Pep Juarez – LibrePensamiento

EL RACISMO INSTITUCIONAL (autor: Pep Juárez. CGT Illes Balears)

Libre Pensamiento — Sat, 21 Sep 2013 21:30:02 +0000

Las “concertinas” de las vallas de Ceuta y Melilla son cuchillas racistas, como también lo son otras cuchillas en forma de leyes y políticas xenófobas, amputadoras de los más elementales derechos humanos de las y los inmigrantes. El riesgo de muerte en las vallas fronterizas y en las pateras es la antesala de las redadas, agresiones, retenciones, deportaciones, precariedad y desatención sanitaria de buena parte de esas personas. Un racismo institucional reforzado, a principios del siglo XXI.

El 5 de diciembre del pasado 2013 moría Nelson Mandela, y su funeral tuvo dos caras: por una parte, el merecido y sentido homenaje de los suyos, tanto en la propia Sudáfrica como en el resto del mundo; por otra, el monumental aquelarre de cinismo e hipocresía protagonizado por la mayoría de líderes de las potencias occidentales que, aprovechando el tirón mediático del evento, acudieron como buitres carroñeros a hacerse la foto. No tuvieron empacho en loar unos valores, los del líder anti-segregacionista muerto, que no solo no comparten, sino que muchos de ellos pisotean, al mantener y promover en sus respectivos países leyes y políticas de profundo calado racista. Además, buena parte de los asistentes al funeral de Mandela sostienen regímenes odiosos de apartheid, muros de la vergüenza incluidos, como son los casos de Israel en Palestina y Marruecos en el Sahara Occidental.
Rajoy, y el Borbón aspirante, tampoco se resistieron a subirse al avión, para hacerse cada cual su particular lavado de imagen en Johannesburgo. No deja de ser curioso que, tanto a la ida como a la vuelta, tuvieran que sobrevolar la zona del estrecho de Gibraltar, escenario de decenas de miles de trágicas muertes en pateras, a lo largo de los últimos años. También tuvieron que pasar por la vertical de las vallas de Ceuta y Melilla, otro escenario de muerte coronado con las “concertinas”. Han vuelto a colocar esas cuchillas para mutilar los cuerpos de la población africana, que huye del hambre y de la miseria en que los occidentales les hemos sumido. Cuchillas racistas, pero no más asesinas que otras cuchillas en forma de leyes y políticas aplicadas en el Estado español, amputadoras de derechos humanos, que el gobierno y las instituciones españolas, que Rajoy y el Borbón representan, promueven y fomentan. Ver para creer: racistas homenajeando a antirracistas.
1. El salto cualitativo de principios del siglo.
Recién estrenado el siglo XXI, la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, sobre reforma de la Ley de Extranjería, marcó un antes y un después, en el Estado español, de las políticas contra los derechos y libertades de la población inmigrante. Conviene recordar que las leyes anteriores también eran discriminatorias (cualquier ley de extranjería lo es), pero el gobierno del PP, entonces presidido por José María Aznar con reciente mayoría absoluta, sacó definitivamente su faceta xenófoba y, con la colaboración del PSOE y CC (que también votaron a favor de la Ley 8/2000) inició su particular cruzada contra la “invasión” de los migrantes, en especial contra los que no contaban ni iban a contar con regularización administrativa, como consecuencia del endurecimiento de los requisitos para acceder a ella, en aplicación de la nueva ley.
Lejos de considerar la inmigración como un fenómeno positivo, como una oportunidad de regeneración y rejuvenecimiento de la población (tiempo tendremos para lamentarlo), y de enriquecimiento económico y social en convivencia y mestizaje, se fomentó el rechazo hacia los recién llegados, con un discurso oficial donde se identificaba inmigración con delincuencia. Todo para justificar un sinfín de atropellos y potenciar, de esa manera, el miedo entre la población y los mecanismos represivos del Estado.

Para el PP la jugada era perfecta. Las políticas segregacionistas, eran una manera más de dividir a la clase trabajadora, pero también uno de sus dos instrumentos preferidos de distracción respecto a otros problemas, y de agitación para sacar réditos electorales (el otro ha sido ETA). Como era de prever, tampoco varió la situación con los gobiernos de Zapatero que, salvo alguna esporádica y limitada campaña de regularización, dieron continuidad a la violación de los derechos humanos de la población inmigrante no regularizada, al mantener en vigor las leyes anteriores. El reglamento de la nueva Ley de Extranjería y los cupos de admisión fueron consensuados incluso con los sindicatos del régimen, lo que confería a estas políticas una especial y repugnante pátina de “legitimidad social”.
Así, tanto con Aznar, como con Zapatero y Rajoy, con el consenso de “los agentes sociales”, desde principios de siglo se vienen realizando redadas racistas, detenciones arbitrarias, abusos policiales de todo tipo y deportaciones clandestinas en unas condiciones infrahumanas. Las cloacas del Estado a veces pasan también por aviones de Air Europa.
Al principio, las redadas racistas (“Operación Focus”, etc.) eran más o menos conocidas. Pero el escándalo que provocaba el trato infringido a las personas detenidas obligó a los sucesivos gobiernos a esconder sus fechorías, siendo escasa o nula la información sobre las detenciones, los criterios de las mismas, las expulsiones, los cupos de detenidos asignados a cada comisaría de policía (en tiempos de Rubalcaba, como ministro del Interior), o la selección de objetivos en razón del origen de las víctimas. Más allá de las cifras y datos oficiales (evidentemente manipulados a conveniencia), se esconde desde entonces una realidad velada a la opinión pública, y que únicamente la dedicación de las asociaciones solidarias están empezando a arrojar la escasa luz que tenemos sobre estos hechos.
La política de expulsiones y deportaciones sigue, a pesar de que, a consecuencia de la crisis, la inmigración se haya reducido de manera substancial. En realidad, por contra lo que ha crecido es la emigración. 2012 ha sido el primer año en que se ha producido un saldo migratorio negativo, con 162.400 personas, el mayor de toda la UE, según Eurostat. Con datos del INE referidos al primer semestre de 2013 (los últimos publicados), en ese período entraron en territorio español 134.312 personas (un 11% menos), mientras que emigraron 259.227 (un 10,7% más, de los cuales 39.690 con nacionalidad española y 219.537, la gran mayoría, foráneos), arrojando otro saldo migratorio negativo de 124.915 personas en esos seis meses.
Si, por otra parte y según datos proporcionados el 13-12-13 por Ignacio Cosidó, director general de la policía, el número de personas inmigradas sin regularización administrativa descendió un 12% en 2013 respecto al año anterior, ¿qué sentido tiene mantener y aumentar las restricciones para la regularización, y perseguir, reprimir inhumanamente o deportar a las personas sin regularización? La realidad ha dejado a estas políticas, desnudas de cualquier argumento económico o social, y contraproducentes respecto a esos fines. Solo queda la evidencia de que se mantienen a causa del odio y del racismo con que fueron concebidas, buscando supuestos réditos políticos y electorales, al calor de la demagogia populista que se extiende por Europa.
Graf. Nº 2
La proliferación de estos campos de concentración del siglo XXI, extendidos por todo el territorio de la Europa fortaleza y países aledaños, dan una idea del desastre humanitario en que estamos inmersos, coherente con normativas racistas como la Directiva de la Vergüenza. También, un negocio de lucro obsceno para las constructoras y otras empresas que se mueven alrededor del funcionamiento de los CIEs. Una industria opaca de vulneración de los derechos humanos que, aunque sea escondida deliberadamente, se ha de descubrir y denunciar, hasta hacerla desaparecer.
2. Nuestros particulares guantánamos
Sin embargo, poco a poco se va abriendo a la luz de la opinión pública, la realidad de la existencia y funcionamiento de los llamados CIES (Centros de Internamiento para Inmigrantes), gestionados por el Ministerio del Interior y la propia policía. Estos centros se fueron creando desde hace 28 años, al calor de la primera Ley de Extranjería de 1985, sin regulación legal (un verdadero agujero negro jurídico) para retener a los “sin papeles”. Estas personas , que no han cometido ningún delito (como mucho, en todo caso, podría hablarse de una mera falta administrativa) se ven privadas de la libertad, en unas condiciones, según vamos conociendo, de especial vulnerabilidad. A la falta de higiene y habitabilidad, se une el riesgo a todo tipo de abusos por parte de la policía, en la más absoluta impunidad.
Pero quizá lo peor para las personas ingresadas en los CIES sea la desesperación, la angustia y el miedo a ser devueltas a la miseria de sus lugares de origen; la inutilidad de los enormes sacrificios y los riesgos para llegar hasta aquí, y el derrumbe de sus sueños en una vida mejor. Estas tragedias no solo ocurren en y desde territorio español, donde actualmente funcionan 9 CIES (Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia, Málaga, Algeciras, Tenerife, Fuerteventura y Las Palmas) con alrededor de mil internos/as, según diversas fuentes. En Europa y en los países mediterráneos se tenían contabilizados, en 2012, 473 establecimientos de iguales o similares características. El número de internos total oscila entre los 30.000 reconocidos oficialmente y las más de 600.000 personas que, según las organizaciones humanitarias, pasan cada año por los CIES europeos y de los países “colaboradores”.

Graf. Nº 4 El laberinto de la salud para los inmigrantes (Antonio Rull / Raúl Rejón). Extraído de eldiario.es

El pasado día 11 de enero de 2014, 1500 personas se concentraron ante el CIE de la Zona Franca, de Barcelona (1), para exigir su cierre, respondiendo a la convocatoria de la plataforma Tanquem els CIEs (Cerremos los CIEs http://tanquemelscies.blogspot.com.es/). El comunicado leído al final del acto denuncia la muerte del ciudadano armenio Aramys Manukyan, la noche del 3 de diciembre de 2013, como también la de Idrissa Diallo, joven de 21 años de Guinea Conakry, el 6 de enero de 2012, en el mismo CIE, o como la del ciudadano marroquí Mohamed Abagui, que tenía 22 años cuando murió en 2010.
Todos ellos fallecidos en el CIE de Barcelona, y en circunstancias por esclarecer. Pero hay otras muertes relacionadas con los CIEs, como son la de la ciudadana congoleña Samba Martine, de 34 años, por una dolencia cardíaca que padecía, y que en el CIE de Aluche (Madrid) no le trataron durante el mes que llevaba encerrada, esperando su expulsión. Según diversos testigos demandó repetidamente asistencia médica, que no recibió. La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado, mediante resolución del 14-01-14, reabrir el caso, para depurar las responsabilidades de los servicios médicos del CIE (a cargo de una empresa privada) en la muerte de Samba que, según todos los indicios, se podía haber evitado.
Todas ellas son muertes conocidas, pero ¿cuantas más que ignoramos se habrán producido en los CIEs? ¿Cuantas habrán sucedido en otros espacios, como comisarías? Seguro que, por desgracia, la de Yassir El Younoussi, acaecida el 31 de julio de 2013 en la comisaría de los Mossos d’Esquadra del Vendrell, según informa nuestro compañero de CGT Catalunya Ermengol Gassiot, no ha sido la única.
Al Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) se le ha negado reiteradamente la entrada en el CIE de Barcelona, así como a abogados de los internos en diversas ocasiones. El pasado 3 de enero el gobierno también denegó la entrada al mismo centro a una comisión de Derechos Humanos, compuesta por médicos y abogados, ante las constantes denuncias de palizas, vejaciones y malos tratos que sufren los internos. El siguiente día 10, una comisión de parlamentarios, ante una negativa similar, decidieron acceder haciéndose pasar por familiares de internos, y comprobar in situ las condiciones denunciadas.
La movilización social han conseguido que, al menos, en el CIE de la Zona Franca barcelonesa se están empezando a dar los primeros pasos para acabar con la impunidad, la opacidad y el silencio. Los Juzgados de Instrucción 1 y 17 de Barcelona han tomado, al fin, cartas en el asunto, mediante una resolución donde, entre otras constataciones que han llevado a los magistrados a imponer medidas de control, se acreditan hechos denunciados por las entidades solidarias, como son la existencia de celdas de aislamiento, sin video-vigilancia (solo una dispone de ella) donde todo es posible; la existencia de mamparas o rejas que impiden el contacto físico de los internos y sus visitantes; el trato indigno que reciben, o que no se envíen al Juzgado de Guardia todos los preceptivos “informes de asistencia médica a favor de los internos por lesiones de origen traumático”.
Pero no basta con acabar con la impunidad. Hay que ir mucho más allá. Como reza el lema de la Plataforma anti-CIEs, “No cerremos los ojos, cerremos los CIES”
3. El Apartheid sanitario. El caso de Alpha Pam
La derecha neofranquista representada por el gobierno de Rajoy, surgido con mayoría absoluta en las elecciones de noviembre de 2011, está llevando a cabo una ofensiva sin precedentes, contra las clases trabajadoras y la mayoría social, y los colectivos más desfavorecidos, como los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, se llevan la peor parte. Con la precariedad y el paro fuera de control, con la pérdida del empleo muchas de estas personas también pierden la regularización, lo que las aboca a una situación cada vez más precaria y vulnerable.
Uno de los derechos básicos al que tenía acceso la población inmigrante, el de la asistencia sanitaria pública, se vino a truncar con la entrada en vigor del RDL 16/2012, el 1 de septiembre del mismo año. (ver Boletín Informativo nº 142, enero 2014, del SPCC de la CGT). Esa Ley, y el reglamento que la desarrolla (RD 1192/2012 de 3 de agosto), entre otras medidas dejó sin tarjeta sanitaria a las personas que carecen de regularización administrativa, excepto a los menores de edad, a las mujeres embarazadas y a los casos de urgencia hospitalaria (en total más de 150.000 personas excluidas en el conjunto del Estado). Además, introdujo el cambio cualitativo respecto a las personas usuarias de la sanidad pública, pasando del acceso universal a la condición de personas “aseguradas”, con lo que quedaban excluidos los citados colectivos. Este cambio es estratégico, en la medida que dejó abierta la puerta a nuevas exclusiones, como más adelante veremos.
Las respectivas administraciones (en especial las CCAA gobernadas por el PP) les impusieron unas tasas impagables para la atención sanitaria en la red pública, y obligaron a los enfermos excluidos a rellenar un formulario, con compromiso de pago de las mismas, al no considerar a estas personas ni aseguradas ni beneficiarias del sistema público de salud.

El expolio de las cajas de ahorros

Libre Pensamiento — Mon, 21 Mar 2011 14:59:42 +0000

Pep Juarez

La Reforma del Sistema Financiero, dirigida a la rentabilización y privatización de las Cajas de Ahorro, se desarrolla sin casi debate social, por parecer de consecuencias menos directas e inmediatas para los ciudadanos. Sin embargo, no por menos directos e inmediatos sus efectos serán de menor calado. El expolio de las Cajas de Ahorros supondrá la desaparición de su obra social, la pérdida de 30.000 empleos, una nueva entrega de miles del millones de fondos públicos al negocio privado y, sobre todo, completar el monopolio de los intereses financieros privados, acrecentando su capacidad de dominación e imposición.

Desde hace ya demasiados años, cuando oímos la palabra «reforma» se nos disparan las alarmas. Empleada eufemísticamente, «reforma» suele ser sinónimo de importantes recortes, pactados, impuestos o consentidos, de derechos sociales. La última andanada la padecemos desde que el gobierno de Rodríguez Zapatero decidió hace nueve meses abrazar definitivamente el catecismo neoliberal. Diríamos que con izquierdas así, no hacen falta derechas, y Zapatero se ha dedicado a castigar con saña a la mayoría de su propio electorado, haciendo el trabajo sucio hasta unos límites que difícilmente la derecha se hubiera atrevido a alcanzar. Entre otras medidas de recortes del gasto social, tres «reformas» se han implementado contra los intereses de la ciudadanía, y a mayor gloria del capital: La Reforma Laboral, La Reforma de las Pensiones y la Reforma del Sistema Financiero.

Como en su día denunciábamos, la «Reforma Laboral» ha demostrado su ineficacia para generar empleo (1), dejándonos con la herencia del abaratamiento del despido y la destrucción de la seguridad jurídica de los puestos de trabajo. De igual manera, la «Reforma de las Pensiones», esta vez a través del pacto con la burocracia sindical cómplice de CCOO y UGT, lejos de garantizar el cobro de las mismas, supone una rebaja del 20% de las prestaciones totales, además de la exclusión de importantes sectores de trabajadores, en especial los precarios, del acceso al sistema público de pensiones. La tercera gran reforma, la llamada «del Sistema Financiero», está centrada casi única y exclusivamente en el proceso de privatización de las Cajas de Ahorros.

Todas las «reformas» necesitan la creación previa de un «estado de opinión» que las favorezca. A la «reforma laboral» le precedió una campaña sobre la «rigidez del mercado laboral», lo «caro» que resultaba despedir, o la criminalización de los sindicatos y de derechos como el de huelga. La «reforma de las pensiones» se llevó a cabo tras una campaña de intoxicación sobre la supuesta inviabilidad del sistema público, a causa del aumento de esperanza de vida, aumento de la población pasiva, etc. La privatización de las Cajas también se efectúa, después de convencer a buena parte de la sociedad de la mala gestión que han tenido, y de rumores sobre potenciales peligros de quiebra. Medias verdades o mentiras, que más pronto o más tarde quedan al descubierto.

Las Cajas de Ahorro han sido instituciones financieras, en teoría sin afán de lucro ni propietarios privados, al menos hasta ahora. Provienen de la evolución de los antiguos montes de piedad de los siglos XVIII y XIX. Se rigen por unos órganos de gobierno con participación de Instituciones públicas, depositantes y trabajadores de cada entidad. Una parte de sus beneficios, una vez pagados impuestos, son dedicados a proyectos sociales a través de la Obra Social (2).

Estas entidades no constituyen, en si mismas, una alternativa ética al negocio de la banca privada, puesto que compiten en el mismo mercado con ella, en cuanto al rendimiento de depósitos, intereses de los créditos y precio de los servicios. Pero, dado que las Cajas de Ahorro poseen alrededor de un 49% de cuota del mercado financiero español, su privatización ha supuesto un bocado muy apetecible para el capital especulativo, objeto de su deseo desde hace mucho tiempo, y que ahora, una clase política enteramente a su servicio, le sirve en bandeja.

El pacto Zapatero-Rajoy

Como marionetas tiradas por la misma cuerda, Zapatero y Rajoy aparcaron la hojarasca de la crispación y su confrontación política de atrezzo, y el día 5 de Mayo de 2010 acordaron, de manera sorprendentemente rápida, impulsar el proceso de fusión y privatización de las Cajas de Ahorro. Cinco días más tarde, el 9 de Mayo, en la reunión del Consejo de Economía y Finanzas, ECOFIN, el Gobierno español recibió el resto de las recetas neoliberales señaladas anteriormente y que, como el alumno más aplicado de esta parte del continente, se afanó en llevar a cabo.

Del pacto del 5 de mayo entre Zapatero y Rajoy se derivó la llamada Ley de Cajas, que fue aprobada finalmente por el Parlamento dos meses y medio después, el 21 de Julio, con los votos de PSOE, PP, CC y UPN. La Ley estaba encaminada, básicamente, a la entrada de capital privado, hasta un 50%, mediante las llamadas «cuotas participativas», y lo que anunciaban como «despolitización de las Cajas», es decir, la reducción de la presencia institucional en los órganos de gobierno de las mismas, de un 50% a un 40%. Pero si quitamos políticos y los substituimos por especuladores, hay razones para pensar que quizá sea peor el remedio que la enfermedad.

El proceso de fusiones… Financiado con el dinero de tod@s.

Claro que, para hacer atractivo el pastel a la iniciativa privada, las Cajas habían de ser «fuertes» y «rentables», según los criterios del capital financiero. Respondiendo a ése objetivo, tanto desde la Unión Europea como desde el Banco de España se forzó un proceso de fusiones, llamadas «frías» y SIPs (Sistemas Institucionales de Protección, para funcionar como cualquier banco privado). Las SIPs conllevan, entre otras consecuencias no deseadas, el desarraigo de muchas cajas de sus entornos sociales y territoriales, la reducción o desaparición de las Obras Sociales, y la desaparición de entidades, con la consiguiente pérdida de miles de puestos de trabajo a consecuencia del cierre de miles de oficinas, duplicadas o no. Las mayorías políticas parlamentarias, en especial PP y PSOE, respondiendo diligentemente a las recomendaciones de gente tan poderosa (y tan sospechosa) como los jefes del FMI, la CE o el BCE, unieron sus fuerzas e influencia política en los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro, y se emplearon a fondo para «sanear» el negocio en ésa dirección.

El primer proceso de fusiones llevado a cabo antes del verano pasado, se mostró desnudo de toda intención que no fuera el aligeramiento de costes, especialmente el de personal, para hacer «atractiva», y altamente rentable, la entrada de capital privado. Los 7 procesos de integración de Cajas de Ahorro sumaron 10.189 millones de euros de ayudas del FROB (3), según el siguiente cuadro, extraído del Informe de Situación del Banco de España, a 29/06/10, sobre la reestructuración de las Cajas de Ahorro:

Si a eso añadimos los 800 millones dedicados al saneamiento de CajaSur (que dispone de otros 1500 adicionales, no utilizados hasta la fecha), y los 3.775 millones anteriormente destinados por el Fondo de Garantía de Depósitos para tapar el agujero de Caja Castilla la Mancha, el montante dedicado a la primera reconversión y saneamiento del sector de Cajas de Ahorro, en perspectivas de privatización, alcanza los

16.264 millones de euros. Es decir, una cantidad superior

a los 15.000 millones de todo el Plan de Ajuste, para tres años, anunciado e impuesto el año pasado por el Gobierno (con la complicidad parlamentaria), y que se pretenden extraer del recorte de la inversión pública y del gasto social, a base de los sacrificios de pensionistas, funcionarios, parados y personas dependientes.

Es muy importante tener en cuenta que, salvo las dos Cajas intervenidas por el Banco de España (Caja Castilla- La Mancha y Caja Sur), el resto de entidades de ahorro siempre habían dado beneficios, e incluso se ha alardeado públicamente de ello (4). Se han obtenido ganancias incluso en los años más duros de la crisis, a pesar del aumento de la morosidad y de los créditos dudosos (5), originados mayoritariamente en el mercado hipotecario, a causa del empobrecimiento general de la población endeudada. Y también a pesar de la mala gestión de muchas de ellas, con inversiones de alto riesgo y desenfreno de los pelotazos relacionados con el ladrillo (ver siguiente cuadro, con datos de las propias cajas, referidos a 2010). Todo ello en medio de algunas dudas razonables (u otras fabricadas en círculos especulativos, como las «agencias de calificación»), respecto a su solvencia.

Destrucción de empleo y malversación de fondos públicos

Capítulo aparte merecen las fórmulas de reducción de plantillas que, a lo largo de los últimos meses, se han estado realizando en los diferentes procesos de fusión. En prácticamente todos los casos se han firmado acuerdos con las mayorías sindicales (6) en torno a Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) o «prejubilaciones con derecho a paro». Es decir, utilización masiva de despidos pactados y, por lo tanto, fraudulentos.

En ellos, una parte de la «compensación» al trabajador, por abandonar la entidad, va a cargo del dinero de todos: por un lado, la fiscalidad cero del máximo legal de la indemnización por «despido improcedente» (pactado en el órgano de mediación correspondiente) y, por otro lado el cobro, por parte de la persona «prejubilada», del subsidio por desempleo, generalmente por dos años.

Si a eso se añaden las ayudas del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en algunos casos, en aplicación de la nueva «reforma laboral», podemos afirmar que las rebajas de las plantillas, en el marco de las fusiones llevadas a cabo en el sector de Cajas de Ahorro, no son solamente una medida de destrucción masiva de empleo (con unos objetivos de alrededor de 30.000 puestos de trabajo menos) sino que, además, supone una escandalosa malversación de fondos públicos. Fondos que podrían dedicarse, con más justicia, a otros sectores mucho más necesitados. Es conveniente señalar que, además de la complicidad de los sindicatos domesticados del sector, todos estos pactos fraudulentos de destrucción de empleo han contado con la necesaria colaboración del Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo que, conociendo el detalle de su contenido, los ha permitido y alentado.

En una valoración realizada por CGT sobre de las diferentes propuestas llevadas a cabo, y sumando fiscalidad, subsidio de paro y otros, cada puesto de trabajo destruido le costaría a las arcas públicas, adicionalmente y por los conceptos antes señalados, una media de 70.000 euros. Si los multiplicamos por 30.000 bajas anunciadas, el asunto puede llegar a incrementarse en más de 2.000 millones euros, a fondo perdido. Y a añadir a la generosa financiación con los fondos del FROB, antes descrita.

Todo ello con el dinero de todos, y a mayor gloria del capital privado.

La bancarización de las cajas

Una vez acabado el proceso de los Sistemas Institucionales de Protección (SIPs), las entidades resultantes ya han comenzado a funcionar, de hecho, como bancos. La mayoría de ellas incluso ya ha adaptado la nomenclatura, y algunas ya han anunciado su inminente cotización en Bolsa: CAIXABANC, el grupo de La Caixa; BANKIA, antes BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, (Caja Madrid, Bancaja, Ávila, Segovia, Insular, Laietana, Rioja); BANCO BASE, (Cajastur, CAM, Caja Cantabria y Caja Extremadura); BANCA CÍVICA (Caja Navarra, Cajasol, Caja de Burgos y Caja de Canarias); BANCO MARE NOSTRUM (Caja Murcia, Penedés, Sa Nostra, Caja Granada); UNNIM (Caixa Sabadell, Caixa Terrassa, Caixa Manlleu); CATALUNYACAIXA (Caixa Catalunya, Caixa Manresa, Caixa Tarragona); NOVACAIXAGALICIA (Caixa Galicia, Caixa Nova).

El segundo impulso al proceso de privatización lo ha dado el Gobierno con la aprobación del Real Decreto del 18 de febrero de 2011 (BOE 19/2) llamado «Plan de Reforzamiento del Sector Financiero», cuya principal finalidad es obligar a las entidades a una capitalización mínima de un 8% sobre los activos ponderados por riesgo, aunque las condiciones del Decreto obligan «de facto» a entidades como las Cajas a subir ése porcentaje al 10%. Ese sobreesfuerzo, a muy corto plazo, supone para las entidades de ahorro una presión para captar rápidamente capital privado (sin descartar su salida a Bolsa). El Servicio de Estudios del BBVA estima este plan de recapitalización entre 13.000 y 17.000 millones de euros, aunque otras opiniones lo elevan varias decenas de miles de millones más (7).

En caso de no ser cubierto en los plazos exigidos, sería adquirido por el Estado con partidas adicionales del FROB (hay a disposición, recordémoslo, hasta 90.000 millones de euros). No se trataría, como ya se ha apresurado a aclarar la ministra Salgado, de un «proceso de nacionalización», sino de una adquisición «transitoria». En otras palabras, otra medida para «sanear» el sector con enormes cantidades de dinero público para, posteriormente y una vez que las entidades sean suficientemente «atractivas», venderlas al capital privado.

Beneficio social por beneficio privado

Entre los años 2005 y 2009, las Cajas destinaron a obra social un total de 8.531 millones de euros, dedicados a Asistencia Social (36,15%), Cultura (37,11%), Educación (16,82%) y Patrimonio (9,92%). La aportación de las diferentes entidades se produce de manera desigual, según su tamaño. En primer lugar destaca La Caixa, que cada año ha aportado 500 millones de euros para su obra social, a gran distancia del resto. En 2010, incluso habiendo caído un 21% el presupuesto para obra social, las Cajas han destinado 1.400 millones de euros, suponiendo una inversión del 26,9% de los beneficios dedicados a este fin.

Además, es importante señalar que esta actividad social da empleo a 33.600 personas, según datos de 2010 (8).

La privatización de las Cajas de Ahorro supone una herida mortal para la supervivencia de la Obra Social. Sin ser ninguna panacea, el hecho de que al menos parte de los beneficios generados por las cajas de ahorro sean destinados a la Obra Social ha conferido hasta ahora a las Cajas una utilidad pública, amenazada ahora por la codicia privada.

En el proceso de privatización, la mayoría de las obras sociales de las cajas serán gestionadas por fundaciones.

Pero eso no es lo peor, sino que los nuevos accionistas reclamarán su parte de la tajada, y mucho nos tememos que, más pronto que tarde, acaben apropiándose de la totalidad de la misma. Además, el nuevo decreto de 18-02-11 (Plan de Reforzamiento del Sector Financiero) permite al Banco de España la posibilidad de obligar a las Cajas a destinar todo su beneficio a reservas, en teoría para elevar su solvencia, en detrimento de los fondos sociales.

De hecho, ya se han anunciado importantes recortes de la obra social de las Cajas de Ahorro. Bancaja reducirá en un 64% del dinero destinado a su obra social; también Caja Madrid anuncia la reducción a la mitad de su dotación al respecto; La Caixa, un recorte del 8,2%, de 425 a 390 millones, aunque anuncia que, de momento, complementará su compromiso de los 500 millones; Ibercaja reducirá su dotación un 26,3%; mayor en el caso de Caja Canarias, que también reduce a la mitad sus aportaciones, y así sucesivamente. Con este panorama, mucho nos tememos que el interés público de las Cajas, a través de las inversiones de su obra social, sea una especie en vía de extinción, y además en vía rápida.

La banca pública, alternativa a la bancocracia

Una sociedad bancarizada, como la actual, es una sociedad hipotecada, política y económicamente. La especulación bancaria, en manos privadas, no solamente ha sido y es responsable de la crisis económica. La banca privada, además, desde su posición privilegiada de monopolio, es un poderoso instrumento de dominación de clase y chantaje permanente, que convierte nuestras vidas en simples áreas de negocio.

Basta ver, a modo de ejemplo, cómo el sacrosanto derecho constitucional a una vivienda digna ha sido convertido en negocio hipotecario. Y como la deuda de las economías familiares, disparada con las operaciones de adquisición de vivienda, pesa como una losa sobre buena parte de la sociedad, y contribuye a dibujar un panorama de sumisión, desierto de rebeldía ante los desmanes, huérfano de contestación social. El poder de la banca se ha manifestado también en la última «reforma» de las pensiones. El interés por promover fondos de pensiones privados ha presionado decididamente a la hora de empobrecer las pensiones públicas.

En un escenario de graves recortes sociales, la generosidad casi sin límites del Gobierno y de la clase política, hacia el capital financiero y la banca, resulta escandalosa, incluso obscena. Ante la debilidad, sumisión y generosidad de los gobiernos de turno, la bancocracia imperante responde, de manera arrogante e inmoral, encareciendo los servicios y cerrando el grifo del crédito. De esta manera se ahoga la economía productiva, con el consiguiente cierre de miles de pequeñas y medianas empresas (donde se encuentra el 80% del empleo), el aumento espectacular del paro y el empobrecimiento general de la población.

Hemos de reconocer, para bien o para mal y mientras no seamos capaces de cambiar el sistema, que los servicios financieros ocupan un lugar primordial en la economía y en la organización social. De ahí que una Banca de carácter público, deba ser una de las piedras angulares del cambio social (9). En ése sentido, la privatización de las Cajas de Ahorros no supone solamente un expolio. Es, además, una oportunidad perdida para desarrollar un proyecto de Banca Pública, ya que las cajas de ahorro, con su potente cuota de mercado, podían haber sido la base de ése proyecto. Su venta constituye, por lo tanto, una operación política diametralmente opuesta a los intereses y necesidades de la sociedad. Por ello, esta llamada «Reforma del sistema Financiero» tendrá unas consecuencias tanto o más graves que las otras «reformas».

Cualquier avance social de reparto del trabajo y de la riqueza, junto con la reactivación de la economía productiva, pasa por romper las reglas de juego del sistema bancocrático.

Es necesario acabar con el monopolio actual de la banca privada y, en la línea de la defensa de los servicios públicos, reivindicar la creación de una banca pública de calidad, al servicio de los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía, sin ánimo de lucro, con un funcionamiento ético, bien gestionada y controlada democráticamente.

Es un paso imprescindible para una salida social a la crisis. Pero también lo es para conseguir una sociedad futura más justa e igualitaria.

Notas:

(1) Desde que la Reforma Laboral entró en vigor, en junio de 2010, la EPA indica que en el 3er. Trimestre de 2010 hubo un aumento de la ocupación de 69.900 personas en el Estado español (debido fundamentalmente a la estacionalidad), pero en el 4º trimestre de 2010 la ocupación disminuyó en 138.600 personas, con un aumento, en el conjunto de 2010, de 370.100 parad@s más, hasta alcanzar oficialmente las 4.696.600 personas, un

20,33% de la población activa.

(2) La Ley les ha obligado, hasta ahora, a destinar el 50% de su excedente a reservas obligatorias. El resto se debía destinar a la Obra Social.

(3) Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, dotaciones de dinero público que, en teoría, se han de devolver al 7,75% de interés.

(4) Olavarrieta (director general CECA): «Lo cierto es que todas las cajas [excepto CCM y Cajasur] están en beneficios a 30 de septiembre. Además, se han tomado los datos de las cajas por separado, pero ya están integradas en fusiones frías o SIP, que es donde hay que compararlos» (El País, 07-01-11) «Todas las cajas de ahorros españolas están en beneficios a 31 de diciembre y lo estarán a 31 de marzo» (Gestinova Radio, 10-01-11).

(5) En la actualidad, los bancos se han equiparado a las cajas de ahorro en morosidad. Según datos del Banco de España, ambos grupos de entidades cerraron 2010 con una morosidad alrededor del 5,81%. Otras fuentes hablan de una morosidad potencial (créditos dudosos) superior al 14% aunque, según Olavarrieta (director general CECA): «sobre un total de 51.800 millones de euros de créditos dudosos, las cajas de ahorros han provisionado ya 38.000 millones» (Gestinova Radio, 10-01-11).

(6) CGT no ha firmado ninguno de estos pactos, ya que tiene acordado no avalar EREs en empresas con beneficios. Las mayorías sindicales del sector (CCOO, UGT, CSICA, CIC) pre-pactaron los acuerdos sobre EREs y despidos, ocultándolos durante el proceso de elecciones sindicales en el sector de ahorro, cuyo día de votación fue el 24-11-10. A partir de ésa fecha, se fue conociendo, y aplicando, el contenido de esos pactos.

(7) «Moody’s cree que las cajas necesitan 50.000 millones de capital. La agencia duplica la cifra que prevén el Gobierno y el Banco de España» (El País, 01-

03-2011).

(8) Diario Público, 28-02-11.

(9) En cuanto a servicios financieros, banca pública y cajas de ahorros, ver los Acuerdos del XVI Congreso Confederal de la CGT. Málaga, 4, 5, 6 y 7 de junio de 2009, Págs. 120 a 124.