INTRODUCCION

La discusión social sobre la educación, su necesidad y financiación y su posible privatización está siendo sustituida por la discusión sobre la reducción del gasto público en educación, un criterio económico. La economía juega un papel importante en la toma de decisiones sociales racionales sobre escenarios complejos y variables temporalmente, pero no es legítimo culparla del propio planteamiento del problema, que corresponde a los que, en nombre y beneficio de la sociedad, son responsables de la toma de decisiones. La economía.

Independientemente de que la economía sea más o menos determinante de nuestras vidas, no tiene más capacidad ni más importancia que proporcionar criterios de decisión para elegir entre las distintas alternativas que son deseadas o asumibles por la sociedad; no puede sustituir la reflexión social ni ocultar ideologías. Intentamos precisar cómo, cuándo y hasta donde puede responder a preguntas tales como si la educación es un coste o una inversión, si es rentable gastar en educación, cuánto cuesta o quién debe pagarla.

 PRECISIONES ECONOMICAS

La producción total del país (en valor el PIB) es comprada por los demandantes de los distintos bienes y servicios (Gasto Total) con las rentas obtenidas por participar en su producción (Rentas pagadas a los factores productivos) Se demanda en función del precio y como este viene dado, la cantidad depende finalmente del nivel de renta.

El precio de cualquiera de los bienes y servicios se relaciona con su coste, con lo que cuestan los recursos que es necesario emplear para producirlos. Si lo hace la empresa privada, se añaden al precio la remuneración del empresario y el beneficio. Si el Sector Publico, los recursos se remuneran proporcionalmente a su participación en el producto que generan, expresión que suele traducirse al lenguaje llano como “justamente” o con justicia. La decisión económica sobre quien, sector público o empresa privada, realiza una producción, va precedida de una decisión social sobre si se considera deseable o posible o controlable, la remuneración que el empresario obtiene.[1]

La actividad económica se lleva a cabo por tres agentes, consumidores, empresas y sector público, propietarios de los recursos disponibles y por ello, destinatarios de las rentas generadas, que se ponen de acuerdo para producir. Los consumidores desean satisfacer sus necesidades y expresan sus deseos demandando cantidades variables de bienes y servicios en función de su precio y de sus posibilidades de compra, de su renta. Las empresas producen utilizando los recursos disponibles de forma eficiente. El sector público reconduce la producción cuando el mecanismo de mercado que determina esas cantidades y precios, no lo hace de forma eficiente. Esta tarea de solucionar los fallos del mercado se añade a las de mediar en los conflictos y compensar la trayectoria cíclica de la economía que impone el mercado.   

LOS ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA PRODUCCIÓN DE EDUCACIÓN.

La educación es uno más del conjunto de bienes y servicios. Para producirla se utilizan recursos, que se detraen del total de los disponibles y se demanda por aquellos que lo desean y pueden pagar su precio. Lo que cuesta producirla, el gasto en educación es lo que se paga por utilizar esos recursos. El gasto nunca es mucho o poco por sí mismo, está en relación con el valor de su producción, con su volumen y con el peso relativo que tenga respecto a la producción total. [2]

Es posible producir educación en la cantidad y condiciones en que se demande por los consumidores y, por tanto, al precio de mercado correspondiente. Si la educación fuese un servicio como la hostelería, solo el que la consumiese satisfaría su necesidad pero el consumo de educación afecta, además de a los individuos que la consumen y la pagan, a los otros dos agentes, los productores y el sector público, que no la consumen y por tanto no la demandan.

Cuanto mayor sea el nivel de educación de los trabajadores, los empresarios disponen de un recurso de más calidad, con mayor versatilidad e intercambiabilidad, más creativo, más implicado en la actividad de la empresa y por tanto, más productivo, más capaz de aportar valor a la producción. Aunque no consume directamente educación, se beneficia de ella sin tener que pagar, pues mejora su capacidad de obtener beneficios con un recurso más valioso. El empresario sabe qué nivel de educación le beneficia, pues conoce la productividad adicional que puede conseguir de los trabajadores en función de su nivel educativo y también el coste, que incorpora al precio de su producto, en forma de salario, pero procura que, salvo una pequeña parte de formación específica de sus propios trabajadores, el coste de su formación recaiga sobre los propios individuos.

La sociedad también se beneficia del consumo de educación que realizan unos pocos. Los ciudadanos más preparados están mejor dotados para obtener rentas por sí mismos y para desempeñar su papel económico de consumidores racionales, moderados y preocupados por la sostenibilidad y los problemas que ocasiona el no considerar los efectos a largo plazo en la viabilidad de las generaciones futuras. Otro beneficio social es que la producción de cualquier bien o servicio se abarata, dentro de unos límites, a medida que crece y por ello, conseguir más consumidores permite situarse en mayores niveles de producción, lo que aumenta el PIB.

Si el consumo de educación beneficia al consumidor pero también a su familia, sociedad y a los empresarios para los que vaya a trabajar en un futuro, es decir, a toda la sociedad, el coste de su producción debería repartirse entre todos, cosa que el mercado no puede hacer por su propio mecanismo de fijación del precio. Si no todos soportan el coste que corresponde al beneficio que van a obtener del consumo, la cantidad demandada va a ser demasiado baja, porque se fijara a un precio más elevado, el correspondiente a la demanda, menor, de uno solo de los agentes económicos. Además, no se consigue un nivel eficiente de producción por el desplazamiento de los recursos a otras producciones menos deseables socialmente.

El sector público puede corregir este fallo del mercado, aumentando la cantidad de educación ofrecida, repartiendo su coste entre todos los que se benefician de su consumo y valorando las ventajas sociales que se añaden a las que obtienen los individuos que la consumen directamente. Lo hace gastando en producir ese diferencial sobre el nivel de mercado (consumidor directo-productor privado) y asegurando la eficiencia general. Para producir educación hacen falta profesores, edificios, libros y materiales educativos y similares. Cuantos más profesores por alumno, mejor pagados, mejores instalaciones, mas material docente, etc. más cara será.

Hasta aquí no se ha considerado si la producción es total o parcialmente publica y si se extiende o no a todos los niveles educativos y tampoco si el beneficio que obtienen los consumidores, directos e indirectos, se producen a corto o largo plazo, ni si es coherente o no con su función económica.

La producción es pública cuando el que pone los recursos necesarios para su producción es el Sector Publico y la distinción entre producción pública y privada resulta clara si consideramos quien paga o remunera a los recursos que intervienen y por tanto, también resulta sencillo saber el coste efectivo de ambas y las causas de que este sea mayor o menor.

La consideración del corto y el largo plazo es también determinante para conocer la demanda de cualquier bien o servicio, bajo la premisa de que la eficiencia económica se consigue más fácilmente cuanto menor es el plazo en que los agentes que intervienen en la decisión “de mercado” obtienen su respectivo beneficio.

Los consumidores deben tener poderosas razones para destinar una parte de la renta de que disponen, a consumir algo que no le reporta beneficios inmediatos y tiene inciertos beneficios futuros y si su renta es baja, ni siquiera puede planteárselo. El empresario prefiere los beneficios a corto plazo. Si es una gran empresa, porque debe remunerar a sus accionistas o financiadores a corto plazo y si es una pequeña empresa, porque su supervivencia está más comprometida por la mayor competencia de su mercado.

La conclusión de este superficial y rápido análisis es que el único agente que puede introducir en las decisiones de mercado el largo plazo, es el sector público, lo que en el caso de la educación se une a su capacidad de solucionar el referido fallo de mercado. Gastar en algo que no tiene una rentabilidad inmediata ni cierta, que beneficia a todos los agentes económicos y que queda fuera de la eficiencia que el mercado puede asegurar, solo puede ser decidida conjuntamente y negociadamente por los tres agentes económicos.

Esta somera introducción a los aspectos económicos de la producción y consumo de educación, nos va a permitir abordar la respuesta a las preguntas planteadas:

¿GASTAR O INVERTIR EN EDUCACIÓN?

Es una de las preguntas que muestran cómo se incorporan conceptos económicos al lenguaje corriente, sin precisar la diferencia de su significado. En economía una inversión es un gasto que aumenta la dotación de capital productivo, es decir, un gasto actual que va a producir beneficios futuros, o sea, diferidos o extendidos en periodos largos, pero que en cómputo total se espera que igualen o superen el gasto inicial. O un gasto a corto que se recupera a largo plazo. Es por esto que se puede decir que se invierte en educación, porque el gasto que se realiza ahora, para mejorar la capacidad productiva del recurso trabajo[3], va a ser recuperado y, seguramente, multiplicado en el futuro, cuando la incorporación de más y mejor trabajo mejore la productividad y la producción de la economía.

La consideración del “largo plazo” es el centro de la cuestión. Examinemos de nuevo el comportamiento de los agentes económicos al respecto. Los empresarios quieren rentabilidad inmediata, a corto plazo y gastan lo mínimo, incluida la formación de su personal, cuando revierte en su beneficio actual. Los consumidores pueden no gastar en educación, sea por ignorancia de los beneficios que les reportaría o por no disponer de renta suficiente, o porque el consumidor de educación no es, en la mayor parte de los casos, el trabajador adulto, sino sus hijos, que por su edad, no son conscientes de su beneficio y no desear pagar el precio de sacrificarse para estudiar. Los empresarios y consumidores no pueden resolver el problema de gastar en educación ahora para alcanzar los beneficios a largo plazo. Tampoco en las sociedades con un alto nivel de renta pues cuando la renta aumenta, también lo hace la deserción escolar, atraída por los altos salarios y disminuye la necesidad de los empresarios de formar a su personal, dada la facilidad con que obtienen altos beneficios. El mercado falla y el sector público debe actuar para garantizar la mejora de la productividad.

No es cuestionable que el gasto actual en educación es recuperado con creces para la sociedad, no para cada uno de sus miembros. La historia es una prueba irrefutable de la veracidad de esta afirmación. El gasto que la sociedad realiza en educación va a permitir progresar en los términos expresados anteriormente, pues beneficia a todos los agentes económicos y el sector publico debe intervenir en su provisión, aumentando la cantidad y calidad de la educación de todos los individuos, para que las decisiones individuales sobre la cantidad de educación demandada no sea demasiado baja y comprometa el mejorar, a largo plazo, la capacidad productiva. 

Aparte de la consideración de este gasto como productivo, se invierte en educación cuando se gasta en mejorar los recursos educativos. El gasto en formación de profesores es inversión pero sus salarios son solo gasto. El gasto de construir un colegio es inversión pero pintar o reponer los pupitres es gasto. Lo que cuesta diseñar leyes o disposiciones educativas es inversión pero pagar gestores o inspectores es gasto.

Si estas diferencias están claras y sólo podemos comparar gasto con gasto e inversión con inversión, es evidente que no procede comparar y menos confundir gasto con inversión.

¿ES RENTABLE GASTAR EN EDUCACIÓN?

El gasto en educación tiene una rentabilidad inmediata, pues evita realizar, a corto plazo, otros gastos sociales relacionados con la asistencia y la inadaptación social y genera actividad económica directa e indirecta. Su rentabilidad a largo plazo, consiste en mantener en el tiempo los beneficios a corto, revalorizar el factor mano de obra y aumentar el PIB y la productividad de la economía. La decisión de gastar hoy en educación tiene que ser mantenida en el tiempo, tanto porque para obtener mejoras en la productividad hay que esperar a que la persona finalice su periodo educativo y trabaje, como porque todos los años inician su educación nuevos niños y hay que asegurar que se va a mantener el esfuerzo educativo hasta que se conviertan en trabajadores. Si el proceso se interrumpe en algún momento del tiempo, el gasto realizado se dilapida.

La rentabilidad del gasto en educación depende de la decisión social de diseñar un sistema educativo que tenga entre sus objetivos el mejorar la calidad de la mano de obra. Si los objetivos no están claramente definidos, si se varían o no se mantienen en el tiempo, solo con las adaptaciones imprescindibles, no es posible determinar si el gasto ha sido rentable y por tanto, si se puede hablar de inversión o no.

Para saber si el gasto que realiza una familia en la educación de cada uno de sus hijos es rentable, tendríamos que conocer:

1. lo que paga cada año por ese concepto, medido en términos de lo que disminuye su renta disponible,
2. lo que paga conjuntamente con todos los contribuyentes, es decir, el gasto público en educación.
3. La duración de la etapa educativa
4. El aumento de las rentas obtenidas por su trabajo, durante toda su vida laboral, respecto a las que hubiese obtenido si no hubiese adquirido ese nivel educativo.  

La proporción entre 1 y 2 es decisiva. Las familias de rentas bajas estarán poco dispuestas a disminuir su renta disponible anual, porque supone una importante disminución de su capacidad de consumo actual, porque no conocen con exactitud la relación entre la educación actual y la obtención de rentas futuras y porque ese beneficio no lo obtendrían ellos mismos sino sus hijos. La financiación por vía impositiva, es decir, independiente de la decisión individual, necesita ser mayor cuanto mayor sea la proporción de familias de rentas bajas, porque para ellas, la renuncia al consumo actual supondrá prescindir de bienes cercanos a la calificación “de primera necesidad”

En la medida en que la capacidad de obtención de rentas de la mayor parte de las familias sea elevada y ya no sean bienes de “primera necesidad” a los que tengan que renunciar para pagarla y si están convencidos de que es positivo el resultado de la valoración de 1, 2, 3 y 4, puede sustituirse el gasto público por gasto privado.

¿CUÁNTO CUESTA LA EDUCACIÓN?

La educación cuesta lo que hay que gastar en pagar a los recursos que se emplean en su producción, más el coste de oportunidad de utilizarlos en la producción de otros bienes o servicios. Para producir educación son necesarios dos tipos de gasto, por una parte educadores, material escolar y aulas, gasto directo y por otra gastos en consejeros de CCAA, asesores, inspectores, facultades de formación de profesores, cursos de reciclaje o actualización, etc.)

Los primeros, directos, son fácilmente individualizables centro a centro, pues se concretan en sueldos y facturas y crecen conjuntamente, en función del número de estudiantes, de la proporción entre profesores y alumnos y de la calidad y cantidad de materiales educativos. Es sencillo saber las causas que originan el coste de cada centro y predecir las consecuencias de reducir o aumentar la cantidad y cualidad de los recursos empleados.

Podríamos precisar que no son iguales en las distintas etapas educativas, pero como en cada una de ellas crecen en proporción constante, la generalización no resta exactitud. Es decir, aunque la proporción de educadores y dotaciones sea diferente en la universidad y en la guardería, es cierto que el gasto será mayor si hay más educadores por alumno y más y mejores materiales y aulas mejor dotadas. Además, los demás gastos aumentan con el volumen, pero cada vez más lentamente y a determinado nivel resultan constantes.

Este conocimiento pormenorizado del coste permite que la decisión social sobre la gratuidad total o parcial y por niveles, no se confunda con la decisión económica. Primero se deciden, social o políticamente como en nuestro sistema representativo, los factores a considerar: las circunstancias de los estudiantes o sus familias (nivel de renta familiar o personal, nivel educativo en que debe aplicarse, etc.) el gasto a realizar que no pone en peligro los objetivos a largo (porcentaje sobre el PIB, sobre el Gasto Total de las Administraciones, otros indicadores o variables), los territorios y los límites de su variación en función de los aumentos o disminuciones de la renta personal o de las rentas agregadas (por ejemplo, antes y después de la crisis actual). Y después se valoran estos escenarios y se toma la decisión económica sobre el gasto más eficiente a realizar en las distintas circunstancias. Este sistema de decisión es estable y permite una gran flexibilidad, sin tener que acudir, en cada circunstancia, a una larga y compleja discusión social.

Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) España es el tercer país de Europa, tras el Reino Unido y Alemania, donde las familias gastan más en educación mientras en gasto total es el decimo. Gastamos un 28% menos que Austria, el que más gasta, pero también un 10% menos que Dinamarca, Reino Unido, Suecia, Países Bajos e incluso Chipre. Estos datos constatan lo bajo que es el gasto público en nuestro país y que son las familias quienes hacen el mayor esfuerzo. También indica una elevada eficacia, pues los resultados educativos se sitúan muy por encima de los que corresponderían a esos niveles de gasto[4]. La conclusión es que, si hay algún problema, del tipo que sea, no se puede resolverse disminuyendo el Gasto Público en educación.

GASTO TOTAL POR ALUMNO EN EDUCACIÓN. En euros.

Fuente: INE 2007 y elaboración propia

Si comparamos el dato anterior con el gasto de las familias en educación en relación con el Total de Gasto en Consumo, España es el peor país de la UE. Nuestras familias gastan en educación el 1’7 % de su consumo total, mientras en Suecia gastan el 0’2%, en los países Bajos el 0’4, en Alemania el 0’6, en Dinamarca el 0’7 y en el Reino Unido el 1, la media de la UE.

¿QUIÉN DEBE GASTAR EN EDUCACIÓN?

El derecho a la educación viene recogido en la Constitución. En términos económicos equivale a reconocer la obligación que tiene la administración de solucionar el fallo del mercado (que no puede decidir la cantidad eficiente, ni considerar los beneficios sociales a largo plazo) por tanto a aumentar lo que los consumidores y la iniciativa privada están dispuestos a demandar y producir.

Dependiendo de un numeroso conjunto de circunstancias sociales y económicas, la producción privada puede dirigirse preferentemente a las etapas iniciales o a las finales. Si hay dos grupos de población con rentas extremadas, un pequeño número de rentas muy altas y otro muy numeroso de rentas bajas, el gasto público debe permitir el acceso a la educación y centrarse en sus estadios iniciales, mientras la educación superior queda en manos de la empresa privada.

A medida que crecen las rentas, las familias pueden gastar más para mejorar la capacidad de sus hijos de obtener mayores rentas. El coste de oportunidad disminuye a medida que aumenta la seguridad de la propia capacidad de obtención de rentas y que disminuye el esfuerzo o la renuncia de consumo actual en aras al posible aumento de consumo en el futuro (personal o de los hijos). La demanda privada crece y se extiende a todas las etapas educativas.

El proceso está limitado por la capacidad de obtención de ingresos por vía impositiva y en nuestro caso por la Iglesia católica, la concertación, el rápido crecimiento de la renta y los importantes cambios sociales, políticos y demográficos. La concertación consiste en financiar a los productores privados de servicios educativos. Es un dumping, un crowding out inverso que actúa contra las normas del mercado, destruye el equilibrio económico y propicia la competencia desleal, al disminuir de forma importante el precio de los servicios de las empresas privadas o aumentar sus beneficios, según el caso.

Este escenario económico inaudito ha dificultado la toma de decisiones sociales sobre el gasto. Aun así, en solo cuatro décadas hemos pasado del analfabetismo a la educación universalizada hasta los 16 años y de menos del 3% de universitarios al 30%

EL RECORTE DEL GASTO EDUCATIVO LINEA MAESTRA DE LA ACTUAL POLITICA EDUCATIVA

Los argumentos que los responsables de la Política Educativa esgrimen para recortar el gasto público no tienen nada de económicos, solo se apoyan en el lenguaje económico, para aprovechar la confusión que se crea cuando se utiliza con el sentido del lenguaje de la calle. Si el sistema educativo actual fuese, como se afirma, ineficaz y no sostenible, si la crisis se mejorase con recortes en el gasto en educación y las exigencias del mercado laboral estuviesen claramente definidas, el problema, en primera instancia, no sería económico sino social.

1. El sistema educativo actual es ineficaz.

Cuando se afirma esto se está diciendo que no logra sus fines o el resultado que se esperaba. Pero el sistema educativo tiene multitud de fines, desde capacitar a los individuos para que puedan obtener rentas en el futuro, hasta socializar a los niños, evitar delincuencia y marginalidad, disminuir el gasto público asistencial y un largo etcétera. Esta amplitud de fines o consecuencias no permite hacer afirmaciones generales sobre su eficacia o ineficacia. Si se desea hacer más eficiente el sistema educativo, hay que definir con claridad los objetivos y para cada uno de ellos, reemplazar los medios o recursos utilizados por otros más adecuados.

El Presupuesto para Educación de la Comunidad de Madrid en 2012 destina 156 millones de € a la pública y 885 millones de € a la concertada. Es evidente que no trata de reducir el gasto público, sino de trasladar producción pública a privada, es decir, sustituir producción sin fines de lucro (al coste de los factores) por producción de mercado con beneficio para la empresa productora. Revela la ausencia de preocupación por la eficiencia.

1. El sistema educativo no es sostenible

En economía la sostenibilidad se aplica al equilibrio financiero; significa que los ingresos y los gastos se equilibran, sea en el corto o en el largo plazo, no gastos inmediatos con ingresos futuros. No es aplicable al caso de la educación.

Decir que el sistema educativo no es sostenible evoca el concepto de sostenibilidad medioambiental y biológica, para dar a entender que es demasiado caro, cuando la evidencia es que gastamos menos que los países de nuestro entorno y además son las familias quienes soportan buena parte de la misma. Por tanto, reduciendo el gasto público se traslada al gasto privado la responsabilidad de conseguir los objetivos de crecimiento económico en un escenario económico de disminución de las rentas familiares y aumento de las empresariales.

1. La educación debe adecuarse a las necesidades del mercado laboral en tiempos de crisis

El sistema educativo se extiende a lo largo de casi dos décadas de la vida de cada persona y todos los años se producen incorporaciones; es prácticamente imposible planificar las necesidades de un futuro mercado laboral para cada persona en función de su año de entrada al sistema. Además, la economía trata de producir todo lo que sea posible con los recursos disponibles en cada momento y cuenta con el precio para saber cuáles son los más adecuados y su vocación de inmediatez no tiene nada que ver con el largo proceso educativo.

Estamos ante una falacia económica. Si consideramos que los cambios de las condiciones productivas son súbitos o inesperados, solo se pueden afrontar con un elevado nivel educativo, que permite una elevada movilidad y capacidad de adaptación. Y si son previsibles, para adecuar los recursos a un nuevo modelo productivo es necesario conocerlo con precisión, pues cada uno necesita de unos recursos específicos. Y si, en todo caso vamos hacia una sociedad del conocimiento, necesitaríamos personas con mayor y mejor educación.

Lo que no tiene sentido es que la reforma educativa en curso base el sistema educativo en que se adapte a la situación de la economía a corto plazo y en la formación profesional, que es un nivel educativo más que suficiente para la mayoría de los puestos de trabajo que se ofertan por las empresas españolas que sobreviven a la crisis que necesitan mano de obra barata y flexible y de escaso nivel de cualificación.

La crisis es una excusa para eliminar la educación como derecho ciudadano y no se persigue un recorte temporal de los recursos destinados a la educación (y a otros servicios públicos) sino que los trabajadores tengan peores expectativas salariales para que se plieguen mejor a los trabajos eventuales.

El efecto económico de la crisis es la reducción de los ingresos y si bien es cierto que con menos ingresos puede realizarse menos gasto, para superarla hay que recuperar los ingresos y esto no ocurrirá si no se aumentan y mejoran los factores productivos. De ninguna manera se puede ganar competitividad en un nuevo modelo productivo de sociedad del conocimiento y la información, orientado hacia sectores de alto valor añadido, que exigen más formación y cualificación desmantelando las infraestructuras de formación y de investigación.

1. Un puesto escolar privado es más barato que uno público

En principio esta podría ser una afirmación más en clave económica que ideológica, pero no es así. El coste de la educación lo determina la remuneración de los factores productivos utilizados en su producción y en el caso de la producción privada, además el beneficio empresarial. Para que la producción privada resulte más barata que la pública, deben utilizarse menos factores productivos y/o de menor calidad, lo que en ningún caso sería una comparación ventajosa y menos aun si la educación pública atiende a la prestación del servicio a la práctica totalidad de la población inmigrante, con necesidades especiales, dispersa geográficamente, necesitada de becas de comedor, transporte, libros y todo tipo de ayudas.

También debía considerar que el coste de la infraestructura educativa, ministerio, inspección, etc. y las subvenciones a los centros privados y las cesiones de terrenos o de edificios públicos, no puede imputarse únicamente a la educación pública.

CONCLUSIONES

No es el momento de la economía sino del debate social que perfile las necesidades o deseos sociales, para que la economía los cuantifique y ponga a disposición de la sociedad un criterio de decisión racional y adaptable a las cambiantes circunstancias económicas y sociales en el medio y largo plazo.

El cambio de la decisión social de educación pública, gratuita y accesible para todos en todos sus niveles, con el Estado como responsable y garante está apoyado en la ideología, no en la economía. Este debate social, evitado por los responsables de la Política Educativa, debe considerar como mínimo:

1. La Estrategia de Lisboa de la Unión Europea del año 2000

La UE se propuso convertirse en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo y conseguir un crecimiento económico sostenido con más y mejores puestos de trabajo y mayor cohesión social. La estrategia, una educación libre de prejuicios y misticismos, basada en el conocimiento crítico, que consiga la emancipación del sujeto, que integre la llamada educación en casa y el adoctrinamiento religioso. El agente principal para llevarla a cabo, la Universidad, meta final y espejo formativo del sistema educativo.

la Declaración de Bolonia de 1999, que configuraba el Espacio Europeo de Educación Superior y el sistema de créditos ECTS (European Credit Transfer System) un marco flexible que se reconoce los respectivos títulos, permite y facilita la movilidad geográfica de estudiantes, profesores y trabajadores y fomenta la validación del aprendizaje obtenido mediante la educación no formal e informal, la formación a lo largo de la vida y el concepto de aprendizaje frente a la enseñanza, era el primer paso, pero debía extenderse al resto de los niveles de enseñanza.

1. El debate no puede establecerse en términos de libertad

La normativa publica, consensuada socialmente, debe prevalecer sobre los intereses de los grupos de presión, porque los derechos sociales son más importantes que los individuales. Los políticos elegidos por la sociedad para que les representen, deberían defender los intereses sociales y no los partidistas.

1. El derecho a la educación

El derecho a la educación es universal e inalienable y por ello, debe contemplar el contexto familiar y económico de las familias, para lograr la efectiva igualdad de oportunidades y la capacidad de ser libres y críticos a través del conocimiento.

Las ventajas que la sociedad en su conjunto obtiene de la educación, obligan a soportar conjuntamente una parte de su coste, dado que las condiciones sociales influyen en los resultados educativos.

1. Los problemas reales de la escuela.

El conocimiento de los problemas no puede limitarse a su enunciado: la falta de financiación, la degradación de los sistemas públicos de educación, el negocio de la educación, la segregación del alumnado, el adoctrinamiento, el abandono escolar, la formación inicial y continua de los docentes, los planes de estudio y los currículos establecidos sin intervención de los docentes, las competencias autonómicas, la posibilidad de innovaciones pedagógicas, las horas del profesorado (lectivas, de atención individualizada, la programación metodológica y la elaboración de recursos; el acceso a la profesión docente son algunos de ellos.

Cada uno es diferente, tiene unas causas, una incidencia en el sistema y una posible solución y exige un tratamiento individualizado para entenderlo y diseñar la solución. El mero enunciado de todos o parte de ellos, la búsqueda de errores y culpables y las soluciones generalizadas, no es sino pescar en rio revuelto.

BIBLIOGRAFIA

Landsburg, Steven: El economista en pijama. Ediciones Deusto

George, Susan: El informe lugano II: Esta vez, vamos a liquidar la democracia. Ediciones Deusto

http://www.ledevoir.com/societe/education/348225/greve-etudiant-lettre-a-mes-etudiants

http://www.madridiario.es/2011/Octubre/economia/economia_noticias/209370/presupuestos-comunidad-madrid-2012-areas-inversiones-gastos.html