a la fragmentada oposición, se quedan muy cortas respecto de la exigencia de la propia Liga Árabe, a la que teóricamente también representa,  que a finales de Enero instó a Bachar el Asad al abandono inmediato del poder. Éste y su entorno, fieles a la estrategia de ganar tiempo, mantienen su plan de liquidar a cualquier enemigo y sellar las fronteras contra armamento, combatientes e información, convencidos de que un armisticio implica perder definitivamente el control sobre determinadas zonas del país (la experiencia libia es un buen referente). Saben que la oposición del fragmentado Consejo Nacional es irrelevante en el interior de Siria y que el desorganizado y peor armado Ejército Libre jamás podrá ser rival de sus blindados y su artillería, como han puesto de manifiesto las atroces escenas de la represión armada.

Las sanciones políticas y económicas están haciendo mella en el régimen, pero las condenas internacionales son un arma menor frente al escudo que Rusia y China proporcionan en Naciones Unidas a un gobierno como el sirio, que se ve con fuerzas para resistir una presión internacional escarmentada de las políticas de ingerencia humanitaria y los rotundos fracasos en Irak y Afganistán. Deshojar la margarita de intervención en un conflicto de alcance interno en el que no están en juego recursos energéticos de primer nivel pero sí intereses estratégicos de todo tipo, en un mundo árabe hipersensibilizado ante las políticas de orden y seguridad “occidentales”, causa un escenario previsible en el que un régimen sanguinario, que ha perdido el control de la sociedad, continúe perpetrando atrocidades masivas, en un oscuro invierno mediático (la cerrazón informativa desde el poder, pero también las dificultades de las respuestas en red, a diferencia de los casos tunecino y egipcio) que acentúa el aislamiento del pueblo sirio en su lucha por la libertad. Denunciar la inacción y la ausencia de solidaridad, en un conflicto no tan “publicitado” como otros, la ambigüedad de las instituciones internacionales y el aprovechamiento de la situación por Estados Unidos e Israel en su política agresiva contra la República Islámica de Irán y el callejón sin salida del conflicto palestino, son claves para interpretar el silencio complaciente ante el drama que se vive en Siria.

Hablar de Venezuela, del proceso político que siguió a la irrupción electoral del autodenominado movimiento bolivariano con un rostro visible como Hugo Chávez, elegido presidente tras unas elecciones homologables a las de las denominadas democracias políticas y con una proyección de futuro vinculada a la reestructuración del clásico panorama bipartidista socialdemocracia (ADECO) versus socialcristianos (COPEI) estabilizada corrosivamente en el país desde décadas al abrigo del boom petrolero, nos lleva a situar el dilema en el que se ha encontrado la izquierda latinoamericana desde la década de los noventa. El fracaso político de los movimientos insurreccionalistas tras la derrota de las diversas opciones armadas y la represión brutal de las dictadoras militares (caso de Argentina, Chile y Uruguay), la asunción del poder político y la reestructuración interna como bloques de poder con una actitud prioritariamente defensiva frente a la agresión norteamericana (caso de Cuba y Nicaragua) generaron una impotencia manifiesta que requirió un nuevo planteamiento de cara a la  organización y consolidación de los movimientos populares y de los trabajadores (caso de Brasil y Bolivia). La desaparición de las referencias del llamado socialismo real, la aparente nueva correlación de fuerzas en USA con los dos períodos presidenciales Clinton (que en el fondo no alteró el estatus de lo que denomina Noam Chomsky la democracia empresarial y más aun en relación con su “patio trasero”) generó un impulso notable a la articulación de las “viejas” formas organizativas en base a referencias políticas personalistas. Kirchner, Lula, Bachelet, entre otros, se apoyaban en organizaciones “tradicionales” con recorridos diversos pero incapaces de aglutinar los movimientos antiglobalización en su versión latinoamericana, basados en la oposición a los tratados de libre comercio, al control y saqueo por los grupos económicos transnacionales de las riquezas naturales y los servicios básicos (luz, agua, comunicaciones, transporte), a los grandes predios dedicados a la agroindustria intensiva y al empobrecimiento del campesinado, complementado con una emigración masiva intra-continental o hacia España. La dolarización de las economías junto con un vertiginoso incremento de la deuda externa que generaba durísimas acciones de ajustes estructurales demandadas por el FMI, precarizó aun mas las duras condiciones de las capas desfavorecidas de las sociedades latinoamericanas.

 De nuevo la vieja farsa del caudillismo?

 Venezuela abrió una nueva vía para el desarrollo de una alternativa política basada en la superación de las viejas formas de alternancia política, generadoras de una clase que representaba sus propios intereses, corrompida por el monopolio del petróleo para su autobeneficio y autista en relación con la realidad social de su país. Las expectativas del movimiento bolivariano se centraban en un cambio en la correlación de fuerzas basado en un mayor protagonismo popular, escasamente definido en sus inicios, en aras a un enfoque “ilustrado” de que el Poder puede ser gestionado de otra manera, con la experiencia militar, por supuesto, de sus máximos responsables.

 La personalización excesiva del proceso en Hugo Chávez recordaba los cultos a la personalidad asociados a las visiones del caudillismo latinoamericano que hunden sus raíces en el propio inicio de las luchas por la independencia a comienzos del siglo XIX. Como ha señalado el historiador John Lynch, “La figura del caudillo, que normalmente procedía de una base de poder regional, supuso uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de las naciones latinoamericanas. La soberanía personal destruía las constituciones. El caudillo se convirtió en Estado y el Estado en propiedad del Caudillo. Paradójicamente, los caudillos también pudieron actuar como defensores de los intereses nacionales contra las incursiones territoriales, las presiones económicas y otras amenazas externas, fomentando, asimismo, la unidad de su pueblos y elevando el grado de conciencia nacional. Los caudillos eran representantes y a la vez enemigos del Estado-Nación. La historia de las dictaduras no constituye toda la historia de Latinoamérica. Pero aun en los regímenes constitucionales quedaron restos del pasado. Desde el caudillismo primitivo, pasando por la dictadura oligárquica, hasta los líderes populistas, la tradición del caudillo fue dejando huella en el proceso político. Quizás la cualidad más importante de los caudillos, que les sirvió para sobrevivir a los avatares de la historia, haya sido el personalismo, descrito por un historiador como la sustitución de las ideologías por el prestigio personal del jefe”.

 Junto a ello, los caudillos van más allá de su representación en el ámbito nacional y pretenden transcender a una conciencia regional por crear. Las diferentes propuestas en el ámbito latinoamericano han adoptado esa visión regional (andina, centroamericana, caribeña, cono sur) de cara a una integración económica que les permitiera abordar en condiciones políticas similares unas respuestas adecuadas ante la potencia norteamericana. La integración política tiene una dimensión más compleja fruto de los liderazgos derivados bien del peso demográfico o del económico. La propuesta de la Alianza (o Alternativa) bolivariana de las Américas, liderada por Venezuela en base a su potencialidad económica petrolífera, implica el propio liderazgo de Chávez como baluarte anti-Imperio no sólo desde una perspectiva retórica sino como alternativa en el suministro de recursos básicos. 

 Sin duda, este fenómeno genera la clásica dualidad, no planteada sólo por los caudillos sino por las instancias autoritarias por mucha pátina democrática que se quieran dar (G. W. Bush a modo de ejemplo en la justificación de las leyes antiterroristas USA tras el 11-S), consistente en que el ciudadano debe rebajarse a la condición de siervo desde el momento que debe optar entre estar con el “jefe” o contra él.

 Este auténtico dilema del prisionero, contribuye a eludir cualquier pensamiento crítico, como ponen de manifiesto los anarquistas venezolanos en la reflexión con la que cerramos este artículo.

 Pro y contras del movimiento bolivariano     

 Cuando leemos en la prensa española de manera cuasi-unánime críticas virulentas a Chávez por querer instaurar un Estado-protector que atenta contra la propiedad privada de medios de producción y comunicación, donde el peso de los sectores de nuestro capitalismo hispano es relevante. Cuando esa misma prensa critica que Chávez introduzca enmiendas constitucionales para permitir una reelección presidencial, que siendo consistentes dependerá de la voluntad de los electores y que no está en contradicción con usos de paises democráticos del Primer Mundo, cuando se insiste en la represión de la oposición y de sus medios de comunicación, auténticas tribunas de una determinada “desobediencia cívica” basada en preservar los intereses de una burguesía sui géneris, única en América Latina, con sus mecanismos de preservación identitario, con una Iglesia ultrarreaccionaria, con unos denominados sindicatos carentes de representación clasista, con una imagen de violencia favorecida desde el Poder, con una creciente identificación con las redes del narcotráfico etc entran dudas de si algo diferente estará ocurriendo en Venezuela para despertar ese tipo de reacciones tan virulentas.

 Por otra parte, las campañas de alfabetización, la estructuración de un sistema de salud pública de ámbito local con un fuerte apoyo de médicos y paramédicos cubanos que pone en evidencia el fracaso del tradicional sistema sanitario privado vigente durante largos años en Venezuela, la compleja consolidación de organizaciones populares que generen pensamiento y acción propias y no se limiten a ser correas de transmisión del Poder, abren esperanzas de que un proceso que no se estanca en la autocomplacencia puede modificar las condiciones de los ciudadanos y ciudadanas tanto en lo referente a sus necesidades básicas como a la asunción de su propio rol socio-político. No todo es uniformidad, como he podido comprobar durante una estancia en Venezuela el pasado mes Septiembre. Los enconos dialécticos entre chavistas y anti-chavistas, las dificultades reales en el suministro eléctrico, la necesidad de un desarrollo y un modelo económico más allá de la petróleo-dependencia, la desmilitarización intelectual y la reconducción del papel del ejército como soporte visible de Chávez, al que debe mimar con presupuestos que deberían ser orientados de manera alternativa, la puesta en marcha de leyes educativas que combatan el elitismo de muchas instituciones académicas, el desarrollo de infraestructuras viarias, son algunos de los retos concretos y no utópicos que podrían abrir camino a una Venezuela de y para los venezolanos y venezolanas.

 Una reflexión desde la perspectiva de los anarquistas venezolanos.

Pensamientos desde la revista El Libertario. Caracas.

 Después de contar con los mayores recursos económicos en la historia reciente de Venezuela, así como el control absoluto de las instituciones del país, el chavismo ha comenzado a mostrar signos del eclipse de su hegemonía sobre la sociedad. Un primer síntoma lo constituye el irreversible alejamiento de diferentes sectores progresistas que acompañaron, acrítica y entusiasticamente, el proceso bolivariano hasta que el peso de sus contradicciones les obligó a tomar partido entre el gobierno y la fidelidad hacia si mismos. Entre ellos destacamos a quienes al intentar defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras han conocido el rostro del populismo autoritario. Estas iniciativas fueron decisivas en la defensa del gobierno durante el golpe de Estado, el paro petrolero y el referendo presidencial, tres momentos de aguda confrontación política. Por tanto su ausencia no es un asunto menor, ni tampoco sus cuestionamientos actuales: desde una postura revolucionaria y anticapitalista sostienen que el gobierno bolivariano le ha declarado la guerra a los trabajadores y al sindicalismo autónomo. Otro abandono a destacar lo representan diversos exponentes del medio intelectual y académico que, en la primera mitad de la década chavista, trataron de construir un edificio teórico e ideológico para sustentarlo y justificarlo como la búsqueda de un ¿proyecto alternativo?. Sin embargo, el peso de la realidad, tras diez años de politiquería y demagogia, les ha hecho cambiar de opinión. Estos pensadores constituyen ahora lo que en El Libertario hemos llamado intelectualidad post-chavista, y que hoy, según cada caso, han tomado diferentes distancias del Palacio de Miraflores. En ambas situaciones, dichas líneas de fuga al capitalismo de Estado bolivariano no se han sumado mecánicamente a las cúpulas opositoras partidistas, desmontando la mentira de que sólo existen, y son posibles, dos posiciones políticas en el país.

Un segundo síntoma lo constituye el aumento de la conflictividad por parte de las comunidades populares. A pesar de la invisibilidad de estos eventos para cierta prensa, quienes protagonizan las luchas en la calle son los pobres, marginados y marginadas de siempre, que tras una década de gobierno con discursos estridentes, exigen resultados concretos: trabajo, vivienda, salud, servicios públicos y seguridad. Esta situación, que puede constatarse con sólo caminar por las calles de Venezuela, revela que los diques de contención a la movilización popular, erigidos por el régimen, empiezan a ser  rebosados por la potencia beligerante de la multitud. Recordemos que el primer peaje lo constituía la propia dominación caudillista y carismática del
presidente Chávez, reforzado por la utilización de un discurso seudo-revolucionario vaciado de contenido y, lo más importante, de implicaciones concretas en la vida cotidiana de las mayorías. Dos irrefutables evidencias son tanto la insoportable situación de inseguridad y violencia como la agobiante inflación que hoy padece el país. Otros diques de la protesta popular han sido la utilización de organismos para-policiales, disfrazados de organismos de participación comunitaria, con los cuales se ha hostigado y enfrentado diferentes conflictos por reivindicaciones, así como la instrumentación de una serie de leyes y normativas que asfixian y restringen la posibilidad de protestar y organizarse autónomamente.

Cuando las demandas de los de abajo han logrado superar todos estos obstáculos, la respuesta del gobierno bolivariano no se diferencia en nada a la de sus homólogos: gas lacrimógeno, perdigones y detenciones, así como el asesinato de 8 personas entre julio del 2008 y julio del 2009.

El Gobierno intenta, cada vez con menos éxito, mantener la confrontación bajo la razón polarizada, la cual hasta ahora le ha generado beneficios. Sin embargo, cada vez le resulta más costoso las movilizaciones de apoyo, esconder el grosero enriquecimiento súbito de la casta boli-burguesa, mantener las apariencias de sus políticas sociales copiadas de la socialdemocracia adeca, disimular con nombres épicos la entrega de recursos energéticos al mercado globalizado dirigido por las compañías transnacionales y mantener a raya la insatisfacción colectiva. Por otra parte, la  oposición cupular de los partidos y los medios de comunicación privados, sin ningún tipo de sintonía con las clases populares, representa los intereses de una burguesía parasitaria de un próspero y autosuficiente Estado petrolero que ya no volverá.

Para los y las anarquistas el reto continúa: incidir en la recuperación de la autonomía combativa de los movimientos sociales, en donde puedan desarrollarse los valores de libertad y justicia social, así como construir una alternativa, desde ahora y con otros sectores en lucha, enfrentada radicalmente a las dos burguesías en pugna por el control de la renta petrolera, en el rol de socios locales de la globalización sin fronteras del flujo de dinero. Parafraseando a Daniel Barret, repetimos que en el contorno de dichas relaciones, el pensamiento y las prácticas anarquistas se ubican decididamente como resistencia al poder; y no para revertirlo, dulcificarlo, sustituirlo o duplicarlo, sino claramente para negarlo y hacerlo añicos en una convivencialidad revolucionaria propia de personas libres, iguales y solidarias.