En un momento en que todo se derrumba el “Yo, Sí” surge como resultado del encuentro de necesidades de profesionales y pacientes, de personas como usted, como yo, como nosotras. Gente de a pie, con papeles y sin ellos, de aquí y de allá, de todos lados, que entiende que en esta cruzada nos jugamos mucho más que la mera denuncia, nos jugamos la posibilidad de que nos roben el derecho elemental, primario, de acceso a una sanidad universal y, por ende, se vea vulnerado gravemente nuestro derecho a la vida.

 El Real Decreto Ley 16/2012 apareció, como siempre, detrás de una gran mentira. Desde el Gobierno cada mensaje que acompañaba el anuncio de cambio enfatizaba que sólo se trataba de dejar sin derecho a la asistencia a aquellas personas que no tenían papeles. La palabra “ilegal” otra vez sonó en la boca de la clase política. Esos que nada tenían, que nada aportaban y a los cuales, según esa premisa, se les estaba regalando la sanidad. “Hay que diferenciar, no puede ser equiparable una persona que está en España en situación legal que ilegal, que tienen la asistencia sanitaria cubierta, en todo caso, con la básica”, declaraba a los medios la ministra de Sanidad, Ana Mato, el pasado mes de Mayo.

 Una buena estrategia mediática en la que se volcó toda la cúpula del Partido Popular y que rápidamente encontró eco en una sociedad que desde hace años ha visto en las personas migrantes una excusa casi perfecta a sus carencias. Ya eran las culpables del supuesto aumento de la violencia, de la falta de plazas en las escuelas, de la pérdida de derechos laborales y de la listas de espera en la sanidad. Se lo tenían merecido. «Los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus países”, sentenció el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso y diputado del PP por Almería, Rafael Hernando, con una apreciación que no distaba demasiado de las muchas que en años anteriores habían vertido los máximos representantes del partido socialista, pese a que ahora se escandalizaban.

 Sin embargo con la misma rapidez con que el velo de la mentira se fue diluyendo, se empezaron a escuchar voces de rechazo y de denuncia contra lo que el Real Decreto representa en realidad: un cambio radical de modelo, el paso de un sistema universal de salud a uno de aseguramiento, donde cada persona, según sus posibilidades económicas puede disponer de mayor, menor o nula atención. En definitiva, el derecho a la sanidad convertido en un negocio.

 En este marco nació “Yo Si, Sanidad Universal”. De la voluntad de gente de toda índole que se juntó para intercambiar ideas, visiones, análisis, con la única preocupación de sentir que quitar el derecho a la salud a un sector importante de la población, nos afectaba a todas las personas que formamos parte de ella. Porque afortunadamente interactuamos, compartimos espacios en una sociedad que aunque aún presa del impulso individualista del consumo, cada vez necesitará más de relacionarse, de formar grupos de solidaridad. Gente que creemos en la Sanidad como un derecho universal. Personal sanitario, administrativo, y de las más diversas profesiones, mirándonos a la cara sin ser conscientes en ese momento de que este movimiento que hoy conocemos como Yo Si, estaba naciendo.

 Desde ese inicio se tuvo la lucidez de sentir que el camino iba a ser largo y por ende había que tener paciencia. También difícil –nunca son fáciles las iniciativas ciudadanas cuando se trata de enfrentarse al atropello institucional- pero asimismo apasionante. Se fue dando una complementariedad casi natural de posturas, de palabras y acciones. La visión de especialistas y profesionales de atención primaria se correspondía con la de aquellas personas que eran meras pacientes del sistema sanitario o cumplían en él funciones administrativas o técnicas. Vital aportación representó y representa la del grupo legal, en tanto ha permitido quitar velos, desentrañar las figuras que los discursos oficiales escondían, y asesorar sobre los riesgos que cada acción podía conllevar para esa masa desobediente.

Una complementariedad que permitió analizar el Real Decreto desde un lado y otro del mostrador, y generar alternativas de desobediencia, de objeción, de denuncia y acción. Que permitió descubrir, como dijo una de las médicas asistentas, que a cada momento se hacía más necesario que esto no fuera un movimiento del personal sanitario, sino social, que nos involucrara a todas las personas, porque estaba en juego nuestra salud como sociedad. Hacer desde la base, levantar la estrategia desde los cimientos, reforzar cada paso desde ese reconocernos en las confianzas, desde ese andar juntas el camino desobediente como una herramienta colectiva que busca desde la lucha ciudadana la desaparición del Real Decreto 16/2012 por inconstitucional, ilegítimo e inmoral.

«Cuando la historia de un pueblo fluye dentro de su normalidad cotidiana, parece lícito que cada cual viva atento sólo a su oficio y entregado a su vocación. Pero cuando llegan tiempos de crisis profunda, en que, rota o caduca toda normalidad, van a decidirse los nuevos destinos nacionales, es obligatorio para todos salir de su profesión y ponerse sin reservas al servicio de la necesidad pública…”, expresó el doctor Gregorio Marañón el 10 de febrero de 1931, en una carta que firmó en el diario El Sol, junto al periodista Ramón Pérez de Ayala y el escritor José Ortega y Gasset. Un siglo después, sus palabras cobran más sentido que nunca.

 BRUTAL DESARTICULACIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR

Y precisamente, no puede analizarse este cambio del modelo sanitario fuera del contexto de brutal desarticulación de nuestro Estado de bienestar. La división social que genera, el quebrantamiento de un sistema de atención primaria y preventivo se produce en un momento crucial para nuestra sociedad: no puede privarse a la población del derecho a la salud en una situación de extrema vulneración como la que vivimos.

 Las casi seis millones de personas en el paro y más del 50 por ciento de la juventud desocupada, el abandono de las personas mayores por la pérdida de las coberturas sociales y la desaparición de fondos de la Ley de Dependencia, la baja en las pensiones, los centenares de desahucios diarios y la cada vez mayor indefensión ante la irrupción de políticas neoliberales salvajes, son realidades que sólo pueden traer aparejadas mayor cantidad de enfermedades.

 “Tratamos de dar respuesta a las nuevas problemáticas con que llega la gente, desde el que viene caminando desde lejos porque no tiene para el boleto (billete), la gente que llega sin comer. Familias que los chicos comen en la escuela, la falta de comida produce abandono, depresión, la violencia que se produce en el medio familiar. El hombre que no tiene trabajo, la mujer que no tiene trabajo, es todo un círculo que genera una serie de situaciones que cada vez lleguen en peor estado… el maltrato en los chicos, el maltrato en la mujer, gente que se ha quedado sin trabajo, sin familia, sin casa, gente que a lo mejor tomó el camino del alcoholismo”, relata la trabajadora social de un hospital de la Argentina post corralito del 2001, Silvia León, en la película La Dignidad de los nadies, de Fernando Solanas. ¿Un anticipo de lo que se nos viene?

 Tal vez ni siquiera sea un anticipo, basta recorrer los barrios del sur de la capital para comprender que las situaciones de auténtico abandono ya se están produciendo. O mirar la fría estadística que nos dice que más de 11 millones de personas en el Estado español, corren riesgo de pobreza o exclusión social. Como expresara el personal sanitario de un hospital del citado país suramericano, “otros toman las decisiones, nosotros los vemos morir”.

 Como siempre, las leyes no son fáciles de entender para el común. La intención casi inalienable de hacerlas incomprensibles se convierte en una dificultad añadida a la hora de emprender estas luchas, pero desde la sinceridad de mostrar que estaban y están acabando con el sistema  público de sanidad universal, la población ha ido involucrándose hasta llegar a manifestaciones y  formas de lucha que se han ido intensificando en todo el Estado español.

 Reacciones que obligaron al propio Gobierno a cambiar una y otra vez el Real Decreto, a readaptarlo ante el cuestionamiento social, a mentir y desmentir, a marchas y contramarchas, recluido en su debilidad política, cada vez más solo ante las barricadas sociales que se fueron gestando. Una extensa lista de objeciones promovida desde diferentes organizaciones, la desobediencia manifestada por otras tantas personas del sistema y la salida a la luz de cada vez más casos de abandono de personas que no tendrían cobertura fue solidificando las dudas contra las reales intenciones nunca expresadas.

 SI NO ES UNIVERSAL NO ES UN DERECHO

Resultó clarificador para entender que este “apartheid sanitario” iba contra toda una sociedad cuando se conoció que las personas mayores de 26 años que no hubieran cotizado nunca, tampoco tendrían derecho al sistema de salud, independientemente de donde hubieran nacido. Y entonces rápidamente se orquestó un nuevo cambio desde el Gobierno, cuya debilidad parece no tener límites, y que fortalece aún más las luchas ciudadanas.

 La distinción entre personas aseguradas y no aseguradas, y la división de la atención en tres tipos de carteras vino a romper con los criterios públicos y universales de atención que –aún con importantes deficiencias- seguían primando en nuestra sociedad. El Real Decreto establece bases legales amplias, susceptibles de movilidad que, como en toda legislación, abre un abanico de arbitrariedad y subjetividad importante para el hacer de los organismos que tienen competencia en su aplicación.

 En ese marco genérico, se pierden dos eslabones fundamentales en la cadena de cuidados que implica un sistema de salud: la prevención y la atención primaria. La suspensión de planes de vacunación, las restricciones en la provisión de medicamentos, y el repago de diferentes servicios sanitarios, presentan el peor escenario para poder mantener niveles de cuidados mínimamente dignos.

 Dijo el Gobierno desde un primer momento que nadie se quedaría sin atención, aunque más no fuere de urgencias. Sin embargo no es necesario ser especialistas para comprender que la salud bien entendida, no se trata sólo de una revisión, sino de un seguimiento, de unas confianzas en la relación paciente-profesional, de una cobertura íntegra del acto sanitario.

 La mirada economicista es la que prima en toda esta nueva conceptualización. No es casualidad, ya que desde hace años venimos viendo un avance del negocio privado sobre los sectores públicos. En la Comunidad de Madrid, por caso, la última decena de hospitales construidos se hicieron bajo una figura de gestión mixta que no es más que una privatización encubierta. Nosotras, quienes somos pacientes, pagamos con nuestros impuestos; y las empresas, independientemente de nuestros cuidados, se quedan con los beneficios.

 Mucho ha tenido que ver en esto la instalación social de otra gran mentira, el habilidoso discurso oficial tendiente a vincular el apartheid con aquellas personas que no aportan a la Seguridad Social. Si tú cotizas tú aportas, y si tú aportas tú estás asegurada. Un nuevo engaño, porque desde el año 1999 ni un euro de las cotizaciones sociales es destinado al sistema sanitario, sino que se cubre en base a los presupuestos generales del Estado, es decir, que lo pagamos todas las personas a través de nuestros impuestos directos e indirectos recargados sobre el consumo diario que hacemos.

 TEJIENDO REDES CONTRA EL DISCURSO DEL MIEDO

Pero el discurso del miedo a estas alturas ha hecho su trabajo, no sólo y fundamentalmente entre una población migrante que al carecer de la correspondiente tarjeta sanitaria ha desistido siquiera de ir a pelear porque se le reconozca su derecho a la asistencia, demasiado acostumbrada a los portazos en la cara y la humillación gratuita. Sino también entre el resto de una población que ha claudicado rápidamente ante el primer “no” obtenido en un centro de salud, un hospital o el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), nuevo organismo competente para el reconocimiento de la condición de aseguramiento.

 Adeás han influido en aquel personal administrativo que tiene la responsabilidad de cara a la persona que llega a un centro de salud u hospital. Personal que dice “a usted no le corresponde”, “vaya aquí o allá”, “lo siento pero no.” Difícil tarea que, sin embargo, en el contexto de miedo a la pérdida del trabajo, ha encontrado no pocas adhesiones casi robóticas que se limitan a la fría letra del Real Decreto. Obediencia debida, que se llama, recibir órdenes y cumplirlas sin pensar en la injusticia que su aplicación encierra.

 Es en ese contexto de desaliento social, donde aparece con fuerza una de las estrategias más ricas del Yo Sí: la formación de los grupos de acompañamiento. Hubo que pensar en cómo hacerlos, en cómo generar las herramientas discursivas necesarias para enfrentarse a esas caras puestas por el sistema para enrostrarnos un “no” como única respuesta.

 Allí se hizo fundamental la implicación de una y cada una de las partes que hacemos al sistema sanitario porque solo entendiéndolo como un todo podíamos defenderle con el optimismo y la fuerza necesaria para seguir avanzando contra el Real Decreto. Y se pusieron en juego los conocimientos médicos y el temor de las partes excluidas, y las dudas de quienes se resisten a decir que no aunque se lo manden, y la convicción general de que esta pelea no sólo se puede ganar sino que se debe ganar.

 Se montaron teatrillos que permitieran visualizar situaciones diversas, se preparó como punta de lanza un discurso que echa por tierra la supuesta legalidad del atropello, se empezó a trabajar en la visualización, en el acercamiento, en el abrazo y la fuerza compartida. Vino el nombre, el logo, la web. Yo Si cobró vida, y su latir cada día fue contagiando los corazones de cientos de personas que encontraron un hombro donde apoyarse, pero por sobre todo, donde tejer la esperanza de que se podía luchar contra la inmoralidad manifiesta del Real Decreto.

 En apenas cinco meses, las charlas explicando la campaña se han disparado, en asociaciones barriales, en colegios, universidades, organizaciones sociales y todo tipo de espacios. Hay necesidad de hacer, de resistir, de creer que seremos capaces de derrocar el modelo que nos están imponiendo.

 Hebras, hilos que se fortalecen en cada cruzamiento, redes que se tejen. Hoy ya son 18 los grupos de acompañamiento, 14 en Madrid, y cuatro entre los de Murcia, Zaragoza, Valencia y Fuerteventura, y muchos más que están gestándose en otros puntos del Estado.  Una red que se extiende, que crece, la peor noticia para un Gobierno que intenta crear luchas aisladas y le teme a la fuerza de la sociedad.

 Lo nuestro sólo se explica, se entiende y se comparte desde el principio de funcionamiento de una red, tan simple y complejo como eso. Seguimos tejiendo, es hora de sumarte, nuestra salud está en juego, no dejemos que nos la roben.

Porque la salud es un derecho.  Yo Sí, Sanidad Universal.